TÚNEZ

Los defensores de los derechos humanos en la línea de fuego

INTRODUCCIÓN

En Túnez, la defensa de los derechos humanos es cada vez más difícil. En los últimos años, las autoridades tunecinas han llevado a cabo una implacable campaña de represión e intimidación contra los defensores de los derechos humanos y contra todos los que apoyan estos derechos, tanto particulares como miembros de organizaciones o asociaciones.

El abanico de técnicas utilizadas por las autoridades para acallar e intimidar a los defensores de los derechos humanos no ha hecho más que crecer, y métodos nuevos y más refinados han venido a incorporarse a un aparato represivo ya de por sí muy amplio. En Túnez, los defensores de los derechos humanos pueden ser objeto de uno o varios de los siguientes «tratos»: encarcelamiento; encarcelamiento de un familiar; interrogatorio y acoso de los familiares, incluidos los niños; procesamiento por «terrorismo» o por una serie de delitos comunes (como robo, falsificación, agresiones); pérdida del puesto de trabajo o destitución; violación y registro del domicilio o la oficina; retirada del pasaporte o imposibilidad de viajar; interceptación o corte del teléfono y del fax e interceptación del correo; estrecha vigilancia durante las 24 horas del día; robo o daños al coche o a otros bienes; imposibilidad de celebrar reuniones o asistir a ellas; campañas de desprestigio por medios de comunicación próximos a los servicios de seguridad; y montajes fotográficos o de vídeo mostrando a la víctima en situaciones comprometidas. Además, las organizaciones de derechos humanos, tanto tunecinas como internacionales, corren el riesgo de que se confisquen o retengan en la aduana sus publicaciones durante prolongados periodos de tiempo, de que prohíban o interrumpan sus reuniones u otras actividades, de que se les impida vender sus publicaciones o realizar actividades de captación de fondos y de que les cierren sus páginas en Internet.

En los últimos años, estos y otros métodos, que las autoridades habían empleado en el pasado contra los opositores políticos y las personas críticas con el gobierno, se han utilizado cada vez más contra los defensores de los derechos humanos.

Al mismo tiempo, las autoridades tunecinas han invertido considerables recursos humanos y financieros en actividades encaminadas a mejorar su imagen en el campo de los derechos humanos. La defensa y promoción de los derechos humanos ocupan un lugar destacado en la mayoría de los discursos oficiales; se han creado comités de derechos humanos y se han organizado departamentos de derechos humanos en la mayoría de los ministerios claves; se ha nombrado un defensor del pueblo; se ha instituido un premio anual a los derechos humanos y se han creado varias organizaciones que aseguran defender los derechos humanos (pero que en realidad tienen como misión apoyar la linea oficial); se edita una gran cantidad de publicaciones en varios idiomas en las que se detalla el «progreso de los derechos humanos» en Túnez y se distribuyen en congresos internacionales celebrados en el interior o en el extranjero; se ha dedicado una plaza y una estación de metro de la capital a los derechos humanos, y se ha puesto en marcha una página Web (llamada «amnesty-tunisia.org») que contiene propaganda oficial sobre los derechos humanos.

Mediante estas y otras medidas, las autoridades tratan de apropiarse del discurso de los derechos humanos y monopolizar las actividades relacionadas con ellos. Los que han expuesto y condenado las violaciones de los derechos humanos y el deterioro de la situación han sido perseguidos y acusados de «antipatriotas» y de socavar la imagen de su país.

En el marco del quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, este informe analiza la situación de los defensores de los derechos humanos en Túnez. El hecho de que este informe se centre en los defensores de los derechos humanos no significa en modo alguno que haya disminuido la preocupación de Amnistía Internacional por la situación general de los derechos humanos en Túnez. La organización sigue profundamente preocupada por la detención de millares de presos de conciencia, las torturas y los malos tratos en las detenciones secretas, los juicios injustos, la falta de una asistencia médica adecuada y las malas condiciones de vida de los presos políticos, las restricciones impuestas a antiguos presos y el acoso e intimidación a antiguos presos y a las familias de los opositores políticos encarcelados o exiliados. Estas preocupaciones, detalladas en informes anteriores, siguen siendo muy grandes, ya que en pocos casos las autoridades han adoptado medidas concretas con el fin de eliminarlas.

INFORMACIÓN GENERAL

La persecución de los defensores de los derechos humanos ha tenido lugar contra el telón de fondo de una intolerancia cada vez mayor de las autoridades frente a la disidencia, la crítica o la oposición política de cualquier tipo a lo largo de estos últimos ocho años.

Al asumir el poder en 1987, el presidente Zine El Abidine Ben Ali se comprometió a respetar los derechos humanos. Al año siguiente, Túnez ratificó la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención de la ONU Contra la Tortura), se introdujeron algunas reformas legales positivas,(1) se promulgó una amnistía para los presos políticos y de conciencia y se legalizaron algunos partidos políticos. No obstante, se denegó la legalización a otros partidos, entre ellos el fundamentalista al-Nahda(Partido del Renacimiento),(2) y el izquierdista Partido Comunista de los Obreros Tunecinos (Parti communiste des ouvriers tunisiens, PCOT).(3)

En otoño de 1990, las autoridades tomaron medidas enérgicas contra conocidos y presuntos miembros y seguidores de al-Nahda, y miles de ellos fueron detenidos durante el año siguiente. Se practicó sistemáticamente la tortura contra estos detenidos, a los que se mantuvo en régimen de detención secreta durante semanas y meses, y más de diez murieron en estas circunstancias.(4) Las autoridades tunecinas presentaron la represión contra al-Nahdacomo una respuesta a los planes de ese partido para derribar el régimen por medios violentos.(5) Esta postura, sobre todo en el contexto de los sucesos en la vecina Argelia,(6) ayudó al gobierno a justificar, ante la opinión pública nacional e internacional, la campaña de detenciones masivas, las torturas sistemáticas y las crecientes restricciones a la libertad de expresión y asociación que han ido en aumento desde entonces.

