EXTERNO Índice AI: ACT 33/52/93/s

Distr: SC/CC/GR

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido

CRIMEN SIN CASTIGO

Cada día Amnistía Internacional toma conocimiento de que nuevas y graves violaciones de derechos humanos, entre ellas asesinatos políticos y "desapariciones", han sido cometidas en diferentes regiones del mundo. Uno de los principales factores que contribuyen a esta realidad atroz es el fenómeno de la impunidad: mientras los agentes de la represión crean que pueden secuestrar, torturar y asesinar sin temor a ser descubiertos o castigados, el ciclo de violencia no se interrumpirá.

Los profundos cambios políticos que se han producido en diversas regiones del mundo han hecho que los derechos humanos alcancen mayor prominencia que nunca en las relaciones internacionales. Un historial de violaciones de derechos humanos se ha convertido en motivo de creciente embarazo, no sólo en las Naciones Unidas, sino en otras relaciones entre estados. Así, durante los últimos años, los jefes de gobierno de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth), la Organización de los Estados Americanos, la Organización para la Unidad Africana, la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa y la cumbre de países de habla francesa prestaron gran atención a los derechos humanos. La Comunidad Europea y otros países donantes declararon que tendrían en cuenta los derechos humanos en sus programas de ayuda. En junio de 1993 se llevó a cabo en Viena, Austria la segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Más de 170 gobiernos estuvieron representados y, con diferentes grados de sinceridad, reafirmaron solemnemente el compromiso de cumplir con sus obligaciones de respetar y promover la vigencia de los derechos humanos.

Países cuyos gobernantes ni siquiera habrían nombrado los derechos humanos hace una década, pregonan ahora su importancia. Algunos están adaptando su legislación a las normas internacionales de derechos humanos o, por lo menos, han prometido hacerlo. Muchos han fundado instituciones para promover y proteger estos derechos. En algunos casos, esta actitud refleja un compromiso real de los nuevos gobiernos; en otros, forma parte de una estrategia fundamental, aunque poco grata, para sobrevivir en la presente situación mundial.

Sin embargo, homicidios políticos y "desapariciones continúan cometiéndose con impunidad, y a veces, en horrorosa escala.En algunos de los países donde los derechos humanos se violan de forma más brutal, ni siquiera se intenta simular una exigencia de responsabilidades. En Iraq, tropas gubernamentales masacraron después de la Guerra del Golfo a millares de kurdos en el norte del país y de chiitas en el sur. No son más que las últimas atrocidades de un largo historial de violaciones de derechos humanos en gran escala. En Myanmar (Birmania), los gobernantes militares han convertido el país en un Estado de terror secreto con su despiadada represión de quienes se oponen a ellos.

En la guerra que tiene lugar en la antigua Yugoslavia, decenas de miles de personas han sido víctimas de asesinatos políticos o "desapariciones". Las investigaciones y procesamientos de los crímenes cometidos durante la guerra en Croacia entre 1991 y 1992, han sido llevados a cabo sin vigor por parte de las autoridades federales yugoslavas o croatas y se han concentrado en su mayor parte, en las violaciones cometidas por las partes contrarias. Esto ha llevado pensar a los antiguos y nuevos violadores de los derechos humanos que los crímenes cometidos en el conflicto que comenzó en Bosnia-Herzegovina en abril de 1992, escaparán impunes. Si bien los tres bandos involucrados en el conflicto tienen algún grado de responsabilidad por las violaciones cometidas, los miembros de las milicias serbias locales en particular, se han servido de la ausencia de comunicaciones y de la incertidumbre general en torno a su propio estatus internacional, para desconocer las más elementales normas de respeto de los derechos humanos. La comunidad internacional por su parte, deseando simultáneamente proporcionar ayuda humanitaria a las víctimas del conflicto, promover un acuerdo de paz y llevar adelante una investigación exhaustiva de las violaciones de los derechos humanos, se ha fijado objetivos para su gestión en la antigua Yugoslavia que a veces resultan contradictorios entre sí. Esto ha hecho aún más difícil romper el ciclo de impunidad.

