Document - The backlash: human rights at risk throughout the world
Público
Amnistía Internacional
La reacción: los derechos humanos en peligro en todo el mundo
Índice AI: ACT 30/027/2001/s Amnistía Internacional, 3 de octubre de 2001
La reacción:
los derechos humanos en peligro en todo el mundo
El mundo está todavía recuperándose de la impresión que le causó ver perder la vida a millares de personas en los terribles atentados perpetrados en Estados Unidos el 11 de septiembre. Entre las víctimas había personas de muchos países y de todas las condiciones sociales. La contemplación de la tragedia causó horror, conmovió e indignó al mundo entero.
Amnistía Internacional condena sin reservas los atentados. Expresa su solidaridad con las víctimas y pide enérgicamente que se ponga a los responsables a disposición judicial. La organización sostiene que en la respuesta a estos delitos hay que atenerse estrictamente a las normas internacionales de derechos humanos.
En un momento como éste, en que predominan la indignación y el miedo, Amnistía Internacional cumple otra función: la de intentar impedir que los atentados de Estados Unidos se utilicen como excusa para cometer nuevos abusos contra los derechos humanos.
La reacción violenta ya ha comenzado. En distintas partes del mundo, muchas personas han sufrido agresiones racistas por su aspecto o su religión. Con la excusa de combatir el «terrorismo internacional», los gobiernos se han apresurado a adoptar severas medias que amenazan los derechos humanos de sus propios ciudadanos, así como de los inmigrantes y los refugiados.
Se corre también el peligro de que, mientras los atentados de Estados Unidos y la posibilidad de una respuesta militar acaparan las noticias, no se preste atención o se reste importancia, relegándolas a un segundo plano en los programas internacionales de acción, a otras cuestiones de derechos humanos que son motivo de gran preocupación. Es precisamente en circunstancias como éstas en las que Amnistía Internacional alza su voz en defensa de las víctimas olvidadas, las causas poco populares y los derechos humanos de todos.
Amenazas a los derechos humanos
Amnistía Internacional considera motivo de preocupación ciertas leyes, procedimientos y medidas de diversas índole propuestas en muchas partes del mundo con la excusa de que forman parte de la lucha contra el «terrorismo internacional». Los gobiernos tienen la obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, pero las iniciativas que tomen para ello no deben menoscabar las normas fundamentales de derechos humanos. Parece ser que algunas de las medidas que se están proponiendo o aplicando podrían utilizarse para restringir el ejercicio de derechos humanos básicos a fin de eliminar la oposición interna. Algunas de las definiciones de «terrorismo» que se están examinando son tan generales, que podrían servir para incriminar a toda persona que les resulte incómoda a quienes están en el poder y convertir en delito el ejercicio pacífico y legítimo del derecho a la libertad de expresión y de asociación. Asimismo, podrían poner en peligro el derecho a la intimidad y amenazar los derechos de las minorías y los solicitantes de asilo.
En Estados Unidos, el gobierno ha propuesto ya una importante ampliación de sus atribuciones para detener a inmigrantes, lo que podría menoscabar libertades constitucionales básicas. La propuesta contiene medidas como permitir a las autoridades mantener a los inmigrantes detenidos por tiempo indefinido y expulsarlos, incluso si se encuentran en el país legalmente, sin presentar pruebas contra ellos ni permitirles impugnar efectivamente la legalidad de su detención. En la legislación antiterrorista propuesta, que ha encontrado oposición en el Congreso, se define el «terrorismo» de manera tan general, que convierte en delitos penados con la expulsión del país diversas actividades pacíficas de asociación. En otras palabras, con ella se introduce el concepto de «culpabilidad por asociación». Otras ideas que las autoridades estadounidenses están estudiando proponen poner fin a la prohibición de la participación de la CIA en asesinatos fuera del país, lo que podría constituir una aprobación de las ejecuciones extrajudiciales, y reducir las restricciones impuestas a la captación de fuentes o informantes con un historial de abusos contra los derechos humanos.
