Público

Amnistía Internacional

Postura de Amnistía Internacional sobre las transferencias de armas y la ayuda militar a Afganistán

Índice AI: ACT 30/033/2001/s

12 de octubre del 2001

Documento público

Postura de Amnistía Internacional sobre las transferencias

de armas y la ayuda militar a Afganistán

Amnistía Internacional se opone a todas las transferencias de material y conocimientos militares y de seguridad de las que quepa suponer de modo razonable que contribuyen a la comisión de violaciones graves de derechos humanos. Preocupa gravemente a la organización que cualquier nueva transferencia incondicional de armamento y demás material y conocimientos militares a las facciones combatientes en Afganistán incrementará el número de homicidios ilegítimos, torturas y otros abusos graves contra los derechos humanos y crímenes de guerra que son práctica habitual en el país. Amnistía Internacional está consternada por lo poco que se está haciendo para garantizar el respeto de las normas de derechos humanos y del derecho humanitario por parte de las facciones contendientes en Afganistán.

Amnistía Internacionallleva haciendo campaña contra el envío de armas y material relacionado a las facciones armadas que combaten en Afganistán desde mediados de la década de los noventa. Estas transferencias han sido realizadas por los gobiernos de Estados Unidos y algunos de sus aliados en Europa occidental, así como por la ex Unión Soviética, Pakistán, Arabia Saudí y Eslovaquia, y han contribuido a que diversos grupos armados cometieran abusos masivos contra los derechos humanos en el país. Entre otras armas, se han transferido minas antipersonas, que han sido utilizadas por todos los bandos durante décadas. El mortal legado de estas transferencias sigue teniendo un efecto devastador entre los civiles. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en el periodo comprendido entre marzo de 1998 y diciembre del 2000 se produjeron 2.812 víctimas mortales a consecuencia de minas y de artillería sin detonar en Afganistán, la mitad de las cuales eran niños.

Amnistía Internacional sigue oponiéndose a que se transfieran, tanto a los talibanes como al Frente Unido (también conocido como Alianza del Norte) y a otros grupos armados en Afganistán, armas, material de seguridad y formación que contribuyan a que sus combatientes armados cometan graves abusos contra los derechos humanos. Habida cuenta del cierto grado de integración estructural que, al parecer, se ha producido, se puede considerar que los combatientes de las fuerzas talibanes y los de Al Qaeda (al-qa'ida) pertenecen a la misma fuerza militar. Desde 1994, el principal suministro a los talibanes de armas y de material afín ha procedido de stocks oficiales de Pakistán o de ventas efectuadas por China u otros países a través de intermediarios privados radicados en Pakistán, con una importante financiación por parte de Arabia Saudí. Tras los atentados con bomba perpetrados en agosto de 1998 contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, el Consejo de Seguridad de la ONU aumentó progresivamente las sanciones globales impuestas a los talibanes en virtud de las Resoluciones 1267 (1999), 1333 (2000) y 1363 (2001), entre ellas el embargo de armas. Estas sanciones son vinculantes para todos los miembros de la ONU en aplicación del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno de Pakistán para que haga cuanto esté en su mano por detener las transferencias que se realizan desde su territorio, y al gobierno de Arabia Saudí para que procure que sus residentes retiren su apoyo económico.

Suscita asimismo grave preocupación en Amnistía Internacional la propuesta de Estados Unidos, Irán, Rusia y otros países de transferir armas al Frente Unido. A la organización le preocupa que se suministren al Frente Unido armas y material y formación relacionadas sin tener en cuenta las graves violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario cometidas por estas fuerzas. Según informes, las transferencias realizadas recientemente al Frente Unido han procedido de Irán y de la Federación Rusa, y se han efectuado a través de Estados del Asia Central, especialmente de Tayikistán, así como de la República Eslovaca, aunque los Estados del Asia Central han negado su participación. Para la organización son motivo de preocupación los informes según los cuales el gobierno ruso está planeando realizar nuevos envíos de armas al Frente Unido por un valor de 45 millones de dólares estadounidenses sin condicionarlos al cumplimiento de ningún requisito en materia de derechos humanos. Según los informes, se van a enviar, entre otros, tanques T-55 de la época soviética, vehículos de combate, armas pequeñas y ligeras, y municiones. Es posible que se incluyan helicópteros rusos Mi-8 y Mi-24. Asimismo, se han recibido informes del despliegue de soldados rusos en las zonas fronterizas de Afganistán.