Decenas de miles de civiles han sido asesinados con total impunidad en Sudán durante la guerra civil que comenzó en 1983 y continúa hasta nuestros días. El ataque a civiles ha sido una táctica deliberada por parte de las fuerzas gubernamentales en sus intentos por recuperar el control sobre áreas en poder de la oposición armada del Ejército Popular de Liberación del Sudán (EPLS). Las dos facciones del EPLS enfrentadas entre sí también cometen atrocidades contra la población civil. Un clima generalizado de impunidad ha alentado a todas las partes involucradas en el conflicto a continuar con sus políticas de asesinatos.

En 1989, en la provincia de Aceh, en la zona norte de Sumatra, las fuerzas de seguridad de Indonesia iniciaron operaciones de contrainsurgencia contra un grupo armado de oposición política; estas actividades tuvieron como resultado la muerte de aproximadamente 2.000 civiles y la desaparición forzada de decenas de personas bajo custodia de la policía o el ejército. Este cuadro de graves violaciones de derechos humanos refleja la situación existente en otras partes de Indonesia y Timor Oriental, especialmente en relación con el empleo por parte del gobierno, de ejecuciones sumarias a manos de "escuadrones de la muerte", práctica descrita por el presidente Suharto como una especie de "terapia de choque" pública, destinada a restablecer el orden público¹. Las graves violaciones de derechos humanos ─aunque en menor escala─ continúan enlutando a la provincia de Aceh, mientras el gobierno omite realizar investigaciones, pagar compensación a las víctimas o a sus familiares y poner a los sospechosos en manos de la justicia.

Pero en el mundo de hoy, cada vez se produce un mayor número de violaciones graves de derechos humanos en países cuyos gobiernos han sido elegidos y han declarado expresamente su compromiso de respetar estos derechos y que cuentan con instituciones de defensa de estos derechos. El abismo entre los compromisos y la práctica sólo podrá salvarse si se investigan adecuadamente todas las violaciones aún sin resolver y se procesa a los culpables. Conocer la verdad sobre los abusos es de vital importancia para las víctimas, sus familiares y la sociedad en general. Conducir a sus perpetradores ante la justicia no es importante sólo en casos concretos, sino que supone una clara expresión de que no se tolerarán violaciones de derechos humanos y de que quienes las cometan serán considerados plenamente responsables. Cuando se permite a la policía y a las fuerzas de seguridad cometer delitos impunemente, germinan actitudes perniciosas y el desprecio por el estado de derecho.

Entre 1987 y 1990, decenas de miles de personas resultaron muertas ilegítimamente o "desaparecieron" en Sri Lanka a manos de las fuerzas gubernamentales durante una campaña antiterrorista contra un grupo armado de oposición cingalés. Desde que, en 1990, se reanudó en el nordeste del país el conflicto armado con los separatistas tamiles (que también cometieron atrocidades), las tropas gubernamentales han provocado la "desaparición" o muerte de varios miles más de civiles, incluidos bebés y ancianos. A pesar de que desde mediados de 1991 se han establecido nuevos mecanismos para la investigación de algunos tipos de violaciones de derechos humanos, prácticamente ningún responsable ha sido procesado.

En Perú, se calcula que las fuerzas de seguridad han provocado la "desaparición" de más de 4.200 personas desde 1983. Miles más han sido sumariamente ejecutadas por fuerzas gubernamentales desde 1983, incluyendo 500 personas en 18 masacres separadas que han sido documentadas por Amnistía Internacional. A menudo, los soldados llevan a cabo matanzas después de producirse ataques armados del Partido Comunista del Perú (PCP-Sendero Luminoso ─cuya rebelión se ha caracterizado por las brutales atrocidades cometidas contra civiles─ o de otros grupos armados. Sin embargo, el ejército peruano ha actuado con una impunidad casi total. A pesar de las obligaciones internacionales asumidas por Perú de investigar todas las violaciones de derechos humanos, durante los últimos diez años ha habido muy pocas investigaciones completas e independientes. Cuando los supuestos responsables de las violaciones comparecen ante la justicia, lo hacen ante tribunales militares que casi invariablemente absuelven a los acusados. Amnistía Internacional conoce sólo dos casos en que durante los últimos diez años miembros de las fuerzas armadas peruanas han sido condenados a servir sentencias importantes por el asesinato de civiles.