La campaña de represión contra al-Nahdamarcó el comienzo del fin del breve periodo en el que las autoridades aceptaron todo tipo de oposición y de crítica, y de la persecución cada vez más sistemática de los opositores y de los críticos de todo el espectro político. En los últimos ocho años, millares de personas han sido detenidas por razones políticas. Aunque la mayoría de las víctimas han sido seguidores y presuntos simpatizantes de al-Nahda, los seguidores y los presuntos simpatizantes del Partido Comunista de los Obreros Tunecinos y de otras tendencias del espectro político, entre ellos los dirigentes del Movimiento de Demócratas Socialistas (Mouvement des Democrates Socialistes, MDS), el mayor partido legal de la oposición, han sufrido también el mismo destino. Además, se ha perseguido también a familiares y amigos de los opositores políticos no involucrados en actividades políticas, así como a defensores de los derechos humanos que defendían los derechos de estas víctimas.(7) En el periodo comprendido entre 1993-1994 se hizo cada vez más evidente, incluso para aquellas personas pertenecientes al movimiento de derechos humanos o a la oposición política tunecina que se habían mantenido en silencio o habían mostrado una actitud de apoyo, que la represión contra los fundamentalistas, presentada por las autoridades como una medida necesaria para «proteger la democracia», es decir, la represión de la oposición fundamentalista, era en realidad una campaña para sofocar toda oposición y disidencia política.

Los defensores de los derechos humanos que, tanto en Túnez como en el extranjero, se pronunciaron en contra el aumento de las violaciones fueron acusados por el gobierno tunecino de adoptar una postura «a favor de los fundamentalistas y en contra de la democracia». La combinación de una compleja serie de circunstancias en la situación política de Túnez y de otros lugares de la región en relación con la oposición fundamentalista, que solía entrar en conflicto con el movimiento de los derechos humanos, primordialmente izquierdista, y la creciente intolerancia del gobierno frente a las actividades en defensa de las víctimas fundamentalistas, generó una situación en la que muchos defensores de los derechos humanos de Túnez eran reacios a apoyar la defensa de los derechos de estas víctimas. En consecuencia, a las autoridades les resultó más fácil identificar a los que lo hicieron y obrar contra ellos.

LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PRIMERA LÍNEA

Las autoridades consideran ahora la defensa de los derechos humanos como una actividad hostil y «subversiva», y los que los apoyan de forma explícita saben que ellos y sus familiares corren el riesgo de ser perseguidos. Al igual que otras víctimas, suelen ser objeto de una combinación de medidas judiciales y extrajudiciales. La falta de independencia del poder judicial, al que parece preocuparle más la ejecución de los planes de las autoridades que el respeto de los derechos de los sometidos a su jurisdicción, deja prácticamente sin ninguna posibilidad de recurso a las víctimas de las violaciones. Al menos cuatros destacados defensores de los derechos humanos han sido injustamente encarcelados durante largos periodos de tiempo en los últimos cuatro años. Ellos y muchos otros presos de conciencia han sido objeto también de una serie de medidas extrajudiciales. En ninguno de estos casos el poder judicial tunecino pudo o quiso reparar estas injusticias.

Detención y procesamiento: el castigo «legal»

Khemais Ksila, vicepresidente de la Liga Tunecina de Derechos Humanos (Ligue tunisienne des droits de l'homme,LTDH) fue detenido en su domicilio el 29 de septiembre de 1997 después de publicar un comunicado en el que anunciaba que iba a empezar una huelga de hambre ilimitada para protestar contra el acoso de que eran objeto él y su familia y para condenar las violaciones de los derechos humanos en Túnez. Se le acusó de alterar el orden público, de propagar informaciones falsas y de incitar a la población a violar la ley, y se le condenó a tres años de cárcel y a una multa de 1.200 dinares tunecinos (unos 1.300 dólares) el 11 de febrero de 1998. La sentencia fue recurrida y confirmada el 25 de abril y ratificada en mayo por el Tribunal de Casación, y el acusado ha agotado ya todas las vías de recurso de carácter legal. Desde su detención ha llevado a cabo varias huelgas de hambre para protestar por su encarcelamiento, por las malas condiciones en las que se halla detenido —en una celda hacinada e insalubre— y por el acoso de que son objeto su mujer y sus hijos.

Radhia Nasraoui, conocida defensora de los derechos humanos y de la mujer y miembro del Consejo del Colegio de Abogados Tunecino, fue acusada de «terrorismo» y de tener «vínculos con una banda criminal» en marzo de 1998, fecha en la que estaba en Malí siguiendo un juicio en calidad de observadora en representación de Amnistía Internacional. Las acusaciones presentadas contra ella son las mismas que las presentadas contra sus clientes, un grupo de 12 hombres y 3 mujeres, la mayoría de ellos estudiantes izquierdistas y miembros del sindicato de estudiantes, que fueron detenidos en febrero de 1998 después de realizar varias protestas pacíficas contra las malas condiciones de vida de los estudiantes. Actuando en su nombre en calidad de abogado, Radhia Nasraoui había presentado varias denuncias por torturas y pedido a las autoridades la realización de exámenes médicos y la puesta en marcha de una investigación. A su regreso a Túnez, fue interrogada por el juez instructor e informada de las acusaciones contra ella, y se le prohibió salir del país y de la capital, medida que le impide llevar a cabo su trabajo adecuadamente, ya que no puede visitar a sus clientes o asistir a los juicios celebrados fuera de la capital. En el momento de redactar este informe no se había fijado todavía una fecha para el juicio.

Khemais Chammari, antiguo secretario general de la Liga Tunecina de Derechos Humanos y ex vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fédération Internationale des Droits de l'Homme, FIDH), era también diputado y vicepresidente del mayor partido legal de la oposición, el MDS, cuando fue detenido en abril de 1996. Se le acusó de revelar secretos de Estado y se le condenó a cinco años de cárcel en julio de 1996. El proceso se basó en la acusación infundada de que el reo había enviado a un abogado belga documentos relativos al juicio de Mohamed Mouadda, presidente del MDS, que había sido condenado a 11 años de cárcel por hacer público un memorándum dirigido al presidente Ben Ali en el que se detallaba el deterioro de la situación de los derechos humanos en Túnez. Khemais Chammari y Mohamed Mouadda fueron puestos en libertad en diciembre de 1996, pero se les prohibió ejercer todo tipo de actividad política y se les mantuvo bajo una vigilancia policial constante. Mohamed Mouadda sigue virtualmente bajo arresto domiciliario y Khemais Chammari ha estado fuera del país durante más de un año.

