Document - The exclusion of child offenders from the death penalty under general international law


[Embargado hasta el 18 de julio de 2003]


Público

Amnistía Internacional


La exclusión de los menores de la pena de muerte con arreglo al derecho internacional general


Julio de 2003

Resumen

Índice AI: ACT 50/004/2003/s


En octubre de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que Aha surgido una norma del derecho internacional consuetudinario que prohíbe la ejecución de delincuentes menores de 18 años en momentos de cometer el delito@y que Aésta ha sido reconocida como una norma de carácter suficientemente inalienable como para constituir una norma de jus cogens@. En este documento se analizan los hechos que apoyan la conclusión de que la aplicación de la pena de muerte a menores (personas que han sido condenadas por delitos que cometieron siendo menores de 18 años) está prohibida por el derecho consuetudinario internacional y como norma imperativa del derecho internacional general (jus cogens).


Este texto resume el documento titulado La exclusión de los menores de la pena de muerte con arreglo al derecho internacional general (Índice AI: ACT 50/004/2003/s), publicado por Amnistía Internacional en julio de 2003. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en <http://www.amnesty.org> y nuestros comunicados de prensa se pueden recibir por correo electrónico: <http://www.amnesty.org/news/emailnws.htm>. Para los documentos traducidos al español consulten la sección "centro de documentación" de las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro/>.




SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA


[EMBARGADO HASTA EL 18 DE JULIO DE 2003]

Público



Amnistía Internacional



La exclusión de los menores de la pena de muerte con arreglo al derecho internacional general






ÍNDICE


La exclusión de los menores delincuentes de la pena de muerte con arreglo al derecho internacional general 1






La exclusión de los menores delincuentes de la pena de muerte con arreglo al derecho internacional general


El abrumador consenso internacional respecto a la no aplicación de la pena de muerte a menores procede del reconocimiento de que los jóvenes, debido a su inmadurez, pueden no comprender las consecuencias de sus actos y, por tanto, deben beneficiarse de sanciones menos severas que las que se aplican a los adultos. Y, lo que es más importante, refleja el convencimiento de que los jóvenes son más susceptibles de cambiar y, por consiguiente, tienen más posibilidades de rehabilitarse que los adultos.

Mary Robinson, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en agosto de 20021


En octubre de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que Aha surgido una norma del derecho internacional consuetudinario que prohíbe la ejecución de delincuentes menores de 18 años en momentos de cometer el delito@y que Aésta ha sido reconocida como una norma de carácter suficientemente inalienable como para constituir una norma de jus cogens@. En este documento se analizan los hechos que apoyan la conclusión de que la aplicación de la pena de muerte a menores2 está prohibida por el derecho consuetudinario internacional y como norma imperativa del derecho internacional general (jus cogens).3


1. Tratados internacionales

La comunidad internacional de Estados ha adoptado cuatro tratados de derechos humanos de ámbito regional o mundial que excluyen expresamente a los menores de la pena de muerte.4 Varios tratados de derecho internacional humanitario también prohíben aplicar la pena de muerte a menores. (Las disposiciones pertinentes de los tratados aparecen reproducidas en el Apéndice 1 de este documento.)



Prácticamente todos los Estados son partes en uno o más de estos cuatro tratados de derechos humanos. Sólo un Estado cuya legislación permite actualmente aplicar la pena de muerte a menores, Estados Unidos, ha formulado una reserva específica a las disposiciones de tales tratados en relación con la exclusión de los menores de la pena de muerte (véase infra).


  • Había 192 Estados Partes en la Convención sobre los Derechos del Niño a fecha de 1 de junio de 2003. Además, Somalia y Estados Unidos han firmado la Convención, lo que indica su intención de convertirse en Estados Partes en una fecha posterior. Ningún Estado Parte ha formulado una reserva expresa a la disposición contenida en el artículo 37.a de la Convención, que excluye a los menores de la pena de muerte.5


  • Había 149 Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) a fecha de 1 de junio de 2003. Sólo uno de ellos, Estados Unidos, ha formulado una reserva específica a la disposición contenida en el artículo 6.5 del Pacto que excluye a los menores de la pena de muerte.

  • Había 30 Estados Partes en la Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño a fecha de 1 de mayo de 2003. No se sabe de ningún Estado Parte que haya formulado reservas a la disposición pertinente de este tratado.


  • Había 24 Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos a fecha de 1 de junio de 2003. Ningún Estado Parte cuya legislación contempla actualmente la imposición de la pena de muerte a menores ha formulado reservas a la disposición pertinente de este tratado.6


Prácticamente todos los Estados del mundo C194 en totalCson actualmente partes en uno u otro de los citados tratados.7Sólo un Estado cuya legislación permite actualmente aplicar la pena de muerte a menores, Estados Unidos, ha formulado una reserva específica a las disposiciones de estos tratados en relación con la exclusión de los menores de la pena de muerte, y otros 11 Estados Partes han presentado objeciones a la reserva estadounidense (véase infra). En particular, de los 117 Estados que mantienen la pena de muerte en su legislación al menos para algunos delitos, todos menos uno CEstados UnidosCse han convertido en Estados Partes de uno u otro de estos tratados sin formular ninguna reserva a las disposiciones pertinentes (véase el Apéndice 2 de este documento).8Por lo tanto, sólo uno, Estados Unidos, en virtud de su reserva al artículo 6.5 del PIDCP, reclama para sí mismo el derecho a ejecutar a menores dentro de los límites de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.


Los tratados de derecho internacional humanitario también han sido ratificados por numerosos Estados. A fecha de 1 de junio de 2003 había 191 Estados Partes en el cuarto Convenio de Ginebra, del 12 de agosto de 1949, así como 161 Estados Partes en el primer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra y 156 Estados Partes en el segundo Protocolo Adicional. Ningún Estado Parte ha formulado reservas a las disposiciones contenidas en estos tratados que excluyen a los menores de la pena de muerte.9

2. Objeciones a la reserva de Estados Unidos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos


Al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) el 8 de junio de 1992, Estados Unidos formuló la siguiente reserva: Alos Estados Unidos se reservan el derecho, con sujeción a sus limitaciones constitucionales, de imponer la pena capital a cualquier persona (excepto las mujeres embarazadas) condenada en buena y debida forma con arreglo a las leyes vigentes o futuras que permitan la imposición de la pena capital, incluido el castigo de delitos cometidos por personas menores de 18 años de edad@.


Otros 11 Estados Partes CAlemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal y SueciaCformularon objeciones a la reserva estadounidense. Alemania afirmó que Aesta disposición es incompatible con el texto, así como con el objeto y el propósito del artículo 6 [del PIDCP], el cual, como expone claramente el párrafo 2 del artículo 4, fija las normas mínimas para la protección del derecho a la vida@. Bélgica, los Países Bajos y Portugal hicieron declaraciones semejantes. Varios Estados más afirmaron que el derecho a la vida, protegido por el artículo 6, es uno de los derechos humanos más elementales y que, según el artículo 4.2 del Pacto, no está permitida la derogación del artículo 6.10


Tras someter a consideración el informe inicial presentado por Estados Unidos de conformidad con el artículo 40 del PIDCP, el Comité de Derechos Humanos Corganismo establecido para velar por el cumplimiento del tratadoCseñaló en abril de 1995 que estaba Aespecialmente preocupado por las reservas expresadas con respecto al párrafo 5 del artículo 6 [...] del Pacto, que a su juicio son incompatibles con el objetivo y la finalidad de éste@, y recomendaba que Estados Unidos reconsiderase Asus reservas, declaraciones e interpretaciones a fin de retirarlas, en particular las reservas al párrafo 5 del artículo 6 [...] del Pacto@.11Además, el Comité deploró que en algunos estados del país existieran disposiciones legales que permitían castigar con la muerte delitos cometidos por menores de edad, así como los casos en que efectivamente se han dictado y ejecutado sentencias de ese tipo (véase Apéndice 3 de este documento).

3. Acción de los organismos intergubernamentales


Las organizaciones intergubernamentales han solicitado en repetidas ocasiones que los sean excluidos de la pena de muerte. También han afirmado que la aplicación de la pena capital a menores es contraria al derecho consuetudinario internacional. Varias de las resoluciones pertinentes se han adoptado sin votación, señal de que existe entre los Estados un firme consenso en que sus disposiciones deben ser observadas.


  • En su resolución 35/172 del 15 de diciembre de 1980 sobre ejecuciones arbitrarias o sumarias, la Asamblea General de la ONU instaba a los Estados miembros interesados a que A[r]espeten como norma mínima el contenido de las disposiciones de los artículos 6, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, cuando sea necesario, revisen sus reglamentaciones y prácticas jurídicas a fin de garantizar los procedimientos legales más estrictos y las mayores garantías posibles a los acusados en casos de pena capital@ (párr. 1.a). La Resolución 35/172 fue aprobada sin votación.


  • En 1984, el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) adoptó las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte. La salvaguardia 3 de este instrumento establece lo siguiente: ANo serán condenados a muerte los menores de 18 años en el momento de cometer el delito [...]@. Las Salvaguardias del ECOSOC fueron apoyadas por la Asamblea General de la ONU mediante la Resolución 39/118 del 14 de diciembre de 1984, aprobada sin votación.


