Document - International Standards on the Death Penalty


Público


Amnistía Internacional


Normas internacionales

sobre la pena de muerte


Enero de 2006

Resumen

Índice AI: ACT 50/001/2006





http://web.amnesty.org/library/Index/ESLACT500012006

Este documento incluye, organizados por temas, extractos de instrumentos internacionales y otras declaraciones autorizadas relacionadas con la abolición de la pena de muerte.

Algunos de los extractos proceden de tratados internacionales de carácter vinculante para todos los Estados que son Partes en él. Otros son resoluciones aprobadas por organismos de las Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones intergubernamentales. También se incluyen extractos de declaraciones de representantes y relatores especiales de la ONU, así como dictámenes y recomendaciones de organismos expertos creados para vigilar el cumplimiento de los tratados de derechos humanos.

Algunos son de ámbito universal: son aplicables a todos los países o a todos los Estados Partes en los tratados pertinentes. Otros proceden de organizaciones intergubernamentales regionales y son aplicables a los Estados de esas regiones.

Muchos de los textos citados en este documento establecen salvaguardias y restricciones relativas a la pena de muerte. Estas restricciones y salvaguardias no deben utilizarse para justificar el mantenimiento de la pena capital, castigo que para Amnistía Internacional constituye una violación de los derechos humanos fundamentales.

En los Anexos 1 y 2 se adjuntan una lista de las restricciones y salvaguardias y una tabla en la que se indican la naturaleza y el ámbito de aplicación de los diferentes instrumentos.

Además de las normas citadas en el documento, el derecho relativo a los conflictos armados establece importantes salvaguardias para abordar cuestiones relacionadas con la pena de muerte. En los Anexos se citan dichas normas.



Este texto resume el documento titulado Normas Internacionales sobre la pena de muerte(Índice AI: ACT 50/001/2006), publicado por Amnistía Internacional en enero de 2006. Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento completo. En el sitio web http://www.amnesty.orgencontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección: http://www.amnesty.org/email/email_updates.html



SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA












Público

Amnistía Internacional



Normas internacionales

sobre la pena de muerte




















ÍNDICE




Introducción 1

Violación de los derechos humanos 1

Abolición 3

Tratados internacionales en favor de la abolición 4

Suspensión y conmutaciones 5

Restricción del ámbito de aplicación 5

Reintroducción de la pena capital y ampliación del ámbito de aplicación 5

Reanudación de las ejecuciones y aumento de la aplicación 6

Restricciones y salvaguardias 6

Aplicación retroactiva: los delincuentes deberán beneficiarse de penas más leves en caso de abolición de la pena de muerte 6

Restricción de la aplicación a los "más graves delitos" 7

Personas a quienes no se debe imponer la pena de muerte 8

Penas de muerte preceptivas 9

Asistencia consular 10

Salvaguardias para garantizar juicios justos 10

El derecho de apelación ante un tribunal superior 13

El derecho a solicitar el indulto 13

Tratamiento de los reclusos condenados a la pena de muerte 14

Tiempo suficiente entre la imposición de la sentencia y la ejecución de la pena 14

No ejecución de la pena mientras estén pendientes procedimientos de apelación o relacionados con el indulto 15

Los funcionarios responsables de llevar a cabo la ejecución deben estar informados de la situación del caso 15

Información sobre la ejecución a familiares y abogados 16

Método de ejecución 16

Ejecución pública 16

Extradición 16

Transparencia 16

ANEXO 1:LISTA DE RESTRICCIONES Y SALVAGUARDIAS RELATIVAS A LA PENA CAPITAL 18

ANEXO 2: INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 20

ANEXO 3: INSTRUMENTOS INTERNACIONALES (Selecciones) 21

Declaración Universal de Derechos Humanos (selección) 21

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (selección) 21

Convención Americana sobre Derechos Humanos (selección) 22

Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (selección) 22

Convención sobre los Derechos del Niño (selección) 23

Observación general al artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobada 23

Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte, aprobadas por el Consejo Económico y Social de la ONU en su resolución 1984/50 del 25 de mayo de 1984 y ratificadas por la Asamblea General de la ONU en su resolución 39/118, aprobada sin votación el 14 de diciembre de 1984. 24

Resolución 1989/64 del Consejo Económico y Social de la ONU, aprobada el 24 de mayo de 1989 24

Resolución 1996/15 del Consejo Económico y Social de la ONU, aprobada el 23 de julio de 1996 26

Resolución 32/61 de la Asamblea General de la ONU del 8 de diciembre de 1977 (selección) 28

Resolución 2005/59 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, aprobada el 20 de abril de 2005 28

Convenios de Ginebra y Protocolos Adicionales (selecciones) 32










Normas internacionales sobre la pena de muerte



Introducción

En este documento se incluyen, organizados por temas, extractos de instrumentos internacionales y otras declaraciones autorizadas pertinentes a la abolición de la pena de muerte. Los textos de las secciones correspondientes de los instrumentos se adjuntan en el Anexo 3, al final del documento.

Algunos de los extractos proceden de tratados internacionales de carácter vinculante para todos los Estados que son Partes en él. Otros pertenecen a resoluciones aprobadas por organismos de las Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones intergubernamentales. También se incluyen declaraciones de representantes y relatores especiales de la ONU, así como dictámenes y recomendaciones de organismos expertos creados para velar por el cumplimiento de los tratados de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vigila la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Comité contra la Tortura de la ONU, que vela por el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención contra la Tortura). Algunos tienen alcance mundial: son aplicables a todos los países, o a todos los Estados Partes en los tratados pertinentes. Otros proceden de organizaciones intergubernamentales regionales y son de aplicación a los Estados de esas regiones.

Muchos de los textos citados en este documento establecen salvaguardias y restricciones relativas al uso de la pena de muerte. Estas restricciones y salvaguardias no deben utilizarse para justificar el mantenimiento de la pena de muerte, castigo que Amnistía Internacional considera una violación de los derechos humanos fundamentales. El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece salvaguardias y restricciones en relación con la pena de muerte, dispone de forma explícita que éstas se aplicarán "en los países que no hayan abolido la pena capital" (artículo 6.2) y continúa afirmando que "ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital" (artículo 6.6).(1)

En los Anexos 1 y 2 se incluye una lista de las restricciones y salvaguardias y una tabla en la que se indica la naturaleza y el ámbito de aplicación de los diferentes instrumentos.

Además de las normas citadas en el documento, en el derecho de los conflictos armados se establecen importantes salvaguardias relativas a cómo abordar los casos de pena de muerte en situaciones de conflicto armado. Estas leyes se citan en los Anexos.

Violación de los derechos humanos

El derecho a la vida y a no ser sometido a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en otros instrumentos internacionales de derechos humanos y en las constituciones de muchos países. Amnistía Internacional considera que la pena capital viola estos derechos. Este punto de vista está teniendo una creciente aceptación entre los organismos intergubernamentales y en las constituciones nacionales y decisiones judiciales.

Una encuesta realizada por Amnistía Internacional ha puesto de manifiesto que al menos 42 países han prohibido la pena de muerte en sus constituciones. En su inmensa mayoría, estas prohibiciones se fundamentan en motivos relacionados con los derechos humanos.(2)

El 24 de octubre de 1990, el Tribunal Constitucional de Hungría resolvió que la pena de muerte viola el "derecho inherente a la vida y a la dignidad humana", en virtud del artículo 54 de la Constitución de ese país. La decisión judicial supuso la abolición de la pena capital para todos los delitos en Hungría.

El 6 de junio de 1995, el Tribunal Constitucional de Sudáfrica resolvió que la pena de muerte por asesinato como dispone la legislación del país es incompatible con la prohibición de "penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes" que estipula la Constitución Provisional de ese país.(3) Ocho de los once jueces declararon también que la pena de muerte violaba el derecho a la vida. El fallo supuso la abolición de la pena de muerte por asesinato.(4)

El 9 de diciembre de 1998, el Tribunal Constitucional de la República de Lituania resolvió que la pena de muerte por asesinato establecida por el Código Penal lituano contradice las disposiciones de la Constitución de la República de Lituania que establecen que debe protegerse el derecho a la vida mediante la legislación y prohíben la tortura, las lesiones, la degradación y los malos tratos, así como el establecimiento de tales castigos.

El 29 de diciembre de 1999, el Tribunal Constitucional de Ucrania declaró inconstitucional la pena de muerte a tenor de la legislación nacional y declaró nulas las leyes que la estipulaban. El tribunal estableció que la pena capital es incompatible con algunos artículos de la Constitución de Ucrania que estipulan el derecho a la vida y prohíben las torturas y las penas o los tratos crueles, inhumanos o degradantes que violen la dignidad de las personas. Observó que, a diferencia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Constitución ucraniana no señala explícitamente la pena de muerte como excepción del derecho a la vida.(5)

El 11 de noviembre de 1999, el Tribunal Constitucional de la República de Albania derogó la pena capital en tiempo de paz por ser incompatible con la Constitución de la República de Albania, cuyo artículo 21 establece que "la vida de una persona está protegida por ley". El tribunal declaró que la pena de muerte "es una negación del derecho a la vida y constituye un castigo inhumano y cruel". El tribunal señaló que, a diferencia de disposiciones constitucionales anteriores, el artículo 21 de la Constitución de 1998 no consideraba explícitamente la pena de muerte como una excepción del derecho a la vida.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que "la manera en que se dicte o aplique [una condena de muerte], la personalidad del condenado y la desproporción entre la acción y la gravedad del delito, así como las condiciones de la prisión mientras se espera la ejecución, son algunos de los factores que pueden hacer que el trato y la pena que sufre el reo incidan en el artículo 3 [del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos)]".(6)

El Comité contra la Tortura de la ONU ha hecho referencia a la incertidumbre de muchas personas que han sido condenadas a muerte en países en los que la pena de muerte está en proceso de ser abolida "por tratarse de un trato cruel e inhumano en violación del artículo 16 de la Convención [contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU]".(7)

En la Resolución 1253 (2001), aprobada el 25 de junio de 2001, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa afirmó que la aplicación de la pena capital constituye un acto de tortura y un castigo inhumano o degradante según su definición en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Abolición

En un comentario general sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha afirmado que dicho artículo 6 "se refiere también a la abolición [de la pena de muerte] en términos que denotan claramente [...] que ésta es de desear. El Comité llega a la conclusión de que todas las medidas encaminadas a la abolición deben considerarse como un avance en cuanto al goce del derecho a la vida [...]"(8)

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha expresado su preocupación en torno al mantenimiento de la pena de muerte en Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y anima a los Estados Partes a abolirla por ley.(9)

El Comité contra la Tortura de la ONU ha expresado su satisfacción por la abolición de la pena de muerte y los avances hacia la abolición en varios países.(10)

El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, establece en su preámbulo que "la abolición de la pena de muerte contribuye a elevar la dignidad humana y desarrollar progresivamente los derechos humanos" y que "todas las medidas de abolición de la pena de muerte deberían ser consideradas un adelanto en el goce del derecho a la vida".

