Document - Death Penalty News: June 2005

BOLETÍN SOBRE LA PENA DE MUERTE

Junio de 2005

AMNISTÍA INTERNACIONAL

1 Easton Street

London WC1X 0DW

Reino Unido ÍNDICE AI: ACT 53/002/2005

RESUMEN TRIMESTRAL DE ACONTECIMIENTOS SOBRE LA PENA DE MUERTE Y AVANCES EN EL CAMINO DE LA ABOLICIÓN UNIVERSAL




EE. UU.: PROHIBIDAS LAS EJECUCIONES DE MENORES


La Corte Suprema de Estados Unidos, en una sorprendente decisión, ha dictaminado, por cinco votos contra cuatro, que el uso de la pena de muerte contra personas menores de 18 años en el momento de cometerse el delito, contraviene la prohibición constitucional estadounidense de los "castigos crueles e inusuales".


El fallo, dictado el 1 de marzo en la causa Roper v. Simmons, se traduce en que se perdonará la vida a más de 70 personas condenadas a muerte por delitos cometidos siendo menores de edad y en que ninguna otra será condenada a muerte en casos similares.


En 1989, la Corte Suprema había dictaminado que el uso de la pena de muerte contra personas menores de 16 o 17 años en el momento del delito no era inconstitucional. Una de las causas de esta decisión fue que no había datos suficientes en la legislación estatal que indicaran la existencia de un “consenso nacional” en contra del uso de la pena de muerte en el caso de menores de 18 años.


En esta nueva resolución, la Corte ha observado que, desde 1989, cinco estados han prohibido la pena de muerte contra personas menores de 18 años en el momento del delito y que ninguno la ha reinstaurado. Además, de los seis estados que han ejecutado a personas en esta situación desde 1989, sólo tres lo han hecho durante los últimos 10 años. En su declaración, escrita en nombre de la mayoría por el Juez Kennedy, la Corte ha llegado a la conclusión de que “hoy en día nuestra sociedad ve a los menores como [...] ‘categóricamente menos culpables que al delincuente medio’”.


La Corte también ha tenido en cuenta las tendencias internacionales, señalando “la dura realidad de que Estados Unidos es el único país que continúa autorizando de manera oficial la pena de muerte contra personas que eran menores en el momento del delito". Ha indicado que la pena de muerte en tales casos está prohibida en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; que sólo siete países, además de Estados Unidos han continuado con esta práctica desde 1990 y que “desde entonces cada uno de estos países ha abolido la pena capital contra menores o ha hecho pública su desautorización”. Para concluir, la Corte ha afirmado que “Estados Unidos se encuentra solo en un mundo que ha dado la espalda a la pena de muerte en este tipo de casos”.


Con el fallo de marzo, no existe ya ningún país que ejecute abiertamente a menores como práctica normal de su sistema de justicia penal. No obstante, parece ser que existen al menos tres o, posiblemente, incluso seis personas recluidas como “combatientes enemigos” en la base naval de Guantánamo, en Cuba, que eran menores de 18 años cuando fueron detenidas. La administración estadounidense mantiene que las medidas de protección previstas en la Constitución no se aplican a los detenidos de Guantánamo, y tiene intención de juzgar a algunos de ellos ante comisiones militares, órganos ejecutivos que cuentan con poder para dictar sentencias de muerte. Existe el temor de que los detenidos puedan ser condenados a muerte y ejecutados a pesar del fallo de la causa Roper v. Simmons.


MÉJICO PROCEDE A ABOLIR LA PENA DE MUERTE


Méjico ha abolido la pena de muerte para todos los delitos, lo cual eleva a 85 el número de países totalmente abolicionistas.

El 21 de abril, se abolió la última disposición del derecho penal mejicano que autorizaba la pena de muerte. La Cámara de Diputados votó por unanimidad en favor de la reforma del código penal militar y la sustitución de la pena de muerte por condenas de entre 30 y 60 años de prisión para los delitos graves. Aunque la última ejecución por delitos comunes tuvo lugar en 1937 y la última ejecución en virtud del código penal militar se llevó a cabo en 1961, los tribunales militares han continuado dictando sentencias de muerte que más tarde han sido conmutadas por el presidente. Organizaciones mejicanas e internacionales de derechos humanos habían instado durante años al gobierno mejicano a que diera un paso más y eliminara la pena de muerte de la legislación.

