Asia y Oceanía

Asia y Oceanía

حقوق الإنسان بحسب المنطقة

Una mujer llora al ver su casa demolida en el barrio de Yangji de la ciudad de Guangzhou, provincia de Guangdong (China).

© AP Photos / Imagine China


En países de toda Asia y Oceanía, el simple acto de expresar públicamente la propia opinión, en la calle o en Internet, se enfrentaba a la brutal represión del Estado. Era habitual hostigar, agredir, encarcelar y matar a la gente por atreverse a cuestionar a las autoridades.

En Vietnam, más de 20 disidentes pacíficos, entre los que había blogueros y compositores de canciones, fueron encarcelados por cargos falsos relacionados con la seguridad nacional. En Indonesia, las autoridades encerraron a 6 personas por blasfemia, y 70 activistas políticos pacíficos siguieron recluidos. En Camboya, las fuerzas de seguridad dispararon a personas que protestaban pacíficamente contra los desalojos forzosos y las precarias condiciones laborales. En China, quienes protestaban contra desalojos forzosos masivos se arriesgaban a ser detenidos, encarcelados o enviados a campos de reeducación por el trabajo. En Sri Lanka se detuvo arbitrariamente a periodistas y otros ciudadanos por criticar a las autoridades, o se los secuestró sin que volviera nunca a saberse de ellos. Y en India se encarceló por cargos de motivación política a los activistas que trabajaban en pro de los derechos de comunidades indígenas cuyo deseo de proteger sus tierras tradicionales chocaba con los intereses de las empresas.

Los importantes cambios que se produjeron en el liderazgo de varios países de la región contribuyeron poco a mejorar el panorama de derechos humanos.

En China, más de un centenar de personas fueron detenidas para impedir protestas antes del cambio de liderazgo que tuvo lugar en noviembre en el Partido Comunista Chino, el primero después de 10 años. Corea del Norte, donde Kim Jong-un siguió consolidando su liderazgo tras asumir el poder en 2011, continuó expulsando a los opositores políticos a remotos campos penitenciarios donde sufrían malnutrición grave, trabajos forzados y tortura, y muchos de ellos morían.

Las protestas en Maldivas contra la dimisión en febrero del primer ministro Mohamed Nasheed fueron violentamente reprimidas. Las fuerzas de seguridad persiguieron a los aliados políticos de Nasheed y los torturaron.

Los conflictos armados continuaron destrozando las vidas de decenas de miles de personas en la región. En Afganistán, Myanmar, Pakistán y Tailandia, los atentados suicidas, los bombardeos indiscriminados, los ataques aéreos y los homicidios selectivos causaron muertos y heridos entre la población civil y provocaron su desplazamiento.

Las aspiraciones de las mujeres y las niñas se vieron frustradas en toda la región, al no existir una adecuada protección y promoción de sus derechos por parte del Estado.

En Afganistán y Pakistán, muchas mujeres y niñas seguían teniendo vedado el acceso a la vida pública y, en algunos casos, los talibanes las mataron al estilo de ejecuciones. La indignación que provocó en la opinión pública la violación en grupo y posterior muerte de una estudiante en India puso de manifiesto que el Estado seguía sin frenar la violencia contra las mujeres y las niñas. Y en Papúa Nueva Guinea, esta violencia –aunque omnipresente– quedó impune en la mayoría de los casos. En Filipinas, sin embargo, los derechos de las mujeres avanzaron gracias a la aprobación de una nueva Ley sobre Salud Reproductiva tras 10 años de cabildeo de los activistas.

En otros lugares de la región también se dieron pasos positivos, si bien vacilantes. Aunque en Afganistán, India, Japón, Pakistán y Taiwán se reanudaron las ejecuciones tras un paréntesis de entre 17 meses y 8 años, Singapur y Malaisia emprendieron iniciativas para eliminar de su legislación la pena de muerte preceptiva.

Sorprendentemente, en Myanmar se abrió un resquicio para las oportunidades y el cambio.

En noviembre, las autoridades myanmaras anunciaron los planes para la creación de un mecanismo destinado a revisar los casos de presos, y durante el año quedaron en libertad cientos de presos políticos. No obstante, cientos más seguían bajo detención y reclusión arbitrarias, una señal del largo camino hacia la reforma, no sólo en Myanmar, sino en toda la región.