AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: MDE 23/001/2007 (público)

Servicio de Noticias: 010/2007

17 de enero de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE230012007

Arabia Saudí: Amnistía Internacional pide que se ponga fin a las detenciones y expulsiones de trabajadores migrantes extranjeros por razones discriminatorias

Amnistía Internacional pide al gobierno de Arabia Saudí que ponga fin a las expulsiones de trabajadores migrantes extranjeros a causa de sus creencias y filiaciones religiosas.

La organización hace este llamamiento después de la expulsión de Arabia Saudí, la semana pasada, de al menos 14 personas de diferentes países, todas ellas trabajadores migrantes y familiares suyos. Los trabajadores, que en su mayoría llevaban trabajando en Arabia Saudí varios años, recibieron la orden de abandonar el país aparentemente por su relación, real o supuesta, con la comunidad ahmadi, comunidad religiosa que se considera a sí misma una rama del islam. No hay información que indique que ninguno de ellos haya sido acusado formalmente de un delito, y mucho menos juzgado y declarado culpable.

Según los informes, al menos otros 40 trabajadores extranjeros y sus familias están a punto de ser expulsados por los mismos motivos. Entre ellos figuran Mahmud Korumban, técnico impresor, y Sulayman Ahmad, conductor, detenidos actualmente en el Centro de Expulsión de Yidda y cuya expulsión a la India, país de origen de ambos, está prevista para antes de la noche de hoy (17 de enero de 2007), pese a que llevan trabajando legalmente en Arabia Saudí al menos ocho y diez años, respectivamente.

Según la información que ha recibido Amnistía Internacional, el 29 de diciembre de 2006 miembros del Comité para la Difusión de la Virtud y la Prevención del Vicio, conocido también como Mutawwaeen o policía religiosa, detuvieron a alrededor de 55 extranjeros, todos ellos trabajadores migrantes y familiares suyos, en un centro religioso de Yidda. Todos los detenidos fueron entregados a la policía civil de Yidda. Casi dos semanas después, el 10 de enero de 2007, 35 de ellos, entre los que había mujeres y niños, fueron puestos en libertad después de que acudieran a recogerlos sus empleadores, que actuaron en calidad de "fiadores" (kafeel), que habían sido llamados a tal efecto por las autoridades. Los informes indican que, tras su puesta en libertad, los trabajadores fueron informados de que debían abandonar Arabia Saudí tan pronto como sus fiadores hicieran las gestiones necesarias para el viaje. Al parecer, no se les dio ninguna oportunidad para recurrir contra la decisión de ser expulsados ni contra los motivos de la expulsión.

Amnistía Internacional ha solicitado su intervención al ministro del Interior saudí, príncipe Naif bin ‘Abdul ‘Aziz, a fin de que garantice tanto que las personas detenidas únicamente por su relación, real o supuesta, con la comunidad religiosa ahmadi son puestas en libertad de inmediato e incondicionalmente, como que se pone fin a las expulsiones de trabajadores migrantes por estos motivos discriminatorios.

La expulsión de 14 personas por su pertenencia, real o supuesta, a la comunidad religiosa ahmadi constituye una violación de la norma de la no discriminación, que es una norma consuetudinaria del derecho internacional, vinculante para todos los Estados, y que prohíbe, entre otras cosas, cualquier tipo de discriminación basada en la filiación religiosa.

Amnistía Internacional reitera su llamamiento a las autoridades de Arabia Saudí para que pongan fin a la expulsión de todas las personas elegidas únicamente por su relación, real o supuesta, con la comunidad religiosa ahmadi, y para que garanticen que cualquier expulsión de trabajadores migrantes se hace con arreglo a salvaguardias procesales, entre ellas la posibilidad de recurrir individualmente contra la decisión de expulsión, el acceso a servicios de interpretación competentes y al asesoramiento jurídico, así como el acceso a una revisión, a ser posible una revisión judicial, de las decisiones denegatorias.

Antes de su elección como miembro del nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en mayo de 2006, el gobierno de Arabia Saudí se comprometió a aplicar una política de cooperación activa con las organizaciones internacionales en el ámbito de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

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