Las autoridades de Etiopía deben poner fin a la incesante represión de la disidencia, ha dicho hoy Amnistía Internacional tras la detención de un prominente periodista y de cuatro destacados políticos de la oposición acusados de actividades relacionadas con el terrorismo.

Los cinco fueron detenidos en Addis Abeba el 14 de septiembre y todos están acusados de implicación en el grupo prohibido Ginbot 7.

Todos ellos han criticado abiertamente al gobierno y recientemente habían llevado a cabo actividades públicas o redactado peticiones en favor de la reforma.

Al menos un centenar de políticos de oposición y cinco periodistas han sido detenidos en Etiopía desde marzo. Todos ellos han sido acusados de delitos relacionados con el terrorismo.

“La lista no para de crecer”, ha dicho Michelle Kagari, directora adjunta del Programa Regional para África de Amnistía Internacional. “Las autoridades etíopes están utilizando las medidas antiterroristas para reprimir la disidencia”.

”No resulta verosímil que incontables miembros de la oposición política y periodistas independientes estén implicados en actividades terroristas”, ha añadido.

Los cinco hombres detenidos el 14 de septiembre son Eskinder Nega, periodista, Andualem Arage, Nathanial Mekonnen y Asaminew Berhanu, todos ellos altos cargos del partido Unidad para la Democracia y la Justicia, y Zemene Molla, secretario general del Partido Nacional Democrático de Etiopía.

Según los informes, el 16 de septiembre los cinco fueron conducidos ante el juez, que ordenó su ingreso en prisión durante 28 días, mientras la policía lleva a cabo sus investigaciones.

Se hallan recluidos en Maikelawi, el Departamento de Investigación Criminal y Forense de la policía federal en Addis Abeba, tristemente famoso por el frecuente uso de la tortura con los presos preventivos.

Este mes se presentaron cargos contra cinco periodistas etíopes en aplicación de la legislación antiterrorista, mientras que otro periodista, Argaw Ashine, tuvo que huir del país tras aparecer en uno de los cables de Wikileaks y ser convocado por funcionarios de la Oficina de Asuntos de Comunicación del Gobierno y por la policía federal para ser interrogado sobre sus fuentes.

El conocido actor Debebe Eshetu, miembro de un partido de la oposición, fue detenido el 8 de septiembre.

A finales de agosto y principios de septiembre fueron detenidos nueve miembros de partidos de la oposición junto con otras 20 personas, acusados todos de terrorismo.

Entre los detenidos figuraban Bekele Gerba, profesor de la Universidad de Addis Abeba y vicepresidente del Movimiento Democrático Federalista Oromo, y Olbana Lelisa, cargo del partido Congreso Popular Oromo. Ambos se habían entrevistado con delegados de Amnistía Internacional pocos días antes de la detención.

En marzo de este año fueron detenidos al menos 89 miembros de estos dos partidos políticos oromos. Muchos de ellos eran ex parlamentarios y habían hecho campaña en las elecciones de 2010.

“Es evidente que hay una constante de arresto y detención de grupos críticos con el gobierno, especialmente medios de comunicación y políticos de la oposición”, ha dicho Michelle Kagari. “Acosar y detener a la gente de esta forma es una terrible forma de avisar a otros políticos y periodistas de oposición para que dejen de ejercer totalmente su derecho a la libertad de expresión, se autocensuren o se expongan a ser detenidos”, ha añadido.

Eskinder Nega ha sido detenido anteriormente en varias ocasiones. Eskinder Nega, Andualem Arage y Debebe Eshetu fueron juzgados por traición entre 2005 y 2007, junto con otros 129 políticos de oposición, periodistas y activistas de la sociedad civil, tras las protestas postelectorales de 2005.

Los tres fueron declarados culpables, pero quedaron en libertad a finales de 2007 gracias a un indulto presidencial, y desde entonces han estado sometidos a una estrecha vigilancia del gobierno.

“Parece que las autoridades etíopes tratan de destruir los últimos vestigios de libertad de expresión en Etiopía”, ha dicho Michelle Kagari. “Pero encerrar a quienes opinan de forma diferente no solo viola las obligaciones de Etiopía en aplicación de las leyes nacionales y el derecho internacional, sino que también socava los esfuerzos de este país para garantizar la paz y la estabilidad en su territorio”.