En la Resolución 2005/59, aprobada el 20 de abril de 2005, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU establece que "la abolición de la pena de muerte contribuye a realzar la dignidad humana y el desarrollo progresivo de los derechos humanos" y que "la abolición de la pena capital es esencial para la protección [del derecho a la vida]".

El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha subrayado que "la abolición de la pena capital resulta en extremo conveniente para lograr el respeto pleno del derecho a la vida"(11) y ha instado a los gobiernos de los países en los que la pena de muerte sigue vigente "a que hagan todo lo posible por abolirla".(12)

En la Resolución 1044 (1994), aprobada el 4 de octubre de 1994, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa insta a todos los Parlamentos del mundo que todavía no han abolido la pena de muerte a que lo hagan sin más demora, siguiendo el ejemplo de la mayoría de los Estados Miembros del Consejo de Europa.

Las Directrices de la Política de la Unión Europea (UE) hacia Terceros Países sobre la Pena de Muerte, aprobadas por el Consejo de la Unión Europea en 1998, establecen que la abolición de la pena de muerte contribuye a reforzar la dignidad humana y al desarrollo progresivo de los derechos humanos. Según estas directrices, la UE tiene como objetivo trabajar para conseguir la abolición universal de la pena de muerte como una política sólidamente defendida y compartida por todos los Estados miembros de la UE.

Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la pena de muerte se excluye de las sanciones que este tribunal está autorizado a imponer, a pesar de que goza de jurisdicción sobre delitos de extrema gravedad, como los crímenes contra la humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra. Del mismo modo, cuando se establecieron el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en 1993 y 1994, respectivamente, el Consejo de Seguridad de la ONU excluyó la pena de muerte para estos crímenes.(13)

Tratados internacionales en favor de la abolición

La comunidad de naciones ha adoptado cuatro tratados internacionales que prevén la abolición de la pena de muerte. Uno de ámbito mundial y los otros tres de ámbito regional.

El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1989, prevé la abolición total de la pena de muerte, pero permite que los Estados Partes la apliquen en tiempo de guerra si han formulado una reserva al respecto en el momento de la ratificación o adhesión al Protocolo.

El Protocolo núm. 6 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte, aprobado por el Consejo de Europa en 1982, prevé la abolición de la pena de muerte en tiempo de paz; los Estados Partes pueden conservar la pena de muerte para crímenes cometidos "en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra".

El Protocolo núm. 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias,adoptado por el Consejo de Europa en 2002, prevé la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, incluso en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra.

El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, aprobado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1990, prevé la abolición total de la pena de muerte pero permite que los Estados Partes la apliquen en tiempo de guerra si han realizado una declaración al respecto en el momento de ratificación o adhesión al Protocolo.

La Asamblea General de la ONU ha pedido encarecidamente a todos los Estados que todavía no han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que lo hagan y "examinen, de manera prioritaria, la posibilidad de adherirse a los Protocolos Facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".(14)

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha instado a los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a "plantearse [...] adherirse al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto", incluidos los Estados que todavía no han abolido la pena capital.(15) El Comité ha elogiado a los países que se han adherido al Segundo Protocolo Facultativo.(16)

Suspensión y conmutaciones

En la Resolución 2005/59, aprobada el 20 de abril de 2005, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU exhorta a todos los Estados que todavía mantienen la pena capital a "abolir completamente la pena de muerte y, entretanto, establecer una moratoria de las ejecuciones".

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha celebrado la suspensión de las ejecuciones(17) y ha pedido que dicha moratoria se amplíe indefinidamente y que se conmuten las condenas de las personas que se encuentran actualmente en espera de ejecución.(18)

En la Resolución 1097 (1996), aprobada el 28 de junio de 1996, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa declara que la disposición a introducir una suspensión de las ejecuciones en el momento de la adhesión al Consejo de Europa ha pasado a ser un prerrequisito establecido por la Asamblea para pertenecer al Consejo.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha pedido la conmutación de las condenas de muerte de todos los presos que hayan agotado los recursos de apelación en aquellos países en los que no se haya realizado ninguna ejecución desde hace más de 10 años.(19)

En la Resolución 2005/59, aprobada el 20 de abril de 2005, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU insta a los "Estados que ya no aplican la pena de muerte pero que la mantienen en su legislación a que procedan a abolirla".

Restricción del ámbito de aplicación

En la Resolución 32/61, aprobada el 8 de diciembre de 1977, la Asamblea General de la ONU establece que "[...] el principal objetivo que debe buscarse en relación con la pena capital es restringir progresivamente el número de delitos por razón de los cuales pueda imponerse la pena capital, con miras a la conveniencia de abolir esa pena [...]".

El Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a los Estados a que reduzcan el número de delitos punibles con la pena de muerte y los limiten a los "más graves delitos" en virtud del artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con miras a abolir la pena de muerte.(20)

Reintroducción de la pena capital y ampliación del ámbito de aplicación

El artículo 4.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en lo relativo a la aplicación de la pena de muerte que "tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente". El artículo 4.3 dispone que "no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido".

El Comité de Derechos Humanos de la ONU afirma que "la ampliación del ámbito de aplicación de la pena de muerte suscita un problema de compatibilidad con el artículo 6 del Pacto".(21)

En la Resolución 2005/59, aprobada el 20 de abril de 2005, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU insta a todos los Estados que todavía mantienen la pena de muerte a "no extender su aplicación a delitos a los que no se aplica esa pena actualmente".

El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha firmado que "en ningún caso debería ampliarse el alcance de la pena de muerte a delitos [...]".(22) El relator especial ha condenado el restablecimiento de la pena de muerte y las ampliaciones de su ámbito de aplicación, y ha expuesto que introducir semejantes cambios contraviene claramente la tendencia internacional hacia la abolición de la pena de muerte.(23)

Reanudación de las ejecuciones y aumento de la aplicación

En la Resolución 2005/59, aprobada el 20 de abril de 2005, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU insta a los "Estados que han suprimido recientemente, o han anunciado la supresión, de hecho o de derecho, de la moratoria impuesta a las ejecuciones, a que se comprometan una vez más a suspender esas ejecuciones".

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha declarado estar "profundamente preocupado por el hecho de que se hayan reanudado de factola imposición de la pena de muerte y la realización de ejecuciones" en un Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.(24)

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha manifestado que el uso cada vez mayor de la pena de muerte en varios Estados es motivo de grave preocupación y va en contra del deseo expreso de la comunidad internacional favorable a la abolición de la pena capital.(25)

Restricciones y salvaguardias

El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos define restricciones y salvaguardias sobre el uso de la pena de muerte en países que no la hayan abolido. El artículo 6.2 establece que no deben imponerse condenas a muerte "contrarias a las disposiciones del presente Pacto". La Convención Americana sobre Derechos Humanos impone restricciones y salvaguardias similares (artículo 4).

Aplicación retroactiva: los delincuentes deberán beneficiarse de penas más leves en caso de abolición de la pena de muerte

El artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que una condena a muerte sólo puede imponerse "de conformidad con las leyes que están en vigor en el momento de cometerse el delito".(26)

El artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que no se impondrá una pena más grave que la que era de aplicación en el momento de la comisión del delito, y que "si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello".(27)

Restricci

'f3n de la aplicación a los "más graves delitos"

El artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que "en los países que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos [...]".

En una observación general al artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó que "en opinión del Comité, la expresión ‘los más graves delitos’ debe interpretarse de forma restrictiva en el sentido de que la pena de muerte debe constituir una medida sumamente excepcional".(28)

La Salvaguardia 1 de las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte, aprobadas por el Consejo Económico y Social de la ONU en 1984, dispone que "en los países que no la hayan abolido, la pena de muerte sólo podrá imponerse como sanción para los delitos más graves, entendiéndose que su alcance se limitará a los delitos intencionales que tengan consecuencias fatales u otras consecuencias extremadamente graves".

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado que determinados delitos no se pueden clasificar entre los "más graves delitos" en virtud del artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que, por tanto, la imposición de la pena de muerte para estos delitos viola dicho artículo. Los delitos a los que hace referencia son: los delitos económicos,(29) incluida la malversación por obra de funcionarios públicos;(30) los delitos políticos;(31) el robo;(32) el secuestro sin resultado de muerte;(33) y las relaciones sexuales ilícitas, la comisión de un tercer acto homosexual y la apostasía.(34)

El artículo 4.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos declara que "en ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos".

En la Resolución 2005/59, aprobada el 20 de abril de 2005, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU exhorta a todos los Estados que todavía mantienen la pena de muerte a "velar [...] por que no se imponga la pena de muerte por actos no violentos como los delitos financieros, la práctica religiosa o la expresión de convicciones y las relaciones sexuales entre adultos que consienten en el acto".

El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha manifestado que "la pena de muerte debería eliminarse en el caso de delitos tales como los económicos y los relacionados con los estupefacientes".(35) La relatora especial ha expresado también que las restricciones que establece la Salvaguardia 1 de las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte de la ONU "excluyen la posibilidad de imponer condenas a muerte por infracciones penales de naturaleza económica y otros delitos de los llamados sin víctima, o por actividades de carácter religioso o político, como son los actos de traición, espionaje y otros actos definidos con vaguedad y generalmente denominados ‘delitos contra el Estado’ o ‘deslealtad’", y que "análogamente, este principio excluye los actos que afectan fundamentalmente a los valores morales imperantes, como el adulterio y la prostitución, y las cuestiones de orientación sexual".(36)

Personas a quienes no se debe imponer la pena de muerte

El artículo 6.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que "no se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez".

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha hecho referencia a la prohibición de ejecutar a menores o a mujeres embarazadas en virtud del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como norma del derecho internacional consuetudinario, en relación con la cual los Estados Partes en el Pacto no podrán formular una reserva.(37)

El artículo 37.a de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que "no se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad".

El artículo 4.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que "no se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez".

El artículo 5.3 de la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño establece que "no se dictará sentencia de muerte en delitos cometidos por menores". El artículo 2 de este tratado especifica que el término "menor" alude a cualquier persona menor de 18 años.

La Salvaguardia 3 de las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte, aprobadas por el Consejo Económico y Social de la ONU en 1984, estipula que "no serán condenados a muerte los menores de 18 años en el momento de cometer el delito, ni se ejecutará la sentencia de muerte en el caso de mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente, ni cuando se trate de personas que hayan perdido la razón".

En la Resolución 1989/64, aprobada el 24 de mayo de 1989, el Consejo Económico y Social de la ONU recomienda a los Estados miembros de la ONU que eliminen la pena de muerte "en el caso de personas aquejadas de retraso mental o con capacidad mental sumamente limitada, bien fuere en el momento de imposición de las sentencias o de la ejecución". El Consejo Económico y Social recomienda también que los Estados miembros establezcan un "límite de edad después del cual nadie podrá ser condenado a muerte ni ejecutado".

En la Resolución 2000/17, aprobada el 17 de agosto de 2000, la Subcomisión de la ONU para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos afirma que "la imposición de la pena capital a personas menores de 18 años en el momento de la comisión del delito es contraria al derecho internacional consuetudinario".(38)

En la Resolución 2005/59, aprobada el 20 de abril de 2005, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU insta a todos los Estados que todavía mantienen la pena de muerte a "excluir de la pena capital a las mujeres embarazadas y a las madres con hijos a cargo" y "no imponer la pena capital ni ejecutar a ninguna persona que sufra de algún tipo de discapacidad mental o intelectual".