  • La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha solicitado en repetidas ocasiones que los menores sean excluidos de la pena de muerte. Desde 2002 así lo ha hecho, mediante resoluciones referidas a cuatro asuntos diferentes al menos. Dos de las resoluciones se han aprobado sin votación.12


  • En agosto de 2000, la Subcomisión de la ONU para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos aprobó una resolución que decía así: Ala imposición de la pena capital a personas menores de dieciocho 18 años en el momento de la comisión del delito es contraria al derecho internacional consuetudinario@ e invitaba a Comisión de Derechos Humanos a ratificar tal aseveración.13 En abril de 2003, la Comisión de Derechos Humanos Areafirmó@ la resolución 2000/17 de la Subcomisión Asobre el derecho internacional y la imposición de la pena capital a los menores de 18 años en el momento de la comisión de delitos@.14

  • Las normas mínimas de la Unión Europea sobre la pena de muerte, aprobadas por el Consejo de la Unión Europea el 3 de junio de 1998, afirman que A[e]n caso de que los Estados insistan en mantener la pena de muerte, la UE cree que es importante que se cumplan las siguientes normas mínimas: [...] iii) No podrá imponerse la pena capital a: [...] las personas que no hayan cumplido los 18 años en el momento de la comisión del delito@. Estas directrices establecen que Acuando la Unión Europea tenga conocimiento de casos individuales de condenas a muerte que violen las normas mínimas, se planteará la posibilidad de llevar a cabo iniciativas concretas@.15

4. Legislación nacional


Muchos países que mantienen la pena de muerte en su legislación contienen disposiciones en sus leyes que excluyen a los menores de la pena de muerte.


Un estudio mundial de Amnistía Internacional sobre las leyes nacionales relativas a la pena de muerte indicaba que, a mediados de 1988, al menos 72 de los 145 países y territorios que mantenían entonces la pena de muerte en su legislación al menos para algunos delitos Cprácticamente la mitad de esos paísesCtenían disposiciones jurídicas que excluían expresamente de su aplicación a los menores. De otros 12 países se podía suponer que excluían la imposición de la pena de muerte a menores en virtud de su adhesión al PIDCP o a la Convención Americana sobre Derechos Humanos sin haber formulado reservas a las disposiciones pertinentes de estos tratados. Así pues, era presumible que 84 de los 145 países y territorios que entonces mantenían la pena de muerte Cmás de la mitadCexcluían de su aplicación a los menores como una cuestión de derecho.16


En cambio, a mediados de 1988 se tenía conocimiento de unos 20 países que fijaban ese límite en edades inferiores a los 18 años o no establecían ningún límite.17De estos países, todos salvo Estados Unidos han ratificado desde entonces la Convención sobre los Derechos del Niño, y la mayoría también son Estados Partes en el PIDCP, la Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño o la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dos de esos 20 países, Barbados y China, han elevado a 18 años la edad mínima, al igual que Pakistán y Yemen; uno (Chipre) ha abolido la pena de muerte para todos los delitos, y cinco son clasificados por Amnistía Internacional como países abolicionistas sólo para los delitos comunes (Chile, Israel) o abolicionistas en la práctica (República del Congo, Gambia y Tonga).18


En Estados Unidos desde 1995, dos estados, Indiana y Montana, han elevado la edad mínima para la imposición de la pena de muerte a los 18 años en el momento de cometer el delito. De los 38 estados cuya legislación permite actualmente imponer la pena capital, 16 excluyen de su aplicación a los menores, al igual que las leyes federales.19Ningún estado ha rebajado la edad mínima desde que se reanudaron las ejecuciones en el país en 1977.20

5. Práctica nacional


Amnistía Internacional hace un seguimiento de las ejecuciones llevadas a cabo en todo el mundo y publica datos anuales. Aunque necesariamente son incompletos, ya que muchas ejecuciones se siguen realizando en secreto y algunos países no dan a conocer los datos de que disponen, los de Amnistía Internacional constituyen la documentación más completa sobre el uso de la pena de muerte en el mundo que se hace pública.


Como demuestra la tabla que reproducimos a continuación, los datos de Amnistía Internacional señalan que las ejecuciones de menores documentadas (entre 0 y 6 al año desde 1990) son muy pocas, sobre todo si se comparan con el número total de ejecuciones registradas anualmente, que, desde 1990, han variado desde 1.457 (en el año 2000) hasta 4.272 (en 1996). El número de países que, según informes, han ejecutado a menores también es reducido (entre 0 y 4 al año) en comparación con el número total de países que han llevado a cabo ejecuciones (desde 1990, esta cifra ha variado desde un mínimo de 26 en 1990 hasta un máximo de 41 en 1995).21


Tabla: Ejecuciones de menores documentadas desde 1990 (a fecha de 1 de junio de 2003)22



Año


Ejecuciones documentadas

de menores


Total de ejecuciones documentadas en el mundo


Países que ejecutan a menores (número de ejecuciones documentadas)



1990



2



2029



Irán (1), Estados Unidos (1)



1991



0



2086






1992



6



1708


Irán (3), Pakistán (1), Arabia Saudí (1), Estados Unidos (1)



1993



5



1831



Estados Unidos (4), Yemen (1)



1994



0



2331






1995



0



3276






1996



0



4272






1997



2



2607



Nigeria (1), Pakistán (1)



1998



3



2258



Estados Unidos (3)



1999



2



1813



Irán (1), Estados Unidos (1)



2000



6



1457



República Democrática del Congo (1), Irán (1), Estados Unidos (4)



2001



3



3048



Irán (1), Pakistán (1), Estados Unidos (1)



2002



3



1526



Estados Unidos (3)



2003



1 (hasta la fecha)






Estados Unidos (1 hasta la fecha)

En los nueve años transcurridos entre 1994 y 2002, Amnistía Internacional documentó 19 ejecuciones de menores en cinco países, un reducido porcentaje del total mundial de 22.588 ejecuciones documentadas en 70 países en el mismo periodo. Otra ejecución más se llevó a cabo en abril de 2003, lo que elevó a 20 el número de ejecuciones de menores documentadas desde 1994. De ellas, 13 se realizaron en Estados Unidos.23


De los siete países que han ejecutado a menores desde 1990, dos CPakistán y YemenCya han elevado a 18 años la edad mínima en su legislación. Arabia Saudí ha afirmado que no impone la pena capital a Apersonas que no hayan alcanzado la mayoría de edad@(traducción no oficial; véase infra), y no hay noticia de que las autoridades hayan ejecutado a un solo delincuente menor de edad desde 1992. Se han recibido esporádicamente informes sobre tales ejecuciones en Irán, pero este país ha negado que ejecute a menores (véase infra). Las dos ejecuciones documentadas en Nigeria y la República Democrática del Congo fueron aplicadas a menores declarados culpables por tribunales especiales o militares cuyos procedimientos no se ajustaban a las normas internacionales sobre juicios justos;24ningún país ha admitido que ejecute a menores (véase Apéndice 3). El único que continúa haciéndolo abiertamente en el marco de su sistema ordinario de justicia penal es Estados Unidos.

6. Examen de los organismos internacionales de vigilancia de los tratados


Con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados Partes tienen la obligación de presentar informes periódicos sobre las medidas que han adoptado para hacer efectivos los derechos reconocidos en estos tratados. Tales informes son examinados por los organismos establecidos para vigilar el cumplimiento de los tratados (órganos de vigilancia de los tratados) Cel Comité de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño, respectivamenteC, que interrogan a los representantes de los Estados en sesiones abiertas y después hacen públicos sus comentarios, observaciones y recomendaciones.


El Apéndice 3 contiene información sobre el examen de los informes presentados por los siete países que, según informes, han ejecutado a menores desde 1990 CArabia Saudí, Estados Unidos, Irán, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo y YemenCy Barbados, que ejecutó a un menor delincuente en 1982 pero posteriormente elevó la edad mínima a 18 años.


Un Estado, Barbados (en su segundo informe periódico de conformidad con el PIDCP), reconoció que sus leyes eran incompatibles con las disposiciones del tratado pertinente, y el representante de otro Estado, Pakistán, prometió trasladar al gobierno las preocupaciones del Comité al respecto. Ambos países reformaron posteriormente su legislación, elevando a 18 años la edad mínima.


En otras ocasiones, los Estados han evitado reconocer que su legislación interna no excluía a los menores de la pena de muerte en su legislación interna. En sus informes a los Comités, no mencionaron la incompatibilidad de sus leyes con las disposiciones pertinentes de los tratados (Barbados en su informe inicial, e Irán, Yemen y Zaire), o afirmaron sin ser cierto que la edad mínima estaba en 18 años (Nigeria), o se refirieron a la exclusión de los Aniños@de la aplicación de la pena de muerte sin mencionar que el límite de edad podía ser inferior a 18 años (Nigeria, Arabia Saudí).25Sus representantes no contestaron a preguntas concretas de los miembros del Comité sobre estos puntos (Barbados, Irán) y omitieron mencionar las ejecuciones de menores al describir otros casos en que no se había ejecutado a niños (República Democrática del Congo). Los representantes de dos Estados negaron que su país hubiera ejecutado a menores (Irán) o a niños (Pakistán).


De nuevo Estados Unidos fue la excepción. Sólo ese país reconoció haber ejecutado a menores. Sólo Estados Unidos dio a entender que tenía derecho a hacerlo, al asegurar sus representantes que la legislación vigente en Estados Unidos Aarmoniza@con el PIDCP, tomando en consideración las reservas estadounidenses a dicho tratado,26y que el hecho de excluir o no de la pena capital a los menores es Aun asunto que conlleva la adopción de una decisión democrática y no de posibilidades jurídicas@(véase el Apéndice 3).