Najib Hosni, destacado defensor de los derechos humanos, defendía a acusados de todas las tendencias políticas, entablaba demandas por torturas y otras violaciones ante los tribunales y denunciaba públicamente las violaciones de los derechos humanos, cuando eran pocos los que se atrevían a hacerlo. Era consciente de estar bajo vigilancia policial, pero opinaba que, mientras pudiera, debía defender a los que gozaban de menos derechos que él. Tras convencerse de que no podían interrumpir sus actividades en defensa de los derechos humanos mediante el acoso y la intimidación, las autoridades decidieron aumentar la presión sobre él. En junio de 1994, Najib Hosni fue detenido bajo la acusación infundada de haber falsificado un contrato de tierras. Estuvo detenido sin juicio durante más de 18 meses, plazo durante el cual fue objeto de malos tratos y se le negó el acceso a sus abogados durante prolongados periodos de tiempo. En enero de 1996 fue condenado a ocho años de cárcel en un juicio injusto en el que no se presentaron pruebas convincentes capaces de justificar los cargos. Además, a finales de 1995 fue acusado también, en una causa aparte, de «terrorismo» y sufrió graves torturas en el Ministerio del Interior. Fue absuelto de esta acusación en noviembre de 1996 y puesto en libertad finalmente en diciembre de 1996 después de que se produjera una gran presión internacional, pero sigue sufriendo el acoso de las autoridades. Mientras estuvo en la cárcel, recibió varios premios internacionales como reconocimiento a su labor en el campo de los derechos humanos.

El Dr. Moncef Marzouki, conocido profesor de medicina, fue presidente de la Liga Tunecina de Derechos Humanos hasta 1994. Durante su presidencia, la Liga había condenado claramente las violaciones de los derechos humanos, incluida la represión contra los fundamentalistas. En febrero de 1994 anunció su intención de competir con el presidente Ben Ali en las elecciones presidenciales del mes siguiente.(8) Poco después empezó a ser objeto de un acoso cada vez mayor por los agentes de seguridad.(9) En marzo de 1994, tras las elecciones, fue detenido y acusado de haber cuestionado la independencia del poder judicial tunecino en una entrevista publicada en un periódico extranjero,(10) acusación que negó. Estuvo detenido durante cuatro meses sin juicio y fue finalmente puesto en libertad bajo fianza en julio de 1994. Desde entonces ha seguido siendo objeto de acoso y restricciones.

Los casos mencionados anteriormente son ejemplos recientes de una situación que ha empeorado en los últimos años. Entre los ejemplos acaecidos con anterioridad cabe citar los de Moncef Triki, director de la sección tunecina de la Asociación de Defensa de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas (Association pour la défense des droits de l'homme et des libertés publiques),que fue condenado a 15 meses de cárcel en agosto de 1991, acusado de pertenecer a una asociación ilegal y de celebrar reuniones no autorizadas. El abogado Mohamed Nouri fue condenado a seis meses de cárcel en enero de 1991, acusado de difamación por un artículo que había escrito en el que pedía la abolición de los tribunales militares. El director del periódico en el que se publicó el artículo, al-Fajr, fue condenado a un año de cárcel por el mismo delito, y se clausuró el periódico. El abogado Beshir Essid fue condenado en octubre de 1990 a cuatro años de cárcel, acusado de difamar al presidente y de otros delitos relacionados con el material que supuestamente había escrito. Tras ser indultado, fue puesto en libertad a finales de 1992.

Otros defensores de los derechos humanos han sido detenidos y recluidos durante breves periodos de tiempo o llamados a declarar en relación con sus actividades en defensa de los derechos humanos.

Hechmi Jegham, abogado y presidente de la Sección Tunecina de Amnistía Internacional, fue detenido dos días seguidos en marzo de 1997. En ambas ocasiones fue conducido a la comisaría central de Susa e interrogado sobre su participación en un congreso internacional de juristas que se iba a celebrar en Túnez y sobre sus contactos con organizaciones internacionales. El congreso fue cancelado después.

En octubre de 1996, Salah Zeghidi, vicepresidente de la Liga Tunecina de Derechos Humanos, fue arrestado y retenido durante toda una noche a su vuelta de Francia, donde había participado con otras organizaciones de derechos humanos en una reunión pública sobre la situación de los derechos humanos en Túnez. Fue interrogado sobre lo que había dicho acerca de la situación en Túnez en la reunión de París y sobre sus contactos y relaciones con representantes de otras ONG presentes en dicha reunión. Un mes después fue citado de nuevo por el fiscal general e interrogado sobre lo que había manifestado acerca de la situación de los derechos humanos en Túnez en una conferencia celebrada en Bruselas, y fue acusado de propagar informaciones falsas. Las acusaciones acabaron siendo retiradas. En la primavera de 1998, durante un periodo en que se intensificó la vigilancia de muchos abogados y defensores de los derechos humanos, fue estrechamente vigilado durante varias semanas.

Kamal Sammari, tunecino que trabaja en el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, fue detenido en agosto de 1996, a su llegada a Túnez, adonde había ido a pasar las vacaciones con su familia. Estuvo detenido durante una semana en las dependencias de la seguridad nacional del Ministerio del Interior, donde fue interrogado sobre su trabajo en la organización; después fue liberado sin cargos y sin que le dieran ninguna explicación. Durante todo el tiempo en que estuvo detenido, su familia no pudo obtener información sobre su paradero ni sobre las razones de su detención y estuvo constantemente bajo vigilancia policial.

Taoufik Bouderbala, presidente de la Liga Tunecina de Derechos Humanos, fue citado por el juez de instrucción en junio de 1996 e interrogado sobre las actividades de dicha organización y sus contactos con ONG internacionales. El juez de instrucción le hizo escuchar la grabación de una conversación que había mantenido con el presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, lo que confirmó que habían «pinchado» su teléfono y el teléfono de la organización.

Frej Fenniche, a la sazón director ejecutivo del Instituto Árabe de Derechos Humanos (Institut arabe des droits de l'homme, IADH), organización radicada en Túnez, fue detenido en el aeropuerto de Túnez, en mayo de 1996, cuando se disponía a embarcar rumbo a Francia, donde iba a representar al Instituto en una conferencia sobre derechos humanos. Fue retenido durante cuatro días en el Ministerio del Interior, donde, según informes, recibió malos tratos y le confiscaron las publicaciones que llevaba para la reunión de Francia.

