AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI:        MDE 28/010/2005    (Público)
Servicio de Noticias:         229/05
22 de agosto de 2005

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE280102005

Argelia: El presidente convoca un referéndum para borrar los crímenes del pasado

El 15 de agosto, el presidente Abdelaziz Buteflika emitió un decreto sobre un “Proyecto de Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional”, que perfila un marco de futuras medidas teóricamente destinadas a cerrar una década de violento conflicto. La emisión de este decreto estuvo precedida de una prolongada campaña oficial en favor de una amnistía general.

La Carta contiene disposiciones dirigidas a exonerar tanto a las fuerzas de seguridad como a los grupos armados de su responsabilidad en graves abusos contra los derechos humanos. Dichas disposiciones contradicen las obligaciones contraídas por Argelia en virtud del derecho internacional y pueden constituir una negación final de la verdad y la justicia a centenares de miles de víctimas y sus familias. Hasta ahora no está claro si la Carta preparará el terreno para una ley de amnistía general o una serie de medidas de otro tipo, ya que aún faltan disposiciones detalladas.

      La Carta propone medidas para eximir de procesamiento u otorgar el indulto a los miembros o ex miembros de grupos armados, algunos de los cuales han sido responsables de graves abusos contra los derechos humanos. Mantiene además que las fuerzas de seguridad y las milicias armadas por el Estado, que también han cometido graves violaciones de derechos humanos, actuaron por el interés del país, y no reconoce que pueden haber sido responsables de delitos graves. Niega específicamente que las fuerzas de seguridad hayan sido responsables de miles de actos de “desaparición”.

Está previsto que los argelinos voten esta Carta en referéndum el 29 de septiembre. En un discurso pronunciado el 14 de agosto, el presidente Buteflika presentó la Carta como la única opción para que los argelinos realicen la transición a la paz.

      La ausencia de compromiso de investigar los graves abusos cometidos durante el conflicto armado de Argelia suscita honda preocupación por la posibilidad de que las medidas propuestas perpetúen un clima de impunidad y, en última instancia, alienten nuevos abusos en el país.

En abril, Amnistía Internacional y otras cuatro importantes organizaciones internacionales de derechos humanos pidieron a las autoridades argelinas que, en todo plan de “reconciliación nacional”, defiendan el derecho de todas las víctimas de abusos graves contra los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación.

Según declaraciones oficiales, unas 200.000 personas han muerto desde 1992 en el conflicto argelino. Algunas de esas muertes se han atribuido a grupos armados, y otras a las fuerzas de seguridad y las milicias armadas por el Estado. En la gran mayoría de los casos no se han llevado a cabo investigaciones independientes para determinar la responsabilidad de los homicidios y llevar a los responsables ante la justicia.

Aunque la Carta reconoce que los grupos armados han cometido graves abusos contra los derechos humanos, niega que las fuerzas de seguridad y las milicias armadas por el Estado también hayan sido responsables de graves violaciones de derechos humanos, en un aparente intento por acallar las constantes peticiones de que se investiguen esos crímenes.

Por consiguiente, Amnistía Internacional teme que estas disposiciones puedan conducir a la aprobación de leyes que eximan de procesamiento ante los tribunales argelinos a los miembros de las fuerzas de seguridad y de las milicias que actuaban conjuntamente con ellas. La información reunida por víctimas de violaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y activistas de derechos humanos constituye un conjunto de pruebas que apunta a la responsabilidad de las fuerzas de seguridad y las milicias armadas por el Estado en violaciones de derechos humanos cometidas desde 1992. Entre estas violaciones hay actos de tortura, “desapariciones” y ejecuciones extrajudiciales, que constituyen delitos graves en virtud del derecho internacional y, en algunos casos, han sido tan generalizados y sistemáticos como para constituir crímenes contra la humanidad.

 Hasta la fecha, las autoridades argelinas apenas han proporcionado información verificable sobre casos en los que se haya procesado a miembros de las fuerzas de seguridad por estas violaciones de derechos humanos. También ha habido denuncias de que ciertas unidades del ejército y las fuerzas de seguridad han eludido el deber de impedir abusos contra los derechos humanos por parte de grupos armados, y pueden haber actuado junto con ellos. Hasta el día de hoy, estas denuncias no se han investigado.

La Carta niega específicamente la responsabilidad del Estado en las “desapariciones”, y afirma que se han castigado todos los actos indebidos que se ha descubierto que han cometido agentes del Estado. Esto contrasta acusadamente con la experiencia a la que se han enfrentado las familias de los “desaparecidos” durante más de una década. Miles de civiles argelinos han “desaparecido” tras ser detenidos entre 1993 y 2002, y sigue sin saberse nada de ellos a pesar de los esfuerzos de sus familias. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, ninguna de los centenares de denuncias presentadas ante los tribunales argelinos ha llevado a que se esclarezca la suerte o el paradero de algún “desaparecido” o a que se procese a un miembro de las fuerzas de seguridad, ni siquiera en los casos en los que los testigos han podido identificar a los presuntos autores.

La Carta promete a los familiares de los “desaparecidos” una indemnización y el reconocimiento como “victimas de la tragedia nacional”, además de medidas no especificadas para ayudarlos a superar las dificultades a las que se puedan enfrentar. No reconoce, sin embargo, la necesidad de investigar lo que sucedió a los “desaparecidos”, de los que sigue sin saberse nada y cuyas familias pueden albergar la esperanza de que se encuentren vivos en algún centro de detención.