El gobierno mejicano ha prometido abolir la pena de muerte en la Constitución. Hasta la fecha, el Congreso no ha aprobado esta reforma ni otras propuestas de enmienda constitucional para reforzar la protección de los derechos humanos.


NACIONES UNIDAS CONSIDERA LA ABOLICIÓN “ESENCIAL” PARA LOS DERECHOS HUMANOS


Una resolución de las Naciones Unidas en la que se pide la suspensión mundial de las ejecuciones ha sido copatrocinada por 81 países, cinco más que en 2004 y el mayor número hasta la fecha.


La resolución 2005/59 sobre la “Cuestión de la Pena Capital" fue adoptada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 20 de abril, en su periodo anual de sesiones de Ginebra. Se trata de la novena resolución de este tipo adoptada por la Comisión desde 1997.


Como en años anteriores, la resolución exhorta a todos los Estados que aún mantienen la pena de muerte a: “Abolir completamente la pena de muerte y, entretanto, establecer una moratoria de las ejecuciones”. Les insta asimismo a que respeten las salvaguardias de las Naciones Unidas y las restricciones sobre la pena de muerte acordadas y a: “No imponer la pena capital ni ejecutar a ninguna persona que sufra de algún tipo de discapacidad mental o intelectual".


La resolución incluye también nuevas cuestiones. Reafirma “el derecho de todos los individuos a la vida”, y manifiesta, por primera vez, que “la abolición de la pena capital es esencial para la protección de ese derecho”. Estas manifestaciones representan el mayor acercamiento de las Naciones Unidas a la condena de la pena de muerte como violacion de los derechos humanos.


La resolución también condena la “aplicación de la pena de muerte sobre la base de cualesquiera legislaciones, políticas o prácticas discriminatorias”, y “que se aplique la pena capital a un número desproporcionado de personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas”, y pide a los Estados que no dicten sentencias preceptivas de muerte. Exhorta a los Estados que “han suprimido recientemente, o han anunciado la supresión, de hecho o de derecho, de la moratoria impuesta a las ejecuciones, a que se comprometan una vez más a suspender esas ejecuciones”.


La resolución 2005/59, respaldada por la Unión Europea (UE), fue copatrocinada por todos los países de la UE, así como por muchos Estados de otras partes del mundo. Fue adoptada mediante votación por 26 países contra 17 y 10 abstenciones, margen ligeramente más reducido que en 2003, cuando hubo 29 países a favor, 19 en contra y 5 abstenciones. Nigeria, que votó en contra en años anteriores, se abstuvo este año; su representante explicó que la pena de muerte se estaba estudiando en su país. Por otra parte, la República Democrática del Congo y Gabón, que habían votado a favor en 2004, se abstuvieron este año. Guinea, que se había abstenido anteriormente, votó en contra.


Como en años anteriores, un grupo de países presentó un documento en el que se desvinculaban de la resolución. El documento de este año venía firmado por 66 países, dos más que en 2003, y el mayor número alcanzado hasta la fecha. Chad y Guinea firmaron el documento por primera vez.


NUEVO INFORME QUINQUENAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA PENA CAPITAL


Cada cinco años, el secretario general de las Naciones Unidas debe redactar un informe sobre la pena capital. Estos informes son una fuente única de información, ya que están basados en datos facilitados por los gobiernos, así como por organizaciones no gubernamentales y otros expertos.


El último informe quinquenal del Secretario General, el séptimo de la serie, se ha publicado en marzo de 2005. Frente a los 53 países que proporcionaron información para el anterior informe, el de 2000, sólo 52 contestaron en este caso a la petición de datos realizada por el secretario general. Sólo ocho países que mantienen y aplican la pena capital contestaron al cuestionario.