La reticencia demostrada por los Estados en sus comunicaciones a los órganos de vigilancia de los tratados se extiende también a sus comunicaciones a la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, parte de cuyo mandato es actuar en situaciones en que se imponga la pena de muerte a menores.27En el 2001, por ejemplo, la relatora especial envió llamamientos urgentes a las autoridades de la República Democrática del Congo, India, Irán y Estados Unidos en relación con varios casos de menores condenados a muerte. Sólo las autoridades estadounidenses contestaron. En una comunicación aparte a la relatora especial, el gobierno iraní afirmaba que Aconforme al Código Penal Islámico, no se no se sentenciaba a la pena capital a ningún menor de 18 años@.28

7. Decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la causa de Domingues contra Estados Unidos


En un caso planteado en virtud de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, cuyo artículo I consagra el derecho a la vida, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comisión) sostuvo que Aha surgido una norma del derecho internacional consuetudinario que prohibe la ejecución de delincuentes menores de 18 años en momentos de cometer el delito@y que Aha sido reconocida como una norma de carácter suficientemente inalienable como para constituir una norma de jus cogens@.29El proceso había sido entablado por Michael Domingues, preso condenado a muerte en 1993 en el estado de Nevada por delitos que había cometido cuando tenía 16 años. Con anterioridad, en 1987, en el caso de Roach y Pinkerton contra Estados Unidos, la Comisión había sostenido que, entre los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos Ase reconoce una norma de jus cogens que prohíbe a los Estados la ejecución de niños@, pero que Aactualmente no existe una norma de derecho consuetudinario internacional que establezca en 18 años la edad mínima de imposición de la pena de muerte@(la traducción de estas dos últimas citas no es oficial).


Apoyándose en hechos parecidos a los que se mencionan en este documento, esta vez la Comisión consideró, entre otras cosas, que Adesde 1987, en forma congruente con la evolución anterior a esa fecha, se ha registrado una amplia y consiguiente evolución y ratificación de los tratados, con lo cual prácticamente todos los Estados del mundo han reconocido sin reservas una norma que prohibe la ejecución de menores de 18 años en momentos de cometer el delito@. Y también que Alos órganos de las Naciones Unidas responsables de los derechos humanos y la justicia penal han respaldado sistemáticamente@esta norma, y A[l]a práctica interna en los últimos 15 años [...] evidencia una tendencia internacional casi unánime y no calificada hacia la prohibición de la ejecución de delincuentes menores de 18 años.@30


Una vez que la Comisión aprobó sus conclusiones en octubre de 2001 y las transmitió al gobierno estadounidense, éste respondió, entre otras cosas (como resumía la Comisión), que Ani la práctica del Estado identificada por la Comisión ni las normas jurídicas por esta citada en su informe basta para establecer una prohibición consuetudinaria o de jus cogens de la ejecución de delincuentes juveniles@y que Aal centrarse en la práctica interna de los Estados, el informe de la Comisión desconoce la opinio juris como elemento necesario del derecho internacional consuetudinario@, al no haber establecido Aque los Estados hayan suspendido el proceso de ejecución de delincuentes juveniles en razón de una obligación jurídica y no por razones de cortesía, justicia o ética@.31


Tras analizar estos argumentos, la Comisión señaló que cuando un instrumento [como puede ser un tratado de derechos humanos] es ampliamente ratificado o respaldado por los miembros de la comunidad internacional y hace a la legalidad de ciertas medidas, las disposiciones de ese instrumento pueden en sí considerarse evidencias de opinio juris@, y que Alas medidas adoptadas por los Estados para erradicar la pena de muerte contra delincuentes juveniles lo han sido por un sentido de obligación jurídica de respetar los derechos humanos fundamentales@. En este informe sobre el caso, aprobado en octubre de 2002, la Comisión concluía que Estados Unidos había Aactuado en contravención de una norma internacional de jus cogens, como lo refleja el Artículo I de la Declaración Americana, al sentenciar a Michael Domingues a la pena de muerte por delitos que cometió cuando tenía 16 años de edad@y que Asi el Estado ejecuta al Sr. Domingues de acuerdo con esta sentencia, será responsable de una violación grave e irreparable del derecho del Sr. Domingues a la vida, consagrado en el Artículo I de la Declaración Americana@.32

8. La exclusión de los menores de la pena de muerte con arreglo al derecho internacional general


El derecho consuetudinario internacional, una de las fuentes del derecho internacional general (normas sin rango de tratado), se define en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como Ala costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho@. En general se considera que consiste en dos elementos: la práctica general o más extendida en un Estado, y el reconocimiento general de que esta práctica es una cuestión de derecho (opinio juris). Una autoridad ha manifestado por escrito que Ala mejor prueba de una norma consuetudinaria del derecho internacional se encuentra en la opinión de los Estados sobre qué es esa norma (opinio juris) y en lo que dicen que están haciendo (o no) en cuanto a ella@.33Una

norma de derecho consuetudinario internacional es vinculante para todos los Estados salvo aquellos que se hayan Aopuesto sistemáticamente@a ella.34


La información contenida en este documento ofrece sólidas muestras de la práctica de los Estados y su opinio juris en relación con la ejecución de menores:


  • La prohibición de aplicar la pena de muerte a menores se incluye actualmente en dos tratados de derechos humanos regionales y dos internacionales. Prácticamente todos los Estados son partes en uno u otro de estos tratados sin haber formulado reserva alguna a esa prohibición. La misma norma aparece en tratados de derecho internacional humanitario en los que casi todos los Estados son partes.


  • Tan sólo hay un Estado que no es parte en uno u otro tratado de derechos humanos sin haber formulado una reserva a las disposiciones pertinentes. Al ratificar el PIDCP, Estados Unidos se reservó el derecho a aplicar la pena de muerte a menores. Otros 11 Estados han presentado objeciones a dicha reserva, y el Comité de Derechos Humanos, organismo establecido para velar por el cumplimiento del PIDCP, ha pedido que la retire.


  • De forma más general, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que, con arreglo al PIDCP, un Estado Ano puede reservarse el derecho de [...] ejecutar [...] a niños@.35 También ha afirmado lo siguiente: AEl hecho de que en el párrafo 2 del artículo 4 [del PIDCP] se declare que la aplicación de ciertas disposiciones del Pacto no puede suspenderse debe considerarse en parte como el reconocimiento del carácter de norma imperativa de ciertos derechos fundamentales garantizados por el Pacto en la forma de un tratado (por ejemplo, los artículos 6 y 7)@, y que es Aimposible la suspensión de la totalidad de las disposiciones del artículo 6 del Pacto@.36


  • Muchos países que mantienen la pena de muerte excluyen explícitamente de su aplicación a los menores con arreglo al derecho interno. Varios países han reformado sus leyes para elevar a 18 años la edad mínima, como ya han hecho varios estados de Estados Unidos.


  • Las ejecuciones de menores son sumamente excepcionales. Desde 1994, Amnistía Internacional ha documentado una veintena de ellas en cinco países, uno de los cuales (Pakistán) acaba de elevar a 18 años la edad mínima. Estas ejecuciones representan un porcentaje mínimo del total de ejecuciones documentadas en el mundo a lo largo del mismo periodo. De las 20 ejecuciones de menores, 13 se llevaron a cabo en Estados Unidos.37


  • Durante el examen de sus informes por parte de los organismos establecidos para velar por el cumplimiento del PIDCP y la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo general los Estados que han ejecutado a menores han negado que lo hicieran o han eludido mencionar el asunto. Sólo uno, Estados Unidos, reconoce haber ejecutado a menores y ha defendido su derecho a hacerlo.


  • Un organismo judicial regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que Aha surgido una norma del derecho internacional consuetudinario que prohibe la ejecución de delincuentes menores de 18 años en momentos de cometer el delito@ y que dicha norma es una norma de jus cogens.


Vistos en conjunto, la práctica de los Estados y otros hechos reflejados en este informe confirman que la aplicación de la pena de muerte a menores está prohibida con arreglo al derecho consuetudinario internacional; asimismo constituyen una prueba rotunda de que la prohibición se ha de reconocer como norma perentoria o imperativa del derecho internacional general.


Amnistía Internacional defiende desde hace tiempo que aplicar la pena de muerte a menores está prohibida con arreglo al derecho consuetudinario internacional.38Ahora la organización reclama el reconocimiento de esta prohibición, no sólo como norma del derecho consuetudinario internacional, sino como norma imperativa del derecho internacional general (jus cogens).


Apéndice 1. Disposiciones de los tratados internacionales que excluyen de la pena de muerte a los delincuentes menores de edad


Tratados internacionales de derechos humanos de ámbito mundial


Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(adoptado en 1966)


ANo se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad [...]@(artículo 6.5)


Convención sobre los Derechos del Niño(adoptado en 1989)


No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad [...]@(artículo 37.a).


Tratados internacionales de derechos humanos de ámbito regional


Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño(adoptada en 1990)


ANo se dictará sentencia de muerte en delitos cometidos por menores@*(artículo 5.3)


Convención Americana sobre Derechos Humanos(adoptada en 1969)


ANo se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad@(artículo 4.5)


Derecho internacional humanitario


Cuarto Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Cuarto Convenio de Ginebra)


AEn ningún caso podrá dictarse sentencia de muerte contra una persona protegida cuya edad sea de menos de dieciocho años cuando cometa la infracción@(artículo 68).


Primer Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), adoptado en 1977.


ANo se ejecutará la pena de muerte impuesta por una infracción cometida en relación con el conflicto armado a personas que, en el momento de la infracción fuesen menores de dieciocho años.@(artículo 77.5).

Segundo Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), adoptado en 1977.

ANo se dictará pena de muerte contra las personas que tuvieren menos de 18 años de edad en el momento de la infracción@(artículo 6.4).



Apéndice 2. Países que mantienen la pena de muerte aunque se han comprometido a excluir de su aplicación a los menores como Estados Partes en tratados internacionales de derechos humanos que excluyen dicha aplicación


Claves


En la primera columna de la tabla figuran los países cuya legislación aún dispone la pena de muerte, al menos para algunos delitos. En la segunda columna (Situación) se indica la situación del país respecto a la pena de muerte, con las siguientes claves:


AP = Abolicionista en la práctica: países que mantienen la pena de muerte en la legislación pero no la aplican.


