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ÍNDICE AI: ACT 40/04/97/s

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ARMAS PARA LOS TORTURADORES: TORTURA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE DESCARGAS ELÉCTRICAS Y EXTENSIÓN DE LOS APARATOS DE INMOVILIZACIÓN

Las armas paralizantes modernas de descarga eléctrica se están convirtiendo rápidamente en la opción de los torturadores en lo que respecta a instrumentos de alta tecnología, ha declarado hoy Amnistía Internacional, al pedir la prohibición de las exportaciones a cualquier país donde se haya aplicado la tortura mediante descargas eléctricas o donde la tortura sea una práctica persistente y la suspensión inmediata de su utilización por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

En un informe especial nuevo, la organización ha manifestado que, al parecer, los torturadores en ocasiones prefieren la tortura mediante descargas eléctricas porque creen que no deja marcas permanentes como señales en los cuerpos de las víctimas.

Según «Roberto», profesor universitario de 50 años de Zaire, detenido y torturado durante cuatro semanas por intentar organizar un foro para la paz en 1991, la paliza que inicialmente comenzaron a propinarle con palos se detuvo al manifestar un agente «dejará cicatrices y recibiremos quejas de Amnistía Internacional».

La respuesta fue recurrir a la tortura mediante descargas eléctricas, que «Roberto» describió como: Esa clase de armas... Yo diría que es algo realmente horrible ─inmoral─ porque las personas que las fabrican para que se torture, no las prueban en sus propios cuerpos y no saben el daño que causan. Las fabrican para que otras personas sufran únicamente para ganar dinero. Es muy triste.

En su informe, la organización detalla cómo se está extendiendo la producción, venta, publicidad y uso indebido de los instrumentos de descarga eléctrica y paralizantes. Amnistía Internacional ha documentado casos de tortura mediante descargas eléctricas en 50 países en la década de los años 90, entre ellos 18 países en los que se han empleado estos dispositivos ligeros. Al menos cien empresas de todo el mundo han comercializado estas armas.

«Se trata de una industria que está creciendo rápidamente, cuyos productos a menudo no se prueban debidamente y muchos de cuyos "clientes" son sobradamente conocidos por haber empleado estos productos para torturar habitual y sistemáticamente a hombres, mujeres y niños», ha manifestado Amnistía Internacional. «Sin embargo, muchos gobiernos, entre ellos el estadounidense, que es el mayor productor del mundo, autorizan este comercio y algunos como Francia incluso han ayudado a promocionarlo».

Amnistía Internacional lleva muchos años haciendo campaña contra la tortura mediante descargas eléctricas a través del empleo de instrumentos como las varas eléctricas para el ganado. Sin embargo, el número de armas paralizantes de alto voltaje y alta frecuencia, creadas específicamente para su aplicación a seres humanos, está aumentando. A diferencia de las varas eléctricas para el ganado, que pueden emplearse para inmovilizar o causar un dolor localizado, las armas paralizantes están creadas parar infligir un gran dolor en breves segundos o incluso milésimas de segundo y pueden incapacitar a una persona temporalmente.

Este dolor fue descrito por Mediha Curabaz, enfermera de 25 años, torturada por unos agentes en el Departamento Político de la Comisaría Central de Policía de Adana, Turquía, en 1991. Mediha declaró «me introdujeron la porra eléctrica violentamente por los órganos sexuales y sentí un dolor como si me estuvieran perforando con un taladro eléctrico. Me tumbaron inmediatamente sobre hielo. Entonces comencé a sangrar y me desmayé... antes de que estuviera totalmente consciente, me obligaron a firmar varios documentos».

Las víctimas han sufrido tortura, muchas veces reiterada, mediante descargas en zonas como las axilas, el cuello, la cara, los pechos, el abdomen, el interior de las piernas, la planta de los pies, el interior de la boca y oído, los genitales, la vagina y el ano. Las consecuencias inmediatas son dolor agudo, pérdida de control muscular, nauseas, convulsiones, desmayos y defecación y orina involuntarias. Algunas de las consecuencias a largo plazo pueden ser rigidez muscular, impotencia, cicatrices y problemas de tensión postraumáticos.