En algunos países cometen las violaciones grupos paramilitares o los denominados "escuadrones de la muerte", que actúan con aprobación oficial. En Filipinas, por ejemplo, la estrategia del gobierno contra la insurrección incluye a grupos armados semioficiales, que califica de "vigilantes" y que colaboran estrechamente con las fuerzas de seguridad oficiales. A pesar de que han cometido reiteradas y graves violaciones de derechos humanos, no se ha puesto freno a sus actividades.

En otros países, los gobiernos se declaran impotentes para controlar a los grupos paramilitares y niegan que sea suya la responsabilidad de poner fin a sus abusos. Durante estos últimos años, en Colombia se han atribuido muchas violaciones de derechos humanos, entre las que figuran miles de homicidios políticos y cientos de "desapariciones", a organizaciones paramilitares. Según las autoridades colombianas, se trata de extremistas de derechas que actúan fuera del control del Estado. Sin embargo, algunas investigaciones judiciales han puesto al descubierto pruebas decisivas de que muchos grupos paramilitares están integrados por miembros de las fuerzas armadas colombianas o cuentan con su apoyo. Asimismo, en Sudáfrica cada vez es mayor el número de pruebas que vinculan a los "escuadrones de choque" responsables de los homicidios políticos con operaciones secretas de la policía y el ejército.

Otra técnica que utilizan los gobiernos y algunos sectores de las fuerzas de seguridad para desviar las críticas es anunciar una investigación que no lleva a ninguna parte. A veces, el anuncio se efectúa de buena fe, pero si no se obtienen resultados, las investigaciones pueden terminar por servir de obstáculo al descubrimiento de la verdad. Las investigaciones oficiales de los abusos cometidos por el ejército israelí en los territorios ocupados desde el inicio de la intifada (levantamiento) palestina en 1986 son inadecuadas. Rara vez se producen procesamientos. A los culpables les imponen penas que muchas veces parecen no guardar proporción con el delito cometido. Las autoridades militares y civiles de Uganda han anunciado numerosas investigaciones de ejecuciones extrajudiciales presuntamente llevadas a cabo por soldados. Muy pocas de esas investigaciones han producido resultados que hayan sido hecho públicos. Por ejemplo, una investigación sobre muertes ocurridas a fines de 1988, aun no ha sido hecha pública. El único efecto de estas investigaciones cuyos resultados nunca se ventilan ante la opinión pública, ha sido prolongar la capacidad del ejército para actuar con impunidad.

Incluso cuando se realizan investigaciones y se inician procedimientos judiciales, las instituciones responsables de la administración de justicia son, con frecuencia, débiles o ineficaces. Muchas veces están expuestas a presiones de otros sectores del gobierno o de las fuerzas de seguridad. En ocasiones, los fiscales o jueces actúan con excepcional valentía y se ven obligados a exiliarse cuando sus gobiernos no pueden o no quieren protegerlos de las amenazas de los acusados, que suelen ser miembros de las propias fuerzas de seguridad.

El caso de la masacre de Cayara, en Ayacucho, Perú, ocurrida en mayo de 1988 es paradigmático en el sentido anteriormente anotado. A consecuencia de una emboscada tendida por miembros del Partido Comunista del Perú (PCP-Sendero Luminoso) contra una patrulla del ejército peruano, un capitán y dos cabos resultaron muertos. Los habitantes de la cercana población de Cayara fueron considerados colectivamente responsables por las acciones del PCP e inmediatamente sujetos a acciones de represalia que arrojaron un saldo de más de 30 campesinos muertos. Miembros de las fuerzas militares obstruyeron la posibilidad de investigaciones independientes y las autoridades civiles se mostraron reticentes o impotentes para llevar a los violadores ante la justicia. Excepcionalmente un investigación especial se llevó adelante en el caso Cayara. Pero nuevamente el oficial presuntamente responsable por la masacre bloqueó la investigación y fue finalmente promovido. Nueve testigos fueron asesinados o "desaparecieron". El fiscal a cargo de la investigación, fue removido de su puesto y debió exiliarse debido a repetidas amenazas de muerte. El caso fue archivado agotando cualquier posibilidad de que los responsables comparecieran ante la justicia civil. Ante el clamor de la comunidad internacional, dos gobiernos peruanos sucesivos negaron la existencia misma de la masacre describiéndola como el resultado de enfrentamientos con "elementos terroristas". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos examinó el caso y lo remitió a la Corte Interamericana en febrero de 1992, pero esta última acogió objeciones de pura forma presentadas por el gobierno peruano y decidió archivar el caso. Como resultado de esto la masacre de Cayara y las responsabilidades que de ella se derivan nunca fueron analizadas por la Corte Interamericana. En marzo de 1993, la Comisión Interamericana publicó un informe completo sobre el caso Cayara.

