Índice AI: NWS 21/003/2005

Llamada internacional

(extracto de The Wire)

abril de 2005

Filipinas

Fuerte aumento de homicidios cometidos por grupos paramilitares.

Más de 320 personas sospechosas de cometer delitos como tráfico de drogas, inhalación de disolventes y robos de pequeña importancia han sido víctimas de homicidio en la ciudad de Davao desde 1998. Los grupos locales de derechos humanos han expresado reiteradamente su temor a que agentes del gobierno puedan estar detrás de estos homicidios cometidos por grupos paramilitares. La mayor parte de las víctimas, entre ellas niños de la calle y miembros de bandas de jóvenes procedentes de las comunidades más pobres de la ciudad, fueron abatidas a tiros por hombres armados no identificados que iban a bordo de motocicletas. El número de homicidios ha aumentado cada año desde el 2000, con un incremento particularmente fuerte en las primeras semanas de 2005.

Entre los que esperan que se haga justicia hay una mujer cuyos tres hijos adolescentes murieron a manos de presuntos miembros de grupos paramilitares. El más joven, Bobby Alia, de 14 años de edad, había sido acusado de hurto y posesión de un cuchillo. Algunos periódicos informaron de que lo habían matado al día siguiente de que la policía lo pusiera en libertad.

Las sospechas de implicación de autoridades locales y agentes de policía en los homicidios se han incrementado a raíz de las reiteradas declaraciones públicas del alcalde de la ciudad de Davao, que al parecer fomenta las ejecuciones extrajudiciales como un medio aceptable y eficaz de combatir el crimen. Según informes, en una concentración electoral en 2004 dijo a la multitud: "Si gano morirán más criminales porque he jurado proteger a esta ciudad… les he dicho a los criminales que este es un lugar donde uno puede morir en cualquier momento. Si sirve de aviso para alguien, con eso bastará". Mientras, las autoridades continúan negando la responsabilidad por estos crímenes, no se ha procesado a nadie y las investigaciones no han identificado a los perpetradores.

Escriban instando a las autoridades a que condenen públicamente todas las ejecuciones extrajudiciales de supuestos delincuentes. Pidan que se lleven a cabo sin demora investigaciones eficaces e imparciales sobre los homicidios y que los responsables sean procesados.

Envíen sus llamamientos a: Mayor Rodrigo Duterte, City Hall, City Hall Drive, Davao City 8000, Filipinas.

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Irak

Reclusión de estudiantes palestinos

Dos estudiantes palestinos llevan recluidos en Irak sin cargos ni juicio desde su detención en abril de 2003. Jayab Mahmood Hassan Humeidat y Ahmad Badran Faris, los dos de 21 años de edad, fueron detenidos por soldados estadounidenses en su residencia universitaria, en al-Qadisiya, Bagdad, junto con otros 10 estudiantes palestinos. Todos fueron trasladados a Camp Bucca, centro de detención controlado por Estados Unidos y situado en Umm Qasr, en el sur de Irak.

Inicialmente se permitió al Comité Internacional de la Cruz Roja el acceso a los presos y la última visita tuvo lugar en julio de 2004. Ninguno de los detenidos ha tenido acceso a un abogado.

Jayab Mahmood Hassan Humeidat y Ahmad Badran Faris continúan detenidos en Camp Bucca. Sus familiares piensan que están recluidos por tener pasaportes palestinos y proceder de los Territorios Ocupados. Los otros estudiantes palestinos detenidos a la vez que ellos fueron puestos en libertad tras pasar varios meses recluidos sin cargos ni juicio. Tenían pasaportes extranjeros y han regresado a sus países de residencia.

Jayab Mahmood Hassan Humeidat y Ahmad Badran Faris, de la zona de Hebrón de los Territorios Ocupados, estaban estudiando contabilidad en la universidad de al-Rusafah, Bagdad. Viajaron a Irak en noviembre de 2001 para continuar su curso en la universidad.

Hay al menos 9.000 personas detenidas en Irak, en Camp Bucca y en la prisión de Abu Ghraib, cerca de Baghdad, entre otros lugares. Están detenidos bajo control estadounidense, sin cargos ni juicio, muchos desde abril de 2003. Su situación jurídica sigue sin estar clara, y Amnistía Internacional ha planteado su preocupación sobre los detenidos a las autoridades estadounidenses e iraquíes.