Reducción mundial de las ejecuciones

El informe expone que el número de países abolicionistas siguió aumentando en el periodo cubierto por el estudio (1999-2003). Por otra parte, aunque los cambios para la total abolición fueron más lentos, se registró una reducción en el número de países que aplicaban la pena de muerte de forma habitual. Además, el porcentaje de ejecuciones disminuyó.

Según los datos disponibles, 16 de los 43 países que seguían siendo retencionistas entre 1999 y 2003 ejecutaron a menos de 10 personas durante este periodo, y 11, a menos de 5. Los datos indicaban que sólo 19 países habían llevado cabo 20 o más ejecuciones judiciales durante este periodo. Únicamente en uno de estos países, Vietnam, parecía el número de ejecuciones haber aumentado de forma notable y regular durante este periodo.

El informe incluye cálculos del índice per cápita de ejecuciones en los países en los que, según la información recibida, se llevaron a cabo 20 o más ejecuciones entre 1999 y 2003. Como en periodos anteriores, Singapur tuvo el índice más alto (6,9 ejecuciones por millón de habitantes), seguido de Arabia Saudí (3,66) y Jordania (2,08).

Salvaguardias

El informe de este año vuelve a cubrir tanto la cuestión de la pena de muerte en sí, como la aplicación de las salvaguardias de las Naciones Unidas sobre la pena capital.


Aunque la salvaguardia número 7 de las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte, adoptadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1984, dispone que cualquier individuo condenado a muerte tiene derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena, en el informe se determina que en varios países retencionistas la persona condenada a muerte no participa en el proceso de indulto y que el proceso de concesión del indulto no cumple los requisitos ni se somete a revisión. Además, de los países retencionistas que respondieron, no todos dijeron que respetaban la octava salvaguardia. Ésta garantiza que ninguna persona puede ser ejecutada mientras esté pendiente un recurso de apelación o de otra índole. El informe subraya la necesidad de aclarar las salvaguardias para que se apliquen al concepto de enfermo mental, en vez de al de demente o retrasado mental. Asimismo, son causa de especial preocupación las condiciones de reclusión de las personas condenadas a muerte o acogidas a una suspensión de las ejecuciones en algunos países.


(La pena capital y la aplicación de las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte: Informe del Secretario General, documento oficial de las Naciones Unidas E/2005/3. (Para más información sobre el sexto informe quinquenal, véase el Boletín sobre la Pena de Muerte de junio de 2000.)



Lista de países abolicionistas y retencionistas

Abolicionistas para todos los delitos: 85
Abolicionistas sólo para los delitos comunes: 11
Abolicionistas de hecho: 24

Total de abolicionistas por ley o de hecho: 120
Retencionistas: 76



EXPERTO DE LAS NACIONES UNIDAS SE OPONE A LA PENA CAPITAL PRECEPTIVA Y PIDE TRANSPARENCIA

En su informe para el periodo de sesiones de 2005 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, pone en tela de juicio la aplicación preceptiva de la pena capital, es decir, las leyes que disponen que la pena de muerte es el único castigo para cierto tipo de delitos. El relator ha manifestado que “la pena de muerte preceptiva, que excluye la posibilidad de una sentencia menos grave, impuesta sin tener en cuenta las circunstancias es incompatible con la prohibición de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

El informe también solicita que se proporcione información completa y precisa de las ejecuciones y que se lleven a cabo revisiones periódicas del uso de la pena de muerte dentro del ámbito de las normas internacionales (veáse el recuadro).

El relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias está encargado de examinar, y proceder en consecuencia, casos de privación arbitraria del derecho a la vida, incluidos los de pena de muerte en que no se respeten las normas internacionales acordadas, entre ellas las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte, adoptadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1984. Su informe incluye información sobre los mensajes enviados a los gobiernos de 17 países en 2004 y las respuestas, cuando las ha habido.