El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha manifestado que "el derecho internacional prohíbe imponer la pena de muerte a dementes o deficientes mentales, mujeres embarazadas y madres de niños pequeños"(39) y ha instado a los gobiernos que continúan aplicando legislación relativa a la pena capital "respecto de menores y enfermos mentales a que armonicen su legislación penal interna con las normas jurídicas internacionales. Los Estados deben estudiar la posibilidad de promulgar medidas legislativas especiales que protejan a los retrasados mentales, que recojan las normas internacionales vigentes".(40)Asimismo ha expresado su confianza en que la no aplicación de la pena capital se conceda "a las personas de edad, a reserva de una abolición total de la pena de muerte".(41)

En sus observaciones finales sobre la abolición de la pena de muerte para las mujeres en un Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU insta al Estado a "velar por la equidad y abolir la pena de muerte en relación con todas las personas".(42)

Penas de muerte preceptivas

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha determinado que "la imposición automática y preceptiva de la pena de muerte constituye una privación arbitraria de la vida, infringiendo el párrafo 1 del artículo 6 del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos], cuando se impone dicha pena sin posibilidad alguna de tener en cuenta las circunstancias personales del acusado o aquéllas en las que se cometió el delito".(43)

La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha establecido que "la pena de muerte no debería ser en ningún caso preceptiva por prescripción legal, sean cuales sean los hechos punibles imputados"(44) y que "[l]a pena de muerte preceptiva, que excluye la posibilidad de una sentencia menos grave, impuesta sin tener en cuenta las circunstancias, es incompatible con la prohibición de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".(45)

En la Resolución 2005/59, aprobada el 20 de abril de 2005, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU insta a todos los Estados que mantienen la pena de muerte a "velar por que [...] no se imponga la pena de muerte [...] como pena preceptiva".

Asistencia consular

En la Resolución 2005/59, aprobada el 20 de abril de 2005, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU insta a todos los Estados que mantienen la pena de muerte a "cumplir plenamente sus obligaciones internacionales, en particular las contraídas en virtud del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y especialmente el derecho a recibir información sobre la asistencia consular en el contexto de un procedimiento jurídico, según se afirma en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y se confirma en las sentencias recientes pertinentes".

Salvaguardias para garantizar juicios justos

El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos define las normas para celebrar juicios justos. Entre ellas, se incluye el derecho que tiene toda persona acusada de un delito a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial; el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad; el derecho a ser informada sin demora, de forma detallada y en un idioma que comprenda, de la naturaleza y la causa de la acusación formulada contra ella; el derecho a disponer del tiempo y los medios necesarios para preparar su defensa; el derecho a comunicarse con un defensor de su elección; el derecho a que se le nombre un defensor de oficio, gratuitamente si carece de medios para pagar a un abogado; el derecho a interrogar a los testigos de cargo y a presentar testigos de descargo; el derecho a la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal; y el derecho a no estar obligada a declarar contra sí misma ni a confesar su culpabilidad. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (articulo 8), la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (artículo 7) y otros instrumentos internacionales también establecen normas para la celebración de juicios justos.

La Salvaguardia 5 de las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte, aprobadas por el Consejo Económico y Social de la ONU en 1984, dispone que "sólo podrá ejecutarse la pena capital de conformidad con una sentencia definitiva dictada por un tribunal competente, tras un proceso jurídico que ofrezca todas las garantías posibles para asegurar un juicio justo, equiparables como mínimo a las que figuran en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluido el derecho de todo sospechoso o acusado de un delito sancionable con la pena capital a la asistencia letrada adecuada en todas las etapas del proceso".

En la Resolución 1989/64, aprobada el 24 de mayo de 1989, el Consejo Económico y Social de la ONU recomienda a los Estados miembros de la ONU que refuercen los derechos de las personas condenadas a muerte "prestando protección especial a las personas acusadas de delitos que llevan aparejada la pena de muerte, facilitándoles el tiempo y los medios para preparar su defensa, inclusive la asistencia letrada apropiada en todas las fases de las actuaciones, además de la protección prestada en casos en los que no se impone la pena capital".

En la Resolución 1996/15, aprobada el 23 de julio de 1996, el Consejo Económico y Social de la ONU alienta a los Estados miembros de la ONU en los que la pena de muerte no ha sido abolida a procurar que todo reo sobre el que pueda recaer la sentencia capital reciba todas las garantías necesarias para asegurar un juicio justo, teniendo presentes los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, las Directrices sobre la Función de los Fiscales, el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, todos ellos instrumentos de la ONU.

En la Resolución 1996/15, aprobada el 23 de julio de 1996, el Consejo Económico y Social de la ONU alienta a los Estados Miembros de la ONU en los que no se ha abolido la pena de muerte "a que velen por que los reos que no comprendan suficientemente el idioma utilizado en el tribunal sean informados plenamente, por medio de interpretación o traducción, de todos los cargos que pesen contra ellos y del contenido de las pruebas pertinentes objeto de las deliberaciones del tribunal".

En la Resolución 2005/59, aprobada el 20 de abril de 2005, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU insta a todos los Estados que siguen manteniendo la pena de muerte a aplicarla "sólo tras la emisión de un fallo definitivo por un tribunal competente, imparcial e independiente y garantizar el derecho a un juicio imparcial" y a "cerciorarse de que todos los procedimientos jurídicos, incluidos los que tienen lugar en tribunales o jurisdicciones especiales, y en particular los procesos por delitos que acarrean la pena capital, cumplan las garantías procesales mínimas contenidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha afirmado que la imposición de la pena de muerte al concluir un juicio en el que no se han respetado las disposiciones del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos] constituye una violación del artículo 6 del Pacto".(46) El Comité considera que se ha violado el derecho a la vida en numerosos casos en los que se ha impuesto la pena de muerte como resultado de juicios en los que no se han respetado las normas sobre juicios justos establecidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Algunos rasgos de estos casos citados por el Comité de Derechos Humanos son la representación legal inadecuada,(47) el retraso indebido de la celebración del juicio,(48) el enjuiciamiento ante un tribunal militar,(49) las denuncias de manipulación del jurado,(50) la denegación de la petición del acusado de convocar a testigos de descargo(51) y la coacción ejercida sobre el acusado para que se declare culpable.(52)

El Comité de Derechos Humanos de la ONU estipula "que se garantice la asistencia letrada, de un abogado de oficio si es necesario, desde el momento de la detención y durante todas las fases siguientes del proceso, a las personas acusadas de delitos graves, en particular en los casos que sean punibles con la pena de muerte".(53)

La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha declarado que "la ejecución de una pena de muerte dictada en un juicio en el que no se hayan respetado las garantías procesales básicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, constituye una violación del derecho a la vida".(54)

La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha declarado que las salvaguardias para la celebración de juicios justos en los casos de pena de muerte "deben aplicarse en todos los casos, sin excepción ni discriminación".(55) El relator especial ha reiterado "que los juicios que conducen a la imposición de la pena capital deben regirse por las más estrictas normas de independencia, competencia, objetividad e imparcialidad de jueces y jurados, de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes. Los acusados que se expongan a la pena capital deben contar con un abogado defensor competente en todas las etapas del proceso. Se presumirá la inocencia de los acusados hasta que se haya demostrado su culpabilidad sin que quede lugar a ninguna duda razonable, procediéndose con el máximo rigor al acopio y la valoración de las pruebas. Además, deben tenerse en cuenta todas las circunstancias atenuantes".(56)

El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias establece que "dado que es imposible asegurar que no se producen ejecuciones injustas, los países que aplican la pena de muerte deberían realizar regularmente revisiones periódicas, independientes del grado de cumplimiento de las normas internacionales, y tener en cuenta cualquier prueba de ejecución ilícita".(57)

El derecho de apelación ante un tribunal superior

El artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que "toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley".(58)

La Salvaguardia 6 de las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte, aprobadas por el Consejo Económico y Social de la ONU en 1984, establece que "toda persona condenada a muerte tendrá derecho a apelar ante un tribunal de jurisdicción superior, y deberán tomarse medidas para garantizar que esas apelaciones sean obligatorias".

En la Resolución 2005/59, aprobada el 20 de abril de 2005, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU insta a todos los Estados que todavía mantienen la pena de muerte a "cerciorarse de que todos los procedimientos jurídicos, incluidos los que tienen lugar en tribunales o jurisdicciones especiales, y en particular los procesos por delitos que acarrean la pena capital, cumplan las garantías procesales mínimas contenidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha declarado que la imposición de la pena de muerte sin la posibilidad de recurso es incompatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.(59) El Comité considera que se viola el derecho a la vida en los casos de pena de muerte en los que el inculpado no tiene derecho a recurrir ante un tribunal superior.(60)

El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha afirmado en relación con los casos de pena capital que "se debe garantizar que en el proceso todos los supuestos de hecho y las consecuencias jurídicas de la causa puedan ser examinados por un tribunal superior, integrado por jueces que no sean los que conocieron la causa en primera instancia".(61)

El derecho a solicitar el indulto

El artículo 6.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que "toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos".(62)

La Salvaguardia 7 de las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte, aprobadas por el Consejo Económico y Social de la ONU en 1984, establece que "toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena; en todos los casos de pena capital se podrá conceder el indulto o la conmutación de la pena".

En la Resolución 1989/64, aprobada el 24 de mayo de 1989, el Consejo Económico y Social de la ONU recomienda a los Estados miembros que estipulasen "recursos o revisión obligatorios con disposiciones sobre la gracia o el indulto en todos los casos de delitos en que se imponga la pena capital".

En la Resolución 2005/59, aprobada el 20 de abril de 2005, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU insta a todos los Estados que mantienen todavía la pena de muerte a "garantizar el derecho […] a solicitar el indulto o la conmutación de la pena".

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dispuesto que la imposición de la pena de muerte sin la posibilidad de solicitar el indulto o la conmutación de la pena es incompatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.(63) El Comité ha declarado también con referencia a un país que "la función primordial que desempeña la familia de la víctima en la ejecución o no de la pena [de muerte] sobre la base de una indemnización financiera […] es incompatible con los artículos 6, 14 y 26 del Pacto".(64)

La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha declarado que "no puede haber ninguna excepción al derecho del acusado a solicitar la remisión total o parcial o la conmutación de la pena"(65) y que "los llamamientos a la clemencia deberían facilitar posibilidades reales de salvaguardar vidas".(66)

Tratamiento de los reclusos condenados a la pena de muerte

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha expresado su preocupación por las condiciones de vida tan deficientes de los presos que se encuentran en el pabellón de los condenados a muerte, como las restricciones indebidas de las visitas y la correspondencia,(67) el reducido tamaño de las celdas y la falta de comida y ejercicio,(68) temperaturas extremas, falta de ventilación, celdas plagadas de insectos y periodos de tiempo insuficientes fuera de las celdas,(69) y ha pedido a los Estados que mejoren esas condiciones de acuerdo con los requisitos que establecen las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluido su artículo 7 (prohibición de la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes) y el 10.1 (respeto de la dignidad inherente al ser humano de las personas privadas de libertad).