En Europa y en otras partes del mundo, los políticos no han tardado en dar prioridad en sus programas a leyes que amenazan con restringir las libertades civiles y, posiblemente, reducir las salvaguardias que protegen a las personas de los abusos contra los derechos humanos. El 25 de septiembre, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson , dijo que los resultados de la reunión mantenida la semana anterior por los ministros de Justicia e Interior de Europa podrían ser señal del menoscabo de ciertas libertades en el continente. La Unión Europea está estudiando medidas que facilitarían el traslado de presuntos delincuentes de un Estado Miembro a otro al sustituir los procedimientos de extradición por una orden europea de detención. Tal medida podría reducir la supervisión judicial de la detención y los procedimientos de entrega de los detenidos a otro país. Asimismo, la Unión Europea está considerando definiciones de «terrorismo» en las que se enuncian delitos de forma muy poco precisa, particularmente en relación con el concepto de «apoyo a un grupo terrorista».
En Rusia, el ministro de Justicia ha propuesto una serie de modificaciones de la legislación interna con el fin de reforzar la «lucha contra el terrorismo». Entre ellas figura el derecho de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a mantener detenidos hasta 30 días sin cargos y sin acceso a un abogado a los sospechosos de vinculación con terroristas o con la delincuencia organizada.
En todo el mundo, los gobiernos están estudiando o imponiendo drásticas medidas contra la inmigración ilegal que dejan expuestas a sufrir abusos a personas en situación desesperada y menoscaban los derechos de los solicitantes de asilo. Se están debatiendo iniciativas de este tipo en la Unión Europea, donde la propuestas formuladas aumentarán, si se aprueban, los obstáculos que encuentran los solicitantes de asilo para entrar al territorio de los Estados Miembros. Mary Robinson ha manifestado recientemente que, como consecuencia de ello, se podría crear un clima y un contexto más difícil para los refugiados y los solicitantes de asilo, es decir, una radicalización de la mentalidad de una Europa fortaleza, en esta ocasión con la excusa del terrorismo.
El gobierno británico está adoptando nuevas medidas de control de la inmigración. Según informes publicados en la prensa, a finales de septiembre, el gobierno anunció que estaba considerando la posibilidad de conceder a los tribunales atribuciones para mantener detenidos indefinidamente a los extranjeros sospechosos de ser «terroristas», hasta poder repatriarlos o enviarlos a otro país. Asimismo, manifestó que estaba pensando modificar la legislación a fin de que los solicitantes de asilo sospechosos de ser «terroristas» no tengan ya derecho automáticamente a que se examine su solicitud.
En los últimos años, millones de afganos han huido de su país en busca de seguridad, entre ellos los al menos 3,5 millones que hay ya en Pakistán e Irán. Otro 1,1 millón son desplazados internos que huyen de la sequía, el conflicto armado y la falta de alimentos.
El temor a un ataque inminente a su país ha acelerado el desplazamiento masivo de afganos hacia las fronteras, que ha sido de decenas de miles de personas sólo en septiembre. Irán y Pakistán han cerrado sus fronteras, por lo que a quienes huyen del país les resulta muy difícil encontrar refugio. Amnistía Internacional ha pedido a todos los Estados vecinos que cumplan sus obligaciones internacionales para con los refugiados abriendo sus fronteras y ha instado a la comunidad internacional a que comparta el coste y la responsabilidad de acoger a los refugiados afganos.
Los países limítrofes de Afganistán tienen obligaciones que cumplir en virtud del derecho internacional, en particular del principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe a los Estados devolver a una persona directa o indirectamente y contra su voluntad a un país donde esté expuesta a sufrir graves abusos contra los derechos humanos. La comunidad internacional debe ofrecer inmediatamente protección y ayuda humanitaria a los refugiados afganos y proporcionar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) medios adecuados para realizar su labor con eficacia.
A Amnistía Internacional le preocupa también que algunos gobiernos puedan estar sirviéndose de la campaña contra el «terrorismo internacional» para aumentar la represión contra quienes se oponen a ellos. Al día siguiente de los atentados de Estados Unidos, soldados y tanques israelíes entraron en Jenin, zona bajo el control de la Autoridad Palestina, y mataron a más de 12 palestinos, entre ellos una muchacha de 14 años, Balgis Arda, que murió en el bombardeo, así como una mujer, Raja Freihat, y un primo suyo que intentó socorrerla. El ministro de Defensa, Benjamin Ben Eliezar, dijo en una entrevista al periódico israelí Yediot Ahronot:«Es un hecho que hemos matado a 14 palestinos [...] y el mundo ha guardado un silencio absoluto. Es un desastre para Arafat».