Éste ha sido el primer informe anual de Philip Alston desde que sucedió a Asma Jahangir como relator especial en 2004 y el 23º informe anual desde que la Comisión de Derechos Humanos estableció este cargo en 1982. (Las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, 22 de diciembre de 2004, documento oficial de las Naciones Unidas E/CN.4/2005/7)



























Comentarios del Relator Especial

“El derecho internacional no prohíbe a los países que opten por el mantenimiento de la pena de muerte, pero éstos tienen la obligación inequívoca de divulgar los detalles de la aplicación de esa pena. Es inaceptable que un gobierno insista en una defensa de la pena de muerte basada en principios pero se niegue a informar a su propia población de la frecuencia de su aplicación y de las razones por las que se aplica...”

“La transparencia es esencial en todos los casos en los que se aplica la pena capital. El secretismo en cuanto a los ejecutados viola las normas de derechos humanos. Se debería publicar un informe completo y detallado de todas las ejecuciones y preparar una versión consolidada al menos una vez al año.”

“La experiencia muestra que incluso en los sistemas jurídicos más avanzados pueden producirse errores que den lugar a ejecuciones injustas. Este es un riesgo constante y ningún país puede garantizar de manera exhaustiva y fiable que en su sistema jurídico no se producen errores de ese tipo. Las penas menos graves no son ni tan severas ni tan definitivas, y siempre existe la posibilidad de rectificar los errores. Sin embargo, las características especiales de la pena de muerte implican que el régimen jurídico por la que se rige no pueda compararse con el que rige otras condenas.”

Por lo tanto, corresponde a los países que mantienen la pena capital hacer revisiones periódicas regulares, realizadas por personas independientes del sistema de justicia penal, para evaluar el grado de cumplimiento de las normas internacionales y examinar cualquier prueba (por ejemplo el ADN) de la que se pueda disponer que ponga en duda la culpabilidad de una persona ejecutada.”

  • extraído del informe de 2005 del relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas





IRAN EJECUTA A OTRO MENOR


Iman Farokhi fue ejecutado el 19 de enero por haber cometido, presuntamente, un delito cuando contaba con 17 años de edad. El mismo día, una delegación del gobierno iraní manifestaba en Ginebra que Irán no ejecutaba a menores de 18 años.


Desde 1990, 11 personas han sido ejecutadas en Irán por delitos cometidos cuando eran menores de edad. Actualmente, otras 30 están esperando su ejecución.


LAS AUTORIDADES PALESTINAS REANUDAN LAS EJECUCIOSNES


Cuatro hombres fueron ejecutados el 12 de junio en la Franja de Gaza después de que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbass, autorizara la reanudación de las ejecuciones, poniendo fin así a una suspensión que duraba ya tres años.


Tres de los hombres fueron ahorcados, y el otro, fusilado. Wa'el Sha'ban al-Shoubaki, Salah Khalil Musallam y 'Oda Muhammad Abu 'Azab habían sido condenados a muerte por asesinato en 1995 y 1996. Al cuarto hombre, Muhammad Daoud al-Khawaja, se le había impuesto la pena capital en el año 2000, después de un juicio ante el notablemente injusto Tribunal de Seguridad del Estado, que ha sido abolido desde entonces.


Según informes, el presidente Abbas ordenó la reanudación de las ejecuciones como respuesta al aumento de la criminalidad y el desorden en las áreas de los Territorios Ocupados que se encuentran bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina.


EJECUCIONES EN ARABIA SAUDÍ


Seis hombres de nacionalidad somalí fueron ejecutados en Arabia Saudí el 4 de abril. Ninguno de ellos sabía que su vida corría peligro.


El 21 de febrero, Amnistía Internacional había escrito al ministro del Interior saudí en relación con la situación de los seis somalíes, que se encontraban privados de libertad a pesar de haber cumplido ya sus condenas de cárcel, así como los castigos corporales que les habían impuesto. La organización nunca recibió una respuesta a su carta, pero en abril supo que los hombres habían sido ejecutados.


Esto eleva el número total de ejecuciones llevadas a cabo en el país hasta finales de junio a al menos 50. Casi dos tercios de los ejecutados eran ciudadanos extranjeros.