ADC = abolicionista sólo para los delitos comunes : países que sólo mantienen la pena de muerte para delitos excepcionales, como los cometidos en tiempo de guerra.


R = retencionista: aquellos países que mantienen y aplican la pena de muerte.


En las columnas tercera, cuarta y quinta se indica si el país es o no Estado Parte en tratados internacionales que prohíben la aplicación de la pena de muerte a menores:


T PIDCP = El país ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sin formular reservas específicas al artículo 6.5.


T CDN = El país ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño sin formular reservas específicas al artículo 37.a.


T CADBN = El país ha ratificado la Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño sin formular reservas específicas al artículo 5.3.


T CADH = El país ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos sin formular reservas específicas al artículo 4.5.


La tabla incluye los países que han ejecutado a menores incumpliendo las obligaciones contraídas en virtud de esos tratados (desde 1999, la República Democrática del Congo, Irán y Pakistán).



PAÍS


Situación


PIDCP


CDN


CADBN


CADH

AFGANISTÁN

R

 √

 √

 

 

 ALBANIA

 ADC

 √

 √

 

 

 ANTIGUA Y BARBUDA

 R

 

 √

 

 

 ARABIA SAUDÍ

 R

 

 √

 

 

 ARGELIA

 R

 √

 √

 

 

 ARGENTINA

 ADC

 √

 √

 

 √

 ARMENIA

 AP

 √

 √

 

 

 BAHAMAS

 R

 

 √

 

 

 BAHRÉIN

 R

 

 √

 

 

 BANGLADESH

 R

 √

 √

 

 

 BARBADOS

 R

 √

 √

 

 √

 BELICE

 R

 √

 √

 

 

 BENÍN

 R

 √

 √

 √

 

 BIELORRUSIA

 R

 √

 √

 

 

 BOLIVIA

 ADC

 √

 √

 

 √

 BOSNIA-HERZEGOVINA

 ADC

 √

 √

 

 

 BOTSUANA

 R

 √

 √

 √

 

 BRASIL

 ADC

 √

 √

 

 √

 BRUNÉI DARUSSALAM

 AP

 

 √

 

 

 BURKINA FASO

 AP

 √

 √

 √

 

 BURUNDI

 R

 √

 √

 

 

 BUTÁN

 AP

 

 √

 

 

 CAMERÚN

 R

 √

 √

 √

 

 CHAD

 R

 √

 √

 √

 

 CHILE

 ADC

 √

 √

 

 √

 CHINA

 R

 

 √

 

 

 COMORES

 R

 

 √

 

 

 COREA DEL NORTE

 R

 √

 √

 

 

 COREA DEL SUR

 R

 √

 √

 

 

 CUBA

 R

 

 √

 

 

 DOMINICA

 R

 √

 √

 

 √

 EGIPTO

 R

 √

 √

 √

 

 EL SALVADOR

 ADC

 √

 √

 

 √

 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

 R

 

 √

 

 

 ERITREA

 R

 √

 √

 √

 

 ETIOPÍA

 R

 √

 √

 √

 

 FEDERACIÓN RUSA

 AP

 √

 √

 

 

 FILIPINAS

 R

 √

 √

 

 

 FIYI

 ADC

 

 √

 

 

 GABÓN

 R

 √

 √

 

 

 GAMBIA

 AP

 √

 √

 √

 

 GHANA

 R

 √

 √

 

 

 GRANADA

 AP

 √

 √

 

 √

 GRECIA

 ADC

 √

 √

 

 

 GUATEMALA

 R

 √

 √

 

 √

 GUINEA

 R

 √

 √

 √

 

 GUINEA ECUATORIAL

 R

 √

 √

 √

 

 GUYANA

 R

 √

 √

 

 

 INDIA

 R

 √

 √

 

 

 INDONESIA

 R

 

 √

 

 

 IRAK

 R

 √

 √

 

 

 IRÁN

 R

 √

 √

 

 

 ISLAS COOK

 ADC

 

 √

 

 

 ISRAEL

 ADC

 √

 √

 

 

 JAMAICA

 R

 √

 √

 

 √

 JAPÓN

 R

 √

 √

 

 

 JORDANIA

 R

 √

 √

 

 

 KAZAJISTÁN

 R

 

 √

 

 

 KENIA

 R

 √

 √

 √

 

 KIRGUISTÁN

 R

 √

 √

 

 

 KUWAIT

 R

 √

 √

 

 

 LAOS

 R

 

 √

 

 

 LESOTO

 R

 √

 √

 √

 

 LETONIA

 ADC

 √

 √

 

 

 LÍBANO

 R

 √

 √

 

 

 LIBERIA

 R

 

 √

 

 

 LIBIA

 R

 √

 √

 √

 

 MADAGASCAR

 AP

 √

 √

 

 

 MALAISIA

 R

 

 √

 

 

 MALAWI

 R

 √

 √

 √

 

 MALDIVAS

 AP

 

 √

 

 

 MALÍ

 AP

 √

 √

 √

 

 MARRUECOS

 R

 √

 √

 

 

 MAURITANIA

 R

 

 √

 

 

 MÉXICO

 ADC

 √

 √

 

 √

 MONGOLIA

 R

 √

 √

 

 

 MYANMAR

 R

 

 √

 

 

 NAURÚ

 AP

 

 √

 

 

 NÍGER

 AP

 √

 √

 √

 

 NIGERIA

 R

 √

 √

 √

 

 OMÁN

 R

 

 √

 

 

 PAKISTÁN

 R

 

 √

 

 

 PAPÚA NUEVA GUINEA

 AP

 

 √

 

 

 PERÚ

 ADC

 √

 √

 

 √

 QATAR

 R

 

 √

 

 

 REPÚBLICA CENTROAFRICANA

 AP

 √

 √

 

 

 REPÚBLICA DEL CONGO

 AP

 √

 √

 

 

 RUANDA

 R

 √

 √

 √

 

 SAMOA

 AP

 

 √

 

 

 SAN CRISTÓBAL Y NEVIS

 R

 

 √

 

 

 SANTA LUCÍA

 R

 

 √

 

 

 SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

 R

 √

 √

 

 

 SENEGAL

 AP

 √

 √

 √

 

 SIERRA LEONA

 R

 √

 √

 √

 

 SINGAPUR

 R

 

 √

 

 

 SIRIA

 R

 √

 √

 

 

 SOMALIA

 R

 √

 

 

 

 SRI LANKA

 AP

 √

 √

 

 

 SUAZILANDIA

 R

 

 √

 

 

 SUDÁN

 R

 √

 √

 

 

 SURINAM

 AP

 √

 √

 

 √

 TAILANDIA

 R

 √

 √

 

 

 TANZANIA

 R

 √

 √

 

 

 TAYIKISTÁN

 R

 √

 √

 

 

 TOGO

 AP

 √

 √

 √

 

 TONGA

 AP

 

 √

 

 

TRINIDAD Y TOBAGO

 R

 √

 √

 

 

 TÚNEZ

 R

 √

 √

 

 

 TURQUÍA

 ADC

 

 √

 

 

 UGANDA

 R

 √

 √

 √

 

 UZBEKISTÁN

 R

 √

 √

 

 

 VIETNAM

 R

 √

 √

 

 

 YEMEN

 R

 √

 √

 

 

 ZAMBIA

 R

 √

 √

 

 

 ZIMBABUE

 R

 √

 √

 √

 


Apéndice 3. Leyes y prácticas nacionales relacionadas con la exclusión de los menores de la pena de muerte: examen de los organismos internacionales de vigilancia de los tratados

Barbados


Barbados se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en 1973. En su informe inicial de conformidad con el PIDCP, presentado en 1978, el gobierno de Barbados describió sus leyes relativas a la pena de muerte pero no mencionó que éstas permitían imponer la pena a delincuentes de 16 años o más. Durante el examen del informe en marzo de 1981, miembros del Comité de Derechos Humanos preguntaron si la ley prohibía expresamente la imposición de la pena capital a personas menores de 18 años de edad y, en caso de que la respuesta fuera negativa, si el gobierno tenía intención de tomar medidas para que las disposiciones del artículo 6 del PIDCP fueran incorporadas al derecho interno. El representante de Barbados no respondió a estos puntos.1


En 1982, Barbados ejecutó a un hombre por un asesinato que había cometido cuando tenía 17 años. En mayo de 1988 había otras dos personas condenadas a muerte por asesinatos que habían cometido con 17 años.2


En su segundo informe periódico de conformidad con el PIDCP, presentado en junio de 1987, el gobierno de Barbados reconocía que Alas leyes de Barbados no prohíben la imposición de la pena capital a menores de 18 años@y que Aen Barbados es posible [...] imponer la pena de muerte a una persona a partir de los 16 años@. Durante el examen del informe por parte del Comité de Derechos Humanos en julio de 1988, el representante de Barbados afirmó (según figura en las actas resumidas del Comité) que la ley que permitía imponer la pena de muerte a delincuentes menores de 18 años entraba Aen claro conflicto@con el artículo 6 del PIDCP y que Arequería ser reformada, asunto que se sometería a la atención de las autoridades pertinentes@. Miembros del Comité señalaron la incompatibilidad del derecho interno del país con el PIDCP a este respecto.3


En noviembre de 1989, el Parlamento de Barbados reformó la Ley sobre Delincuentes Menores a fin de elevar la edad mínima para la imposición de la pena capital a los 18 años en el momento de cometer el delito. Poco antes de este cambio en la legislación, el gobernador general de Barbados conmutó las condenas a muerte impuestas a los dos presos antes mencionados, que eran menores de 18 años cuando cometieron el delito.