El 24 de septiembre, las autoridades israelíes declararon zona militar cerrada una gran extensión adyacente a la frontera de Israel y prohibieron la entrada a ella a los palestinos residentes fuera de la zona. El secretario general de la ONU expresó su preocupación por esta medida, que calificó de acto unilateral y provocador.
En la Federación Rusa, quienes ocupan puestos de poder o influencia han estado hablando cada vez más de utilizar la declaración mundial de «guerra al terrorismo» para solucionar el problema checheno. Varios miembros del gobierno se han referido a la existencia de una estrecha relación entre la organización de Osama Bin Laden y los combatientes chechenos, manifestando que éstos han sido entrenados por Bin Laden. Tras los sucesos del 11 de septiembre, Rusia aumentó la presión sobre Georgia para que extraditase a los combatientes chechenos que hay allí. Amnistía Internacional teme que aumenten aún más las violaciones de derechos humanos en la región.
Asimismo, la organización teme que en los países donde existe un movimiento islámico de oposición, el gobierno intensifique la represión contra él con el pretexto de sumarse a la campaña internacional contra el «terrorismo».
En China, por ejemplo, las autoridades podrían servirse de los sucesos de Estados Unidos para intensificar aún más sus ya fuertes medidas de represión de los grupos étnicos musulmanes acusados de «separatistas», «terroristas» o «extremistas religiosos» en la Región Autónoma Uigur de Sin-Kiang, situada en el noroeste del país. En todas las declaraciones oficiales hechas hasta ahora en China, donde las autoridades apenas hacen distinción entre actividades «separatistas» y «terroristas», se ha hecho hincapié en la necesidad de luchar, no tanto contra el «terrorismo internacional», como contra «toda» actividad o «todo tipo» de actividad «terrorista». Este clima y esta respuesta pueden agravar la ya pésima situación de los derechos humanos en la región y dar lugar a un aumento de las violaciones generalizadas de derechos humanos de que son objeto, en especial, los individuos de etnia uigur, que son en su mayoría musulmanes. Asimismo, cabe la posibilidad de que el gobierno emprenda nuevas acciones contra presuntos «separatistas» en el Tibet.
En Turquía, últimamente se ha detenido de manera arbitraria y torturado a presuntos miembros del grupo armado de oposición Hezbolá (distinto de la organización homónima del Líbano). Se teme que, dado el clima actual, aumenten este tipo de abusos. Asimismo, el gobierno turco parece haber cambiado el rumbo de la revisión de la Constitución de 1982 que se está llevando cabo en el contexto de los esfuerzos por cumplir los requisitos para el ingreso en la Unión Europea. Anteriormente, tal revisión tenía por objeto eliminar o modificar los artículos que facilitaran la comisión de violaciones de derechos humanos, pero el 19 de septiembre el primer ministro manifestó que el fin de las modificaciones de la Constitución era ahora «erradicar el terrorismo».
En Pakistán, la crisis ha provocado una tensión cada vez mayor entre el gobierno y la oposición fundamentalista islámica, parte de la cual está vinculada a los talibán. El 21 de septiembre dos personas murieron en Karachi a causa de disparos al disolver la policía varias concentraciones de apoyo a los talibán.
También es motivo de preocupación la posibilidad de que el gobierno uzbeco aproveche el actual clima para reprimir con mayor impunidad aún todo lo que le parezca una manifestación de oposición islámica. En los últimos años, en Uzbekistán se ha detenido o se han impuesto largas penas de prisión a millares de presuntos partidarios de movimientos o partidos de oposición islámicos prohibidos, así como a miembros de sus familias. Ha habido constantes denuncias de torturas y malos tratos generalizados y sistemáticos.