En la Resolución 1996/15, aprobada el 23 de julio de 1996, el Consejo Económico y Social de la ONU insta a los Estados miembros de la ONU en los que pueda ejecutarse la pena de muerte a que "apliquen plenamente las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos [de la ONU] con objeto de reducir en lo posible el sufrimiento de los reos condenados a la pena capital a fin de evitar que se exacerben esos sufrimientos".

Tiempo suficiente entre la imposición de la sentencia y la ejecución de la pena

En la Resolución 1996/15, aprobada el 23 de julio de 1996, el Consejo Económico y Social de la ONU pide a los Estados miembros de la ONU en los que pueda ejecutarse la pena de muerte "que concedan tiempo suficiente para la interposición de recursos de apelación ante un tribunal superior y para el cumplimiento del procedimiento de apelación, así como de peticiones de indulto".

El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha recomendado que los Estados establezcan en su legislación interna un periodo mínimo de seis meses para la ejecución de una pena de muerte impuesta por un tribunal de primera instancia, con el fin de permitir tiempo suficiente para la preparación de los recursos ante un tribunal de jurisdicción superior y las peticiones de indulto.(70) El relator especial ha declarado que "dicha medida evitaría ejecuciones precipitadas y permitiría a los acusados ejercer todos sus derechos".(71)

No ejecución de la pena mientras estén pendientes procedimientos de apelación o relacionados con el indulto

La Salvaguardia 8 de las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte, aprobadas por el Consejo Económico y Social de la ONU en 1984, establece que "no se ejecutará la pena capital mientras estén pendientes algún procedimiento de apelación u otros procedimientos de recurso o relacionados con el indulto o la conmutación de la pena".(72)

En la Resolución 2005/59, aprobada el 20 de abril de 2005, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU insta a todos los Estados que todavía mantienen la pena de muerte a "no ejecutar a ninguna persona mientras esté pendiente cualquier otro procedimiento jurídico conexo en el plano internacional o nacional".

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado que llevar a cabo la ejecución de un recluso cuando la ejecución de la pena todavía está siendo revisada en los tribunales de un Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos constituye una violación de los apartados 1 y 2 del artículo 6 del Pacto.(73)

En lo referente a la ejecución de reclusos mientras sus casos estaban siendo examinados por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y después de que dicho Comité hubiera solicitado medidas cautelares de protección para detener las ejecuciones durante el estudio de los casos, el Comité de Derechos Humanos ha dispuesto que "desestimar las solicitudes del Comité para que se adopten medidas cautelares constituye un grave incumplimiento de las obligaciones del Estado Parte en virtud del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos] y del [Primer] Protocolo Facultativo [al Pacto]".(74)

Los funcionarios responsables de llevar a cabo la ejecución deben estar informados de la situación del caso

En la Resolución 1996/15, aprobada el 23 de julio de 1996, el Consejo Económico y Social de la ONU pide a los Estados miembros de la ONU en los que pueda ejecutarse la pena de muerte "que velen por que los funcionarios que intervengan en las decisiones de llevar a cabo una ejecución estén perfectamente informados de la situación de los recursos y peticiones de indulto del reo de que se trate".

El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha declarado que los funcionarios responsables de llevar a cabo una ejecución deben estar plenamente informados de la situación de los recursos y peticiones de indulto del reo de que se trate y deben recibir instrucciones de no llevar a cabo una ejecución mientras esté en curso cualquier procedimiento de apelación u otro recurso o cualquier otro procedimiento relativo al indulto o a la conmutación de la pena.(75)

Información sobre la ejecución a familiares y abogados

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que "la no notificación de la ejecución de los presos que se encuentren en ese pabellón a la familia y a los abogados" en un Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es incompatible con el Pacto.(76)

Método de ejecución

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha pedido la abolición oficial de la pena de muerte por lapidación.(77)

En la Resolución 2005/59, aprobada el 20 de abril de 2005, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU insta a todos los Estados que todavía mantienen la pena de muerte a "velar por que se ponga fin de inmediato a la aplicación de medios especialmente crueles e inhumanos de ejecución como la lapidación".

Ejecución pública

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha declarado que "las ejecuciones públicas son [...] incompatibles con la dignidad humana".(78) El Comité ha instado a los Estados a que se abstengan de realizar ejecuciones públicas.(79)

En la Resolución 2005/59, aprobada el 20 de abril de 2005, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU insta a todos los Estados que siguen manteniendo la pena de muerte a "velar por que, cuando se aplique la pena capital [...] no sea ejecutada en público ni de ninguna otra manera degradante".

Extradición

En la Resolución 2005/59, aprobada el 20 de abril de 2005, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU pide a "los Estados que hayan recibido una solicitud de extradición por un delito punible con la pena capital que se reserven expresamente el derecho a denegar la extradición cuando no reciban de las autoridades competentes del Estado solicitante seguridades efectivas de que no se ejecutará la pena capital" y los exhorta "a que den esas seguridades en caso de que se les soliciten y a que las respeten".

Transparencia

En la Resolución 1989/64, aprobada el 24 de mayo de 1989, el Consejo Económico y Social de la ONU insta a los Estados Miembros de la ONU a "que publiquen, para cada categoría de delito para la que se prescribe la pena de muerte y, de ser posible, anualmente, información sobre el uso de la pena de muerte, inclusive el número de condenados a muerte, el número de ejecuciones llevadas a cabo, el número de condenados en espera de ejecución, el número de condenas a muerte revocadas o conmutadas en recurso y el número de casos en que se ha concedido la gracia, y a que incluyan información sobre el grado en que las medidas antes mencionadas han sido incorporadas en la legislación nacional".

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha pedido a los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que faciliten información sobre el uso de la pena de muerte, como el número de condenas impuestas en los últimos diez años, la clase de delito por la que se ha impuesto la pena, sobre qué fundamentos se impuso, el número de ejecuciones efectuadas, el método de ejecución y la identidad de los presos ejecutados.(80)

En la Resolución 2005/59, aprobada el 20 de abril de 2005, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU insta a todos los Estados que todavía mantienen la pena de muerte a "poner a disposición del público la información relativa a la imposición de la pena de muerte y a las ejecuciones previstas".

El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha dispuesto que "la transparencia es esencial en todos los casos en los que se aplica la pena capital. El secretismo en cuanto a los ejecutados viola las normas de derechos humanos. Se debería publicar un informe completo y detallado de todas las ejecuciones y preparar una versión consolidada al menos una vez al año".(81)



ANEXO 1: LISTA DE RESTRICCIONES Y SALVAGUARDIAS RELATIVAS A LA PENA CAPITAL



Restricción /salvaguardia


PIDCP

CDH 2005/59









No ampliación de ámbito de aplicación






X






X


X










No restauración






X


















No aplicación retroactiva


X


X


X


CG IV
















Restringir uso a los delitos más graves


X


X


X


CG IV




X


X










No aplicación a menores de 18 años en el momento de cometer el delito


X


X


X


CG IV

PA I, II




X


X










No aplicación a personas mayores






X




X






brdrs








No ejecución de mujeres encintas


X


X


X


PA I, II




X










No ejecución de personas que hayan perdido el uso de la razón




X










X










No aplicación a personas con discapacidad mental










X




X










No aplicación como pena preceptiva







X


X










Derecho a un juicio justo


X


X


X


CG, art.3


X


X


X










Derecho a apelación o revisión judicial


X


X


X


CG, art.3


X


X


X










Derecho a solicitar indulto


X


X


X


CG IV


X


X


X










Tiempo suficiente entre imposición de sentencia y ejecución de la pena








CG III, IV
















No ejecución mientras estén pendientes procedimientos de apelación o indulto




X


X






X


X










Siglas: PIDCP= Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; ECOSOC 1984= Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte (Resolución 1984/50 del Consejo Económico y Social de la onu); CADH= Convención Americana sobre Derechos Humanos; DIH= derecho internacional humanitario; CG III, CG IV= Convenios de Ginebra III y IV, de 1949; CG, Art.3= Convenios de Ginebra de 1949, artículo 3 común; PA= Protocolos Adicionales de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949 (Núm. I, II); ECOSOC 1989= Resolución 1989/64 del Consejo Económico y Social de la onu; COMITÉ DDHH= Comité de Derechos Humanos de la onu; CDH 2005/59= Resolución 2005/59 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, aprobada el 20 de abril de 2005.



ANEXO 2: INSTRUMENTOS INTERNACIONALES


En la siguiente tabla se indica si los instrumentos mencionados en este documento son tratados de carácter vinculante para los Estados Partes, y si su aplicación es de ámbito mundial o regional.



Instrumento45


Vinculante


Ámbito mundial


Ámbito regional


Declaración Universal de Derechos Humanos




x








Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)


x


x








Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP


x


x








Convención sobre los Derechos del Niño


x


x








Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos


x




x







Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño



x



x






Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)


x



x






Protocolo a la CADH relativo a la Abolición de la Pena de Muerte


x




x






Protocolos núms. 6 y 13 al Convenio Europeo de Derechos Humanos


x




x






Convenios de Ginebra de 1949 y Protocolos Adicionales de 1977 (véase más abajo)


x


x








Salvaguardias del ECOSOC de 1984




x








Resoluciones de la ONU, incluidas las aprobadas por el ECOSOC y la Comisión de Derechos Humanos




x








Resoluciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa






x






Las salvaguardias establecidas en los Convenios de Ginebra de 1949 son aplicables a las personas protegidas por estos instrumentos. Las personas protegidas en virtud de los Convenios de Ginebra III y IV son los prisioneros de guerra y las personas civiles, respectivamente. Las salvaguardias del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra (artículo 3 común) se aplicarán en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, mientras que las salvaguardias establecidas en otros artículos de los Convenios se aplicarán en conflictos armados internacionales. Las salvaguardias del Protocolo Adicional I de 1977 son aplicables a las personas en poder de una Parte en un conflicto armado internacional. Las salvaguardias del Protocolo Adicional II son aplicables a las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.



ANEXO 3: INSTRUMENTOS INTERNACIONALES (Selecciones)1ANEXO INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

Declaración Universal de Derechos Humanos (selección)21. Declaración Universal de Derechos Humanos (selección)


Artículo 3


Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.


Artículo 5


Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.


Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (selección)22. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (selección)


Artículo 6


1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.


2. En los países que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que están en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente.


3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.


4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos.


5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez.


6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital.


Convención Americana sobre Derechos Humanos (selección)23. Convención Americana sobre Derechos Humanos (selección)


Artículo 4. Derecho a la Vida


1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoria de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.


3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.


4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.


5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.


6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.


Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (selección)24. Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (selección)


Artículo 4


La persona humana es inviolable. Todo ser humano tiene derecho al respecto de su vida y a la integridad física y moral de su persona. Nadie podrá ser privado arbitrariamente de este derecho.