Además, a Amnistía Internacional también le preocupa la iniciativa legislativa propuesta por varios miembros del Congreso estadounidense que, de aprobarse, supondría el envío directo de ayuda militar por el gobierno de Estados Unidos al Frente Unido y a otras «organizaciones de resistencia en Afganistán que reúnan los requisitos necesarios» por un valor de hasta 300 millones de dólares sin que se establezca un riguroso sistema de control y presentación de informes sobre el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Al autorizar la ayuda «no obstante lo dispuesto en otras leyes», la legislación propuesta estaría conculcando normas vigentes en Estados Unidos, como los artículos 116 y 502.b de la Ley de Ayuda Exterior de 1961 (reformada), que prohíbe la ayuda exterior «al gobierno de cualquier país que cometa habitualmente graves violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos», y la «Enmienda Leahy» a la Ley sobre Consignaciones para Operaciones Exteriores, Financiación de Exportaciones y Programas Afines, del 2000 (Ley 106-113), y a la Ley sobre Consignaciones del Departamento de Defensa, del 2000 (Ley 106-79), que prohíbe la concesión de ayuda militar a «cualquier unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero si el secretario de Estado dispone de pruebas fidedignas de que tal unidad ha cometido violaciones graves de derechos humanos, salvo que [...] el gobierno de dicho país esté tomando medidas eficaces para llevar ante la justicia a los miembros de la unidad responsables».

Amnistía Internacional viene documentando la comisión de abusos graves contra los derechos humanos a manos de combatientes de distintas facciones del Frente Unido desde la década de los noventa. Si bien durante los últimos meses se han recibido menos informes de tales abusos, esto puede deberse a que el Frente Unido controla una parte limitada del territorio.Estos abusos podrían aumentar fácilmente conforme se extienda el conflicto armado. Algunos de los antiguos dirigentes o grupos muyahidín más implicados en la comisión de abusos contra los derechos humanos han desaparecido, como es el caso de la principal facción del Partido del Islam (Hezb e Islami), o se han separado del Frente Unido, como ha sucedido con el grupo liderado por Abdul Malek Pahlavan, cuyas fuerzas participaron en la presunta matanza en 1997 de soldados talibanes capturados. No obstante, otras facciones armadas, como el Partido Chií (Hezb e Wahdat), el Consejo de Supervisión (Shura e Nezar) del ex dirigente Masud, y las tropas de Abdul Rashid Dustom, cuyas fuerzas fueron responsables en distinto grado de abusos a gran escala contra los derechos humanos entre 1992 y 1996, siguen agrupadas en el Frente Unido. Aunque Amnistía Internacional no ha documentado la comisión de abusos a gran escala contra los derechos humanos por estas facciones durante los últimos cinco años, no hay garantías de que, si su fuerza aumenta, se abstengan de cometerlos.

Amnistía Internacional hace por ello un llamamiento a todos los gobiernos para que suspendan los envíos de armas y de material y formación relacionados a todos los grupos armados en Afganistán hasta que se tomen medidas eficaces e inmediatas para:

•destituir a los altos mandos que hayan ordenado de forma sistemática ejecuciones sumarias, torturas, abusos sexuales y bombardeos deliberados de zonas civiles, o que no hayan adoptado todas las medidas viables a su alcance para prevenir o reprimir estas violaciones de derechos humanos;

•facilitar una instrucción eficaz al mayor número posible de jefes militares para que establezcan salvaguardias basadas en las normas internacionales de derechos humanos y en el derecho internacional humanitario;

•prohibir el reclutamiento de niños y desmovilizar a todos los niños soldados menores de 18 años;

•detener todo uso de minas antipersona prohibidas en virtud de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (1997);

•desplegar observadores militares imparciales en el campo de combate para asegurarse del cumplimiento de tales normas;

•permitir al Comité Internacional de la Cruz Roja que acceda libremente a zonas y lugares de detención bajo control.