Hay otras cuestiones de derechos humanos que podrían no recibir la debida atención en el clima actual. En muchos países se ha detenido a musulmanes y a personas oriundas de Oriente Medio por su presunta relación con Al Qaeda, la red de Osama Bin Laden. Amnistía Internacional teme que no se respeten plenamente los derechos de esas personas. Por ejemplo, en países de América, entre ellos Perú y Paraguay, se está buscando o se ha detenido a personas consideradas sospechosas de tener vínculos Osama Bin Laden. Se teme que algunas de ellas sean víctimas de detención arbitraria y de malos tratos.
Asimismo, Amnistía Internacional teme que, con el fin de formar una coalición internacional contra el «terrorismo», se estén aceptando propuestas de aumento de las transferencias militares a países con un pésimo historial en materia de derechos humanos, lo que podría tener graves consecuencias para tales derechos. Y se corre también el riesgo de que los gobiernos hagan caso omiso de las violaciones de derechos humanos cometidas por sus nuevos «aliados» de la coalición y de que la comunidad internacional y los medios de comunicación del mundo releguen a un segundo plano otros motivos de preocupación o crisis de derechos humanos.
Amnistía Internacional lleva años expresando enérgicamente su preocupación por los constantes y graves abusos contra los derechos humanos que sufren los habitantes de Afganistán y va a seguir haciéndolo. En las zonas controladas por los talibán, que constituyen al menos el 90 por ciento del país, la población sufre restricciones extremas de sus derechos civiles más básicos, como el derecho a la libertad de expresión y de religión. Millares de civiles han muerto a manos de las fuerzas talibán, miles más han sido víctimas de detención arbitraria e innumerables personas han sufrido torturas o penas crueles, inhumanas o degradantes o han sido condenadas a muerte.
En las zonas bajo control de las fuerzas de oposición, conocidas ahora como Alianza del Norte, la población también ha sufrido abusos generalizados contra los derechos humanos, incluidas matanzas de prisioneros de guerra, juicios injustos, torturas y ejecuciones.
Amnistía Internacional teme que la reacción violenta a los atentados de Estados Unidos esté aumentando el sufrimiento de muchas personas en Afganistán. Entre las más vulnerables se encuentran los civiles de las zonas donde se han reanudado los combates entre las fuerzas de la Alianza del Norte y los talibán y los de las zonas bajo control talibán que no pertenecen al grupo étnico pashto, que podrían ser considerados partidarios de la Alianza del Norte.
Ataques racistas
Poco después del 11 de septiembre, en una pared próxima a una mezquita de South Shields, Reino Unido, aparecieron pintadas con letras rojas a dos metros de altura las siguientes palabras: «Venganza para Estados Unidos: mata a un musulmán».
Es una terrible ironía que unas semanas después de la celebración en Durban, Sudáfrica, de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, de las Naciones Unidas, muchas comunidades del mundo estén sufriendo una notable intensificación de los abusos racistas. Este fenómeno se está produciendo a pesar de numerosos llamamientos de organizaciones intergubernamentales y de destacados políticos de Estados Unidos, Europa y otras regiones en favor de la tolerancia religiosa y en contra de los actos racistas de venganza.
En Estados Unidos se despertó un sentimiento general de compasión hacia las víctimas de los atentados y numerosas personas acudieron a prestar ayuda, en muchos casos poniendo en peligro su vida. Pero el horror y el miedo provocados por los atentados desataron también en todo el país una oleada de intolerancia hacia los musulmanes, los asiáticos y las personas con aspecto de ser oriundas de Oriente Medio. Algunas emisoras de radio dieron pábulo a estos sentimientos difundiendo información falsa según la cual los musulmanes de Estados Unidos estaban celebrando los atentados.
Durante la semana siguiente a los atentados, el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses fue informado de más de 540 ataques contra ciudadanos de origen árabe, que abarcaban desde insultos hasta agresiones físicas y que habían estado dirigidos en muchos casos contra escolares. Durante el mismo periodo más de 200 sijs fueron víctimas de algún tipo de abuso racista. Dos semanas después de los atentados, el FBI había abierto formalmente investigaciones sobre unos 90 delitos cometidos por odio, y los organismos locales y estatales estaban investigando centenares de casos más de agresión, hostigamiento y amenazas.
