قطر

حقوق الإنسان في Estado de Qatar

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
قطرالصادر حديثاً

Jefe del Estado
Shaij Hamad bin Jalifa al Zani
Jefe del gobierno
Shaij Hamad bin Yasim bin Yabr al Zani

Libertad de expresión

Las autoridades mantenían estrictos controles sobre la libertad de expresión, y se proponían endurecerlos aún más con un nuevo anteproyecto de ley de medios de comunicación. En caso de ser aprobada, la nueva ley exigiría la aprobación de todas las publicaciones por una “autoridad competente” designada por el gobierno y facultada para eliminar contenidos o impedir su impresión.

  • El poeta Mohammed al Ajami, también conocido como Mohamed Ibn al Dheeb, contra quien se habían presentado cargos de “incitación a derrocar el régimen gobernante” y de “injurias al emir”, fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Penal de Doha el 29 de noviembre. En sus poemas criticaba la represión en los Estados del golfo Pérsico. Había estado recluido en régimen de incomunicación tras ser detenido en noviembre de 2011 y parecía ser preso de conciencia. Apeló contra la sentencia.
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Derechos de la población trabajadora migrante

Los trabajadores migrantes extranjeros, que constituían más del 90 por ciento de la mano de obra de Qatar, seguían sufriendo explotación y abusos por parte de sus empleadores a pesar de las medidas de protección previstas en la Ley del Trabajo de 2004 y en decretos conexos, que las autoridades no hacían cumplir adecuadamente. Sus condiciones de vida eran a menudo sumamente inadecuadas, y muchos afirmaban que los obligaban a trabajar un número excesivo de horas por encima del máximo legal o les pagaban mucho menos de lo acordado al ser contratados.

Las personas migrantes empleadas en el servicio doméstico, en su mayoría mujeres, y determinados trabajadores más estaban excluidos específicamente de la Ley del Trabajo de 2004, lo que los dejaba expuestos a sufrir en mayor grado aún explotación laboral y abusos, incluso de índole sexual. El gobierno se había comprometido con anterioridad a promulgar legislación para abordar el problema, pero al terminar el año no lo había hecho.

Acogiéndose a la Ley de Patrocinio de 2009, que exigía a los trabajadores extranjeros el permiso de su patrocinador para salir de Qatar o cambiar de empleo, sus empleadores les impedían quejarse a las autoridades o cambiar de empleo en caso de ser objeto de abusos. El sistema de patrocinio aumentaba las probabilidades de que los trabajadores fueran sometidos a trabajo forzoso. En octubre, la agencia estatal de noticias informó de que el gobierno establecería un grupo de expertos para estudiar la cuestión del patrocinio.

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Discriminación: negación de la nacionalidad

Las autoridades continuaron negando el acceso a empleo, seguridad social y atención de la salud a unas 100 personas, la mayoría miembros de la tribu de Al Murra a quienes se había despojado arbitrariamente de la nacionalidad qatarí en años anteriores, debido a su condición de apátridas. No se permitía a estas personas impugnar la decisión de revocar su nacionalidad en los tribunales y se les negaba toda forma de pedir reparación.

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Tortura y otros malos tratos

Se conocieron nuevos casos de tortura y otros malos tratos.

  • Tras su liberación, Abdullah al Khawar y Salem al Kawari denunciaron que, durante su reclusión sin cargos ni juicio como sospechosos de delitos relacionados con la seguridad en 2011, los habían golpeado, colgado de las extremidades, obligado a permanecer de pie durante horas sin interrupción, privado de sueño, recluido en régimen de aislamiento en celdas de pequeño tamaño y sometido a temperaturas muy bajas durante periodos prolongados mientras los interrogadores trataban de obtener sus “confesiones”. Las autoridades no tomaron medidas para investigar sus denuncias ni para poner a disposición judicial a los autores de estos hechos.

En noviembre, tras examinar la aplicación por parte de Qatar de la Convención de la ONU contra la Tortura, el Comité de la ONU contra la Tortura instó al gobierno a garantizar la aplicación en la práctica de las salvaguardias fundamentales establecidas en la Convención a todas las personas privadas de libertad, lo que incluía garantizar el examen imparcial y sin demora de las denuncias de abusos y la posibilidad de que las personas detenidas impugnasen la legalidad de su reclusión o el trato que recibían.

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Discriminación y violencia contra las mujeres

Las mujeres seguían sufriendo discriminación en la ley y en la práctica y no recibían protección adecuada contra la violencia en el ámbito familiar. En particular, la legislación relativa a la familia las discriminaba, pues a los hombres les resultaba mucho más fácil que a ellas solicitar el divorcio, y ellas quedaban en una situación de grave desventaja económica si pedían el divorcio o si sus esposos las abandonaban.

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Pena de muerte

Se impuso al menos una condena a muerte; la sentencia se dictó contra un srilankés que había sido declarado culpable de asesinato. No se tuvo noticia de ninguna ejecución. Entre los presos en espera de ejecución había al menos seis hombres condenados en 2001 por participar en 1996 en una conspiración para derrocar al gobierno.

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