Artículo 7


1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída. Este derecho comprende:


(a) el derecho a recurrir ante los tribunales nacionales competentes contra todo acto que viole los derechos fundamentales que reconocen y garantizan las convenciones, leyes, reglamentos y costumbres en vigor;

(b) el derecho a que se presuma su inocencia hasta que un tribunal competente establezca su culpabilidad;

(c) el derecho a la defensa, que incluye el derecho a ser asistida por un defensor de su elección;

(d) el derecho a ser juzgada en un plazo razonable de tiempo por un tribunal imparcial.


2. Nadie puede ser condenado por una acción u omisión que no constituyera, en el momento de cometerse, una infracción punible legalmente. No podrá imponerse ninguna pena que no fuera aplicable en el momento de cometerse la infracción. La pena es personal y sólo puede imponerse al delincuente.



Convención sobre los Derechos del Niño (selección)25. Convención sobre los Derechos del Niño (selección)


(Aprobada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989)


Artículo 37


Los Estados Partes velarán por que:


a) [...] No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;


Observación general al artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,26. Observación general al artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobada


por el Comité de Derechos Humanos establecido en virtud de este tratado, en su 378 reunión (decimosexta sesión) el 27 de julio de 1982 (selección)


1. Todos los informes de los Estados Partes se han ocupado del derecho a la vida, enunciado en el artículo 6 del Pacto. Se trata del derecho supremo respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida la nación (artículo 4) [...] Se trata de un derecho que no debe interpretarse en un sentido restrictivo [...].


6. Si bien de los párrafos 2 a 6 del artículo 6) se desprende que los Estados Partes no están obligados a abolir totalmente la pena de muerte, dichos Estados se encuentran obligados a limitar su uso y, en particular, a abolirla como castigo de los delitos que no sean de los más graves. Por consiguiente, deberían modificar sus normas de derecho penal a la luz de esta disposición y, en todo caso, están obligados a restringir la aplicación de la pena de muerte a los más graves delitos. Este artículo se refiere también en forma general a la abolición en términos que denotan claramente (párrafos 2 y 6 del artículo 6) que ésta es de desear. El Comité llega por lo tanto a la conclusión de que todas las medidas encaminadas a la abolición deben considerarse como un avance en cuanto al goce del derecho a la vida en el sentido del artículo 40, y que, por lo tanto, deben comunicarse al Comité. El Comité observa que un cierto número de Estados ya han abolido la pena de muerte o han suspendido su aplicación. Sin embargo, los informes de los Estados muestran que el progreso realizado hacia la abolición o limitación de la aplicación de la pena de muerte es totalmente insuficiente.


7. En opinión del Comité, la expresión los más graves delitos deben interpretarse de forma restrictiva en el sentido de que la pena de muerte debe constituir una medida sumamente excepcional. De los términos expresos del artículo 6 se desprende también que la pena de muerte solamente puede imponerse de conformidad con el derecho vigente en el momento en que se haya cometido el delito y que no sea contrario al Pacto. Deben observarse las garantías de procedimiento que se prescriben en él, incluido el derecho de la persona a ser oída públicamente por un tribunal independiente, a que se presuma su inocencia y a gozar de las garantías mínimas en cuanto a su defensa y al derecho de apelación ante un tribunal superior. Estos derechos son aplicables sin perjuicio del derecho particular de solicitar un indulto a la conmutación de la pena.


Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte27. Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte, aprobadas por el Consejo Económico y Social de la ONU en su resolución 1984/50 del 25 de mayo de 1984 y ratificadas por la Asamblea General de la ONU en su resolución 39/118, aprobada sin votación el 14 de diciembre de 1984.


1. En los países que no la hayan abolido, la pena de muerte sólo podrá imponerse como sanción para los delitos más graves, entendiéndose que su alcance se limitará a los delitos intencionales que tengan consecuencias fatales u otras consecuencias extremadamente graves.


2. La pena capital sólo podrá imponerse por un delito para el que la ley estipulara la pena de muerte en el momento en que fue cometido, quedando entendido que si, con posterioridad a la comisión del delito, la ley estableciera una pena menor, el delincuente se beneficiará del cambio.


3. No serán condenados a muerte los menores de 18 años en el momento de cometer el delito, ni se ejecutará la sentencia de muerte en el caso de mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente, ni cuando se trate de personas que hayan perdido la razón.


4. Sólo se podrá imponer la pena capital cuando la culpabilidad del acusado se base en pruebas claras y convincentes, sin que quepa la posibilidad de una explicación diferente de los hechos.


5. Sólo podrá ejecutarse la pena capital de conformidad con una sentencia definitiva dictada por un tribunal competente, tras un proceso jurídico que ofrezca todas las garantías posibles para asegurar un juicio justo, equiparables como mínimo a las que figuran en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluido el derecho de todo sospechoso o acusado de un delito sancionable con la pena capital a la asistencia letrada adecuada en todas las etapas del proceso.


6. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a apelar ante un tribunal de jurisdicción superior, y deberán tomarse medidas para garantizar que esas apelaciones sean obligatorias.


7. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena; en todos los casos de pena capital se podrá conceder el indulto o la conmutación de la pena.


8. No se ejecutará la pena capital mientras estén pendientes algún procedimiento de apelación u otros procedimientos de recurso o relacionados con el indulto o la conmutación de la pena.


9. Cuando se aplique la pena capital, su ejecución se hará de forma que se cause el menor sufrimiento posible.


Resolución 1989/64 del Consejo Económico y Social de la ONU, aprobada el 24 de mayo de 198928. Resolución 1989/64 del Consejo Económico y Social de la onu, aprobada el 24 de mayo de 1989


Aplicación de las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte.


El Consejo Económico y Social.


Recordandosu resolución 1984/50, de 25 de mayo de 1984, en la que aprobó salvaguardias para proteger los derechos de los condenados a la pena de muerte,


Recordando tambiénla resolución 15 del Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,


Recordando ademásla sección X de su resolución 1986/10 de 21 de mayo de 1986, en la que se pidió que se realizara un estudio sobre la cuestión de la pena de muerte y las nuevas contribuciones de las ciencias criminológicas al respecto,


Tomando notadel informe del Secretario General sobre la aplicación de las salvaguardias de las Naciones Unidas para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte,

Tomando nota con satisfaccióndel gran número de Estados Miembros que han facilitado al Secretario General información sobre la aplicación de las salvaguardias y han hecho contribuciones,


Tomando nota con reconocimiento del estudio sobre la cuestión de la pena de muerte y las nuevas contribuciones de las ciencias criminológicas al respecto,


Alarmadopor el uso continuo de las prácticas incompatibles con las salvaguardias para proteger los derechos de los condenados a la pena de muerte,


Conscientede que la aplicación eficaz de esas salvaguardias exige un examen de la legislación nacional pertinente y una mayor difusión del texto entre todas las personas e instituciones interesadas, tal como se especifica en la resolución 15 del Séptimo Congreso,


Convencidode que deben hacerse nuevos progresos para conseguir una aplicación más eficaz de las salvaguardias en el ámbito nacional, en la inteligencia de que no se invocarán para retrasar o impedir la abolición de la pena capital,


Reconociendoque es necesario contar con información completa y precisa y realizar otras investigaciones sobre la aplicación de las salvaguardias y la pena de muerte en general en todas las regiones del mundo,


1. Recomiendaa los Estados Miembros que adopten medidas para aplicar las salvaguardias y reforzar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte, si procede;


a) Prestando protección especial a las personas acusadas de delitos que llevan aparejada la pena de muerte, facilitándoles el tiempo y los medios para preparar su defensa, inclusive la asistencia letrada apropiada en todas las fases de las actuaciones, además de la protección prestada en casos en los que no se impone la pena capital;


b) Estipulando recursos o revisión obligatorios con disposiciones sobre la gracia o el indulto en todos los casos de delitos en que se imponga la pena capital;


c) Estableciendo un límite de edad después del cual nadie podrá ser condenado a muerte ni ejecutado;


d) Aboliendo la pena de muerte en el caso de las personas aquejadas de retraso mental o con capacidad mental sumamente limitada, bien fuere en el momento de imposición de las sentencias o de la ejecución;

2. Invitaa los Estados Miembros a que cooperen con organismos especializados, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y especialistas en la materia en las investigaciones sobre el uso de la pena de muerte que se efectúen en todas las regiones del mundo;


3. Invita tambiéna los Estados Miembros a que faciliten las gestiones del Secretario General por reunir información completa, oportuna y precisa sobre la aplicación de las salvaguardias y sobre la pena de muerte en general;


4. Invita ademása los Estados Miembros que no lo hayan hecho así a que examinen el grado en que su legislación incorpora las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte tal como figuran en el anexo de la resolución 1984/50 del Consejo;


5.Instaa los Estados Miembros a que publiquen, para cada categoría de delito para la que se prescribe la pena de muerte y, de ser posible, anualmente, información sobre el uso de la pena de muerte, inclusive el número de condenados a muerte, el número de ejecuciones llevadas a cabo, el número de condenados en espera de ejecución, el número de condenas a muerte revocadas o conmutadas en recurso y el número de casos en que se ha concedido la gracia, y a que incluyan información sobre el grado en que las medidas antes mencionadas han sido incorporadas en la legislación nacional;


6.Recomiendaque el informe del Secretario General sobre la cuestión de la pena capital, que ha de ser presentado al Consejo en 1990, en cumplimiento de su resolución 1745 (LIV), de 16 de mayo de 1973, abarque a partir de ahora la aplicación de las salvaguardias así como el uso de la pena capital;


7.Pideal Secretario General que publique el estudio sobre la cuestión de la pena de muerte y las nuevas contribuciones de las ciencias criminológicas al respecto, preparado en cumplimiento de la sección X de la resolución 1986/10 del Consejo y lo ponga a disposición, con otros documentos pertinentes, del Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.