Decenas de mezquitas y de templos hindúes han sido atacados con bombas incendiarias o han sufrido actos vandálicos. En el Centro Islámico de Irving, Texas, por ejemplo, rompieron las ventanas a balazos. Según informes, en San Francisco dejaron una bolsa de sangre de cerdo a la puerta de una mezquita. Muchas escuelas y colegios universitarios han tenido que cerrarse debido a amenazas de muerte o de bomba que han hecho temer por la seguridad de los alumnos. Se han saqueado tiendas por motivos racistas.
Debido a los presuntos delitos cometidos por odio tras los atentados del 11 de septiembre ha habido algunas víctimas mortales. En Los Ángeles dispararon contra un tendero cristiano oriundo de Egipto y lo mataron, y en Arizona hicieron lo mismo con un sij propietario de una gasolinera. En Dallas mataron a un paquistaní y en Detroit abatieron a tiros a un ciudadano estadounidense de origen yemení. En otros casos, las víctimas han sufrido terribles heridas. En Boston, por ejemplo, un estudiante de 20 años fue agredido por unos individuos que lo apuñalaron tres veces mientras proferían insultos anti árabes contra él. Según informes, a un refugiado sudanés intentaron apuñalarlo en una calle de Atlanta y se salvó gracias a otro refugiado que acudió en su ayuda.
Centenares de personas han recibido amenazas de muerte e intimidaciones racistas. En Pensilvania, el presidente del Consejo Supremo Islámico de Estados Unidos fue amenazado por unos automovilistas, y posteriormente la policía le dio el alto debido a su aspecto. Regresaba de un acto de ámbito nacional celebrado en memoria de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre y el FBI le había aconsejado que no viajara en avión. En Los Ángeles, a una mujer le pusieron un arma de fuego en la cara y la amenazaron con disparar. A un tendero árabe de nacionalidad estadounidense le rociaron con un pulverizador de pimienta. En Laramie, Wyoming, una mujer y su hijo tuvieron que salir huyendo de un supermercado por las imprecaciones de un grupo de airados compradores que les gritaban que regresaran a su país. Ha habido también varios casos de comunidades locales que han dado muestras de solidaridad con sus vecinos musulmanes.
Los ataques racistas no han sido un fenómeno exclusivo de Estados Unidos. En Canadá, se produjeron ataques contra mezquitas.
En Australia se arrojaron piedras y botellas contra un autobús escolar de Brisbane en el que viajaban niños musulmanes. También se lanzaron bombas incendiarias contra mezquitas y se incendió al menos una. Una iglesia libanesa sufrió actos vandálicos.
En India, se han recibido informes de conversaciones informales en los ministerios del Interior y Justicia sobre la posible promulgación de una ordenanza sobre el control de los delitos terroristas. En vista de que el Parlamento no se encuentra actualmente en sesión y el gobierno considera que la ordenanza tiene carácter de urgencia, la promulgaría el presidente sin consultarlo previamente con el Parlamento. Se espera que la nueva ordenanza se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos y contenga suficientes salvaguardias en lo que respecta a la detención, la reclusión y la celebración de juicios con las debidas garantías.
Una organización islámica llamada Movimiento Islámico de Estudiantes de la India (SIMI) fue prohibida el 27 de septiembre y se detuvo a centenares de sus activistas en todo el país. Según informes extraoficiales, la organización fue prohibida por sus vínculos con los servicios de información paquistaníes, pero aún no se han hecho públicos los motivos de la prohibición. Las detenciones de activistas del SIMI estuvieron acompañadas de actos de violencia en la ciudad de Lucknow ese mismo día, donde murieron cinco personas a manos de la policía durante unos disturbios.
En el Reino Unido, particularmente en Londres, las Midlands y Escocia, se produjeron ataques racistas contras musulmanes y contra miembros de minorías étnicas. En Londres, un taxista afgano se quedó paralítico del cuello para abajo tras haber sido sacado a rastras de su vehículo por tres individuos, que también lo golpearon. En Swindon, dos hombres golpearon con un bate de béisbol a una mujer asiática. En Tyne and Wear, un grupo de jóvenes le rompió la mandíbula a un muchacho de 20 años procedente de Bangladesh. En Londres, Manchester, Oldham, Southend, Glasgow y Belfast se cometieron actos vandálicos contra mezquitas. Las intimidaciones de que eran objeto los musulmanes obligaron a cerrar tres colegios en Londres.