Sólo en caso de que se pongan en práctica tales medidas deberá estudiarse, caso por caso, la posibilidad de realizar transferencias de suministros militares o relacionados al Frente Unido o a otros grupos armados, y siempre que las transferencias propuestas:

•se limiten estrictamente a material y formación cuyo empleo por las fuerzas del Frente Unido pueda ser seguido de cerca y cuidadosamente por observadores imparciales;

•les puedan ser inmediatamente retiradas a las fuerzas del Frente Unido y puedan detenerse todos los futuros envíos si se reciben informes fidedignos de abusos graves contra los derechos humanos o de crímenes de guerra cometidos por combatientes con el mismo tipo de armas o de técnicas, y cuyos responsables no hayan sido puestos en manos de la justicia.

Por otra parte, preocupa gravemente a Amnistía Internacional la posibilidad de que las Unidades de Operaciones Especiales estadounidenses y otras fuerzas estadounidenses, británicas y de otros íaliados desplegadas conjuntamente con personal extranjero en Afganistán y en zonas adyacentes no contribuyan eficazmente a proteger los derechos humanos. El gobierno estadounidense se ha valido en el pasado de las Unidades de Operaciones Especiales para formar a fuerzas militares y policiales extranjeras con antecedentes de abusos contra los derechos humanos para que realicen distintas actividades encubiertas. Se han dado también casos en los que la ayuda militar ha corrido a cargo de empresas privadas con sede en Estados Unidos y el Reino Unido, lo que permite a las autoridades negar su implicación en las operaciones. En la actualidad, los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido y otros países no publican información completa ni precisa sobre el contenido en materia de derechos humanos de tales programas de formación ni sobre las salvaguardias impuestas en estos programas o en otras formas de apoyo operativo facilitado a tales fuerzas. Por otra parte, la repercusión de la ayuda en las normas de derechos humanos y humanitarias casi nunca se controla ni se informa. Tanto el Congreso estadounidense como el Parlamento británico necesitan adoptar nuevas medidas para abordar estas deficiencias y contribuir a erradicar los abusos que en sus operaciones han cometidos las unidades extranjeras que reciben la ayuda. Si no se subsanan tales deficiencias, la ayuda militar destinada a abordar la crisis actual podría contribuir sustancialmente a que se cometan nuevos abusos graves contra los derechos humanos.

Según informes, las fuerzas estadounidenses han empleado bombas de racimo recientemente en Afganistán. AI va a pedir más información al respecto al gobierno estadounidense. La organización insta a todos los gobiernos a que se abstengan de utilizar este tipo de bombas cerca de zonas civiles en Afganistán y en territorios adyacentes y a que impidan la transferencia de bombas de racimo a zonas en las que exista grave peligro de que se les dé tal uso. Las bombas de racimo no están explícitamente prohibidas en el derecho internacional, pero conllevan un alto riesgo de violación de la prohibición de efectuar ataques indiscriminados. Además, este armamento plantea una cuestión de carácter humanitario debido a la frecuencia con la que falla, dado que las cargas sin detonar constituyen un peligro permanente para cualquiera que entre en contacto con ellas.

Por otra parte, Amnistía Internacional pide a los gobiernos que consideren la posibilidad de abstenerse de transferir y utilizar armas de uranio reducido mientras se esperan los resultados de las investigaciones acerca de los efectos que éstas pueden tener sobre la salud a largo plazo. Las armas de uranio reducido pueden constituir un peligro a largo plazo para la población civil y para el medio ambiente. Algunos estudios indican que el polvo de uranio reducido, que permanece en las inmediaciones de los objetivos alcanzados por estas armas, supone un considerable riesgo para la salud de cualquier persona que lo inhale o ingiera.