AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

3 de noviembre de 2009

Índice AI: MDE 18/007/2009

Para publicación inmediata

Líbano: Decisión judicial favorable a los familiares de personas “desaparecidas”

El gobierno debe dar a conocer todas las conclusiones de la investigación sobre el periodo de guerra

Beirut, 4 de noviembre de 2009.– La decisión adoptada por las autoridades judiciales libanesas es un primer paso esperanzador hacia el reconocimiento del derecho de los familiares de víctimas de desaparición forzada durante el periodo de guerra (1975-1990) a saber qué les ocurrió, afirmaron hoy cinco grupos internacionales de derechos humanos.

El 23 de octubre de 2009, el juez de procedimientos sumarios (Juge des Référés) deBeirut emitió una decisión por la que pide a la Secretaría del Consejo de Ministros que facilite al tribunal el informe completo inédito y los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión Oficial de Investigación sobre la Suerte de Personas Secuestradas y Desaparecidas en 2000. Un abogado que representa a los familiares de las personas desaparecidas afirmó que las familias podrán ver el informe cuando se entregue al tribunal.

Los grupos pidieron a la Secretaría del Consejo que acatara la orden entregando copias del informe y sus actas al tribunal, y publicando ambos después. Hasta ahora, el gobierno sólo ha hecho público un resumen de tres páginas sobre el trabajo de la comisión.

“Miles de libaneses llevan más de una generación esperando a saber qué fue de sus seres queridos durante el periodo de agitación en el país. Y esta decisión podría permitir finalmente a los familiares localizar las fosas comunes y pedir protección oficial de sus emplazamientos –afirman en su declaración el Centro Internacional para la Justicia Transicional, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Federación Internacional de los Derechos Humanos y Federación Euromediterránea contra las Desapariciones Forzadas en una declaración–. La decisión allana el camino a unas exhumaciones que finalmente podrían revelar la suerte que corrieron las personas desaparecidas.”

Esta decisión judicial preliminar tiene que ver con un pleito entablado el 29 de abril de 2009 por dos ONG libanesas: el Comité de Familiares de Personas Secuestradas y Desaparecidas en Líbano y Apoyo a las Personas Libanesas en Detención y en el Exilio (SOLIDE, por sus siglas en inglés). Este pleito tiene por objeto localizar y proteger las tres fosas comunes mencionadas en el resumen de tres páginas sobre las conclusiones de la comisión, publicado en julio de 2000. La decisión preliminar del 23 de octubre se refiere a uno de esos sitios, en el cementerio de San Demetrio, en Beirut, también llamado Mar Mitr.

“La Secretaría del Consejo de Ministros debe acatar la orden del tribunal y demostrar a los familiares que el Estado de Líbano está dispuesto a ayudarlos a poner fin a su larga búsqueda de información sobre sus allegados desaparecidos” afirmaron los grupos de derechos humanos.

El gobierno estableció la comisión en enero de 2000 por un periodo de seis meses para que investigara la suerte que habían corrido las personas desaparecidas durante la guerra de 1975-1990 en Líbano. Recibió 2.046 solicitudes de familiares de víctimas. En su “informe resumido” afirmaba que “se desecharon cadáveres en distintos lugares de Beirut, Monte Líbano, Bekaa y el norte y sur del país, y algunos fueron enterrados en fosas comunes”. Se mencionaba concretamente la ubicación de tres fosas (el cementerio de San Demetrio, en Achrafieh, el cementerio de mártires en Horsh Beirut y el cementerio inglés en Tahwita), y se informaba de que algunos cadáveres habían sido arrojados al mar.

El resumen concluía que todas las personas que llevaran más de de cuatro años desaparecidas debían considerarse fallecidas y daba instrucciones a las familias para que solicitaran a las autoridades judiciales el registro de la muerte de sus allegados. No se han adoptado medidas para proteger los emplazamientos de las fosas comunes.

Se calcula que 17.000 personas desaparecieron en Líbano entre 1975 y 1990. Los familiares de las víctimas llevan luchando desde la década de 1970 para averiguar la suerte que corrieron sus familiares ante la falta de medidas concretas por parte de las autoridades libanesas.

Líbano ha firmado –aunque aún no ha ratificado– la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, cuyo artículo 18 exige dar a conocer información básica sobre las personas desaparecidas a sus familiares y otras personas con interés legítimo en esa información.

Personas de contacto:

Centro Internacional para la Justicia Transicional:

Lynn Maalouf en Beirut (árabe, inglés y francés), lmaalouf@ictj.org, + 961 3 447 039 (móvil)

Robert Ruby en Nueva York (inglés), rruby@ictj.org, +917.637.3845, + 410.807.2728 (móvil)

Human Rights Watch:

Nadim Houry en Beirut (árabe, inglés y francés), +961-3-639244 (móvil)

Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH):

Gael Grilhot, +33-1 43 55 90 19

Amnistía Internacional:

Oficina de prensa de AI en Londres (Reino Unido), +44 20 7413 5566, press@amnesty.org

Federación Euromediterránea contra las Desapariciones Forzadas:

Wadih Al-Asmar en Beirut (árabe, inglés y francés), + 961 70 950 780 (móvil)