En julio de 1992 el principial patólogo forense independiente de Sudáfrica, el doctor Jonnathan Gluckman, comunicó a la prensa que disponía de información detallada sobre decenas de muertes ocurridas bajo custodia policial desde mediados de la década de 1980 y declaró que en el 90 por ciento de los casos existían pruebas de que la policía había matado a personas que se encontraban bajo su custodia. El ministro del Interior respondió a estas acusaciones ordenando un investigación interna de la policía cuyos resultados se hicieron públicos en noviembre. El ministro rechazó las acusaciones por falta de pruebas. El doctor Gluckman recibió amenazas de muerte tras la publicación de sus preocupaciones y su despacho fue sometido a vigilancia, según parece por orden de las autoridades de seguridad.

A menudo se altera el proceso de la justicia con medidas como trasladar los casos a tribunales especiales. Por lo general, como ocurre en Colombia, Guatemala y Perú, se trata de tribunales militares que raras veces actúan con vigor contra otros miembros de las fuerzas armadas en casos de derechos humanos. Con frecuencia absuelven a los acusados: en ocasiones incluso los ascienden. Cuando, excepcionalmente, se dictan condenas, las penas rara vez guardan relación alguna con el delito.

El hecho de que las instituciones del Estado no protejan los derechos humanos disuade a las víctimas y a sus familiares de aprovechar recursos internos importantes, como el de hábeas corpus. El temor a represalias los priva de utilidad. En Sri Lanka, por ejemplo, algunos familiares de "desaparecidos" que acudieron a funcionarios del Estado en busca de información recibieron después amenazas de muerte, y varios abogados y testigos que comparecieron ante los tribunales han perdido la vida. En Perú y Filipinas, testigos y denunciantes en casos relacionados con derechos humanos han corrido la misma suerte.

Las leyes de amnistía que impiden procesamientos o archivan investigaciones exhaustivas y juicios minan también la búsqueda de la verdad y la justicia. Algunos regímenes responsables de violaciones de derechos humanos, anticipándose a su salida del poder, impiden futuras investigaciones proclamando amnistías. Los gobiernos que los han sucedido han sentido la tremenda presión de respetar estas medidas o decretarlas cuando no existían.

Incluso en Argentina, el mejor ejemplo de dirigentes políticos o militares obligados a responder de las violaciones de derechos humanos que habían cometido, el retroceso desde la plena responsabilidad ha sido rápido. En 1985 se condenó a cinco de los jefes militares que integraron las juntas que gobernaron Argentina entre 1976 y 1983. Habían librado una "guerra sucia" contra la "subversión" y durante ella "desaparecieron", tras ser secuestradas y torturadas, más de 9.000 personas. Con la designación por el gobierno argentino de una comisión nacional sobre "desaparecidos" y la publicación del informe Nunca más, Argentina fue también un país pionero en la exposición oficial de la verdad sobre pasadas impunidades. Sin embargo, las leyes de amnistía pusieron "punto final" a ulteriores procesamientos y concedieron inmunidad a quienes actuaron obedeciendo órdenes (por "obediencia debida").

En Uruguay, la amnistía negociada con el gobierno militar saliente se vio impugnada cuando un cuarto de los electores firmaron una petición exigiendo un referéndum para anular la amnistía. El referéndum, celebrado en 1989, se saldó con una derrota, pues la propuesta de anulación de la ley obtuvo el 42 por ciento de los votos. Sin embargo, en 1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que aquella ley de amnistía promulgada en 1986 era incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos e instó al gobierno a que investigara los homicidios, torturas y "desapariciones" cometidos durante el periodo del gobierno militar de los años setenta y principios de los ochenta.

En 1991 se publicó en Chile el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Aunque documentaba las enormes proporciones que alcanzaron las violaciones de derechos humanos bajo el gobierno militar anterior, el informe no garantiza su investigación penal. De hecho, los tribunales chilenos continúan aplicando una ley de amnistía aprobada por el anterior gobierno militar con el fin de cerrar las investigaciones de casos de violaciones de derechos humanos ocurridas antes de 1978.