República Democrática del Congo (antiguo Zaire)


Zaire se adhirió al PIDCP en 1976. En su informe inicial presentado en 1987 de conformidad con el PIDCP, el gobierno zaireño afirmó que Ala pena de muerte no puede imponerse a menores de 18 años@. Zaire no incluía información sobre este punto en su segundo informe periódico, presentado en 1989.4


En un estudio de ámbito mundial sobre la legislación y práctica de los Estados en relación con la pena de muerte, publicado en 1989, Amnistía Internacional informaba de que, según el derecho zaireño, las personas menores de 15 años no podían ser condenadas a muerte.5

El 15 de enero de 2000, un niño soldado de 14 años llamado Kisongo fue ejecutado en el país que ahora se denomina República Democrática del Congo, a la media hora de haber sido juzgado por un tribunal militar.6


En mayo de 2001, la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la Presidencia de la Unión Europea hicieron llamamientos urgentes al gobierno de la República Democrática del Congo en favor de cuatro ex niños soldados que habían sido condenados a muerte por un tribunal militar. Posteriormente fueron informados de que se les había conmutado la pena.7


Zaire ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. En su informe inicial de conformidad con Convención sobre los Derechos del Niño, presentado en 1998, el gobierno de la República Democrática del Congo describía los obstáculos relacionados con la aplicación de la Convención pero no mencionaba que las leyes del país permitían imponer la pena de muerte a delincuentes menores de 18 años.8


Durante el examen del informe el 28 de mayo de 2001, un miembro del Comité de los Derechos del Niño preguntó acerca de los informes según los cuales Acuatro niños habían sido condenados a muerte en aplicación del sistema de justicia militar@. Un representante del gobierno contestó que, de hecho, cinco menores habían sido condenados a muerte en esa causa y que Ael 17 de mayo de 2001 los cinco habían obtenido el indulto presidencial@. En contestación a otra pregunta, otro representante del gobierno afirmó que A[l]os niños culpables de delitos punibles con la muerte eran ingresados en centros de rehabilitación situados en las afueras de la capital.@9


En sus observaciones finales sobre el informe, aprobadas en junio de 2001, el Comité de los Derechos del Niño expresaba profunda preocupación por el hecho de que Alos niños de 16 y 17 años sean considerados adultos a efectos de responsabilidad penal@y Aniños de 16 años o más puedan ser, y han sido, condenados a la pena de muerte@. El Comité instaba al país a Aque vele por el respeto del apartado a) del artículo 37 de la Convención [sobre los Derechos del Niño] y no se condene a ningún menor de 18 años a la pena capital@.10

Irán


Irán ratificó el PIDCP en 1975. En su informe inicial de conformidad con el PIDCP, presentado en 1977 y 1978, el país afirmaba lo siguiente: AIrán ha prohibido imponer la pena capital a menores de 18 años@. Durante el examen del informe realizado por el Comité de Derechos Humanos en 1978, el representante iraní señaló que Ala pena máxima para los delincuentes menores de 18 años era la reclusión durante ocho años en un centro correccional.@11


Tras el establecimiento de la República Islámica de Irán en 1979, el gobierno presentó un nuevo informe inicial de conformidad con el PIDCP en 1982. En él no indicaba si los menores estaban exentos de la aplicación de la pena de muerte.12Durante el examen del nuevo informe realizado en julio de 1982, miembros del Comité de Derechos Humanos preguntaron Asi se había aplicado alguna vez la pena de muerte en el caso de personas menores de 18 años@. El representante iraní no contestó a la pregunta.13


En un estudio de ámbito mundial sobre la legislación y práctica de los Estados en relación con la pena de muerte, publicado en 1989, Amnistía Internacional informaba de que, según el Código Penal Islámico de Irán, aprobado provisionalmente por la Asamblea Consultiva Islámica (parlamento) en 1982, las personas que eran menores de 18 años en el momento de cometer el delito quedaban excluidas de la ejecución por asesinato como pena de qisas. No obstante, a principios de los años ochenta se había ejecutado a menores de 18 años, y Amnistía Internacional seguía recibiendo informes esporádicos sobre ejecuciones de menores, como se afirmaba en el estudio.14


En su segundo informe periódico de conformidad con el PIDCP, presentado en 1992, Irán afirmaba, en relación con la exclusión de los menores de la pena de muerte, que, según el artículo 49 del Código Penal Islámico, Ano se exigirán responsabilidades penales a los niños por el delito que cometan@, y observaba que en la misma ley se definía como niño la persona que no había alcanzado la madurez religiosa.15


Desde 1990, Amnistía Internacional ha recibido informes sobre una ejecución de un menor delincuente en 1990, tres en 1992 y uno en 1999, en el 2000 y en el 2001 (véase la tabla supra). La mayoría de estos informes están basados en información aparecida en los medios de comunicación iraníes.16


Irán ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1994. En su informe inicial de conformidad con este instrumento, presentado en 1997, el gobierno iraní no mencionaba ninguna disposición jurídica que permitiera la aplicación de la pena de muerte a menores.17


Durante el examen del informe en mayo de 2000, un miembro del Comité de los Derechos del Niño preguntó si los menores de 18 años podían ser condenados a muerte o si se había impuesto esa pena a alguno, y si Irán tenía previsto ajustar su legislación a la prohibición de imponer la pena capital a menores como disponía la Convención. Un representante del gobierno de Irán contestó que Aen los últimos 20 años se ha impuesto la pena capital a tres personas que eran menores de 18 años en el momento de cometer el delito; en los tres casos, el Tribunal Supremo había fallado en contra de su ejecución@. También afirmó que, aunque la edad a partir de la cual podían exigirse responsabilidades penales era de 9 años para las niñas y 15 para los niños, la pena de muerte no Ase imponía a menores de 18 años, disposición vigente desde mucho antes de la adhesión de Irán a la Convención@.18


En sus observaciones finales sobre el informe, aprobadas en junio de 2000, el Comité afirmaba que se sentía Arealmente inquieto de que se aplique la pena de muerte a delitos cometidos por personas menores de 18 años@y ponía de relieve que Aesta sanción es incompatible con la Convención [sobre los Derechos del Niño]@. El Comité recomendaba encarecidamente que Ael Estado Parte adopte medidas inmediatas para suspender y abolir por ley la imposición de la pena de muerte en los casos de delitos cometidos por menores de 18 años@.19

Nigeria


En un estudio de ámbito mundial sobre la legislación y práctica de los Estados en relación con la pena de muerte, publicado en 1989, Amnistía Internacional informaba de que, según el derecho penal ordinario de Nigeria, la pena de muerte no podía imponerse a menores de 17 años.20


Nigeria ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1991 y se adhirió al PIDCP en 1993. En su informe inicial de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, presentado en 1995, el gobierno de Nigeria afirmaba lo siguiente: ANo puede imponerse a un niño la pena capital [...]@.21En su informe inicial presentado de conformidad con PIDCP, presentado en 1996, el gobierno señaló: ALa Ley sobre Niños y Jóvenes de Nigeria de 1959, que ya forma parte de las Leyes de la Federación de 1990, abolió la pena capital para las personas menores de 18 años@.22


Durante el examen del informe presentado por Nigeria de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño en septiembre de 1996, un miembro del Comité de los Derechos del Niño expresó preocupación porque la edad mínima para imponer la pena capital estuviera fijada en 17 años, y preguntó a cuántos niños se les había impuesto dicha pena. En respuesta, un representante del gobierno nigeriano afirmó que el proyecto de decreto sobre la infancia elevaría a 18 años la edad mínima y que A[c]uando haya entrado en vigor el proyecto de decreto, ningún niño será sometido a la pena capital o a prisión en Nigeria@.23


En sus observaciones finales sobre el informe, aprobadas en octubre de 1996, el Comité afirmaba que la legislación nacional que regulaba la pena de muerte era incompatible con el artículo 37.a de la Convención, y recomendaba que se pusiera en consonancia con dicho artículo. Según afirmaba el Comité, ALa legislación nacional debe observar el principio de que no se pueda aplicar la pena de muerte a los niños de menos de 18 años@.24


En julio de 1997, un menor de 17 años fue ejecutado en público. Había sido declarado culpable por un Tribunal de Robo y Tenencia Ilícita de Armas de Fuego, tribunal especial nombrado directamente por las autoridades militares que no permitía el derecho de apelación.25


En el 52 periodo de sesiones de la Subcomisión de la ONU para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el 2000, un representante nigeriano negó que el preso ejecutado en 1997 tuviera menos de 18 años en el momento del delito, y afirmó que, en los casos de menores declarados culpables de delitos punibles con la muerte, la pena capital se les había conmutado por otra de prisión.

Pakistán


Pakistán ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. Posteriormente (noviembre de 1992), Amnistía Internacional recibió informes sobre la ejecución de un muchacho que, según informes, tenía 17 años. Había sido condenado a muerte por un Tribunal Especial para Juicios Rápidos, cuyos procedimientos distaban mucho de reunir las garantías procesales que exigen las normas internacionales.26

En su informe inicial de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, presentado en 1993, el gobierno de Pakistán reconoció que la legislación de varias provincias establecía los 15 años como edad mínima para la aplicación de la pena de muerte y que era posible castigar a un niño menor de 15 años en aplicación de las ordenanzas (islámicas) Hudud.27


Durante el examen del informe en abril de 1994, miembros del Comité de los Derechos del Niño expresaron preocupación por el hecho de que el límite de edad sobre la responsabilidad penal establecido en Pakistán parecía estar en contradicción con la exclusión de menores de la pena de muerte en aplicación de la Convención, y preguntó si alguna vez se había ejecutado a una persona menor de 18 años. Un representante del gobierno de Pakistán contestó que los comentarios del miembro del Comité Aserían trasladados al gobierno de Pakistán@y afirmó que Apor la información de que disponía, no se había condenado a ningún menor a la pena capital aunque la medida existía en Pakistán.@28


En sus observaciones finales sobre el informe, aprobadas en abril de 1994, el Comité señaló la incompatibilidad de la legislación nacional que permitía imponer la pena de muerte a delincuentes menores de 18 años con la Convención, y expresaba su esperanza de que Pakistán tomara en cuenta esta recomendación para prohibir la aplicación de la pena capital a menores de 18 años.29


En septiembre de 1997, un joven fue ejecutado en Hyderabad por delitos que había cometido en 1988, cuando tenía, según informes, 14 años.