Resolución 1996/15 del Consejo Económico y Social de la ONU, aprobada el 23 de julio de 199629. Resolución 1996/15 del Consejo Económico y Social de la onu, aprobada el 23 de julio de 1996


Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte


El Consejo Económico y Social


Recordandolas resoluciones de la Asamblea General 2857 (XXVI), de 20 de diciembre de 1971, y 32/61, de 8 de diciembre de 1977, y las resoluciones del Consejo Económico y Social 1745 (LIV) de 16 de mayo de 1973, 1930 (LVIII) de 6 de mayo de 1975, 1990/51 de 24 de julio de 1990 y 1995/57 de 28 de julio de 1995,


Recordando asimismoel artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,


Recordando ademáslas salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte, que figuran en el anexo a su resolución 1984/50 de 25 de mayo de 1984, y su resolución 1989/64 de 24 de mayo de 1989, sobre la aplicación de las salvaguardias,


Tomando notadel informe del Secretario General sobre la pena capital y la aplicación de las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte,

Recordando los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, consignados en el anexo de su resolución 1989/65 de 24 de mayo de 1989 y refrendados por la Asamblea General en su resolución 44/162, de 15 de diciembre de 1989, y tomando nota de las recomendaciones del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca de la pena de muerte contenidas en su informe a la Comisión de Derechos Humanos en su 52 período de sesiones,


Tomando notade la resolución 827 (1993) del Consejo de Seguridad, de 25 de mayo de 1993, en la que el Consejo de Seguridad decidió establecer el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitarios cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991 y aprobar el Estatuto del Tribunal Internacional anexo al informe del Secretario General en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolución 808 (1993) del Consejo de Seguridad,


Tomando nota tambiénde la resolución 955 (1994) del Consejo de Seguridad, de 8 de noviembre de 1994, en la que el Consejo de Seguridad decidió establecer el Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y otras graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Ruanda y a ciudadanos de Ruanda responsables de genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994 y aprobar el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda anexo a esa resolución,


1. Toma nota de que, durante el período que abarca el informe del Secretario General sobre la pena capital y la aplicación de las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a muerte, un número creciente de países habían suprimido la pena capital y otros habían adoptado una política de reducir el número de delitos capitales y declaró que no habían condenado a ningún delincuente a esa pena, mientras que otros la habían mantenido y unos pocos la habían introducido nuevamente;


2. Pidea los Estados Miembros en los que la pena de muerte no haya sido abolida que apliquen plenamente las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a muerte, en las que se dice que la pena capital sólo podrá imponerse como sanción para los delitos más graves, entendiéndose que su alcance se limitará a los delitos intencionales que tengan consecuencias fatales u otras consecuencias extremadamente graves;


3. Alientaa los Estados Miembros en los que la pena de muerte no haya sido suprimida a procurar que todo reo en el que pueda recaer la sentencia capital reciba todas las garantías necesarias para asegurar un juicio imparcial, que figuran en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y teniendo presentes los Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura, los Principios Básicos sobre la función de los abogados, las Directrices sobre la función de los fiscales, el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión y las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos;


4. Alienta tambiéna los Estados Miembros en los que no se haya abolido la pena de muerte a que velen por que los reos que no comprendan suficientemente el idioma utilizado en el tribunal sean informados plenamente, por medio de interpretación o traducción, de todos los cargos que pesen contra ellos y del contenido de las pruebas pertinentes objeto de las deliberaciones del tribunal;


5. Exhorta a los Estados Miembros en los que pueda ejecutarse la pena de muerte a que concedan tiempo suficiente para la interposición de recursos de apelación ante un tribunal superior y para el cumplimiento del procedimiento de apelación, así como de peticiones de indulto, con objeto de dar plena aplicación a las reglas 5 y 8 de las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte;


6. Exhorta tambiéna los Estados Miembros en los que pueda ejecutarse la pena de muerte a que velen por que los funcionarios que intervengan en las decisiones de llevar a cabo una ejecución estén perfectamente informados de la situación de los recursos y peticiones de indulto del reo de que se trate;


7. Instaa los Estados Miembros en los que pueda ejecutarse la pena de muerte a que apliquen plenamente las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos con objeto de reducir en lo posible el sufrimiento de los reos condenados a la pena capital a fin de evitar que se exacerben esos sufrimientos.


Resolución 32/61 de la Asamblea General de la ONU del 8 de diciembre de 1977 (selección)210. Resolución 32/61 de la Asamblea General de la onu del 8 de diciembre de 1977 (selección)


La pena capital


La Asamblea General,


Teniendo en cuenta el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el que se afirma el derecho de todo individuo a la vida, y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que también se afirma el derecho a la vida como inherente a la persona humana, . . .


1. Reafirma que, de conformidad con lo establecido en la resolución 2857 (XXVI) de la Asamblea General y en las resoluciones 1574 (L), 1745 (LIV) y 1930 (LVIII) del Consejo Económico y Social, el principal objetivo que debe buscarse en relación con la pena capital es restringir progresivamente el número de delitos por razón de los cuales pueda imponerse la pena capital, con miras a la conveniencia de abolir esa pena;


Resolución 2005/59 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, aprobada el 20 de abril de 2005211. Resolución 1998/8 de la Comisión de Derechos Humanos de la onu,


Cuestión de la pena capital


La Comisión de Derechos Humanos,


Recordandoel artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que afirma el derecho de todos los individuos a la vida, convencida de que la abolición de la pena capital es esencial para la protección de ese derecho, y recordando el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 6 y el apartado adel artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño,


Observandoque el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que no se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte y que cada uno de los Estados Partes adoptará todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su jurisdicción,

Recordandola entrada en vigor, el 1º de julio de 2003, del Protocolo Nº 13 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos), relativo a la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia,


Recordando asimismosus resoluciones anteriores, en las que manifestaba su convicción de que la abolición de la pena de muerte contribuye a realzar la dignidad humana y el desarrollo progresivo de los derechos humanos,


Celebrandola exclusión de la pena capital de las penas que están autorizados a imponer el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Internacional para Rwanda y la Corte Penal Internacional,


Celebrando tambiénla abolición o la restricción de la pena de muerte en algunos Estados desde el último período de sesiones de la Comisión y las decisiones adoptadas en otros Estados que restringen el empleo de la pena de muerte, entre otras cosas, excluyendo de su aplicación a determinadas categorías de personas o delitos,


Elogiandoa los Estados que se han adherido recientemente al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,


Celebrando el hecho de que muchos países que siguen manteniendo la pena capital en su legislación penal suspenden las ejecuciones y celebrando asimismo las iniciativas regionales tendientes al establecimiento de moratorias de las ejecuciones y a la abolición de la pena capital,


Reafirmando asimismolas salvaguardias que garantizan la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte, establecidas en el anexo de la resolución 1984/50 del Consejo Económico y Social, de 25 de mayo de 1984, y las disposiciones relativas a la aplicación de las directrices contenidas en las resoluciones del Consejo 1989/64, de 24 de mayo de 1989 y 1996/15, de 23 de julio de 1996,


Reafirmando ademásla resolución 2000/17 de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, de 17 de agosto de 2000, sobre el derecho internacional y la imposición de la pena capital a los menores de 18 años en el momento de la comisión del delito,


Profundamente preocupadapor la reciente supresión de la moratoria impuesta a las ejecuciones en varios países,


Tomando notadel examen por el Comité de Derechos Humanos de cuestiones relacionadas con la pena de muerte,


Celebrandolos esfuerzos de diversos sectores de la sociedad civil, en los planos nacional e internacional, para obtener la abolición de la pena de muerte,


1. Expresa su preocupaciónpor que se siga utilizando la pena de muerte en el mundo, alarmada en particular por el hecho de que ésta se imponga tras un juicio que no cumple las normas internacionales de equidad, y por que varios países impongan la pena de muerte haciendo caso omiso de las limitaciones fijadas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño, y de las salvaguardias que garantizan la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte;

2. Condenala persistente aplicación de la pena de muerte sobre la base de cualesquiera legislaciones, políticas o prácticas discriminatorias;

3. Condena asimismolos casos en que se ha impuesto a mujeres la pena de muerte en virtud de legislaciones, políticas o prácticas discriminatorias por razones de género, y que se aplique la pena capital a un número desproporcionado de personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas;

4. Celebra el séptimoinforme quinquenal del Secretario General sobre la pena capital y la aplicación de las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte (E/2005/3), presentado de conformidad con las resoluciones del Consejo Económico y Social 1745 (LIV), de 16 de mayo de 1973, y 1995/57, de 28 de julio de 1995, así como la decisión 2004/242 del Consejo, de 21 de julio de 2004, en que se llega a la conclusión de que se observa en la mayoría de los países una tendencia alentadora hacia la abolición de la pena capital y la restricción de su utilización, pero que aún queda mucho por hacer en la aplicación de las mencionadas salvaguardias en los países que la mantienen;

5. Exhortaa los Estados que todavía mantienen la pena de muerte a:

a) Abolir completamente la pena de muerte y, entretanto, establecer una moratoria de las ejecuciones;

b) Limitar progresivamente el número de delitos por los que pueda imponerse la pena de muerte y, como mínimo, no extender su aplicación a delitos a los que no se aplica esa pena actualmente;

c) Poner a disposición del público la información relativa a la imposición de la pena de muerte y a las ejecuciones previstas;

d) Facilitar al Secretario General y a los órganos competentes de las Naciones Unidas información sobre la aplicación de la pena capital y la observancia de las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte;

6. Exhortaa todos los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que todavía no se hayan adherido al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto, destinado a abolir la pena de muerte, ni lo hayan ratificado, a que estudien la posibilidad de hacerlo;

7. Instaa todos los Estados que todavía mantienen la pena de muerte a:

a) No imponerla por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;

b) Excluir de la pena capital a las mujeres embarazadas y a las madres con hijos a cargo;

c) No imponer la pena capital ni ejecutar a ninguna persona que sufra de algún tipo de discapacidad mental o intelectual;

d) No imponer la pena capital salvo en el caso de los más graves delitos y sólo tras la emisión de un fallo definitivo por un tribunal competente, imparcial e independiente y garantizar el derecho a un juicio imparcial y a solicitar el indulto o la conmutación de la pena;

e) Cerciorarse de que todos los procedimientos jurídicos, incluidos los que tienen lugar en tribunales o jurisdicciones especiales, y en particular los procesos por delitos que acarrean la pena capital, cumplan las garantías procesales mínimas contenidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

f) Velar por que el concepto de "más graves delitos" se limite a los delitos intencionales con consecuencia fatales o extremadamente graves y por que no se imponga la pena de muerte por actos no violentos como los delitos financieros, la práctica religiosa o la expresión de convicciones y las relaciones sexuales entre adultos que consienten en el acto, o como pena preceptiva;

g) No formular nuevas reservas en relación con el artículo 6 del Pacto que puedan ser contrarias al objetivo y los propósitos del Pacto y a retirar las reservas ya formuladas, en vista de que en el artículo 6 del Pacto se consagran las normas mínimas para la protección del derecho a la vida y las normas generalmente aceptadas en esta esfera;

h) Observar las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte y cumplir plenamente sus obligaciones internacionales, en particular las contraídas en virtud del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y especialmente el derecho a recibir información sobre la asistencia consular en el contexto de un procedimiento jurídico, según se afirma en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y se confirma en las sentencias recientes pertinentes;

i) Velar por que, cuando se aplique la pena capital, se la ejecute de modo que se inflija el sufrimiento mínimo posible y no sea ejecutada en público ni de ninguna otra manera degradante, y velar por que se ponga fin de inmediato a la aplicación de medios especialmente crueles e inhumanos de ejecución como la lapidación;

j) No ejecutar a ninguna persona mientras esté pendiente cualquier otro procedimiento jurídico conexo en el plano internacional o nacional;

8. Exhortaa los Estados que ya no aplican la pena de muerte pero que la mantienen en su legislación a que procedan a abolirla;

9. Exhortaa los Estados que han suprimido recientemente, o han anunciado la supresión, de hecho o de derecho, de la moratoria impuesta a las ejecuciones, a que se comprometan una vez más a suspender esas ejecuciones;

10. Pide a los Estados que hayan recibido una solicitud de extradición por un delito punible con la pena capital que se reserven expresamente el derecho a denegar la extradición cuando no reciban de las autoridades competentes del Estado solicitante seguridades efectivas de que no se ejecutará la pena capital y exhorta a los Estados a que den esas seguridades en caso de que se les soliciten y a que las respeten;

11. Pideal Secretario General que presente a la Comisión, en su 62º período de sesiones, en consulta con los gobiernos, los organismos especializados y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, un suplemento anual de su informe quinquenal sobre la pena capital y la aplicación de las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a muerte, prestando especial atención a la imposición de la pena de muerte a personas que en el momento de cometer el delito tenían menos de 18 años o a personas que sufren algún tipo de discapacidad mental o intelectual;

12. Decideseguir examinando la cuestión en su 62º período de sesiones en relación con el mismo tema del programa.


Convenios de Ginebra y Protocolos Adicionales (selecciones)212. Convenios de Ginebra y Protocolos Adicionales (selecciones)


Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio III)


Artículo 100

Se informará a los prisioneros de guerra y a las Potencias protectoras, tan pronto como sea posible, acerca de las infracciones punibles con la pena de muerte en virtud de la legislación de la Potencia detenedora.