La organización ha pedido a todos los gobiernos pertinentes que no concedan ninguna licencia de exportación de armas de electrochoque a países donde se han recibido informes de que la tortura y los malos tratos son prácticas reiteradas. Amnistía Internacional exhorta a que se realicen investigaciones públicas independientes respecto al empleo de estas armas y a que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley suspendan su utilización inmediatamente hasta que testimonios médicos independientes y de otras instancias demuestren claramente que su uso posible no contribuirá a la comisión de homicidios ilegítimos y a los tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.

Amnistía Internacional también ha pedido a las empresas que participan en este comercio que no transfieran armas de electrochoque a países con un historial insistente de tortura.

«Al vender conscientemente armas de electrochoque a los torturadores, los vendedores de los empresas y los directivos son responsables de su uso indebido», ha declarado Amnistía Internacional. «Si estas armas van destinadas a funcionarios encargados de hacer cumplir respetuosos de la ley y son seguras, queremos que las empresas lo demuestren. Si los usuarios de estas armas necesitan adiestramiento, queremos ver las pruebas de que este adiestramiento se imparte a todos los clientes, hasta los de otros países. Cuando suministren armas a otros países, queremos ver las garantías de que no se emplearán para infligir malos tratos».

Preocupaciones de Amnistía Internacional en relación con las armas de electrochoque paralizantes

En su informe, Amnistía Internacional hace hincapié en tipos concretos de armas de electrochoque paralizantes.

Pistolas y porras paralizantes

La investigación realizada por el gobierno británico reveló que incluso las pistolas paralizantes de la generación anterior pueden provocar elevados niveles de dolor e incapacitación y son capaces de provocar la muerte mediante la pérdida de la coordinación de la contracción muscular del corazón. Según el anuncio de un suministrador, una de las características de su moderna pistola paralizante es la desconexión automática después de 15 segundos de aplicación. Sin embargo, la investigación demostró que una descarga de tres a cinco segundos bastaba para incapacitar a una persona hasta 15 minutos. Los anuncios de los suministradores indican que, desde su invención, el voltaje se ha incrementado desde 10.000 hasta 250.000 voltios, aunque está información es de utilidad limitada a la hora de calcular el dolor que pueden infligir porque los datos sobre potencia y otros factores rara vez se facilitan.

Escudos de electrochoque

Tras la muerte de Harry Landis, funcionario penitenciario tejano que activó accidentalmente un escudo de electrochoque en 1995, el ingeniero que llevó a cabo pruebas con el escudo manifestó: «Los fabricantes dicen en sus folletos que los escudos no dañarán a nadie, ni siquiera a las personas con problemas cardíacos. Pero no han hecho ningún estudio con personas. Hacen sus pruebas con animales, animales anestesiados».

Pistolas taser

Estas pistolas disparan dos dardos con cables con un alcance de hasta 914 centímetros y se utilizan en algunos estados. Según el informe de un perito patólogo de 1991, «ciertas afecciones médicas, como el consumo de drogas y las enfermedades del corazón, pueden incrementar el riesgo de que la pistola taser resulte letal... las 16 muertes relacionadas con la pistola taser ocurridas en Los Ángeles indican fallos de esta pistola en tanto que arma no letal ... En mi opinión, la taser contribuyó, al menos, a ocasionar estas nueve muertes...»

Cinturones inmovilizadores

Dos empresas estadounidenses han producido cinturones inmovilizadores de electrochoque por control remoto y estos cinturones se han utilizado crecientemente con los acusados que comparecen ante los tribunales; en ocasiones, los jueces guardan el control remoto. Los cinturones infligen descargas de 50.000 voltios durante ocho segundos que recorren el cuerpo de la persona que los lleva puestos y provocan que quede inmovilizada instantáneamente, se defeque y orine involuntariamente y dejan marcas de cardenales. Se afirma que los cinturones pueden activarse desde una distancia de unos 300 metros o más como consecuencia de «arrebatos o movimientos bruscos», «manipulaciones del cinturón», «la negativa a obedecer órdenes verbales que exijan su movimiento», y «la pérdida de contacto visual por parte del agente encargado».

