Irlanda

حقوق الإنسان في República de Irlanda

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
أيرلنداالصادر حديثاً

Jefe del Estado
Michael D. Higgins (sustituyó a Mary McAleese en noviembre)
Jefe del gobierno
Enda Kenny (sustituyó a Brian Cowen en marzo)
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
4,5 millones
Esperanza de vida
80,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
4,2 por cada 1.000

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

El Programa de Gobierno de 2011, publicado en marzo, prometía examinar las posibles vías para una reforma constitucional exhaustiva, que abarcara aspectos como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la igualdad de las mujeres y la eliminación de la blasfemia de la Constitución.

En septiembre, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa publicó el informe de su visita a Irlanda, realizada en junio; expresaba en él su preocupación por los posibles efectos perjudiciales de las medidas presupuestarias propuestas y en vigor para la protección de los derechos humanos, especialmente en relación con los grupos vulnerables. El gobierno anunció en septiembre su intención de fusionar la Comisión de Derechos Humanos con la Autoridad para la Igualdad a fin de crear la nueva Comisión de Igualdad y Derechos Humanos.

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Derechos de la infancia

En junio, el Comité contra la Tortura expresó su preocupación por el escaso número de casos de violencia contra niños y niñas en instituciones de gestión religiosa que se habían remitido a los tribunales a pesar de que el informe de la Comisión para Investigar los Abusos Infantiles (Informe Ryan) de 2009 contenía abundantes indicios de tales abusos.

En julio se publicó el informe de la comisión de investigación sobre la diócesis católica de Cloyne, archidiócesis de Dublín, o Informe Cloyne. Entre otras cosas, se concluía en él que dos tercios de las denuncias de violencia clerical de carácter sexual contra niños y niñas de esa diócesis, formuladas ante la Iglesia católica entre 1996 y 2009, no se habían remitido a la policía irlandesa, como exigían las normas eclesiales de 1996. El gobierno volvió a expresar posteriormente su compromiso en relación con la obligatoriedad de informar sobre casos de presunta violencia contra menores de edad.

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Comercio de armas

En septiembre se publicó, con un retraso considerable, el primer informe anual, elaborado en cumplimiento de la Ley de Control de las Exportaciones de 2008, sobre intermediación y exportaciones de material militar y de doble uso, que abarcaba el periodo 2008-2010. Había lagunas en la información que contenía, pues, por ejemplo, no se indicaba el uso final de los productos.

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Condiciones de reclusión

Tanto el Comité de la ONU contra la Tortura como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura expresaron su preocupación por las condiciones imperantes en las cárceles, en particular por el hacinamiento, la ausencia de saneamiento en las celdas, la falta de asistencia médica y la violencia entre internos en algunas prisiones.

El Comité contra la Tortura señaló además la falta de investigaciones independientes y efectivas sobre las denuncias de malos tratos a manos de personal penitenciario.

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Derecho a la salud

Reconociendo demoras en el acceso a la atención de la salud y problemas que hacían que no fuera siempre asequible, el gobierno se comprometió a instaurar un sistema universal de atención de la salud.

En febrero, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura señaló la lentitud con que avanzaba la reforma en materia de salud mental y expresó su preocupación en torno a la Ley de Salud Mental de 2001, por aspectos como la falta de protección de los “pacientes voluntarios” y las disposiciones relativas al uso de terapia electroconvulsiva.

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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Continuaron los retrasos significativos en el examen de las solicitudes de asilo y de otras necesidades de protección. Aún no se había promulgado la legislación prometida hacía tiempo para establecer un procedimiento único de examen de las solicitudes.

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Violencia contra mujeres y niñas

El Comité de la ONU contra la Tortura recomendó una investigación independiente de todas las denuncias de tortura y otros malos tratos a las mujeres y niñas recluidas en las “Lavanderías de la Magdalena”, de gestión religiosa, entre 1922 y 1996. En junio, el gobierno estableció un comité interdepartamental para “aclarar cualquier interacción del Estado con las Lavanderías de la Magdalena”. Sin embargo, la medida por sí sola era insuficiente para aplicar la recomendación del Comité contra la Tortura.

En noviembre se puso en marcha un plan de acción nacional sobre la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, sobre la mujer, la paz y la seguridad.

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Policía y fuerzas de seguridad

El tribunal de Smithwick inició en junio las vistas públicas para examinar denuncias según las cuales miembros de la policía u otros agentes del Estado habían colaborado en los homicidios de dos altos mandos de la Real Policía del Ulster cometidos en 1989 por el Ejército Republicano Irlandés Provisional en Irlanda del Norte.

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