Después, ninguna infracción podrá castigarse con la pena de muerte sin el asenso de la Potencia de la que dependan los prisioneros.


No podrá dictarse la pena de muerte contra un prisionero más que si se ha llamado especialmente la atención del tribunal, de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo, sobre el hecho de que el acusado, por no ser súbdito de la Potencia detenedora, no tiene para con ella ningún deber de fidelidad y de que está en su poder por circunstancias ajenas a su propia voluntad.


Artículo 101


Si se dicta la pena de muerte contra un prisionero de guerra, no se ejecutará la sentencia antes de haber expirado un plazo de, por lo menos, seis meses a partir del momento en que la notificación detallada prevista en el artículo 107 haya llegado a la Potencia protectora a la dirección indicada..


Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV)


Artículo 68


Cuando una persona protegida cometa una infracción únicamente para perjudicar a la Potencia ocupante, pero si tal infracción no implica atentado a la vida o a la integridad corporal de los medios de las fuerzas o de la administración de ocupación, si no origina un serio peligro colectivo y si no atenta gravemente contra los bienes de las fuerzas o de la administración de ocupación o contra las instalaciones por ellas utilizadas, esa persona es punible de internamiento o de simple encarcelamiento, entendiéndose que la duración del internamiento o del encarcelamiento será proporcionada a la infracción cometida. Además, el internamiento o el encarcelamiento será la única medida privativa de libertad que pueda tomarse, por lo que respecta a tales infracciones, contra las personas protegidas. Los tribunales previstos en el artículo 66 del presente Convenio podrán convertir libremente el castigo de prisión en internamiento de la misma duración.


En las disposiciones de índole penal promulgadas por la Potencia ocupante de conformidad con los artículos 64 y 65 no se puede prever la pena de muerte con respecto a las personas protegidas más que en los casos en que éstas sean culpables de espionaje, de actos graves de sabotaje contra las instalaciones militares de la Potencia ocupante o de infracciones internacionales que causen la muerte de una o varias personas, y a condición de que, en la legislación del territorio ocupado, vigente antes del comienzo de la ocupación, se prevea la pena de muerte en tales casos.

No podrá dictarse sentencia de muerte contra una persona protegida más que después de haber llamado la atención del tribunal, en particular acerca del hecho de que el acusado, por no ser súbdito de la Potencia ocupante, no está obligado con respecto a ella por deber alguno de fidelidad.


En ningún caso podrá dictarse sentencia de muerte contra una persona protegida cuya edad sea de menos de dieciocho años cuando cometa la infracción.


Artículo 75


En ningún caso podrá negarse a los condenados a muerte el derecho de solicitar el indulto.


No se ejecutará ninguna sentencia de muerte antes de que expire un plazo de, por lo menos seis meses a partir del momento en que la Potencia protectora haya recibido la comunicación de la sentencia definitiva confirmando la condena de muerte o la decisión de denegar el indulto.


Este plazo de seis meses podrá abreviarse en ciertos casos concretos, cuando de circunstancias graves y críticas resulte que la seguridad de la Potencia ocupante o de sus fuerzas armadas esté expuesta a una amenaza organizada; la Potencia protectora recibirá siempre notificación de tal reducción de plazo y tendrá siempre la posibilidad de dirigir a tiempo solicitudes a las autoridades de ocupación competentes acerca de tales condenas a muerte.


Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949


Artículo 3común


En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:


1) Las personas que no participen en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.


A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:


[...] (d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.



Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I)


Artículo 76(3)


En toda la medida de lo posible, las Partes en conflicto procurarán evitar la imposición de la pena de muerte a las mujeres encintas o a las madres con niños de corta edad a su cargo por delitos relacionados con el conflicto armado. No se ejecutará la pena de muerte impuesta a esas mujeres por tales delitos.


Artículo 77(5)


No se ejecutará la pena de muerte impuesta por una infracción cometida en relación con el conflicto armado a personas que, en el momento de la infracción, fuesen menores de dieciocho años.


Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)


Artículo 6(4)


No se dictará la pena de muerte contra las personas que tuvieren menos de 18 años de edad en el momento de la infracción ni se ejecutará en las mujeres encintas ni en las madres de niños de corta edad.

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(1) William A. Schabas, director del Centro Irlandés para los Derechos Humanos, ha comentado que estas "dos importantes referencias a la abolición" se añadieron al borrador del texto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuando se encontraba en fase de estudio ante la Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales (Tercera Comisión) de la Asamblea General de la ONU. La referencia en el artículo 6.2 "indicaba no sólo la existencia de países abolicionistas, sino también la orientación que la evolución del derecho penal debía tomar", mientras que la referencia del artículo 6.6 "fijaba un objetivo para los Estados Partes en el Pacto. Los travaux préparatoires indican que estos cambios fueron el resultado directo de los esfuerzos por incluir una postura plenamente abolicionista en el Pacto. Representaban una intención [...] de expresar el deseo de abolir la pena de muerte, y un compromiso por parte de los Estados Partes de desarrollar progresivamente una legislación penal nacional orientada a la abolición de la pena capital". (William A. Schabas, The Abolition of the Death Penalty in International Law, segunda edición, Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido, 1997, p. 73.)



(2) Amnistía Internacional, Prohibiciones constitucionales de la pena de muerte, Índice AI: ACT 50/009/2005, de abril de 2005.



(3) Makwanyane and Mcbunu v. The State, párrafos 95, 146.



(4) En 1998 el Parlamento sudafricano suprimió la pena capital de la legislación del país de acuerdo con la Ley de Enmienda del Código Penal.



(5) En febrero de 2000, el Parlamento ucraniano suprimió la pena capital del Código Penal.



(6) Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Soering contra Reino Unido (1/1989/161/217), sentencia, Estrasburgo, 7 de julio de 1989, párrafo 104. El artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíbe la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes.



(7) Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Armenia, doc. ONU A/56/44, del 17 de noviembre de 2000, párrafo 39(g). El artículo 16 de la Convención requiere que los Estados Partes se comprometan a evitar las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes en sus respectivos territorios.



(8) Observación general al artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobada el 27 de julio de 1982, párrafo 6 (Encontrarán extractos de la misma en el Anexo 3).



(9) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Guinea Ecuatorial, doc. ONU CCPR/CO/79/GNQ, del 30 de julio de 2004, párrafo 4.



(10) Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura: Estonia, doc. ONU CAT/C/CR/29/5, del 23 de diciembre de 2002, párrafo 4(b); Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Armenia, doc. ONU A/56/44, del 17 de noviembre de 2000, párrafo 35(b).



(11) Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: Informe del Relator Especial..., doc. ONU E/CN.4/1997/60, del 24 de diciembre de 1996, párrafo 79.



(12) Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: Nota del Secretario General, doc. ONU A/51/457, del 7 de octubre de 1996, párrafo 145.



(13) El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda se constituyeron en virtud de las resoluciones 825 y 955 del Consejo de Seguridad de la ONU, del 25 de mayo de 1993 y el 8 de noviembre de 1994, respectivamente.



(14) Resolución 58/165 del 22 de diciembre de 2003, aprobada sin votación. Véase también la Resolución 2004/069 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, del 21 de abril de 2004.



(15) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Kenya, doc. ONU CCPR/CO/83/KEN, del 29 de abril de 2005, párrafo 13.



(16) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Serbia y Montenegro, doc. ONU CCPR/CO/81/SEMO, del 12 de agosto de 2004, párrafo 6.



(17) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Malí, doc. ONU CCPR/CO/77/MLI, del 16 de abril de 2003, párrafo 5.



(18) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: República Kirguisa, doc. ONU CCPR/CO/69/KGZ, del 24 de julio de 2000, párrafo 8.



(19) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Kenya, doc. ONU CCPR/CO/83/KEN, del 29 de abril de 2005, párrafo 13.



(20) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Viet Nam, doc. ONU CCPR/CO/75/VNM, del 26 de julio de 2002, párrafo 7.



(21) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Perú, doc. ONU CCPR/C/79/Add.67, del 25 de julio de 1996, párrafo15.



(22) Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: Informe del Relator Especial.., doc. ONU E/CN.4/1994/7, del 7 de diciembre de 1993, párrafo 677.



(23) Extrajudicial, summary or arbitrary executions: Report by the Special Rapporteur..., doc. ONU E/CN.4/1996/4, del 25 de enero de 1996, párrafo 544.



(24) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: República Árabe de Siria, doc. ONU CCPR/CO/84/SYR, párrafo 7.



(25) Statement by the High Commissioner for Human Rights, 4 de febrero de 1998, comunicado de prensa de la ONU.



(26) Véanse también el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 7.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.



(27) Véase también el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.



(28) Observación general 6 al artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobada el 27 de julio de 1982, párrafo 7.



(29) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Jamahiriya Árabe Libia, doc. ONU CCPR/C/79/Add.101, del 6 de noviembre de 1998, párrafo 8. El Comité también ha expresado su preocupación por la posibilidad de castigar con la pena de muerte delitos relacionados con la droga (Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Kuwait, doc. ONU CCPR/CO/69/KWT, del 27 de julio de 2000, párrafo 8).



(30) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Sudán, doc. ONU CCPR/C/79/Add.85, del 19 de noviembre de 1997, párrafo 8.



(31) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Jamahiriya Árabe Libia, doc. ONU CCPR/C/79/Add.101, del 6 de noviembre de 1998, párrafo 8. En relación con la restricción de la pena de muerte a los "más graves delitos", el Comité ha expresado, en particular, su preocupación por unas "categorías de delitos muy vagamente definidas que se relacionan con la seguridad interna y externa" (Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Kuwait, doc. ONU CCPR/CO/69/KWT, del 27 de julio de 2000, párrafo 8); por la excesiva ambigüedad de la definición de los delitos de oposición al orden y violaciones de la seguridad nacional (Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Viet Nam, doc. ONU CCPR/CO/75/VNM, del 26 de junio de 2002, párrafo 7); y por el hecho de que los "delitos políticos [...] se tipifican en términos tan vagos que la imposición de la pena de muerte puede basarse en criterios fundamentalmente subjetivos" (Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: República Popular Democrática de Corea, doc. ONU CCPR/CO/72/PRK, del 27 de agosto de 2001, párrafo 13).