En El Salvador, la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz aprobada en marzo de 1993 impide la investigación y el procesamiento de todos los responsables por homicidios políticos, "desapariciones" y otras graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil (1980-1992). La ley protege especialmente a las personas mencionadas en el informe de la Comisión de la Verdad, nombrada por las Naciones Unidas para investigar algunas de las peores violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra. Como consecuencia de esta ley, los miembros de las fuerzas armadas que habían sido condenados en 1991 por los homicidios de los seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas de la Universidad Católica, ocurridos en 1989 fueron liberados. Inmediatamente luego de promulgada la ley, grupos locales de derechos humanos impugnaron su constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de El Salvador. Sin embargo en lo que parece ser una abdicación de sus facultades constitucionales, la Corte falló que "no tiene jurisdicción sobre materias puramente políticas" desechando así la petición de los defensores de los derechos humanos. El gobierno, por su parte, en marcado contraste con su prisa por extender impunidad para los violadores de los derechos humanos, todavía no ha implementado importantes recomendaciones de la Comisión de la Verdad tales como la reforma del Poder Judicial, una investigación en profundidad de las actividades de los "escuadrones de la muerte" y la creación de un fondo de compensación para las víctimas de la violaciones de los derechos humanos y sus familias.

En mayo de 1993 una ley adoptada por el Parlamento de Mauritania, otorgó amnistía total a los miembros de las fuerzas de seguridad por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo 1989-1992. Más de 400 mauritanos negros fueron asesinados por fuerzas del gobierno o milicias progubernamentales desde 1989. Por lo menos 100 de ellos fueron ejecutados extrajudicialmente en el marco de violentos incidentes intercomunales entre mauritanos y senegaleses. Docenas de otras personas "desaparecieron". Luego de la ola de arrestos que siguió a una supuesta conspiración para derrocar al gobierno en 1990, por lo menos 300 detenidos más murieron bajo tortura o a consecuencia de las inhumanas condiciones de detención. A pesar de que en 1992 se llevaron a cabo elecciones multipartidarias y otras reformas políticas, no se realizó ninguna investigación oficial sobre estas violaciones de los derechos humanos, y las denuncias presentadas por los abogados de muchas viudas de las víctimas fueron rechazadas por el Ministerio de Justicia.

En Sudáfrica, nuevas pruebas fueron aportadas durante 1992 demostrando la participación encubierta de la policía en homicidios políticos y otras acciones ilegales contra organizaciones opositoras al gobierno. Estas pruebas comprometían la situación de altos oficiales de las fuerzas de seguridad y ministros del gobierno. A pesar de esto el gobierno dictó una ley de amnistía en Noviembre de 1992 que otorga inmunidad de procesamiento para los violadores de los derechos humanos.

A lo largo de los últimos años, los gobiernos de otros países africanos han concedido inmunidad de procesamiento a ex funcionarios del Estado y miembros de las fuerzas de seguridad para conseguir acuerdos políticos rápidos. En países como Benín y Congo, el efecto general de permitir que actúen impunemente determinadas personas ha sido el de evitar un examen atento de los sistemas que les permitieron cometer violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en 1991 se le otorgó inmunidad de procesamiento al ex presidente de Benín, Matthieu Kérékou.

En otros lugares de África, el avance de las investigaciones, aún después de cambiar los gobiernos, ha sido, en ocasiones, tan lento que los gobiernos han abandonado su compromiso inicial de llevar ante la justicia a los autores de violaciones de derechos humanos. No cabe duda de que la tarea de recabar pruebas susceptibles de presentarse ante un tribunal puede parecer desalentadora en muchos casos. Muchas de las personas con experiencia directa de pasados abusos han muerto o, tras huir al extranjero, no están dispuestas a arriesgarse a volver y, posiblemente, sufrir represalias por testificar. Además, ocurre a menudo que muchas de las pruebas materiales han sido destruidas: se han quemado documentos o enterrado cuerpos en tumbas secretas. Por lo tanto, es vital que la información se presente en un foro público, como una investigación o un juicio públicos. En caso de no ser así, la presión para que no se celebren los juicios es enorme.

