AMNISTÍA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: MDE 30/007/2009

7 de julio de 2009

Túnez: Represión de defensores y defensoras de derechos humanos

A medida que se acercan las elecciones presidenciales y parlamentarias previstas para octubre de 2009, Amnistía Internacional siente preocupación por el aumento de casos de intimidación, hostigamiento y brutalidad contra quienes se muestran críticos con el gobierno tunecino. El mes pasado las fuerzas de seguridad del Estado intensificaron la represión contra defensores y defensoras de derechos humanos, entre ellos periodistas y profesionales de la abogacía. En este contexto, Amnistía Internacional subraya que las libertades de expresión, asociación y reunión son requisitos previos para el libre debate, necesario en todo periodo preelectoral, y que la deficiente trayectoria de Túnez en derechos humanos no debe ser un tema tabú. La organización pide a las autoridades tunecinas que pongan fin al hostigamiento y a las agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos y que permitan debatir libremente sobre la situación de los derechos humanos en el país.

En Túnez, las personas que defienden los derechos humanos sufren diversas formas de hostigamiento por parte de las autoridades del Estado, como el acecho y la vigilancia intensiva de sus lugares de trabajo y sus casas, o la intervención o bloqueo de las líneas de teléfono, del acceso a Internet o del correo electrónico. Los agentes de seguridad del Estado también han sometido a una vigilancia evidente a integrantes locales de organizaciones de derechos humanos, en un intento de disuadir e intimidar a miembros y simpatizantes, así como a víctimas de abusos que deseasen ponerse en contacto con estas organizaciones. También están en el punto de mira abogados que han denunciado violaciones de derechos humanos. Se los vigila estrechamente, intimida y hostiga. En ocasiones, los agentes de seguridad del Estado intimidan a clientes o potenciales clientes y los presionan para que cambien de asistencia letrada. Los medios de comunicación controlados por el Estado lanzan campañas difamatorias para desprestigiar a los defensores de derechos humanos y empañar su reputación. Se niega el registro formal a las organizaciones independientes de derechos humanos u otras organizaciones de la sociedad civil o se inician contra ellas procesos de motivación política que prácticamente paralizan todas sus actividades.

En las últimas semanas, la represión contra el colectivo de defensores de derechos humanos parece haberse recrudecido.

El 1 de julio de 2009, a Lotfi Amdouni, miembro de Amnistía Internacional Túnez y de la Asociación Internacional de Apoyo a los Presos Políticos (AISPP), se le impidió en dos ocasiones salir de su casa. Los cinco agentes de seguridad del Estado apostados en los alrededores de su vivienda le dijeron que tenían órdenes de no dejarle participar en la Asamblea General Anual (AGM) de Amnistía Internacional Túnez. Le advirtieron que no intentara abandonar su casa. En la última semana, la vivienda de Lotfi Amdouni ha estado sometida a vigilancia no disimulada y se ha intimidado e interrogado a miembros de su familia sobre las actividades que lleva a cabo. Finalmente, se impidió a Lofti Amdouni y a otros miembros asistir a la AGM de Amnistía Internacional Túnez, que se celebró los días 4 y 5 de julio de 2009.

Mohamed Abbou, abogado y defensor de derechos humanos, ha sido objeto de una campaña de desprestigio en la prensa tunecina desde que regresó a Túnez de un viaje realizado en junio de 2009. Había sido invitado por Amnistía Internacional a Francia y Bélgica, y allí se había reunido con autoridades y con medios de comunicación para denunciar la situación de los derechos humanos en Túnez.

El 23 de junio de 2009, los abogados y defensores de derechos humanos Radhia Nasraoui, Abdelraouf Ayadi y Abdelwahed Maatar fueron agredidos por agentes de seguridad del Estado cuando regresaban de una conferencia de exiliados tunecinos celebrada en Ginebra, donde denunciaron las violaciones de derechos humanos que se cometen en Túnez. Se ordenó que fueran sometidos a un registro corporal completo y que se registraran también su equipaje y los documentos que llevaban. Las fuerzas de seguridad empujaron y propinaron golpes y patadas a Abdelraouf Ayadi, de 59 años, después de que cayese al suelo y luego cuatro agentes lo levantaron y lo llevaron a una sala para efectuarle un registro corporal y registrar sus pertenencias. Tras la agresión, la ropa de Abdelraouf Ayadi estaba hecha jirones y le sangraba una rodilla. Un agente de seguridad le retorció el brazo a Radhia Nasraoui cuando ésta llamaba a su esposo y le tiró el teléfono móvil al suelo. También tiraron al suelo el maletín en el que llevaba el ordenador portátil. Cuatro agentes de seguridad insultaron a Abdelwahed Maatar en el aeropuerto de Sfax, lo golpearon en la cara (le rompieron las gafas en dos) y lo retuvieron durante dos horas cuando él se negó a que las fuerzas de seguridad le hicieran un registro corporal.