La Ordenanza del Sistema de Justicia de Menores del 2000, que prohíbe aplicar la pena de muerte a personas que fueran menores de 18 años en el momento del delito, entró en vigor el 1 de julio del 2000. Sin embargo, esta ordenanza no se extendía a las Zonas Tribales de Administración Provincial del norte, y no establecía la conmutación de las condenas de muerte ya impuestas. Un hombre joven, Sher Ali, fue ejecutado en noviembre de 2001 por un asesinato que había cometido con 13 años de edad.


En diciembre de 2001, el presidente Perwez Musharraf anunció su intención de conmutar las condenas a muerte impuestas a menores con anterioridad a la entrada en vigor de la ordenanza. Posteriormente se recibieron informes según los cuales el presidente Musharraf había conmutado la pena capital a 125 reclusos condenados por delitos que habían cometido siendo menores. Sin embargo, un número indeterminado de menores seguían condenados a muerte en diciembre de 2002.


A pesar de la entrada en vigor de la ordenanza, en Pakistán se siguió condenando a muerte a menores de edad. El motivo principal era la determinación de la edad. El asunto de la edad no suele ser planteado por los asesores letrados de la familia hasta que el menor ha sido condenado a muerte, y los jueces no suelen plantear el asunto de la edad a menos que el menor tenga realmente aspecto de ser menor de edad.

Arabia Saudí


Arabia Saudí se adhirió a la Convención sobre los Derechos del Niño en 1996. Desde entonces, Amnistía Internacional ha seguido recibiendo informes sobre personas condenadas a muerte en Arabia Saudí por delitos cometidos cuando eran menores de edad, si bien no ha tenido conocimiento de ninguna ejecución de menores.


En su informe inicial de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, presentado en 1998, el gobierno saudí afirmaba que Ala pena capital no puede imponerse a personas que no hayan alcanzado la mayoría de edad con arreglo a la ley islámica@.30En sus observaciones finales sobre el informe, aprobadas en enero de 2001, el Comité de los Derechos del Niño señaló que A[p]uesto que la mayoría de edad no está definida@, al Comité le preocupaba Aseriamente la posibilidad de que se imponga la pena de muerte a personas que, cuando se cometió el delito, eran menores de 18 años, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 6 y el apartado a) del artículo 37 de la Convención [sobre los Derechos del Niño]@. El Comité recomendaba encarecidamente Aque el Estado Parte adopte medidas inmediatas para suspender y abolir por ley la imposición de la pena de muerte en los casos de delitos cometidos por menores de 18 años@.31

Estados Unidos de América


Estados Unidos ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en 1992. En el informe inicial que presentó de conformidad con el PIDCP en 1994, Estados Unidos citaba su reserva al artículo 6.5 del PIDCP*y reconocía que A[e]n los Estados Unidos la pena de muerte puede imponerse a delincuentes que cometieron el delito a la edad de 16 ó 17 años@.32


Durante el examen del informe por parte del Comité de Derechos Humanos en marzo de 1995, un representante estadounidense afirmó que Auna amplia mayoría de estados permiten que los menores sean juzgados como adultos en casos graves que entrañan la comisión de crímenes mortales en edades comprendidas entre los 16 y los 17 años@y que Aaunque es posible legalmente imponer una edad límite más alta a nivel federal, se trata de un asunto que conlleva la adopción de una decisión democrática y no de posibilidades jurídicas@. Otro representante de Estados Unidos reconoció que se había ejecutado a dos menores en 1993.33


En sus observaciones sobre el informe, adoptadas en abril de 1995, el Comité de Derechos Humanos deploraba Alas disposiciones existentes en las leyes de varios Estados que permiten castigar con la pena de muerte delitos cometidos por personas menores de 18 años y los casos en que efectivamente se han dictado y ejecutado sentencias de ese tipo@y exhortaba a las autoridades a Aadoptar las medidas oportunas para que no se castiguen con la pena de muerte delitos cometidos por menores de 18 años@.34Como ya señalábamos antes en este informe, el Comité recomendó también que Estados Unidos retirase su reserva al artículo 6.5 del PIDCP.

Yemen


La República Democrática Popular del Yemen se adhirió al PIDCP en 1987. Su informe inicial de conformidad con el Pacto, presentado en 1989, contenía un análisis sobre las leyes del país en relación con el artículo 6 del Pacto, pero no indicaba si existía o no una edad mínima para la imposición de la pena capital.35Sin embargo, en un estudio de ámbito mundial sobre la legislación y práctica de los Estados en relación con la pena de muerte, publicado en 1989, Amnistía Internacional informaba de que las personas que habían cometido un delito siendo menores de 18 años no podían ser condenadas a muerte en el país.36


En 1990, la República Democrática Popular del Yemen y la República Árabe del Yemen se fusionaron en un solo Estado, la República de Yemen, y en 1993 el país presentó su segundo informe periódico de conformidad con el PIDCP. En relación con el artículo 6 del Pacto, el informe señalaba lo siguiente: ALa pena de muerte se aplica en el Yemen dentro de los límites más estrictos y de conformidad con la Ley cherámica [islámica]@. Al igual que en su primer informe, no señalaba si existía o no una edad mínima para la imposición de la pena de muerte.37


En julio de 1993, Nasser Munir Nasser al-Kirbi, de 13 años, fue ejecutado en público junto a otras tres personas en la capital, Saná, tras ser declarados culpables de asesinato y atraco en autopista.38


En 1994, la edad mínima para la aplicación de la pena de muerte se elevó a 18 años en el momento de la comisión del delito en el Código Penal (artículo 31 de la Ley 12).


En sus comentarios sobre el segundo informe periódico de Yemen de conformidad con el PIDCP, aprobados en abril de 1995, el Comité de Derechos Humanos deploraba Aque, según la información de que dispone, haya habido ejecuciones de personas menores de 18 años, lo cual sería una contravención clara del párrafo 5 del artículo 6 del Pacto@. El Comité recomendó a Yemen que Arevise su política sobre la pena de muerte con el fin de llegar a su abolición@.39


Yemen ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1991. Sin embargo, en su informe inicial de conformidad con la Convención, presentado en 1995, Yemen citaba una disposición de la Ley de Bienestar del Menor (Núm. 24 de 1992) que excluía a los menores de 15 años de la pena de muerte, edad mínima inferior a la establecida por la Convención. Esto dio lugar a que varios miembros del Comité de los Derechos del Niño preguntaran si los delincuentes menores de 18 años podían ser condenados a muerte durante el examen del informe por parte del Comité en 1996. En respuesta, un representante yemení aclaró que la aplicación de la pena de muerte a menores quedaba excluida en virtud del artículo 31 del Código Penal.40


En sus observaciones finales sobre el segundo informe periódico de Yemen de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobadas en enero de 1999, el Comité de los Derechos del Niño recomendó que Yemen garantizara el registro de todos los niños tan pronto como nacieran, y advertía sobre Alas graves consecuencias que puede acarrear la falta de un certificado de nacimiento, como, por ejemplo, el que un menor sea condenado a la pena capital [...]@.41

En su tercer informe periódico con arreglo al PIDCP, presentado en el 2001, Yemen afirmaba que los delincuentes menores de 18 años no podían ser condenados a muerte en virtud del artículo 31 del Código Penal.42


 

1. Declaración de Mary Robinson en la que solicitaba el indulto para los menores delincuentes estadounidenses T.J. Jones y Toronto Patterson, Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, comunicado de prensa, 1 de agosto de 2002.

2 La expresión Amenores@ se emplea en este documento para referirse a las personas condenadas por delitos que cometieron cuando eran menores de 18 años.

3 Una norma Aperentoria@ o Aimperativa@ del derecho internacional general, también denominada Anorma de jus cogens@, es una norma del derecho internacional vinculante para todos los Estados, sean o no partes en los tratados internacionales que incorporan la norma.

4. Además de los cuatro tratados enumerados, está la Carta Árabe de Derechos Humanos, adoptada en 1994 aunque todavía no ha entrado en vigor, que afirma lo siguiente: ANo se impondrá la pena de muerte a personas menores de 18 años [...]@ (artículo 12).

5. Malaisia y Singapur han formulado reservas al artículo 37 en la medida en que es incompatible con la legislación y práctica de sus países. Varios Estados más que son partes en la Convención han formulado objeciones a estas reservas. Ni Malaisia ni Singapur imponen la pena de muerte a menores delincuentes. Por otra parte, varios Estados han formulado varias reservas a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño que podrían ser incompatibles con la shari'a (ley islámica) o con las creencias y principios del islam. Otros Estados Partes han hecho objeciones a estas reservas.

6. Al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1981, Barbados formuló una reserva al artículo 4.5 de la Convención en la que afirmaba que Alos menores de edad a partir de 16 años [...] pueden ser ejecutados con arreglo al derecho de Barbados@ (traducción no oficial). Desde entonces, este país ha elevado a 18 años la edad mínima de comisión de un delito con arreglo al derecho interno (véase el Apéndice 3 de este documento). Barbados no ha formulado una reserva semejante a las disposiciones correspondientes del PIDCP (al que se adhirió en 1973) ni a la Convención sobre los Derechos del Niño (que ratificó en 1990).