A pesar de las afirmaciones de que los cinturones inmovilizadores son seguros desde el punto de vista médico, un fabricante admitió que no se había llevado a cabo ninguna prueba médica estrictamente independiente. En cambio, la empresa mencionó un médico de Nebraska que probó las pistolas inmovilizadoras de la empresa con cerdos anestasiados. El manual de instrucciones advierte que estos cinturones no deben aplicarse a mujeres embarazadas, personas con afecciones cardíacas, esclerosis múltiple, distrofía muscular o a epilépticos. Sin embargo, la Oficina de Prisiones de los Estados Unidos no realiza exámenes médicos de los presos antes de decidir qué recluso debe llevar el cinturón inmovilizador.

Armas paralizantes mediante gas lacrimógeno

Algunas empresas de China, Taiwán y los Estados Unidos han comenzado a fabricar porras eléctricas que también emiten gas lacrimógeno o gas mostaza. Sin embargo, las chispas provocadas por las armas de electrochoque pueden hacer prender sustancias inflamables como los alcoholes propelentes utilizados en esos pulverizadores. En 1990, según los informes, unos agentes del Departamento de Policía de Nueva York rociaron a un chico emocionalmente perturbado con un elemento químico empleado para el control de multitudes y después, al parecer, le dispararon con una pistola taser, lo que de alguna forma provocó un fuego. Al parecer, el chico sufrió quemaduras de primer y segundo grado.

Producción y venta de armas paralizantes

Amnistía Internacional ha identificado a más de cien empresas en países industrializados, como Bélgica, China, Francia, Alemania, Israel, Sudáfrica, Taiwán y los Estados Unidos, que ofrecen el suministro de armas paralizantes desde 1990. Uno de ellos, Estados Unidos, representa a casi la mitad del total de suministradores. Las armas paralizantes se venden crecientemente a través de revistas y exposiciones. En Shanghai se han mostrado porras eléctricas taiwanesas, en Washington porras eléctricas brasileñas, en París porras eléctricas chinas y rusas y en Israel y en el territorio de la Autoridad Palestina se han mostrado porras eléctricas y escudos antidisturbios sudafricanos.

Prácticamente todas las empresas que comercializan armas de electrochoque afirman que no son mortales si se utilizan adecuadamente. Algunas empresas ofrecen adiestramiento para garantizar la seguridad, pero no ponen ese adiestramiento a disposición de todos los que adquieren armas de electrochoque. Por ejemplo, al tiempo que ofrecía hasta seis horas de adiestramiento para los clientes que pretendían utilizarlo en los Estados Unidos, un fabricante de cinturones inmovilizadores afirmó que estaba dispuesto a venderlos a China o Arabia Saudí sin proporcionar adiestramiento.

Sin embargo, el hecho de que varios países hayan prohibido estas armas se deriva del reconocimiento de que pueden provocar con facilidad sufrimiento innecesario, lesiones graves e incluso la muerte. Según los informes, en Bélgica, Canadá, los Países Bajos, Luxemburgo, los países Escandinavos, Suiza, el Reino Unido y los países de la Commonwealth tratan aquellas armas de electrochoque que no sean las varas para ganado como armas prohibidas. Sin embargo, en algunos países como el Reino Unido, la prohibición no parece afectar el tráfico con «terceros países». Algunos portavoces de las empresas británicas han admitido haber concertado ventas con China a través de Hong Kong y con Chipre a través de un «asociado sudafricano» y estar dispuestos a vender a Líbano y Zaire a través de «terceros países».

A pesar de este reconocimiento, la mayoría de los gobiernos de los países suministradores han hecho pocos esfuerzos por regular estrictamente las transferencias de armas de electrochoque a países cuyos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley practican la tortura y cometen graves malos tratos. El gobierno de los Estados Unidos aprobó la exportación de pistolas taser a Arabia Saudí, escudos de electrochoque a México y pistolas paralizantes a Venezuela. Una empresa francesa admitió haber suministrado armas a países norteafricanos, mientras que un importante suministrador alemán publicó su catálogo en ruso y árabe. Las empresas chinas promocionan sus productos crecientemente en Asia y Europa, mientras que las empresas taiwanesas exportan a los Estados Unidos, Asia y Sudáfrica y uno describió a Europa del Este como un «mercado floreciente».