Se han recibido informes sobre ataques racistas de gran parte del resto de Europa. En Polonia, unos jóvenes apedrearon una mezquita en Gdansk el 14 de septiembre. En los Países Bajos, se atacaron mezquitas a diario, según los informes, y en Nimega fue incendiado un centro de enseñanza primaria islámico. En los 10 días siguientes al 11 de septiembre la policía neerlandesa registró más de 20 ataques contra objetivos musulmanes, que abarcaron desde actos como provocar incendios y lanzar piedras hasta enviar cartas con amenazas y hacer pintadas racistas. En Dinamarca, la policía detuvo a un hombre que estaba a punto de arrojar cócteles molotov contra una mezquita de Copenhague, y en la localidad de Dragoer una pizzería propiedad de inmigrantes kurdos sufrió actos vandálicos. En Irlanda, un musulmán recibió una paliza en un centro islámico de Dublín, y en Clonskeagh cerraron un colegio musulmán tras una amenaza de bomba.
En Hungría, el ministro del Interior ordenó que 800 afganos reconocidos como refugiados o como solicitantes de asilo y que se hallaban recluidos en distintos centros de detención para solicitantes de asilo fueran trasladados a unas instalaciones de Debrecen donde podían estar separados de los demás extranjeros. El ministró explicó que el objeto de esta medida era garantizar la seguridad de los refugiados afganos. El ACNUR no ha recibido aún una explicación oficial.
En Italia, la Liga Norte ha hecho declaraciones manifiestamente anti musulmanas. Especialmente preocupantes han sido las del primer ministro, Silvio Berlusconi, quien el 26 diciembre manifestó, lo siguiente durante una visita a Alemania: «Tenemos que ser conscientes de la superioridad de nuestra civilización, que consta de un sistema de valores que ha dado prosperidad general al pueblo en los países que la integran y que garantiza el respeto a los derechos humanos y a la religión [...] Este respeto no existe, desde luego, en los países islámicos». Amnistía Internacional teme que, en el clima actual, tales declaraciones sirvan para justificar los ataques racistas.
Conclusión
Amnistía Internacional acoge con satisfacción las declaraciones hechas por organizaciones intergubernamentales, así como por numerosos políticos de Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo, para combatir la reacción racista a los atentados de Estados Unidos. No obstante, se corre el riesgo de que, mientras los líderes políticos del mundo se centran en luchar contra el «terrorismo» de fuera, se cree un clima que sirva de pábulo al racismo y la xenofobia.
Amnistía Internacional insta a los gobiernos a tomar enérgicas medidas contra los ataques racistas de que son objeto las comunidades musulmanas, asiáticas y de Oriente Medio de sus países. En un clima en el que predominan el miedo y la sensación de amenaza exterior, es esencial que las autoridades adopten medidas para garantizar que los miembros de todas las comunidades, sean o no ciudadanos del país, reciben la misma protección. Los gobiernos deben continuar denunciando la violencia racista y las amenazas de violencia y explicar claramente que este tipo de delitos de odio y discriminación no se van a tolerar.
Los gobiernos no deben utilizar la «guerra al terrorismo» para aplicar severas medidas que restrinjan las libertades civiles y permitan cometer violaciones de derechos humanos. Lo más probable es que tales medidas repriman la disidencia y restrinjan las libertades be1sicas. Por consiguiente, hay que oponerse a ellas.
Para conseguir un equilibrio entre seguridad y libertad individual no se deben sacrificar las salvaguardias de los derechos humanos reconocidas internacionalmente. Ni siquiera en las situaciones más extremas deben tener los gobiernos carta blanca. Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que garanticen que en su respuesta a los atentados perpetrados el 11 de septiembre en Estados Unidos se respetan los derechos de todas las personas.