Amnistía Internacional aplaude la promesa del pago de una indemnización a las familias de los “desaparecidos”, pero cree que esto no puede sustituir a una reparación plena, que incluya la restitución, la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no repetición, además de una indemnización. En virtud del derecho internacional, las “desapariciones” se consideran un delito continuado, que se mantiene vigente en tanto no se determine la suerte y el paradero del “desaparecido”. Se necesitan medidas urgentes para llevar a cabo investigaciones caso por caso encaminadas a esclarecer si una persona está viva o muerta, que sucedió durante su detención y quién es el responsable de su “desaparición”.

La Carta puede proporcionar también una base para limitar los derechos tanto de las víctimas como de los activistas de derechos humanos a difundir los abusos cometidos por agentes estatales y hacer campaña contra ellos. Pide a los argelinos que aprueben una prohibición para impedir que cualquier persona, dentro o fuera de Argelia, “utilice las heridas de la tragedia nacional” para empañar la imagen de las instituciones del Estado y sus agentes. Amnistía Internacional cree que esto constituye una seria amenaza para las víctimas de abusos perpetrados por el Estado y para sus familias, así como para los activistas de derechos humanos y abogados, ya que puede servir para penalizar sus actividades legítimas de campaña en pro de la verdad y la justicia. Una disposición así puede, por tanto, minar su derecho a la libertad de expresión y asociación.

Respecto a los miembros y ex miembros de grupos armados, la Carta propone un conjunto de medidas que eximen de procesamiento a quienes se entreguen voluntariamente a las autoridades o se hayan entregado en años anteriores. Aquellos contra quienes se hayan cursado órdenes de busca o que hayan sido condenados por homicidios en masa, violación o colocación de explosivos en lugares públicos quedan excluidos de estas medidas, pero pueden optar a una reducción de la pena mediante una concesión de clemencia.

También los grupos armados han sido responsables, durante el conflicto interno, de graves delitos, tales como secuestros, torturas y homicidios ilegítimos y deliberados de civiles, entre ellos mujeres y niños. Algunos de estos abusos constituyen crímenes contra la humanidad, pero las autoridades argelinas hasta el momento no han investigado la gran mayoría de ellos ni han llevado a los responsables ante la justicia.

Amnistía Internacional teme que las medidas propuestas en el proyecto de Carta puedan ser un obstáculo aún mayor que impida que se desvele la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados, que se determine judicialmente y de forma concluyente la culpabilidad o la inocencia y que se otorgue una plena reparación a las víctimas y sus familias. Las medidas propuestas en la Carta recuerdan a algunas de las disposiciones de la Ley de la Concordia Civil de 1999, que otorgó inmunidad procesal a los miembros de los grupos armados que se entregaran voluntariamente, siempre que no hubieran cometido homicidio o violación, causado incapacidad permanente o colocado explosivos en lugares públicos. En la práctica, sin embargo, no se sabe que se hayan llevado a cabo investigaciones serias para determinar si los miembros de los grupos armados pueden optar a una exención de procesamiento en virtud de la ley.

Se cree que unos 4.500 miembros de grupos armados se han rendido en virtud de la Ley de la Concordia Civil, pero se desconoce cuántos de ellos fueron procesados por delitos graves no abarcados por dicha ley. Se cree que más miembros de grupos armados, que se rindieron tras expirar la ley, se han beneficiado de medidas de clemencia no especificadas o de una exención de procesamiento fuera de todo marco legal.

Amnistía Internacional cree que las personas que hayan cometido delitos graves que violan el derecho internacional deben ser procesadas, independientemente de que sean civiles o militares o de que pertenezcan a un grupo armado, e independientemente de cuándo y dónde cometieron sus delitos. Los delitos de una gravedad y magnitud equivalente a los cometidos en Argelia por las fuerzas de seguridad y los grupos armados no deben estar sujetos a amnistía, indulto o prescripción.

El gobierno argelino no puede eludir su obligaciones adquiridas en virtud del derecho internacional adoptando una Carta que va en contra de dichas obligaciones, independientemente de que esa Carta sea aprobada en referéndum o no. Una votación mayoritaria a favor no debe negar a las víctimas de graves abusos su derecho fundamental a la verdad, la justicia y la reparación, y tampoco puede cancelar el deber del Estado de garantizar que los autores de delitos graves comparecen ante la justicia.

Amnistía Internacional insta al gobierno argelino a no aprobar leyes que impidan que se desvele la verdad sobre los graves crímenes cometidos durante el conflicto interno, que se determine judicialmente y de forma concluyente la culpabilidad o la inocencia y que se otorgue una plena reparación a las víctimas y sus familias.

A la organización le preocupa también el hecho de que las numerosas referencias en la Carta a los efectos negativos de lo que se describe como “injerencia internacional” indican que las autoridades argelinas tienen intención de seguir restringiendo el acceso al país de los observadores internacionales y las organizaciones de derechos humanos. Las restricciones impuestas hasta el momento han dificultado la documentación de violaciones de derechos humanos.

En concreto, las autoridades han denegado las invitaciones a expertos clave de las Naciones Unidas que han pedido acceso al país para llevar a cabo investigaciones. Amnistía Internacional reitera su llamamiento a las autoridades argelinas para que faciliten sin demora las visitas, largamente solicitadas, del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y el relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura.