تقرير منظمة العفو الدولية لعام  2013
حالة حقوق الإنسان في العالم

بيان صحفي

5 فبراير 2013

Millones de personas excluidas de nueva vía de acceso a la justicia para los más pobres

Las personas cuyos derechos económicos, sociales y culturales son continuamente pisoteados tendrán un nuevo acceso a la justicia a través de un mecanismo de la ONU que, no obstante, cuando entre en vigor sólo se aplicará inmediatamente a 10 países, ha declarado Amnistía Internacional. 

El nuevo mecanismo de quejas, establecido por el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, el Protocolo), permitirá que personas y grupos obtengan justicia a través de la ONU, si son violados sus derechos –como los relativos a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, al saneamiento, a la salud, a un empleo, a la seguridad social y a la educación– y sus gobiernos no les ofrecen justicia. 

“El acceso a la justicia es esencial para las víctimas de todas las violaciones de los derechos humanos, y el Protocolo constituye un paso fundamental para lograrlo”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional. 

“Casi 40 años después de la entrada en vigor de su equivalente, el Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hemos conseguido por fin la paridad entre ambos tratados y dotar de significado el principio de la indivisibilidad de todos los derechos. 

“Queremos felicitar a los primeros 10 Estados que han ratificado el Protocolo, pero todos los demás deben seguir su ejemplo. Para lograr la verdadera realización de los derechos humanos es imprescindible que todas las víctimas de una violación de derechos humanos tengan acceso a un recurso efectivo.” 

Hoy Uruguay ha proporcionado la crucial 10ª ratificación del Protocolo, lo que significa que éste entrará en vigor dentro de tres meses, el 5 de mayo de 2013. 

A pesar de este importante paso adelante, hasta ahora ningún Estado africano es Parte en el Protocolo y sólo un Estado de Asia –Mongolia– lo ha ratificado. En total, 160 países son Partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, por tanto, pueden ratificar también el Protocolo. 

El Protocolo sólo es jurídicamente vinculante en los países que son Estados Partes. 

Con demasiada frecuencia los gobiernos no han hecho más que cumplir de boquilla las obligaciones contraídas por sus países en virtud del derecho internacional de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales para todas las personas —ha añadido Salil Shetty—. La realidad es que numerosos países carecen de mecanismos efectivos para abordar las violaciones que muchas personas sufren.” 

El Protocolo permite a las personas que han sufrido violaciones, como el desalojo de sus viviendas o la negación del derecho a la educación debido a su lugar de residencia, presentar quejas a un panel de expertos independiente e internacional una vez que han agotado todos los recursos posibles en sus países. 

Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos en todo el mundo de personas a las que les es imposible obtener justicia por estas violaciones y para quienes el Protocolo podría ser crucial. 

En Nigeria, más de 13.000 personas fueron objeto de desalojo forzoso en agosto de 2009, cuando un gobierno local hizo caso omiso de una orden judicial y destruyó el asentamiento junto al río donde vivían. 

En Eslovenia, el gobierno no ha ayudado a las numerosas familias romaníes que viven actualmente sin agua ni saneamiento en asentamientos informales. 

En Estados Unidos, el gobierno no garantiza el acceso de todas las mujeres a los servicios de salud materna, lo que reduce sus oportunidades para tener un embarazo y un parto sanos. 

“El Protocolo constituye una herramienta vital para que las personas, en concreto aquellas que viven en la pobreza, pidan cuentas a sus gobiernos por sus derechos, de modo que las violaciones no sigan cometiéndose con impunidad”, ha manifestado Shetty. 

Los 10 Estados que lo han ratificado hasta la fecha son Argentina, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, España, Mongolia, Portugal y Uruguay. 

Las decisiones que se tomen mediante este nuevo mecanismo influirán con toda probabilidad en los tribunales nacionales y regionales de todo el mundo. 

"Además de ratificar el Protocolo, los gobiernos deben también garantizar que existen mecanismos nacionales, como tribunales e instituciones nacionales de derechos humanos, con el mandato y la capacidad necesarios para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales”, ha afirmado Salil Shetty.   

Información general 

El Protocolo fue adoptado por consenso el 10 de diciembre de 2008 por la Asamblea General de la ONU y se abrió a la ratificación el 24 de septiembre de 2009. Lo han firmado otros 32 países, indicando su intención de ratificarlo; su ratificación es necesaria para hacer que sea vinculante jurídicamente. 

Argentina, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, España, Mongolia, Portugal y Uruguay han ratificado el Protocolo Facultativo. Los otros 32 países que lo han firmado pero aún no lo han ratificado son: Armenia, Azerbaiyán, Bélgica, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Costa Rica, Eslovenia, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Guatemala, Guinea Bissau, Irlanda, Islas Salomón, Italia, Kazajistán, Luxemburgo, Madagascar, Maldivas, Malí, Montenegro, Países Bajos, Paraguay, República del Congo, República Democrática del Congo, Senegal, Timor Oriental, Togo, Ucrania y Venezuela. 

Hay 160 Estados en el mundo que son Parte en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Pacto constituye el principal marco legal para la protección y la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos abarcan, entre otros, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la alimentación, al agua, al saneamiento, a la vivienda adecuada, a la seguridad social, y a participar en la vida cultural. Todos los Estados que son parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales tienen la obligación, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y garantizar estos derechos a todas las personas sin discriminación. 

Amnistía Internacional forma parte de la Coalición de ONG para un Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, integrada por más de 300 grupos de la sociedad civil de todo el mundo. En los últimos ocho años ha hecho campaña en favor del Protocolo y está haciendo un llamamiento a los gobiernos de todo el mundo para que lo ratifiquen. 

Este trabajo se enmarca en la campaña Exige Dignidad de Amnistía Internacional, que persigue el fin de las violaciones de derechos humanos que conducen a la pobreza y la agravan. Como parte de la campaña, Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que garanticen el acceso de las víctimas de violaciones de derechos humanos –entre ellos los derechos económicos, sociales y culturales– a un recurso efectivo, nacional e internacional. Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que garanticen la protección de los derechos económicos, sociales y culturales en la legislación nacional, eliminen los obstáculos para acceder a la justicia y acaten las decisiones de derechos humanos de los tribunales y los mecanismos internacionales de derechos humanos..

AI Index: PRE01/057/2013
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