Países en que se ha aplicado tortura mediante electrochoque

Amnistía Internacional ha documentado casos de tortura mediante electrochoque en al menos 50 países desde 1990, desde Argelia a Zaire.

En China, el uso de las porras eléctricas se ha extendido tanto y se ha convertido en un hecho tan endémico que resulta difícil documentar el número de víctimas. Un jefe del departamento de Seguridad Pública aplicó descargas con una porra eléctrica a cuatro chicas jóvenes menores de 16 y dos hombres jóvenes detenidos en Fuxin, provincia de Liaoning, a comienzos de 1995 para intentar obligarlos a confesar haber incurrido en un «comportamiento gamberro y promiscuo». Dos hermanos tibetanos, Pasang, de 19 años, y Tenzin, de 11, describieron cómo les torturaron en la cárcel, Pasang declaró dijo «me atizaron con una porra eléctrica en la cara y en la boca», mientras que Tenzin, afirmó, «Me introdujeron la porra eléctrica en la boca ... me quemó gravemente y me provocó una herida. Fue terrible.

En agosto de 1996, Chen Longde, activista en favor de la democracia, de la provincia de Zhejiang, intentó suicidarse saltando por la ventana de un tercer piso. Según los informes, los funcionarios del campo de trabajo admitieron después que había saltado por la ventana después de ser golpeado por una porra eléctrica.

En Chipre, un informe oficial de 1995 confirmó que varias personas detenidas en la comisaría de policía de la ciudad de Limassol fueron torturadas mediante descargas eléctricas en varias partes del cuerpo, incluido el pene. Uno de los casos es el de Stelios Xenophontos Neofitou, al que esposaron, desnudaron y mojaron con agua antes de colgarlo boca abajo y, al parecer, aplicarle descargas eléctricas en varias partes del cuerpo, incluidos los genitales. Aunque Stelios Neofitou vio al policía con la porra eléctrica antes de que le torturaran, no pudo demostrar que este fuera el instrumento empleado para la tortura.

En el Líbano, Amnistía Internacional ha recibido informes de presos torturados con porras eléctricas en las dependencias del Ministerio de Defensa en 1994.

La tortura mediante descargas eléctricas se ha utilizado ampliamente en Arabia Saudí. Al parecer, en mayo de 1994, Gulum Mustafa, ciudadano paquistaní, fue torturado brutalmente en un centro de detención para delincuentes relacionados con el narcotráfico en Jeddah poco antes de ser trasladado a la cárcel Priman. Entre las torturas que le infligieron estaban introducirle una tubo metálico por el ano y aplicarle descargas eléctricas. Según los informes, le dejaron sangrando e incapaz de andar, y no le prestaron ningún cuidado médico. El gobierno estadounidense ha aprobado la exportación de pistolas taser a Arabia Saudí.

Una de las armas de electrochoque que suscita la preocupación de Amnistía Internacional en los Estados Unidos es el uso de los cinturones inmovilizadores de electrochoque por control remoto, especialmente en el caso de los acusados que comparecen ante los tribunales. A Edward Valdéz lo inmovilizaron delante de unos jurados que esperaban en el vestíbulo una vez que salió de la sala de juicios; en diciembre de 1994, Bruce Sons quedó accidentalmente imposibilitado por efecto de un cinturón inmovilizador mientras hablaba con su abogado en un descanso durante la vista preliminar en California; a James Oswald, acusado en Wisconsin, le obligaron a llevar un cinturón inmovilizador y grilletes, a pesar de comparecer ante el tribunal en silla de ruedas. Oswald aseguró que había sido inmovilizado dos veces en lo que su abogado manifestó que era parte de un intento de torturar a su cliente. Amnistía Internacional cree que estos cinturones están creados específicamente para degradar a las personas que los llevan puestos.

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