Escriban expresando preocupación por la detención sin cargos ni juicio de Jayab Mahmood Hassan Humeidat y Ahmad Badran Faris desde abril de 2003. Pidan su liberación inmediata si se encuentran detenidos debido únicamente a su origen palestino. Pidan también que se esclarezca la situación jurídica de los millares de personas detenidas en Irak, específicamente de las que se encuentran en Umm Qasr y Abu Ghraib.

Envíen sus llamamientos a: Prime Minister, Republic of Iraq, Convention Centre (Qasr al-Ma’aridh), Baghdad, Irak; y a: The Honorable Donald Rumsfeld, Secretary of Defense, Office of the Secretary, The Pentagon, Washington, DC 20301, EE. UU. Fax: +1 703 697 8339 Correo-e: envíen sus llamamientos a través del sitio web del Departamento de Defensa estadounidense: www.defenselink.mil/faq/comment.html

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Sudán

Detención en régimen de incomunicación de habitantes de Darfur

Ma’mun Issa Abdel Gader, dirigente de la comunidad fur de Niyertiti, en el Darfur devastado por la guerra, continúa recluido en régimen de incomunicación un año después de su detención en la capital de Sudán, Jartum. Nunca ha sido acusado de ningún delito y sólo se le ha permitido recibir una visita de su familia, durante la festividad del final del Ramadán (el Eid), en noviembre de 2004.

Está recluido en la prisión Kober de Jartum, después de haber sido trasladado de centro de detención varias veces. Según informes, su salud es mala y tiene un brazo fracturado que no ha sido debidamente curado.

Unos abogados remitieron a las Fuerzas de Seguridad Nacional una petición en la que solicitaban que fuera puesto en libertad ni no se le acusaba de ningún delito, ya que su detención contraviene incluso la Ley sobre Fuerzas de Seguridad Nacional, que permite la detención en régimen de incomunicación sin cargos sólo por un periodo máximo de nueve meses. Las autoridades afirman que está vinculado a los grupos armados de Darfur, en guerra con el gobierno. Amnistía Internacional considera que se encuentra recluido debido a su destacada posición dentro de la comunidad fur –es un alto funcionario del Ministerio de Medio Ambiente en Darfur– y por sus intereses en relación con la crisis de derechos humanos en la región.

Ma’mun Issa Abdel Gader es uno de los numerosos habitantes de Darfur detenidos a causa de su origen por las autoridades sudanesas, que han utilizado el Estado de excepción para justificar detenciones sin el debido proceso. Los civiles que comparten la misma identidad étnica que los grupos armados, integrados principalmente por fur, zaghawa y masalit, son los más castigados por la represión política y militar del gobierno. Corren el riesgo de sufrir detenciones arbitrarias, prolongadas detenciones en régimen de incomunicación y torturas, no sólo en Darfur sino también en otras áreas controladas por el gobierno, especialmente Jartum.

Véase Sudán, Darfur: Nadie a quien quejarse. Víctimas sin alivio, perpetradores impunes (AFR 54/138/2004).

Escriban pidiendo que Ma’mun Issa Abdel Gader y otros habitantes de Darfur recluidos sin cargos sean puestos en libertad de inmediato si no se les acusa de un delito común reconocible y se les juzga según las normas internacionales sobre juicios justos.

Envíen sus llamamientos a: Mr Ali Osman Mohamed Taha, First Vice-President and Presidential Envoy for Darfur, People’s Palace, PO Box 281, Jartum, Sudán. Fax: +249 183 771651/779977

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Turkmenistán

Objetores de conciencia detenidos

Al menos cuatro testigos de Jehová continúan recluidos en Turkmenistán por oponerse a realizar el servicio militar obligatorio por motivos religiosos.

Atamurat Suvkhanov, de Doshoguz, fue condenado a 18 meses de cárcel en diciembre de 2004. Cumple su condena en una colonia penitenciaria en Seydi, a cientos de kilómetros de su casa.

En febrero de 2005, Begench Shakhmuradov, de Ashgabat, fue condenado a un año de prisión. Los dos presos de conciencia están recluidos por "eludir la llamada regular al servicio militar activo".

Mansur Masharipov y Vepa Tuvakov (Véase la Llamada Interncionalde agosto de 2004), ambos testigos de Jehová, están también en prisión por negarse a realizar el servicio militar por motivos religiosos. Sin embargo, otros seis hombres fueron puestos en libertad en junio de 2004 como consecuencia de la presión internacional. Se cree que su excarcelación ha sido motivada por el deseo de las autoridades de evitar que Turkmenistán sea clasificado como "país de especial preocupación" en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional, promulgada por Estados Unidos. Esa clasificación puede llevar a Estados Unidos a tomar medidas, desde la protesta diplómatica hasta las sanciones comerciales a países concretos.