7. Estos 194 Estados comprenden los 192 Estados Partes en la Convención sobre los Derechos del Niño más Somalia y Estados Unidos, que son partes en el PIDCP. No está incluido Taiwán, ya que no es Estado Parte en tratados internacionales de derechos humanos.

8. Además de los 117 Estados, Taiwán, que no es parte en los tratados internacionales de derechos humanos, tiene disposiciones jurídicas que permiten imponer la pena de muerte a delincuentes menores de 18 años, aunque en la práctica no ejecuta a menores delincuentes. En octubre de 2002, el gabinete de ministros taiwanés sometió a la Asamblea Legislativa (yuan) un proyecto de ley para elevar la edad mínima a 18 años.

9. Estados Unidos, que es parte en el Cuarto Convenio de Ginebra, no formuló reserva alguna al artículo 68 del tratado, que excluye de la pena de muerte a los menores delincuentes.

10. Encontrarán el texto de la reserva estadounidense y de las objeciones a la reserva en el sitio web de derechos humanos de la ONU: www.unhchr.ch.

11. Documento ONU: CCPR/C/79/Add.50, párrs. 14, 27. Según el acta resumida del Comité, un miembro de éste afirmó lo siguiente: ALa imposición de la pena de muerte a personas menores de 18 años de edad no condice con las normas internacionales que puedan ser consideradas parte del derecho consuetudinario internacional@ En respuesta, un representante estadounidense afirmó que A[l]os Estados Unidos no están de acuerdo en que el derecho internacional consuetudinario establezca una neta prohibición [del uso de la pena de muerte] hasta la edad de 18 años@. (Documentos ONU: CCPR/C/SR.1402, párr. 34; CCPR/C/SR.1405, párr. 14.)

12. En el 2002, la Comisión de Derechos Humanos instaba a los Estados Aa que velen por que en virtud de su legislación y sus prácticas no se pueda imponer la pena capital o de cadena perpetua sin posibilidad de liberación por delitos cometidos por personas menores de 18 años@ (resolución 2002/47 sobre los derechos humanos en la administración de justicia, en particular la justicia de menores, párr. 19, aprobada sin votación).

En el 2003, la Comisión exhortó a los Estados que no hubieran abolido la pena capital a que Acumplan las obligaciones que han contraído en virtud de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales de derechos humanos, en especial los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño y los artículos 6 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [...]@ y a que Aprocedan a la abolición por ley y cuanto antes de la pena capital para los menores de 18 años de edad en el momento de la comisión del delito@ (Resolución 2003/86 sobre los derechos del niño, párr. 35.a. La resolución fue aprobada sin votación. Con anterioridad a su adopción, Estados Unidos solicitó una votación sobre una enmienda para suprimir el párrafo 35a). La enmienda fracasó por 51 votos frente a 1; únicamente Estados Unidos votó a favor. Los delegados que representaban a la Unión Europea y el Grupo de Estados de América Latina y el Caribe afirmaron que lamentaban que el asunto se hubiera sometido a votación (ACommission on Human Rights Adopts Resolution on Situation in Iraq; Concludes Substantive Work@ [La Comisión de Derechos Humanos adopta una resolución sobre la situación en Irak; concluye el trabajo sustantivo], comunicado de prensa de la ONU del 25 de abril de 2003.)

En el 2003, la Comisión pedía asimismo a todos los Estados que mantenían la pena de muerte que no se impusiera Apor delitos cometidos por menores de 18 años de edad@ (Resolución 2003/67 sobre la cuestión de la pena capital, párr. 4.a). También instaba a todos los Estados en los que no se hubiera abolido la pena de muerte Aa que cumplan las obligaciones que han contraído en virtud de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular los artículos 6, 7 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño@ (Resolución 2003/53 sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, párr. 6).

13. Resolución 2000/17 de 17 de agosto de 2000, reproducida en el documento de Amnistía Internacional Los menores y la pena de muerte: Ejecuciones en el mundo desde 1990, Índice AI: ACT 50/007/2002/s, septiembre de 2002, Apéndice 3.

14. Resolución 2003/67 del 24 de abril de 2003, párr. 2.

15. Estas normas mínimas se reproducen en el Informe anual sobre derechos humanos 2002 de la Unión Europea, Anexo 13.

16. Estos 145 países incluyen los países que mantienen la pena de muerte para los delitos comunes, los que sólo la mantienen para delitos excepcionales y los que Amnistía Internacional clasifica como abolicionistas en la práctica. Véase el informe de Amnistía Internacional Cuando es el Estado el que mata. Los derechos humanos frente a la pena de muerte, EDAI, 1989, Apéndice 17, tabla 2.

17. Los 20 países eran Barbados, Birmania (actual Myanmar), Chile, China, Chipre, Congo (República del), Corea del Sur, Estados Unidos, Gambia, Guinea Ecuatorial, India, Israel, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Tailandia, Tonga, Vietnam, Zaire (actual República Democrática del Congo) y Zimbabue. En marzo de 2003, el Senado tailandés aprobó en primera lectura un proyecto de ley para abolir la aplicación de la pena de muerte a delincuentes menores de 18 años.

18. Según un estudio reciente, los siguientes Estados Partes en la Convención sobre los Derechos del Niño que mantienen la pena de muerte en su legislación no han promulgado leyes que excluyan explícitamente de su aplicación a los menores delincuentes: Afganistán, Arabia Saudí, Argentina, Bangladesh, Burundi, Corea del Norte, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Irak, Irán, Malaisia, Marruecos, Myanmar, Nigeria y la República Democrática del Congo (Roger Hood, The Death Penalty: A Worldwide Perspective, tercera edición, Oxford University Press, 2002, p. 115, nota 5).

19. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que Aconsidera significativo a este respecto que el propio gobierno federal de Estados Unidos haya considerado los 18 años como la edad mínima a los efectos de sancionar delitos federales punibles con la pena capital@ (Michael Domingues c. Estados Unidos, Caso 12.285, Fondo, Informe núm. 62/02, de 22 de octubre de 2002, párr. 79).

20. En cuanto a la tendencia a establecer la edad mínima en 18 años en los diferentes estados, remítanse al documento Estados Unidos de América: Inmoral e ilegal. La ejecución de menores delincuentes (Versión abreviada) (Índice AI: AMR 51/144/2002/s), publicado por Amnistía Internacional en septiembre de 2002.

21. En el 2000, por ejemplo, tres países ejecutaron a un total de seis menores delincuentes entre las 1.457 ejecuciones documentadas por Amnistía Internacional en 28 países del mundo. En el 2001 hubo tres ejecuciones de menores delincuentes en tres países entre las 3.048 ejecuciones documentadas en 31 países. En el 2002 hubo tres ejecuciones de menores delincuentes en un país entre las 1.526 ejecuciones documentadas en 31 países. Los datos anuales sobre ejecuciones en el mundo se publican en el documento de Amnistía Internacional La pena de muerte en el mundo: noticias del 2002, Índice AI: ACT 50/002/2003/s, de abril de 2003, Tabla 1.

22. Encontrarán una versión actualizada de esta tabla en la página sobre la pena de muerte del sitio web de Amnistía Internacional: <www.amnesty.org>

23. Dentro de Estados Unidos hay una concentración de ejecuciones semejante. Aunque 22 estados permiten actualmente imponer la pena de muerte a menores delincuentes, las 22 ejecuciones de menores delincuentes llevadas a cabo desde 1977 han tenido lugar en siete estados nada más. De las 22 ejecuciones, 16 Cmás de dos terciosC se efectuaron en Texas y Virginia. (véase Inmoral e ilegal. La ejecución de menores delincuentes, ibíd.) Los 22 estados que permiten la aplicación de la pena de muerte a menores delincuentes son Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Nevada, Nuevo Hampshire, Oklahoma, Pensilvania, Texas, Utah, Virginia y Wyoming.

24. Si desean información pormenorizada sobre los casos, remítanse a Los menores y la pena de muerte: Ejecuciones en el mundo desde 1990, ibíd.

25. En cambio, los Estados cuyas leyes excluyen de la aplicación de la pena de muerte a los menores delincuentes han incluido este hecho en sus informes iniciales, aunque no en todos se específicaba que ese límite se aplicaba a la edad en el momento de cometer el delito. Vean, por ejemplo, los informes iniciales de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño presentados por Irak (Documento ONU: CRC/C/41/Add.3, párr. 133), Kuwait (CRC/C/8/Add.35, párr. 224) y la Federación Rusa (CRC/C/3/Add/5, párr. 162).

26. Documento ONU: CCPR/C/SR.1401, párr. 11.

27. Documento ONU: E/CN.4/2003/3, párrs. 8-9.

28. Documento ONU: E/CN.4/2002/74, párrs. 104-108. La relatora especial afirmaba que, según tenía entendido, las condenas a muerte impuestas a cuatro niños soldados en la República Democrática del Congo, en cuyo favor había hecho un llamamiento, habían sido conmutadas posteriormente. Estos casos fueron también objeto de llamamiento por parte de la Presidencia de la Unión Europea (véase Informe anual sobre derechos humanos 2001 de la Unión Europea, p. 74).

29. Michael Domingues c. Estados Unidos, op. cit., párrs. 84, 85.

30. Ibíd., párrs. 68, 71, 76.

31. Ibíd., párrs. 95, 98.

32. Ibíd., párrs. 107, 108, 112.

33. Nigel S. Rodley, The Treatment of Prisoners under International Law, segunda edición, Clarendon Press, Oxford, Reino Unido, 1999, p. 67.