En febrero de 1993, dieciocho sindicalistas, profesionales y personalidades izquierdistas del mundo académico fueron detenidos por crear un Comité Nacional de Defensa de los Presos de Conciencia(Comité national pour la défense des prisonniers d'opinion, CNDPO). Se les acusó de organizar una asociación no autorizada, de amenazar el orden público y de propagar informaciones falsas (en referencia a las violaciones de los derechos humanos). La rápida acción emprendida contra este grupo disuadió a otros de adoptar iniciativas similares, y esa era evidentemente la intención de las autoridades.

Medidas extrajudiciales: formas refinadas de acoso y mecanismos de intimidación

Las autoridades tunecinas han seguido ideando nuevos métodos para ejercer presión sobre los defensores y las organizaciones de derechos humanos. Conscientes de que el encarcelamiento de los defensores de los derechos humanos, sobre todo si son conocidos a nivel internacional, les procura una publicidad negativa y presiones internacionales, las autoridades suelen recurrir a la cárcel sólo cuando se demuestran ineficaces otras técnicas intimidatorias. En la mayoría de los casos, los defensores de los derechos humanos a los que se encarcela han sido objeto previamente de diferentes formas de presión, incluida la presión a través de los familiares. Una vez puestos en libertad, a menudo como consecuencia de presiones internas y externas, siguen siendo acosados; además, su pronta libertad suele ser condicional o bajo fianza, por lo que la amenaza de la cárcel puede convertirse también en otro medio de disuasión.

Antes de su encarcelamiento, Khemais Ksila había sido objeto de intimidaciones y advertencias con el fin de presionarle para que interrumpiera sus actividades en defensa de los derechos humanos. En febrero de 1996 le despidieron de su trabajo en el sector público, y en agosto de 1996 le retiraron el pasaporte y le impidieron tomar un avión con destino a Estados Unidos, donde iba a representar a la Liga Tunecina de Derechos Humanos en una serie de reuniones. En noviembre de 1995 le destrozaron el automóvil la misma noche en que destrozaron también el vehículo de otro activista de la Liga. Desde que fue encarcelado, su esposa y sus hijos han estado bajo vigilancia. La policía ha seguido a menudo a su esposa, sobre todo después de que hablara con los medios de comunicación sobre el caso de su marido, y en ocasiones los automóviles que la seguían han hecho amago de chocar con su vehículo.

En el caso de Radhia Nasraoui, la acusación de «terrorismo» y de mantener «vínculos con una banda criminal» y la prohibición de abandonar la capital han sido el último de una serie de actos intimidatorios y de acoso que han continuando produciéndose durante los últimos años. Anteriormente le habían retirado el pasaporte (en 1994 durante todo un año). En junio de 1997, cuando se disponía a asistir a una reunión sobre la situación de los derechos humanos en Túnez, en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, se le impidió salir del país a pesar de que tenía un pasaporte en regla. En febrero de 1998 penetraron en su oficina por tercera vez.(11) Mientras que en las dos ocasiones anteriores se limitaron a desordenar los expedientes de sus clientes, esta vez se llevaron todo lo que había en ella, aunque, como de costumbre, no robaron nada de las oficinas de otros dos colegas situadas en el mismo sitio. Ha estado a menudo bajo vigilancia y han seguido sus movimientos, pero la vigilancia se ha intensificado en algunos momentos, haciéndose particularmente visible en el caso de ella, de su familia y de sus clientes. Esto ocurrió sobre todo en la primavera de 1998. Le han interceptado el correo durante años y a veces le han cortado el teléfono. Además, sus hijas, de 15 y 9 años, y su hermano han sido interrogados también por miembros de las fuerzas de seguridad. Este mismo año, su hija menor fue interrogada sobre el paradero de su padre,(12) y en una ocasión fue objeto de un falso intento de secuestro. Han presionado también a sus clientes. Las fuerzas de seguridad han interrogado a algunos de ellos sobre sus contactos con ella y les han aconsejado que cambien de abogado.

Durante el encarcelamiento de Khemais Chammari, su esposa, Alia Cherif-Chammari, abogada y defensora de los derechos de la mujer, fue objeto de acoso y vigilancia policial durante largos periodos de tiempo. En una ocasión, un automóvil que la había estado siguiendo provocó un accidente en el que su joven hija resultó herida. Le retiraron también el pasaporte durante algún tiempo.

Antes de ser encarcelado, Najib Hosni había sido objeto de acoso durante años. La policía solía rodear su casa y su oficina, agentes de seguridad interrogaban a menudo a sus empleados y a sus clientes, y a su esposa y a sus hijos les denegaron el pasaporte. Tras su puesta en libertad a finales de 1996, sigue bajo vigilancia, no puede trabajar como abogado, continúa sin pasaporte, sigue con el teléfono y el fax cortado y le interceptan el correo. Inmediatamente después de su liberación, fue detenido de nuevo e interrogado sobre una entrevista que había concedido a un medio de comunicación extranjero.

El doctor Moncef Marzouki fue puesto en libertad bajo fianza en 1994 y a pesar de que no le han juzgado, no han retirado los cargos contra él. Le devolvieron el pasaporte durante algún tiempo, pero se lo retiraron de nuevo en 1996 y no se lo han vuelto a devolver. Lo destituyeron de su cargo de jefe del departamento de salud pública del hospital de Susa y le privaron de sus actividades profesionales más importantes, sobre todo el cuidado de enfermos y la ejecución y supervisión de proyectos de investigación. Sus libros no se pueden vender ni publicar en Túnez, ha tenido cortado el teléfono y el fax durante años y le interceptan la correspondencia. Además, en lo que parece ser otra medida dirigida a ejercer presión sobre él, su hermano y su sobrino han sido detenidos en varias ocasiones.

La autoridades tunecinas recurren con frecuencia a la retirada del pasaporte. Además de a las personas mencionadas anteriormente, a muchas otras les han retirado también el pasaporte durante los últimos años; algunas de ellas consiguieron que se lo devolvieran, pero se lo volvieron a retirar después. Algunas de estas personas, y otras más, han sido también despedidas o destituidas de sus cargos.

Al doctor Mustapha Ben Jaafar, miembro fundador de la Liga Tunecina de Derechos Humanos e integrante de la junta directiva de la organización hasta 1994, le han retirado el pasaporte en varias ocasiones. En noviembre de 1994 le impidieron salir del país cuando se disponía a asistir a un congreso médico en el extranjero; le devolvieron el pasaporte un año después, pero se lo retiraron de nuevo y no se lo han vuelto a devolver. Después fue destituido de su cargo de jefe del departamento de radiología de un hospital tunecino y desde entonces no ha podido llevar a cabo las actividades básicas relacionadas con su profesión.