El 20 de diciembre de 2004, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que reiteraba su grave preocupación por las continuas y graves violaciones de derechos humanos que se producen en Turkmenistán.

Escriban pidiendo la liberación inmediata e incondicional de los presos de conciencia Atamurat Suvkhanov, Begench Shakhmuradov, Mansur Masharipov y Vepa Tuvakov, que han sido encarcelados sólo por negarse a ingresar en el ejército por motivos religiosos.

Envíen sus llamamientos a: President Niyazovu, Apparat Prezidenta, 744000 g. Ashgabat, Turkmenistán. Fax +993 12 35 42 41/ 39 28 50

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Actualizaciones

La pena de muerte en Burundi

Delegados de Amnistía Internacional celebraron una reunión en enero para debatir la cuestión de la abolición de la pena de muerte en Burundi. Asistieron a la reunión representantes de varias ONG de Burundi, de organizaciones internacionales y de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Burundi, así como el ministro burundés de Derechos Humanos y otros. Acordaron formar una coalición para trabajar en favor de la abolición de la pena de muerte. La organización de derechos humanos Ligue Iteka se ofreció para liderar la coalición.

Los recientes pasos dados para introducir una ley que abreviaría radicalmente el proceso judicial para las personas sorprendidas en el acto de cometer un delito violento ha suscitado el temor de que el gobierno esté considerando la reanudación del uso de la pena de muerte después de un periodo de siete años sin aplicarla. Se acordó que, puesto que Burundi está saliendo de un periodo de transición política y encaminándose hacia unas elecciones, es un buen momento para plantear el tema de la abolición de la pena de muerte en aquel país. Actualmente hay unos 533 condenados a muerte en Burundi.

El Reino Unido incumple su promesa de investigar

El gobierno del Reino Unido ha incumplido su promesa de llevar a cabo una investigación pública sobre el asesinato del abogado de derechos humanos Patrick Finucane. En lugar de ello, las autoridades están tratando de promulgar una nueva ley que, con la excusa de proteger la seguridad nacional, eliminaría la posibilidad de un análisis riguroso, imparcial y público sobre la presunta implicación de las autoridades en el homicidio. Amnistía Internacional está pidiendo que se retire esta ley y se lleve a cabo una investigación en virtud de la Ley sobre Pruebas en los Tribunales de Investigación, de 1921. Patrick Finucane fue asesinado en Irlanda del Norte en 1989.

Véase la Llamada Internacional de octubre de 1999 y la Actualización de octubre de 2004.

Kenia pone en libertad a un ciudadano iraquí

Abdel Mohammed Al-Dahas, iraquí, recluido sin cargos ni juicio en una celda policial en Kenia desde octubre de 2001, fue entregado al Alto Comsionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) el 28 de febrero. Ex piloto de las fuerzas armadas iraquíes, fue detenido bajo sospecha de ser un "terrorista", aunque no le fue presentada prueba alguna de actividad "terrorista". Fue detenido por las autoridades kenianas mientras se decidía sobre su condición de refugiado. No se ha aducido ningún motivo para su repentina liberación. No se le obligará a regresar a Irak contra su voluntad. Véase la Llamada Internacional de septiembre de 2003.

Excarcelación de un objetor de conciencia

Camilo Mejía Castillo fue excarcelado por las autoridades estadounidenses en febrero de 2005, tres meses antes del final de su condena de un año, por motivos de buena conducta.

Al ser liberado declaró: "No encuentro palabras para expresar lo mucho que agradezco todo lo que Amnistía Internacional ha hecho en relación con mi caso. Recibí miles de cartas mientras estaba en prisión." Su abogado también dio las gracias a Amnistía Internacional diciendo que pensaba que la campaña había cumplido un importante papel protegiendo a Camilo en el ambiente de la prisión y consiguiendo su liberación anticipada.

Camilo Mejía Castillo fue encarcelado en mayo de 2004 por deserción, tras negarse a regresar a su unidad en Irak. Expresó sus objeciones morales hacia la conducta de los soldados estadounidenses con los civiles y prisioneros iraquíes, cuestionó la legalidad de la guerra y solicitó la condición de objetor de conciencia. Apelando contra su sentencia, espera que se revoque su baja por mala conducta y que se le restituyan su rango y su salario. Si este primer recurso fracasa, apelará ante el Tribunal Militar de Apelación Penal. Véase la Llamada Internacional de septiembre de 2004.

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