En el centro y este de Europa, así como en Alemania, se ha suscitado una apasionada controversia sobre la responsabilidad de las personas relacionadas ─aunque sólo haya sido a través de su pertenencia al Partido Comunista─ con los gobiernos anteriores. En cambio, el acuerdo de paz de Camboya no incluyó disposiciones para procesar a los responsables de las violaciones de derechos humanos generalizadas que se cometieron en el pasado.

El debate sobre responsabilidades suscitado en Europa del Este ha subrayado la importancia de garantizar los derechos fundamentales de todas las personas, incluidas las acusadas de violaciones de derechos humanos. A lo largo de los años, Amnistía Internacional ha efectuado un seguimiento de los juicios de muchas personas a las que había acusado anteriormente de violaciones de derechos humanos. Aun cuando hayan sido condenadas por delitos relacionados con los derechos humanos en juicios con las debidas garantías, si se las condena a muerte, Amnistía Internacional solicita la conmutación de la pena. Por ejemplo, Amnistía Internacional asistió como observadora a varios juicios en Kuwait. Los procesados estaban acusados de violaciones de derechos humanos cometidas durante la ocupación iraquí y condenadas por la organización en 1990. Amnistía Internacional llamó la atención sobre la grave ausencia de garantías de los juicios y efectuó una campaña contra las ejecuciones. Las penas capitales fueron finalmente conmutadas.

Amnistía Internacional cree que para poner fin a los abusos perpetrados por los responsables de hacer cumplir la ley y mantener el orden, todos los gobiernos deben asumir determinadas responsabilidades fundamentales.

En primer lugar, es necesario investigar plenamente todas las denuncias de violaciones de derechos humanos. El objetivo de dichas investigaciones es determinar las responsabilidades individuales y dar a conocer a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad, toda la verdad. Deben llevarlas a cabo instituciones imparciales, independientes de las fuerzas de seguridad, a las que hay que conceder la autoridad y los recursos necesarios para su labor. Los resultados de las investigaciones deben hacerse públicos. Cuando las violaciones de derechos humanos sean endémicas en una sociedad, acaso no baste con las investigaciones de casos concretos. Una comisión pública de investigación abordará la pauta completa de abusos y sus razones. Estudiará las instituciones y los organismos responsables y propondrá cambios en la legislación, instituciones, procedimientos y prácticas administrativos, y en la formación y responsabilidades de sus funcionarios.

En segundo lugar, las personas responsables de violaciones de derechos humanos deberán comparecer ante la justicia. Se las considerará responsables tanto si eran funcionarios durante un gobierno pasado como si lo son con el gobierno actual y tanto si pertenecen a las fuerzas de seguridad como a grupos paramilitares semioficiales. Se procesará a los acusados de violaciones de derechos humanos y sus juicios concluirán con una sentencia clara de inocencia o culpabilidad. Amnistía Internacional no adopta postura alguna sobre la pena que deberá imponerse, siempre y cuando no sea la de muerte. No obstante, la imposición sistemática de penas que guardan escasa proporción con la gravedad de los delitos provoca el descrédito de los procesos judiciales y no sirve como disuasión de nuevas violaciones. No puede promoverse el respeto por la supremacía de la ley a menos que los juicios se lleven a cabo con plena conformidad con las normas internacionalmente aceptadas.

En tercer lugar, no son aceptables las leyes de amnistía que impiden que la verdad salga a luz y que se exijan responsabilidades ante la ley. Esto es aplicable tanto si la ley es aprobada por los responsables de las violaciones como por gobiernos posteriores. En interés de una reconciliación nacional tras un periodo de violencia y confusión, pueden concederse indultos una vez impuesta la condena. Amnistía Internacional no adopta postura alguna sobre este hecho. Pero insiste en que salga a la luz la verdad y se complete el proceso judicial.

La protección de los derechos humanos necesita obras, no palabras. Si se permite que los perpetradores de abusos, por mucho que los prohíba la ley, los cometan sin consecuencia alguna para ellos, se perpetúan los crímenes. Al asegurarse su comparecencia ante los tribunales, se trasmite con claridad a la sociedad el mensaje de que no se permitirá que continúen las violaciones. Durante los primeros años de la década de 1990 la retórica sobre derechos humanos alcanzó una cota sin precedentes en los asuntos del mundo. ¿En cuántos países esta retórica contribuirá a frenar la viciosa espiral de homicidios políticos y "desapariciones" cometidos con impunidad?