La abogada de derechos humanos Radhia Nasraoui ha sido objeto de una campaña de intimidación en los últimos meses. El 19 de mayo de 2008 se le efectuó un registro corporal y se la insultó en el aeropuerto cuando regresaba de un viaje a París. La noche del 24 de abril de 2009, agentes de seguridad del Estado irrumpieron en su casa, y le fueron sustraídas las llaves de la vivienda, del automóvil y de la oficina, mientras ella asistía en Kampala a la Conferencia Panafricana de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Ha presentado una denuncia, pero no ha tenido noticia de que se iniciara ningún trámite.

Otro defensor de derechos humanos, Ammar Amroussia, fue agredido por seis agentes de seguridad en la ciudad de Gafsa el 15 de mayo de 2009 mientras visitaba a la esposa del preso de conciencia Adnan Hajji (injustamente encarcelado por liderar las protestas que tuvieron lugar el año pasado en la región de Gafsa). Posteriormente, el 21 de mayo, le impidieron por medios violentos que se reuniera con su abogada, Radhia Nasraoui, en Gafsa.

El 4 de mayo de 2009, periodistas progubernamentales interrumpieron la presentación de un informe del Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (Syndicat national des journalistes tunisiens, SNJT) que criticaba la falta de libertad de prensa. Tres miembros de la junta del Sindicato, cercanos al gobierno, dimitieron para forzar la celebración de elecciones y emitieron una petición, según los informes respaldada por el Ministerio de Comunicaciones, para retirar la confianza en la junta y para celebrar una reunión extraordinaria en la que se eligiese a una nueva junta. Diversos integrantes del Sindicato han sufrido presiones e intimidación para firmar la petición, algunos han recibido amenazas de destitución y se ha emprendido una campaña de desprestigio contra los miembros de la junta.

En enero de 2009, las autoridades tunecinas ya habían iniciado la campaña de represión de la disidencia con el cierre de la emisora independiente Radio Kalima. El 27 de enero de 2009, agentes de policía vestidos de civil rodearon la sede de la emisora, que había empezado a transmitir por satélite el día anterior. Tras tres días de bloqueo, se cerraron y precintaron las instalaciones de la radio y se confiscó todo el material. Durante el bloqueo hubo varios incidentes de intimidación y hostigamiento. Sihem Ben Sedrine, defensor de derechos humanos y director de Radio Kalima, está siendo investigado por prestar servicios de telecomunicaciones sin autorización previa.

Todos estos hechos forman parte de una constante de violaciones de derechos humanos contra defensores y defensoras, como profesionales de la abogacía, periodistas y otros activistas que se atreven a disentir con el statu quopolítico y que denuncian las violaciones de derechos humanos que se cometen en Túnez. En junio de 2009, mientras se permitía por fin viajar al extranjero al abogado y defensor de derechos humanos Mohamed Abbou tras dos años de negativas reiteradas, las autoridades tunecinas negaron haber puesto trabas a las actividades de defensa de los derechos humanos mediante la intimidación y la represión, y declararon a la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP) que los defensores de derechos humanos y los integrantes de todos los partidos políticos y asociaciones disfrutan plenamente de sus derechos, llevan a cabo sus actividades sin el menor obstáculo y pueden circular y expresar sus opiniones libremente.

Amnistía Internacional considera muy preocupante que, pese a estas declaraciones públicas, la intimidación, el hostigamiento y la represión de la disidencia estén aumentando en el periodo previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias con el objetivo de silenciar las voces críticas.

Amnistía Internacional exhorta a las autoridades tunecinas a que cumplan las obligaciones que les incumben en virtud del artículo 8 de la Constitución de Túnez y de los artículos 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –en el que Túnez es Estado Parte–, que prevén el derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación respectivamente, y las insta a que pongan fin de inmediato a la represión de la disidencia y a la intimidación, el hostigamiento y la brutalidad ejercida contra los defensores y defensoras de derechos humanos.

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