Índice AI: ACT 30/07/98/s

En defensa de los derechos universales

Emily Lau es una destacada política de Hong Kong y portavoz de La Frontera, grupo en favor de la democracia constituido en agosto de 1996.

En diciembre de 1998 se conmemora el 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, una resolución de las Naciones Unidas que supuso la primera codificación importante de las normas internacionales sobre derechos humanos.

La necesidad de dar una expresión legal a las reivindicaciones contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos se plasmó en dos tratados internacionales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Si echamos un vistazo a la historia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, llegamos a la conclusión de que la evolución de los derechos humanos en Asia resulta especialmente decepcionante. El progreso económico de muchos países asiáticos no se ha visto correspondido con progresos en los derechos humanos. Algunos regímenes autoritarios han utilizado como excusa para justificar las violaciones de derechos humanos la necesidad de mantener la prosperidad económica y la estabilidad social.

El alza de los «valores asiáticos» como un concepto enfrentado a la universalidad de los derechos humanos resulta frustrante y exasperante. A menudo me han preguntado ciudadanos occidentales si era cierto que los asiáticos, por nuestra cultura y condición racial, teníamos una visión de los derechos humanos diferente. Esto demuestra lo persuasiva que puede llegar a ser la propaganda.

Muchas personas de Hong Kong oyeron hablar por primera vez del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en septiembre de 1984, al hacerse pública, tras dos años de negociaciones secretas que no contaron con la intervención del pueblo, la Declaración Conjunta Sino-Británica sobre el futuro de Hong Kong. Aunque en 1976 el gobierno británico hizo extensivos a Hong Kong los dos pactos, no se molestó en informar a los ciudadanos de su existencia y menos aún de los derechos que les conferían.

Desde 1984, el pueblo de Hong Kong ha aumentado su conocimiento sobre los derechos humanos, pero aún nos queda un largo camino por recorrer. El cambio de soberanía del 1 de julio de 1997 ha acrecentado los temores de mucha gente respecto a la posible erosión de los derechos humanos y del Estado de Derecho.

En agosto de 1997, el jefe del Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Tung Chee-hwa, declaró que estaba de acuerdo con el primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, en que la Declaración Universal de Derechos Humanos debía ser revisada. No está claro a qué se refería. En su primer discurso político, pronunciado el 8 de octubre de 1997, Tung Chee-hwa no mencionó los derechos humanos.

Además, Tung Chee-hwa ha insistido a menudo en la necesidad de retomar los valores tradicionales chinos y confucianos, que defendían una sociedad jerárquica en la que cada uno tenía su lugar y los derechos individuales carecían de importancia. Aunque Hong Kong no es un régimen democrático, la gente ama su libertad, y muchos temen perderla bajo el dominio chino.

La Constitución China contiene una larga lista de garantías de derechos humanos estandarizados pero pocas disposiciones para aplicarlas. El gobierno chino no sólo da prioridad a los derechos e intereses del Estado y la sociedad, sino que además insiste en que los derechos humanos son un «asunto interno» y condena, por considerarlas una «injerencia», las críticas que se hacen a su historial de derechos humanos.

A pesar de que ahora Hong Kong forma parte de China, el movimiento en favor de la democracia continúa defendiendo las normas internacionales de derechos humanos establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Algunas personas no se atreven a hablar de este espinoso asunto por temor a represalias comerciales o políticas.

El 22 de noviembre de 1997, el gobierno chino hizo la sorprendente declaración de que pensaba presentar a la ONU los informes relativos al cumplimiento por parte de Hong Kong del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este avance se produjo tras años de presión por parte de Hong Kong y de los grupos internacionales de derechos humanos. China ha repetido a menudo que ella no es Estado Parte de ambos tratados y que, por tanto, no está obligada a presentar informes a la ONU.

El cambio tuvo lugar una semana después de la liberación del disidente político Wei Jingsheng, que fue embarcado en un avión rumbo a los Estados Unidos. Poco antes del histórico encuentro de octubre entre el presidente chino Jiang Zemin y el de los Estados Unidos Bill Clinton, China se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Dos o tres golondrinas no hacen verano. Pero es evidente que las autoridades chinas desean impresionar a la comunidad internacional y que están reaccionando a la presión del exterior, especialmente a la ejercida desde Estados Unidos.

China es un miembro importante de la región Asia-Pacífico y una potencia mundial emergente. Si, en la víspera del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se la puede persuadir para que intente mejorar su terrible historial de derechos humanos, se podría abrigar la esperanza de un futuro mejor para Asia.

Este artículo forma parte de una serie de testimonios personales escritos para la campaña de Amnistía Internacional sobre el 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las opiniones que en él se expresan no reflejan necesariamente la postura de Amnistía Internacional. Para más información sobre la campaña, visítenos en www.amnesty.excite.com