El coste humano de esta crisis no debe recaer en los más vulnerables, a saber, los refugiados y los solicitantes de asilo, personas que huyen ya de la represión y el terror. Algunos gobiernos están aprovechando el clima de miedo público para endurecer su legislación y su política de asilo. Todos los gobiernos deben garantizar que se protegen los derechos de los solicitantes de asilo y que estos tienen acceso siempre a un procedimiento justo y satisfactorio de concesión de asilo y en ningún caso son devueltos a países donde estén expuestos a sufrir graves abusos contra los derechos humanos. La comunidad internacional debe insistir en que los países limítrofes de Afganistán abran sus fronteras y compartir el coste y la responsabilidad de acoger a los refugiados afganos.
Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que haga rendir cuentas a todos los gobiernos por las violaciones de derechos humanos. Asimismo insta a la comunidad internacional y a los medios de comunicación a que no permitan que el interés en la campaña contra el «terrorismo» impida prestar atención a otros motivos de preocupación o crisis de derechos humanos existentes en el mundo.
Sólo para miembros de AI Índice AI: ACT 30/027/2001/s
Distr : SC/CC
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Amnistía Internacional
Secretariado Internacional
1 Easton Street
London WC1X 0DW
Reino Unido
SEPAREN ESTA HOJA DEL DOCUMENTO PRINCIPAL
ANTES DE COPIARLO O DISTRIBUIRLO
PARA USO PÚBLICO
La reacción:
los derechos humanos en peligro en todo el mundo
Fecha de distribución: 4 de octubre de 2001
Este documento refleja diversos motivos de preocupación que AI ha encontrado en todas las regiones del mundo tras los atentados cometidos en Estados Unidos el 11 de septiembre y forma parte de la estrategia global aplicada por la organización para mostrar de qué modo está afectando esta crisis a los derechos humanos en todo el mundo. Consulten también el documento sobre los objetivos y la descripción de la estrategia (ACT 10/003/2001/s) y la circular de acción número 1(ACT 30/019/2001/s), donde encontrarán más información general sobre nuestra estrategia global y nuestras acciones recomendadas para esta respuesta a la crisis.
Este documento va acompañado de un comunicado de prensa y contiene recomendaciones de acción que las Secciones han de seguir de inmediato.
Mensaje general que se debe transmitir en relación con este documento:
- los gobiernos deben tomar medidas enérgicas contra los ataques de que están siendo objeto las comunidades musulmanes, asiáticas y de Oriente Medio de sus países;
- los gobiernos no deben utilizar la «guerra contra el terrorismo» para adoptar medidas que limiten las libertades civiles, repriman la disidencia y restrinjan libertades básicas;
- para conseguir un equilibrio entre la seguridad y la libertad individual no se deben sacrificar las salvaguardias de los derechos humanos reconocidas internacionalmente;
- muchas de las personas más expuestas a sufrir los efectos de una reacción violenta son también las más vulnerables, a saber, los refugiados y los solicitantes de asilo, personas que están huyendo ya de la represión y el terror;
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- los gobiernos no deben desentenderse de los graves abusos contra los derechos humanos que se cometen todavía en todo el mundo. |
Acciones recomendadas
1. Captación de apoyos en el gobierno del propio país
Envíen este informe al gobierno de su país. Es especialmente importante hacerlo en todos los países mencionados específicamente en él. Envíenlo junto con una carta en la que deberán hacer hincapié en los motivos de preocupación de AI indicados a continuación, en particular en los relacionados con su país.
Si pueden, concierten una cita con funcionarios pertinentes (por ejemplo, de los ministerios de Asuntos Exteriores e Interior o de las administraciones locales).
El objeto principal de las cartas y las reuniones con funcionarios ha de ser:
- expresar satisfacción por toda declaración o iniciativa que el gobierno pueda hacer o tomar para combatir en su país la reacción racista y la intolerancia relacionada con ella;
- instar al gobierno a que condene la violencia racista y las amenazas de violencia y explique claramente que este tipo de delitos de odio y discriminación contravienen las normas internacionales de derechos humanos y no se van a tolerar;
- instarlo a que garantice que en toda legislación nueva que se promulgue o en toda modificación de la legislación existente que se realice como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre se protegerán los derechos humanos básicos;
- instarlo a que garantice que se protegen los derechos de los solicitantes de asilo y los refugiados y no se devuelve a ninguno a un país donde esté expuesto a sufrir graves abusos contra los derechos humanos;
- reiterar la importancia de que los gobiernos no hagan caso omiso de los motivos de honda preocupación y crisis de derechos humanos existentes en el mundo.