(32) El Comité de Derechos Humanos se ha referido a "delitos [...] como el robo con violencia o la tentativa de robo con violencia, que no constituyen ‘más graves delitos' en el sentido del párrafo 2 del artículo 6 del Pacto" (Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Kenya, doc. ONU CCPR/CO/83/KEN, del 29 de abril de 2005, párrafo 13).



(33) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Guatemala, doc. ONU CCPR/CO/72/GTM, del 27 de agosto de 2001, párrafo 17.



(34) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Sudán, doc. ONU CCPR/C/79/Add.85, del 19 de noviembre de 1997, párrafo 8.



(35) Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: Informe del Relator Especial..., doc. ONU E/CN.4/1997/60, del 24 de diciembre de 1996, párrafo 91.



(36) Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: Informe de la Relatora Especial..., doc. ONU E/CN.4/1999/39, del 6 de enero de 1999, párrafo 63.



(37) Observación general 24 sobre cuestiones relacionadas con las reservas formuladas con ocasión de la ratificación del Pacto o de sus Protocolos Facultativos, o de la adhesión a ellos, o en relación con las declaraciones hechas de conformidad con el artículo 41 del Pacto, aprobada el 4 de noviembre de 1994, párrafo 8.



(38) Si desean más información sobre este asunto, consulten el documento de Amnistía Internacional La exclusión de los menores de la pena de muerte con arreglo al derecho internacional general, Índice AI: ACT 50/004/2003, de julio de 2003.



(39) Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: Informe del Relator Especial..., doc. ONU E/CN.4/1994/7, del 7 de diciembre de 1993, párrafo 686.



(40) Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: Informe del Relator Especial..., doc. ONU E/CN.4/1998/68, del 23 de diciembre de 1997, párrafo 117.



(41) Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: Nota del Secretario General, doc. ONU A/55/288, del 11 de agosto de 2000, párrafo 32.



(42) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: República Kirguisa, doc. ONU CCPR/CO/69/KGZ, del 24 de julio de 2000, párrafo 8.



(43) Pagdayawon Rolando c. Filipinas, Dictamen del Comité de Derechos Humanos… Comunicación Nº 1110/2002, doc. ONU CCPR/C/82/D/1110/2002, del 8 de diciembre de 2004, párrafo 5.2. El artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos proclama el derecho a la vida y prohíbe la privación arbitraria de la vida.



(44) Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: Informe de la Relatora Especial..., doc. ONU E/CN.4/1999/39, del 6 de enero de 1999, párrafo 63.



(45) Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: Informe del Relator Especial..., doc. ONU E/CN.4/2005/7, del 22 de diciembre de 2004, párrafo 80.



(46) Maryam Khalilova contra Tayikistán, Dictamen del Comité de Derechos Humanos… Comunicación Nº 973/2001, doc. ONU CCPR/C/83/D/973/2001, del 13 de abril de 2005, párrafo 7.6.



(47) Barno Saidova contra Tayikistán, Dictamen del Comité de Derechos Humanos… Comunicación Nº 964/2001, doc. ONU CCPR/C/81/D/964/2001, del 20 de agosto de 2004, párrafos 6.8 y 6.9, en los que se refieren, entre otros hechos, que no se informó a-l acusado de su derecho a estar representado por un abogado desde el momento de su detención, que no fue representado por un abogado de su elección y que su abogado se ausentó con frecuencia durante el juicio; Ramil Rayos contra Filipinas, Dictamen del Comité de Derechos Humanos … Comunicación Nº 1167/2003, doc. ONU CCPR/C/81/D/1167/2003, del 7 de septiembre de 2004, párrafo 7.3, donde se indica que el acusado no dispuso del tiempo suficiente para preparar su defensa y comunicarse con su abogado defensor; Karina Arutyunyan contra Uzbekistán, Dictamen del Comité de Derechos Humanos … Comunicación Nº 917/2000, del 13 de mayo de 2004, párrafos 6.3 y 6.4, en los que se refiere que el acusado no pudo comunicarse en privado con su abogado; Daphne Smarttcontra Guyana, Dictamen del Comité de Derechos Humanos… Comunicación Nº 867/1999, doc. ONU CCPR/C/81/D/867/1999, del 19 de agosto de 2004, párrafos 6.3 y 6.4, referentes a la falta de representación legal durante las vistas previas al juicio.



(48) Oral Hendricks contra Guyana, Dictamen del Comité de Derechos Humanos… Comunicación Nº 838/1998, doc. ONU CCPR/C/76/D/838/1998, del 20 de diciembre de 2002, párrafos 6.3 y 7.



(49) Safarmo Kurbanova contra Tayikistán, Dictamen del Comité de Derechos Humanos… Comunicación Nº 1096/2002, doc. ONU CCPR/C/79/D/1096/2002, del 12 de noviembre de 2003, párrafos 7.6 y 7.7. El Comité apuntó la "falta de información por el Estado Parte que justifique el proceso ante un tribunal militar". El acusado había sido acusado de asesinato.



(50) Rookmin Mulai v. Guyana, Views of the Human Rights Committee… Comunicación Nº 811/1998, doc. ONU CCPR/C/81/D/811/1998, del 18 de agosto de 2004, párrafos 6.1-6.3.



(51) Saodat Khomidova c. Tayikistán, Dictamen del Comité de Derechos Humanos… Comunicación Nº 1117/2002, doc. ONU CCPR/C/81/D/1117/2002, del 25 de agosto de 2004, párrafos 6.5 y 7.



(52) Saodat Khomidova contra Tayikistán, Dictamen del Comité de Derechos Humanos… Comunicación Nº 1117/2002, doc. ONU CCPR/C/81/D/1117/2002, del 25 de agosto de 2004, párrafos 6.5 y 7. Ante el tribunal, el abogado defensor había solicitado que un médico examinara al acusado para evaluar las lesiones que sufrió como resultado de las torturas a las que había sido sometido para que se confesara culpable, pero "[l]a jueza denegó la petición sin ofrecer ninguna razón al respecto". El Comité también consideró que se había violado el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en un caso relacionado con la pena de muerte en el que no se respetó la presunción de inocencia (Irina Arutyuniantz contra Uzbekistán, Dictamen del Comité de Derechos Humanos… Comunicación Nº 971/2001, doc. ONU CCPR/C/83/D/971/2001, del 13 de abril de 2005, párrafo 6.6).



(53) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Trinidad y Tabago, doc. ONU CCPR/CO/70/TTO, del 3 de noviembre de 2000, párrafo 7.



(54) Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: Informe de la Relatora Especial..., doc. ONU E/CN.4/2001/9, del 11 de enero de 2001, párrafo 95 .



(55) Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: Informe de la Relatora Especial..., doc. ONU E/CN.4/2001/9, del 11 de enero de 2001, párrafo 86.



(56) Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: Informe del Relator Especial.., doc. ONU E/CN.4/1997/60, del 24 de diciembre de 1996, párrafo 81.



(57) Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: Informe del Relator Especial..., doc. ONU E/CN.4/2005/7, del 22 de diciembre de 2004, párrafo 88.



(58) Véanse también el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 2 del Protocolo núm. 7 al Convenio Europeo de Derechos Humanos.



(59) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Uganda, doc. ONU CCPR/CO/80/UGA, del 4 de mayo de 2004, párrafo 13.



(60) Maryam Khalilova contra Tayikistán, Dictamen del Comité de Derechos Humanos … Comunicación Nº 973/2001, doc. ONU CCPR/C/83/D/973/2001, del 13 de abril de 2005, párrafos 7.5 y 7.6.



(61) Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: Informe del Relator Especial.., doc. ONU E/CN.4/1997/60, del 24 de diciembre de 1996, párrafo 82.



(62) Véase también el artículo 4.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.



(63) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Uganda, doc. ONU CCPR/CO/80/UGA, del 4 de mayo de 2004, párrafo 13.



(64) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Yemen, doc. ONU CCPR/CO/75/YEM, del 26 de julio de 2002, párrafo 15.



(65) Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: Informe de la Relatora Especial..., doc. ONU E/CN.4/2001/9, del 11 de enero de 2001, párrafo 88.



(66) Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: Informe de la Relatora Especial..., doc. ONU E/CN.4/1998/68, del 23 de diciembre de 1997, párrafo 118.



(67) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Japón, doc. ONU CCPR/C/79/Add.102, del 19 de noviembre de 1998, párrafo 21.

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(68) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Uzbekistán, doc. ONU CCPR/CO/71/UZB, del 26 de abril de 2001, párrafo 10.



(69) Safarmo Kurbanova v. Tajikistan, Views of the Human Rights Committee… Comunicación Nº 1096/2002, doc. ONU CCPR/C/79/D/1096/2002, del 12 de noviembre de 2003, párrafo 7.8.



(70) Extrajudicial, summary or arbitrary executions: Report by the Special Rapporteur.., doc. ONU E/CN.4/1996/4, del 25 de enero de 1996, párrafo 556. Véanse también el artículo 101 del Tercer Convenio de Ginebra de 1949 y el artículo 75 del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949.



(71) Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: Informe del Relator Especial..., doc. ONU E/CN.4/1998/68, 23 de diciembre de 1997, párrafo 118.



(72) Debe entenderse que esta disposición no sólo se aplicará a los recursos interpuestos ante tribunales nacionales, sino también a la revisión realizada por organismos internacionales como pueden ser el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Véase también el artículo 4.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.



(73) Ashby contra Trinidad y Tobago, Dictamen del Comité de Derechos Humanos … Comunicación Nº 580/1994, doc. ONU CCPR/C/74/D/580/1994, párrafo 10.8.



(74) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Uzbekistán, doc. ONU CCPR/CO/83/UZB, del 26 de abril de 2005, párrafo 6; Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Tayikistán, doc. ONU CCPR/CO/84/TJK, del 18 de julio de 2005, párrafo 8. Véase también Ashby contra Trinidad y Tobago, Dictamen del Comité de Derechos Humanos… Comunicación Nº 580/1994, doc. ONU CCPR/C/74/D/580/1994, párrafo 10.10.



(75) Extrajudicial, summary or arbitrary executions: Report by the Special Rapporteur..., doc. ONU E/CN.4/1996/4, del 25 de enero de 1996, párrafo 556.



(76) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Japón, doc. ONU CCPR/C/79/Add.102, del 19 de noviembre de 1998, párrafo 21.



(77) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Yemen, doc. ONU CCPR/CO/84/YEM, del 9 de agosto de 2005, párrafo 15.



(78) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Nigeria, doc. ONU CCPR/C/79/Add.65, del 24 de julio de 1996, párrafo 16.



(79) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: República Popular Democrática de Corea, doc. ONU CCPR/CO/72/PRK, del 27 de agosto de 2001, párrafo 13.



(80) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Jamahiriya Árabe Libia, doc. ONU CCPR/C/79/Add.101, del 6 de noviembre de 1998, párrafo 8; Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: República Árabe Siria, doc. ONU CCPR/CO/71/SYR, del 24 de abril de 2001, párrafo 8.



(81) Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: Informe del Relator Especial..., doc. ONU E/CN.4/2005/7, del 22 de diciembre de 2004, párrafo 87.





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