A Sihem Ben Sadrine, ex periodista y miembro de la junta directiva de la Liga Tunecina de Derechos Humanos, le retiraron el pasaporte hace dos años y no se lo han vuelto a devolver. A su esposo, Omar Mestiri, le retiraron también el pasaporte por un prologando periodo de tiempo y no se la han devuelto hasta este año. Además, como editora, la señora Ben Sadrine tiene también problemas para realizar su trabajo, ya que no suelen permitirle publicar.

Salaheddine Jourchi, miembro de la junta directiva de la Liga Tunecina de Derechos Humanos, fue interrogado en octubre de 1994 a su regreso de una conferencia en el Líbano, y le retiraron el pasaporte durante varios meses. Según informes, a principios de 1977 fue despedido de su trabajo como director de la sección en lengua francesa del semanario Réalités(Realidades), como consecuencia de sus actividades en la Liga.

Anteriormente, a Kamal Laabidi, ex director de la Sección Tunecina de Amnistía Internacional, le habían despedido de su trabajo como periodista de la Agencia de Prensa de Túnez (Tunis agence presse, TAP), debido a sus artículos sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos en el semanario francés La Croix(La Cruz), del que era corresponsal.

La tarea de los abogados de derechos humanos es cada vez más difícil debido a que se ponen constantemente nuevas trabas a su trabajo. Además de las técnicas de acoso mencionadas anteriormente, se enfrentan a una serie de medidas arbitrarias que les dificultan defender a sus clientes. Los casos son demasiado numerosos para relacionarlos aquí, pues ocurren a diario. Entre las trabas a las que se tienen que enfrentar se encuentra la dificultad de conseguir copias de documentos judiciales y permisos para visitar a sus clientes; a menudo los abogados tienen que acudir a los tribunales varias veces y esperar antes de obtener estos documentos y permisos, y en ocasiones hacen largos viajes para visitar a sus clientes y se encuentran con que en la puerta de la cárcel les dicen que la visita no puede tener lugar debido a cualquier pretexto. Ahora las sentencias en las causas de carácter político, que antes se solían entregar a los abogados en un tiempo razonable, pueden tardar meses en estar disponibles. En consecuencia, los abogados deben recurrir a las notas que toman en los tribunales cuando se dictan la sentencias, y a menudo resulta difícil reflejar su contenido exacto, algo que es muy importante a la hora de presentar apelaciones. Además, suelen intimidar a sus clientes y se aconseja a éstos que cambien de abogado si quieren que su causa avance en la dirección correcta. Estas prácticas infringen claramente los tratados de derechos humanos.(13) Además, impedir a los abogados que ejerzan libremente sus actividades profesionales menoscaba el principio de una administración de justicia equitativa y los derechos de los acusados a un juicio justo.

Los tunecinos que realizan actividades en defensa de los derechos humanos en el extranjero corren también peligro y sus familiares que están en Túnez pueden ser objeto de acoso. Un caso reciente es el de Olfa Lamloum, activista del Comité Para el Respeto de las Libertades y de los Derechos Humanos en Túnez (CRLDH Tunisie). Habló sobre la situación de los derechos humanos en Túnez en un congreso sobre los derechos de la mujer celebrado en Atenas en abril de 1998, y en junio de ese mismo año publicó un artículo en el periódico mensual francés Le Monde Diplomatiquesobre la situación de los derechos humanos en Túnez, en especial lo concerniente a las violaciones contra las mujeres.(14) En mayo de 1998, fecha en la que el artículo todavía no había aparecido pero ya había sido anunciado, la policía se personó en el domicilio de sus padres en Túnez, los interrogó sobre su paradero y su dirección en Francia y les preguntó cuándo volvería al país. Otros tunecinos que han realizado en el extranjero actividades relacionadas con la situación de los derechos humanos en Túnez han recibido mensajes de sus familiares y amigos en Túnez advirtiéndoles de que no regresaran al país o de que habían sido objeto de campañas denigratorias en los medios de comunicación tunecinos controlados por el gobierno.

CRECIENTE PRESIÓN CONTRA LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Organizaciones de derechos humanos tunecinas

Desde que se inició la campaña de represión contra los seguidores de al-Nahda, la Liga Tunecina de Derechos Humanos ha sido la única organización legal de Túnez que ha denunciado la violación cada vez más generalizada de los derechos humanos, sobre todo las torturas, las detenciones secretas prolongadas y las muertes bajo custodia.(15) Después de varios actos de intimidación, en 1992 las autoridades tomaron medidas más severas contra la Liga. En mayo de 1992, tras una enmienda de la Ley de Asociaciones, la liga fue catalogada por el Ministerio del Interior como asociación de «carácter general» (association à caractère général) y fue disuelta posteriormente por no cambiar sus normas de acuerdo con la enmienda introducida en la ley. La catalogación de la Liga como asociación de «carácter general» y los cambios de sus normas exigidos por la ley se consideraron un intento de los autoridades de socavar la independencia de la Liga y de eliminar sus críticas sobre el historial del gobierno en el campo de los derechos humanos. En la enmienda a la ley se afirmaba que las asociaciones registradas como «generales» no pueden negarse a admitir a nadie que desee ser miembro de la organización, y la Liga vio en esta condición el peligro de verse inundada por agentes de seguridad que menoscabarían su independencia. Esta ley provocó de factola disolución de la Liga hasta 1993, año en que se le permitió reanudar sus actividades tras la revocación temporal de la decisión que la catalogaba como asociación de «carácter general».(16) No obstante, a la sazón la Liga se encontraba considerablemente debilitada por la larga interrupción de sus trabajos, por el acoso a sus miembros y por las restricciones impuestas a sus actividades. Las oficinas de la Liga han estado constantemente bajo vigilancia policial durante años. Las fuerzas de seguridad han intimidado a menudo a las victimas y a los familiares que entraban en contacto con la Liga, y en varias ocasiones el presidente y destacados miembros de la organización han sido interrogados por las autoridades sobre sus conversaciones telefónicas; a veces se les hizo escuchar incluso grabaciones de sus conversaciones telefónicas con organizaciones de derechos humanos.

La Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (Association tunisienne des femmes démocrates, ATFD) y la Sección Tunecina de Amnistía Internacional han sufrido también problemas similares. En 1992, el director de la Sección Tunecina de Amnistía Internacional fue detenido e interrogado durante varias horas, y el presidente de la Sección fue también citado e interrogado. En esa misma ocasión, las fuerzas de seguridad entraron en la oficina de la Sección en Túnez y confiscaron centenares de ejemplares del Informe Anual. Después la policía confiscó también los ejemplares del Informe Anualque se venden en las librerías del todo país, interrogaron e intimidaron a varios propietarios de librerías y les advirtieron de que no volvieran a poner a la venta este tipo de publicaciones. Desde entonces, el Informe Anualde Amnistía Internacional, que antes se vendía en las librerías tunecinas, ha dejado de llegar al mercado, dado que ninguna librería quiere correr el mismo riesgo. Han entrado en las oficinas de la Sección y roban a menudo su correspondencia; un individuo sorprendido mientras robaba la correspondencia del buzón no fue procesado nunca. Las autoridades tunecinas saben que, en virtud de los propios estatutos de la organización, ni la Sección Tunecina de Amnistía Internacional ni los ciudadanos tunecinos que trabajan en ella o son miembros de la organización están relacionados con actividades sobre la situación de los derechos humanos en su país. El acoso a la Sección Tunecina de Amnistía Internacional y a sus miembros parece ser en parte una venganza por las actividades del Secretariado Internacional de la organización y de otros miembros de todo el mundo sobre la situación de los derechos humanos en Túnez.

Además de tener sus oficinas bajo vigilancia, de tener controladas sus actividades y de sufrir el seguimiento, el acoso y la intimidación de sus dirigentes y de sus miembros con el fin de incitarles a abandonar o a actuar como confidentes de la policía, la Liga Tunecina de Derechos Humanos, la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas y la Sección Tunecina de Amnistía Internacional se enfrentan a un sinfín de restricciones. Sobre todo, se han prohibido e interrumpido a menudo sus reuniones. En ocasiones las autoridades se han negado a autorizar reuniones o a conceder permisos para utilizar recintos públicos; otras veces las fuerzas de seguridad han rodeado el lugar donde presuntamente iban a tener lugar las reuniones y han parado a los que trataban de asistir a ellas y, según informes, en otras ocasiones las autoridades han presionado a los hoteles donde estaba previsto celebrarlas. Innumerables reuniones organizadas por estas organizaciones han tenido que ser canceladas en el último momento porque los hoteles les informaron que las salas de reunión no estaban ya disponibles por «razones técnicas». En los medios de comunicación tunecinos, estrictamente controlados por el gobierno,(17) está proscrita toda referencia a las actividades y al material de estas organizaciones, con lo que se las priva por completo de hacer públicas sus actividades en el país. El amplio abanico de restricciones impuestas a estas organizaciones y la intimidación ejercida contra toda persona considerada próxima o simpatizante de ellas ha reducido de forma drástica su capacidad de conseguir fondos para sus actividades, lo que dificulta aun más su desarrollo y supervivencia. Esta actitud hacia las organizaciones de derechos humanos que desean ser independientes del control del gobierno ha demostrado la determinación de las autoridades de monopolizar y controlar el discurso de los derechos humanos y de utilizarlo al servicio de sus objetivos políticos.

Organizaciones de derechos humanos internacionales

Las crecientes restricciones impuestas a los defensores y organizaciones de derechos humanos de Túnez han afectado también a las labores de las organizaciones de derechos humanos internacionales, ya que en los últimos años ha aumentado de forma drástica tanto el riesgo para los defensores de los derechos humanos como para las víctimas de las violaciones de estos derechos que se ponen en contacto con las organizaciones internacionales. Además, las autoridades han tomado otras medidas para restringir las actividades de las organizaciones internacionales. Se ha prohibido la estancia en Túnez a algunos investigadores de Amnistía Internacional y de Reporteros Sin Fronteras (Reporters Sans Frontières, RSF), y en mayo de 1996 el presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos fue expulsado a su llegada al país. El secretario general de Amnistía Internacional y otros delegados de esa organización y de otras organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch y el Comité de Abogados de Derechos Humanos, se han visto sometidos a una constante vigilancia policial durante sus visitas al país en los últimos años.(18) Se ha expulsado también a algunos periodistas extranjeros y otros han declarado que los han seguido o les han impedido reunirse con víctimas de violaciones de los derechos humanos.

El acoso a los defensores y organizaciones de derechos humanos y el recorte de sus actividades no sólo se toleran, sino que se fomentan al más alto nivel. En los últimos años, estos métodos se han institucionalizado aún más. Una circular distribuida en enero de 1997 por el Ministerio de Educación Superior exige que todo el que organice una reunión o congreso en Túnez debe presentar previamente al Ministerio del Interior una lista de los participantes, una copia del programa, y la fecha, la hora y el lugar del encuentro. Los organizadores deben presentar también previamente el texto de los discursos o los documentos del congreso para su registro legal (dépôt légal).

Una circular distribuida por el Ministerio de Turismo en marzo de 1997 exige a los directores de hotel que informen a la policía sobre toda reunión, seminario, congreso, boda u otro acto que se vaya a celebrar en él; les ordena que comuniquen a la policía detalles como el nombre del organizador y el número y nacionalidad de los participantes en la reunión y especifica que en todos los casos es necesaria la autorización de la policía. La cancelación en el último minuto de salas de hotel alquiladas previamente, con el pretexto de unas obras de urgencia o de falta de disponibilidad, se ha utilizado a menudo para impedir la celebración de congresos o reuniones sobre derechos humanos. Esta nueva circular formaliza la norma no escrita pero bien conocida según la cual la autorización de la policía es necesaria para toda reunión, con independencia de su finalidad.

Campañas de desprestigio

Otra táctica contra los defensores y organizaciones de derechos humanos, tanto tunecinos como extranjeros, han sido las campañas de desprestigio. Éstas han adoptado la forma de artículos insultantes y degradantes publicados en medios de comunicación especialmente próximos a las autoridades(19) y la publicación de montajes fotográficos y de vídeo en los que aparecen personas en situaciones comprometidas.