Si no pueden concertar reuniones con los funcionarios relevantes, envíenles el documento exponiendo estas cuestiones.
2. Envío de cartas
Grupos locales
Envíen cartas a los representantes de su localidad en el Parlamento o autoridades equivalentes exponiendo en ellas las cuestiones indicadas supra.
3. Captación de apoyos en segundos gobiernos
Envíen este informe a las distintas embajadas acreditadas en su país.
Envíen una carta adjunta, exponiendo, si las hay, las preocupaciones de AI con respecto al país representado por la embajada Asegúrense de reiterar en la carta los motivos de preocupación de AI expuestos supra, en el apartado sobre captación de apoyos en el propio país.
4. Trabajo sectorial
Hay oportunidades de hacer trabajo sectorial en torno a este documento en las áreas siguientes:
_comunidades afectadas
_individuos, en particular abogados y agentes de policía, y ONG que trabajen sobre cuestiones relacionadas con la raza y el grupo étnico de las personas, los refugiados, etc.
_organizaciones humanitarias y de ayuda al desarrollo, si las hay en su país.
Es especialmente importante enviar este informe a las organizaciones islámicas, asiáticas o de Oriente Medio de su país, junto con una carta en la que se destaquen los motivos de preocupación de AI con respecto a la reacción violenta actual y el hecho de que AI está intentando llamar la atención de los gobiernos sobre este problema en todo el mundo.
Acciones concretas:
- Compartan este informe con particulares y organizaciones dedicados a proporcionar en su país información y protección a personas afectadas por la reacción violenta que pertenecen a diversas comunidades, incluidas las organizaciones islámicas, asiáticas y de Oriente Medio de su país. Determinen el modo de trabajar juntos. Expresen honda preocupación por la creciente reacción violenta que se está produciendo actualmente contra esas comunidades en su país y en el mundo en general.
- Si forman parte ya de alguna coalición o plataforma creada tras los sucesos del 11 de septiembre, proporciónenle este informe y busquen el modo de utilizarlo en sus actividades y en su trabajo de captación de apoyos en el gobierno y de difusión.
Es aconsejable consultar las actuales directrices de AI sobre la pertenencia a coaliciones y plataformas —Política y Directrices sobre Actividades de Cooperación entre Amnistía Internacional y el Movimiento de Derechos Humanos(índice AI: ORG 20/01/96/s)—, que puede ofrecer ideas sobre los parámetros de la realización de actividades conjuntas con otras organizaciones.
5. Vigilancia de la reacción violenta en el propio país
Como se pidió en la circular de acción número 1 (ACT 30/019/2001/s), continúen manteniendo bajo observación las violaciones de derechos humanos que se cometan en su país a causa de la reacción violenta general, así como su efecto sobre las minorías del país, y comuniquen sus observaciones a los equipos pertinentes del SI.
tab No comenten públicamente estos casos hasta haberlos verificado con el SI.
6. Trabajo con los medios de comunicación y de difusión
Se va a emitir un comunicado de prensa sobre este documento. Distribúyanlo lo más ampliamente posible entre los medios de comunicación de su país y asegúrense de que éstos pueden disponer del documento.
Cuando proceda, llamen la atención sobre los motivos de preocupación expuestos en relación con su país.
No duden en utilizar el documento en actividades de difusión realizadas junto con otras organizaciones (véase supra), especialmente en los actos públicos planeados para las próximas semanas.
Asegúrense de que todas las personas pertinentes de su Sección reciben el documento y de que éste se archiva debidamente para futuras consultas.
DISTRIBUCIÓN A CARGO DEL SI
El SI ha enviado directamente este documento a todas las personas que están trabajando sobre la respuesta a la crisis, incluidos los encargados del trabajo con los medios de comunicación.
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