34. El Estado que se haya opuesto insistentemente a una norma no estará obligado a cumplirla siempre que lo haya hecho Ade manera sistemática e ininterrumpida@ (Reino Unido c. Noruega, Corte Internacional de Justicia (1951), ICJ Reports 116, p.138; traducción no oficial). En su respuesta a las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de octubre de 2001 (véase supra), el gobierno estadounidense, en palabras de la Comisión, Asostiene que ha afirmado sistemáticamente su derecho a ejecutar a delincuentes juveniles mediante reservas a los tratados, informes ante tribunales nacionales e internacionales y declaraciones públicas y, por consiguiente, que si, desde la decisión de la Comisión de hace 15 años en el caso Roach y Pinkerton, ha evolucionado una norma del derecho internacional consuetudinario que establece que los 18 años debe ser la edad mínima para la imposición de la pena de muerte a delincuentes juveniles, Estados Unidos no está obligado por dicha norma@ (Michael Domingues c. Estados Unidos, op. cit., párr. 101). No obstante, su objeción no ha sido sistemática e ininterrumpida. Por ejemplo, en 1955, Estados Unidos ratificó el cuarto Convenio de Ginebra sin formular reserva alguna a su artículo 68.4 , que excluye de la pena de muerte a los menores delincuentes, Apersonas protegidas@ con arreglo a dicho Convenio. Tampoco formuló ninguna objeción respecto al artículo 6 del PIDCP durante la redacción del tratado, y su impugnación inicial a la prohibición que establecía el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos durante su redacción fue retirada (William A. Schabas, The Abolition of the Death Penalty in International Law, tercera edición, Cambridge, Reino Unido, Cambridge University Press, 2002, p. 375). Estados Unidos no bloqueó la adopción por consenso de las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte, aprobadas en 1984 por el Consejo Económico y Social (ECOSOC), que disponen la exclusión de los menores delincuentes de la pena de muerte, ni tampoco bloqueó la aprobación de dichas garantías por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 39/118 del 14 de diciembre de 1984; ambas resoluciones fueron aprobadas sin votación.

35. ALas reservas contrarias a normas perentorias no serían compatibles con el objeto y fin del Pacto. Aunque los tratados constituyen un simple intercambio de obligaciones entre los Estados que les permite reservarse inter se la aplicación de normas de derecho internacional general, otra cosa son los tratados de derechos humanos, cuyo objeto es beneficiar a las personas que se encuentran en su jurisdicción. En consecuencia, las disposiciones del Pacto que son de derecho internacional consuetudinario (y a fortiori cuando tienen el carácter de normas perentorias) no pueden ser objeto de reservas. Así pues, un Estado no puede reservarse el derecho de [...] ejecutar [...] a niños [...]@ (Observación general 24, relativa a cuestiones relacionadas con las reservas formuladas con ocasión de la ratificación del Pacto o de sus Protocolos Facultativos, o de la adhesión a ellos, o en relación con las declaraciones hechas de conformidad con el artículo 41 del Pacto, adoptada el 4 de noviembre de 1994, Documento ONU: A/50/40, Vol. I, Annex V).

36. Observación general 29 sobre los estados de emergencia, adoptada el 24 de julio de 2001, Documento ONU: CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, párrs. 11, 15.

37. Es posible que haya habido otros casos de menores delincuentes condenados a muerte o ejecutados por no haberse establecido su edad correctamente en el momento de la comisión del delito. Por ejemplo, Amnistía Internacional informó en abril de 2003 de que al menos había ocho jóvenes condenados a muerte en Filipinas que eran menores de 18 años en el momento de cometer presuntamente el delito, a pesar de que la legislación nacional prohibía aplicar la pena de muerte a menores delincuentes. En la mayoría de los casos, las penas se habían impuesto tras la suposición incorrecta de que los presuntos delincuentes eran adultos en el momento de la detención. (Una niñez diferente: la aprehensión y reclusión de sospechosos y delincuentes menores de edad, Índice AI: ASA 35/007/2003/s).

38. Véase, por ejemplo, USA: The death penalty B developments in 1987, Índice AI: AMR 51/01/88, de enero de 1988.

* El artículo 2 de la Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño establece lo siguiente: AA los efectos de esta Carta, se considera niño a todo ser humano menor de 18 años@. [La traducción de las citas de este instrumento es de EDAI.]

1. Documentos ONU: CCPR/C/1/Add.36; A/36/40, párrs. 156, 173.

2. Amnistía Internacional, Cuando es el Estado el que mata. Los derechos humanos frente a la pena de muerte, EDAI, 1989.

3. Documentos ONU: CCPR/C/42/Add. 3, párrs. 26-27; A/43/40, párrs. 551, 579. La traducción de las citas no es oficial.

4. Documentos ONU: CCPR/C/4/Add.10, párr. 92; CCPR/C/57/Add.1. La traducción de la cita no es oficial.

5. Amnistía Internacional, Cuando es el Estado el que mata, ibíd.

6. Amnistía Internacional, Menores de edad y pena de muerte: Ejecuciones en el mundo desde 1990 (Índice AI: ACT 50/10/00/s), noviembre de 2000.

7. Documento ONU: E/CN.4/2002/74, párr. 108; Unión Europea, Annual Report on Human Rights 2001, p. 74.

8. Documento ONU: CRC/C/3/Add.57.

9. Documentos ONU: CRC/C/SR.705, párrs. 27, 48, 58; CRC/C/SR.706, párr. 13. Tampoco mencionaron los representantes el caso de un niño soldado de 14 años ejecutado en el 2000. La traducción de las citas no es oficial.

010. Documento ONU: CRC/C/15/Add.153, párrs. 74, 75.

11. Documentos ONU: CCPR/C/1/Add.16, CCPR/C/1/Add.26; Yearbook of the Human Rights Committee 1977-78, Vol. I, p. 252, párr. 8. La traducción de las citas no es oficial.

212. Documento ONU: CCPR/C/1/Add.58.

313. Documento ONU: A/37/40, párrs. 308, 326. La traducción de la cita no es oficial.

414. Amnistía Internacional, Cuando es el Estado el que mata, ibíd.

515. Documento ONU: CCPR/C/28/Add.15, párr. 74.

616. En el informe que presentó en el periodo de sesiones de 1993 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias afirmó también que había recibido informes sobre la ejecución de tres menores delincuentes en Irán en 1992 (Documento ONU: E/CN.4/1993/46, párr. 363). En junio de 2001 la relatora especial hizo un llamamiento urgente al gobierno de Irán en relación con los informes que indicaban que un muchacho paquistaní de 14 años había sido condenado a muerte en Irán tras haber sido condenado por delitos relacionados con las drogas (Documento ONU: E/CN.4/2002/74, párr. 106).

717. Documento ONU: CRC/C/41/Add.5.

818. Documentos ONU: CRC/C/SR.617, párr. 46; CRC/C/SR.618, párrs. 22, 40, 43. La traducción de las citas es de EDAI.

919. Documento ONU: CRC/C/15/Add.123, párrs. 29, 30.

020. Amnistía Internacional, Cuando es el Estado el que mata, ibíd.

121. Documento ONU: CRC/C/8/Add.26, párr. 50.

22. Documento ONU: CCPR/C/92/Add.1, párr. 37. El Comité de Derechos Humanos no interrogó a los representantes del gobierno nigeriano sobre este punto al examinar el informe en abril y julio de 1996. La traducción de la cita no es oficial.

323. Documento ONU: CRC/C/SR.323, párrs. 46, 73.

424. Documento ONU: CRC/C/15/Add.61, párr. 92.

525. Informe 1998 de Amnistía Internacional.

626. Informe 1993 de Amnistía Internacional; Informe 1998 de Amnistía Internacional.

727. Documento ONU: CRC/C/3/Add.13, párr. 158.

828. Documentos ONU: CRC/C/SR.133, párrs. 10, 13; CRC/C/SR.134, párrs. 8, 17. La traducción de las citas no es oficial

929. Documento ONU: CRC/C/15/Add.18, párrs. 12, 23.

030. Documento ONU: CRC/C/61/Add.2, párr. 253. La traducción de la cita no es oficial.

131. Documento ONU: CRC/C/15/Add.148, párrs. 27, 28.

* Véase supra, pág. 3.

232. Documento ONU: CCPR/C/81/Add.4, párr. 147. En el informe de Estados Unidos se indicaba que la Corte Suprema había declarado inconstitucional imponer la pena de muerte a una persona que había cometido el delito a la edad de 15 años (Thompson v. Oklahoma, 1988), pero había aprobado su imposición a personas que lo habían cometido con 16 ó 17 años (Stanford c. Kentucky, 1989).

33. Documento ONU: CCPR/C/SR.1405, párrs. 13, 45.

434. Documento ONU: CCPR/C/79/Add.50, párrs. 16, 31.

535. Documento ONU: CCPR/C/50/Add.2, párrs. 110-13.

636. Amnistía Internacional, Cuando es el Estado el que mata, ibíd.

737. Documento ONU: CCPR/C/82/Add.1, párr. 14.

838. Informe 1994 de Amnistía Internacional.

939. Documento ONU: A/50/40, párrs. 256, 262.

040. Documentos ONU: CRC/C/8/Add.20, párr. 24; CRC/C/SR.262, párrs. 4, 10, 13, 22, 35.

141. Documento ONU: CRC/C/15/Add.102, párr. 20. Durante el examen del informe, un miembro del Comité planteó el caso de un preso condenado a muerte cuya edad estaba en discusión. (Documento ONU: CRC/C/SR.524, párr. 30; véase también Amnistía Internacional, Yemen: temor de ejecución inminente, Acción Urgente EXTRA 143/97, Índice AI: MDE 31/13/97/s).

242. Documento ONU: CCPR/C/YEM/2001/3, párr. 37.

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