Un abogado fundamentalista y miembro destacado de al-Nahda, que había defendido a víctimas fundamentalistas, fue objeto en 1991 de uno de estos vídeos. En él aparecía manteniendo relaciones sexuales con una mujer que no era su esposa sobre la alfombra de oración de su oficina. Algunos medios de comunicación comentaron el contenido del vídeo de forma detallada y las embajadas tunecinas lo distribuyeron en el extranjero. Ese mismo año, una conocida defensora de los derechos humanos y miembro de la junta directiva de la Liga Tunecina de Derechos Humanos fue objeto de un montaje fotográfico en el que aparecía desnuda y en compañía de un hombre que no era su esposo. Estos métodos se han utilizado ampliamente contra los opositores al gobierno, y han circulado al menos otros dos vídeos en el que aparecían un ex ministro y un actual opositor al gobierno desnudos en la habitación de un hotel y en compañía de una mujer que no era la esposa de ninguno de ellos y un destacado detenido de al-Nahdamanteniendo relaciones sexuales con un hombre en la celda de una cárcel. En otra ocasión, una joven presa de conciencia fue objeto de un detallado artículo en el que se afirmaba que había perdido la virginidad con un opositor al gobierno exiliado. Es importante destacar que las referencias a las vidas privadas de las personas se consideran ofensivas en la sociedad tunecina y no se comentan en los medios de comunicación, salvo en casos, como los mencionados anteriormente, de individuos perseguidos por las autoridades.

En 1997 y 1998, algunos medios de comunicación controlados por el gobierno volvieron a desencadenar una campaña de desprestigio contra varios defensores de los derechos humanos, entre ellos algunos residentes en el extranjero. Entre los afectados se encontraban mujeres de la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (a las que se tachaba de lesbianas, término considerado insultante en la sociedad tunecina); la abogada de derechos humanos Radhia Nasraoui y el miembro de la junta directiva de la Liga Tunecina de Derechos Humanos Salah Zeghidi; el ex vicepresidente de la Liga Khemais Chammari y otros miembros de esa organización, y Kamel Jendoubi, portavoz del Comité Para el Respeto de las Libertades y de los Derechos Humanos en Túnez, organización con sede en París. Durante 1997 y 1998 se distribuyeron en París y en Túnez panfletos que contenían afirmaciones insultantes y degradantes contra muchos de los defensores de derechos humanos mencionados anteriormente y contra otras personas, así como contra opositores políticos exiliados.(20) Los panfletos son anónimos, pero su contenido y distribución indican que proceden seguramente de fuentes cercanas a las autoridades tunecinas.

A los defensores de derechos humanos pertenecientes a organizaciones internacionales se les ha perseguido también mediante estos métodos. Por ejemplo, en 1994, los medios de comunicación mencionados anteriormente atribuyeron un romance a una abogada francesa que había visitado Túnez para asistir a un juicio en representación de la Federación Internacional de Derechos Humanos y a un abogado marroquí que había estado en Túnez para seguir el mismo juicio en representación de la Unión de Abogados Árabes.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

El grado y alcance de los actos de acoso e intimidación sufridos por los defensores de los derechos humanos en Túnez durante varios años indican que dichos actos no sólo los toleran, sino que los fomentan también las autoridades tunecinas al más alto nivel. Además, las restricciones impuestas a las actividades de los defensores de los derechos humanos han privado de forma creciente a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos de vías de ayuda y recurso de carácter independiente. Estas prácticas violan los tratados sobre derechos humanos que las autoridades tunecinas se han comprometido a respetar y a promover.

En los últimos años, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han expresado en numerosas ocasiones su preocupación a las autoridades tunecinas por el deterioro de la situación de los derechos humanos en general y por los casos de los defensores de los derechos humanos en particular, y han instado al gobierno tunecino a adoptar medidas concretas y eficaces para poner fin a estas preocupaciones. En octubre de 1994, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó también su preocupación por la situación de los derechos humanos en Túnez e hizo una serie de recomendaciones al gobierno tunecino, algunas de ellas relacionadas directamente con la situación de los defensores de los derechos humanos.

La Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó en su periodo de sesiones de 1998 una resolución sobre «La violación de los derechos de los defensores de los derechos humanos en todos los países» (resolución de la Subcomisión 1998/3)(21) en la que se observa con profunda preocupación «que en muchos países, en contradicción con los compromisos y obligaciones de los gobiernos, las personas y las organizaciones comprometidas en la promoción y defensa de los derechos humanos se enfrentan a amenazas, a hostigamiento y a un estado de inseguridad»; en la que se expresa una profunda preocupación «por el número cada vez mayor de casos de los que ha tenido noticia relacionados con defensores de los derechos humanos que, debido a sus actividades en favor del reconocimiento, promoción y defensa de los derechos humanos, han sido perseguidos, sufriendo detenciones, condenas y encarcelamientos, siendo víctimas de asesinatos sin resolver, suspendiéndoles o prohibiéndoles el ejercicio de sus actividades profesionales o amenazándoles con suprimir o suprimiendo de hecho la personalidad legal de la organización a la que pertenecen»; y en la que insta a cada Estado a «adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito de su jurisdicción para asegurar el respecto efectivo de sus obligaciones en el campo de los derechos humanos, de acuerdo con las disposiciones de los distintos instrumentos internacionales, y para garantizar a individuos, grupos, organizaciones, asociaciones e instituciones sociales las condiciones necesarias para ejercer libremente sus actividades en favor del reconocimiento, promoción y defensa de los derechos humanos».

Por desgracia, las autoridades tunecinas no han hecho nada hasta ahora para aplicar estas recomendaciones. Amnistía Internacional insta de nuevo al gobierno tunecino a que adopte medidas concretas para aplicar sin más dilaciones las recomendaciones hechas en sus informes anteriores y las recomendaciones realizadas por el Comite de Derechos Humanos de la ONU en 1994 con el propósito de poner fin a las violaciones cada vez más graves de los derechos humanos e impedir su repetición en el futuro. Con ocasión del quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la organización insta a las autoridades tunecinas a cumplir su compromiso, afirmado repetidas veces, de proteger y promover los derechos humanos, dando una pronta solución a los casos relacionados con los defensores de los derechos humanos, y en particular a:

- poner en libertad de forma inmediata y sin condiciones a Khemais Ksila, vicepresidente de la Liga Tunecina de Derechos Humanos, retirar todas las acusaciones contra la abogada de derechos humanos Radhia Nasraoui, levantar todas las condiciones y restricciones impuestas a defensores de los derechos humanos previamente encarcelados, incluidos Najib Hosni, Moncef Marzouki y Khemais Chammari, y levantar todas las restricciones impuestas a todos los demás defensores de los derechos humanos;

- adoptar medidas concretas y eficaces para aplicar la resolución sobre la «La violación de los derechos de los defensores de los derechos humanos en todos los países», aprobada por la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU en su periodo de sesiones de 1998, que insta a los gobiernos a proteger a los defensores de los derechos humanos y que pide acciones concretas en el caso de Khemais Ksila.

