31 de enero de 2002

Índice AI: MDE 30/003/2002/s

Servicio de Noticias 20/02

Túnez: Un tribunal militar impone duras penas de prisión a civiles

«Las autoridades tunecinas deben acabar con la práctica de juzgar a civiles ante tribunales militares, cuyos procedimientos distan mucho de cumplir las garantías procesales que exigen las normas internacionales», ha afirmado hoy Amnistía Internacional con motivo de las duras penas de prisión impuestas por un tribunal militar de Túnez a tres ciudadanos de ese país por el cargo de pertenecer a una «organización terrorista que actúa desde el extranjero».

Mounir Ghaith, Abdelbasset Dali y Bechir Ben Zayed, tres nacionales tunecinos que residían en el extranjero, fueron detenidos en Túnez el verano pasado y han sido privados de sus derechos básicos durante el proceso judicial. Otros 31 acusados más en el mismo proceso fueron juzgados in abstentia. Bechir Ben Zayed fue condenado a diez años de cárcel, mientras que a Mounir Ghaith y Abdelbasset Dali les fueron impuestas sendas penas de ocho años. A los individuos juzgados in abstentia los condenaron a veinte años de cárcel.

Amnistía Internacional encomendó a la abogada francesa Brigitte Azema-Peyret que asistiera ayer, en calidad de observadora, a la segunda sesión del juicio celebrado ante el tribunal militar de Túnez. La organización está examinando los casos, ya que algunos de los condenados podrían ser presos de conciencia.

Los procedimientos distaron mucho de reunir las garantías procesales que establecen las normas internacionales. Las autoridades no informaron a los familiares de los presos sobre su paradero hasta varios días después de la detención. Según sus abogados, Mounir Ghaith, Abdel Basset Dali y Bechir Ben Zayed fueron privados de su derecho a recibir asistencia letrada al ser interrogados por el juez de instrucción. El tribunal no tuvo en cuenta las denuncias según las cuales los testimonios presentados como prueba habían sido obtenidos mediante coacción, ni el hecho de que las actas contenían información falsa. La defensa informó de que no se había presentado ninguna prueba convincente en el juicio para sustentar las denuncias formuladas contra los acusados. Basándose en todo ello, la defensa solicitó el sobreseimiento de la causa (non-lieu).

«Nos preocupa sobremanera el número cada vez mayor de civiles que comparecen ante tribunales militares para ser juzgados sin las debidas garantías —ha afirmado Amnistía Internacional—. Las autoridades tunecinas están aprovechando la ‘retórica antiterrorista’ posterior al 11 de septiembre para justificar la práctica de reprimir la disidencia política de todo el espectro político dentro y fuera del país, que se remonta a más de una década.»

«Mounir Ghaith, Abdelbasset Dali y Bechir Ben Zayed deben volver a ser juzgados sin demora y con las garantías que exigen las normas internacionales o ser puestos en libertad», ha señalado la organización.

Información general

Mounir Ghaith, de 30 años, casado y con tres hijos, fue detenido cuando volvía a Túnez por motivos personales en agosto del 2001. Llevaba 15 años residiendo en Italia. Abdel Basset Dali, de 32 años, también residía en Italia y fue detenido en agosto en Túnez, adonde había regresado para visitar a su familia. Temiendo su posible detención en Italia, donde vivía, Bechir Ben Zayed, de 34 años, se dirigió a Argelia, donde fue detenido en abril del 2001 y entregado a las autoridades tunecinas el verano pasado, al parecer después de haber sido gravemente torturado. El 19 de diciembre de 2001 se había celebrado una sesión preliminar del juicio. Los tres negaron la acusación de pertenecer a una organización integrista islámica presuntamente denominada Seguidores de la Sunna y la Comunidad Islámica (Ahl al Sunna wal Djamaa).

El 28 de noviembre de 2001, otro tunecino residente en Italia al que habían detenido en Túnez en agosto, Mohamed Saidani, fue igualmente juzgado por un tribunal militar acusado de «pertenecer a una organización terrorista que actúa en el extranjero». De acuerdo con sus abogados, no se presentaron pruebas para sustanciar las acusaciones. Sin embargo, Mohamed Saidani fue condenado a dos penas de diez años de cárcel. Al haber sido juzgado ante un tribunal militar, no tiene derecho a recurrir contra esta condena.

Existe gran preocupación por el hecho de que se esté juzgando a civiles ante tribunales militares para eludir la Ley 2000/43 de 17 de abril de 2000, que modificó las disposiciones del Código Penal al introducir un sistema judicial de dos niveles para los tribunales penales que comporta el derecho de apelación. Los civiles que comparecen ante tribunales militares no tienen derecho de apelación.

Amnistía Internacional ha denunciado desde hace años la práctica de juzgar a civiles ante tribunales militares. Durante más de una década se ha juzgado a civiles ante tribunales militares por pertenencia a una «organización terrorista» sin que se hayan presentado pruebas que sostengan tales acusaciones. Cientos de miembros o presuntos miembros del Partido del Renacimiento (Al Nahda) —partido de oposición no autorizado de signo radical islámico— han sido juzgados sin las debidas garantías ante tribunales militares.

En Túnez continúan encarcelados hasta un millar de presos políticos, la mayoría de los cuales son presos de conciencia. Amnistía Internacional ha pedido que todos vuelvan a ser juzgados con las garantías que exigen las normas internacionales o que sean puestos en libertad, y que todos los presos de conciencia sean excarcelados de inmediato.

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