- cumplir de forma prioritaria las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU de octubre de 1994 [véase Índice ONU: M/CCPR/C/52/COM/TUN/3](22) y garantizar en especial:

- «que se tomen medidas para fortalecer la independencia de las instituciones de derechos humanos en Túnez» con el fin de «cerrar la grieta existente entre ley y aplicación de la ley y estimular la confianza del público en dichas instituciones»; que «sea transparente toda comisión que investigue informes sobre violación de derechos humanos y que se hagan públicos sus resultados», y que se adopten medidas «para reforzar la independencia del poder judicial, sobre todo del poder ejecutivo» [E/párrafo14];

- «que se adopten medidas para asegurar el ejercicio de la libertad de opinión y expresión de acuerdo con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos» y en concreto «la revisión y, en caso conveniente, la enmienda de las disposiciones del Código Penal que impiden injustamente criticar a las autoridades y la política del gobierno» [E/párrafo19];

- que se revise la Ley de Asociaciones, la Ley de Pasaportes y la Ley de Partidos Políticos «para asegurar que cumplan plenamente los requisitos del Pacto» [E/párrafo 20].

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(1) La detención en regimen de incomunicación (garde à vue) se limitó a diez días como máximo y se abolió el Tribunal de Seguridad del Estado.

(2) Al-Nahda (conocido como el Mouvement de la tendance islamique[MTI] hasta 1989), no fue reconocido como partido y no pudo participar en las elecciones legislativas de 1989, pero se le permitió respaldar una listas de candidatos independientes que, según los resultados oficiales, obtuvieron el 17,75 % de los votos.

(3) Se permitió a ambos partidos tener periódicos(al-Fajr[Amanecer], en el caso de al-Nahda, y al-Badil[Alternativa], en el caso del Partido Comunista de los Obreros Tunecinos), pero fueron clausurados en 1991 y no se les ha permitido salir desde entonces.

(4) Véanse los informes de AI:Tunisia: Deaths in custody during garde à vue detention(Índice AI: MDE 30/22/91), octubre de 1991.Tunisia: Prolonged incommunicado detention and Torture (Índice AI: MDE 30/04/92), marzo de 1992.Tunisia: Heavy Sentences After Unfair Trials(Índice AI: MDE 30/23/92), octubre de 1992.

(5) En mayo de 1991, el ministro del Interior anunció que las autoridades habían descubierto que al-Nahdaestaba conspirando contra el Estado y preparando una insurrección armada.

(6) Desde mediados de 1991 la inestable situación política en Argelia ha llevado a un conflicto que se ha saldado con decenas de miles de muertos. Para más información, véanse los informes de AI sobre ese país entre 1992 y 1998.

(7) Véanse los informes de AI: Tunisia: Women victims of harassment, torture and imprisonment (Índice AI: MDE 30/02/93), junio de 1993. Tunisia, Rhetoric versus reality: the failure of a human rights bureaucracy (Índice AI: MDE 30/01/94), enero de 1994. Tunisia: Repression thrives on impunity(Índice AI: MDE 30/19/95), noviembre de 1995. Túnez: Se amplía el círculo de la represión (Índice AI: MDE 30/25/97/s); junio de 1997.

(8) El presidente Ben Ali fue el único candidato en las elecciones celebradas en marzo de 1994; según cifras oficiales, obtuvo más del 99 % de los votos.

(9) En una ocasión fue acusado por la policía de haber robado un automóvil.

(10) Diario 16, periódico español que no se vende en Túnez.

(11) Su oficina había sido asaltada anteriorimente en 1994 y en 1997.

(12) El esposo de Radhia Nasraoui, Hamma Hammami, destacada figura del ilegal Partido Comunista de los Obreros Tunecinos que ha estado encarcelado como preso de conciencia en varias ocasiones, ha sido también acusado in absentiaen relación con el mismo caso; está escondido desde febrero de 1998.

(13) Sobre todo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Túnez es Estado Parte, los Principios básicos de la ONU sobre la función de los abogados y los Principios básicos de la ONU relativos a la independencia de la judicatura.

(14) Les Femmes: Alibi du Pouvoir Tunisien(Las mujeres: coartada del régimen tunecino), Olfa Lamloum y Louisa Toscane, Le Monde Diplomatique, junio de 1998.

(15) En 1991, la Liga creó un Comité de Libertades (Comité des Libertés) para recoger las quejas de las familias cuyos familiares habían sido detenidos y recluidos en régimen de detención secreta durante largos periodos de tiempo. Después de enviar las listas y las quejas al Ministerio del Interior y de no recibir una respuesta significativa, la Liga emitió dos comunicados, en junio y diciembre de 1991, denunciado las violaciones de los derechos humanos que se estaban produciendo en Túnez, sobre todo las largas detenciones secretas, las torturas y las muertes bajo custodia.

(16) La decisión de catalogar la Liga como asociación de «carácter general» se revocó definitivamente en mayo de 1996.

(17) El 4 de junio de 1997, la Asociación Internacional de Prensa aprobó una resolución en su Asamblea General Anual por la que se expulsaba de la organización a la Asociación de Prensa Tunecina (APT) por no informar sobre la represión de la libertad de prensa en Túnez. La Asociación Internacional de Prensa había suspendido a la Asociación de Prensa Tunecina durante un año en 1996.

(18) En septiembre de 1996, Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, el Comité de Abogados de Derechos Humanos y Reporteros Sin Fronteras firmaron una carta abierta dirigida al presidente Ben Ali en la que expresaban su preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país y las restricciones impuestas a las organiaciones de derechos humanos que actúan en Túnez.

(19) Al-Shourouq(Amanecer) y al-Hadath(Acontecimientos), publicaciones en lengua árabe, yal-I’lan/Les Annonces(Anuncios) y Haqa’iq/Réalités(Realidades), publicaciones en árabe y en francés.

(20) Les Masques(Las Máscaras), publicación en lengua francesa, y Akhbar al-Muflisin(Noticias de Gente Arruinada), publicación en lengua árabe.

(21) La traducción de las citas de esta resolución es de EDAI.

(22) La traducción de las citas de estas recomendaciones es de EDAI.