GUATEMALA ESTUDIA LA ABOLICIÓN


Después de la muerte del papa Juan Pablo II en abril, el presidente de Guatemala, Óscar Berger, anunció que iba a intentar conseguir la abolición de la pena de muerte en honor del pontífice. Una comisión de asuntos legislativos y constitucionales del Congreso está examinando en la actualidad un proyecto de ley sobre la abolición y presentará sus recomendaciones dentro de dos meses.


En julio de 2002, la Asamblea Nacional rechazó un proyecto de ley para la abolición presentado por el entonces presidente Alfonso Portillo.


La pena capital es un tema polémico en Guatemala, que en 1996 televisó la ejecución de dos hombres por fusilamiento. La última ejecución tuvo lugar en junio de 2000 y fue por inyección letal.



NOTICIAS DE ESTADOS UNIDOS



Connecticut - El 13 mayo, el estado de Connecticut llevó a cabo su primera ejecución desde el 17 de mayo de 1960. Michael Ross había sido condenado a muerte por el asesinato de cuatro muchachas en 1983 y 1984. Fue ejecutado después de retirar sus apelaciones contra la condena.

Al menos 115 personas han sido ejecutadas en los Estados Unidos desde 1977 después de que renunciaran a apelar contra sus condenas. Esta cifra constituye más del 10 por ciento de la cifra total de muertes judiciales.

Existen varios factores que pueden llevar a que un preso decida no apelar contra su condena de muerte, entre ellos el trastorno mental, las enfermedades físicas, los remordimientos, la bravuconería, las creencias religiosas, la severidad de las condiciones de reclusión (incluidos el aislamiento prolongado y la ausencia de visitas con contacto físico), la sombría alternativa de una vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional, el pesimismo sobre las perspectivas de la apelación, la búsqueda de notoriedad o, simplemente, el deseo de conseguir una sensación de control sobre una situación ante la que el preso no puede hacer nada.


Estado de Nueva York - En abril, la Comisión de Códigos de la Asamblea de Nueva York (el cuerpo legislativo estatal) se votó por 11 frente a 7 en contra de estudiar la legislación para restaurar la pena capital en Nueva York, poniendo fin así a la reinstauración de la pena de muerte en el estado durante esta legislatura.

La ley sobre la pena capital de Nueva York, de 1995, había sido declarada no válida por la máxima instancia judicial del estado en 2004. Jamás se llevó a cabo ninguna ejecución bajo en aplicación de esta ley.

Puerto Rico - En mayo, un jurado federal de Puerto Rico rechazó una petición del fiscal en favor de la imposición de la pena capital a dos acusados declarados culpables de asesinato en el curso de un robo a mano armada en 2002. Puerto Rico no ha ejecutado a nadie desde 1927, y prohíbe la pena de muerte en su Constitución. No obstante, la pena capital federal estadounidense se aplica a Puerto Rico, en medio de una oposición pública generalizada.

Cuestiones relativas a indultos - En enero, el gobernador saliente de Indiana, Joe Kernan, concedió el indulto al condenado a muerte Michael Daniels y le conmutó la pena por cadena perpetua. El gobernador observó que Daniels poseía un cociente de inteligencia de 77, lo cual indicaba que era un caso leve de retraso mental, y que había datos que ponían en duda su culpabilidad, pero que nunca se habían presentado en los tribunales.

En cambio, Stanley Hall fue ejecutado en Missouri el 16 de marzo. Sus abogados habían solicitado el indulto tomando en consideración varios factores, como que Hall sufría retraso mental, ya que su cociente de inteligencia se encontraba entre 70 y 75, y que su ejecución violaría la legislación de Missouri y de Estados Unidos, que prohibía este tipo de ejecución.

Inocencia - El 28 de febrero, un juez de Ohio retiró todos los cargos presentados contra Derrick Jamison por un asesinato por el que había sido condenado a muerte en 1985. Su sentencia condenatoria había sido anulada en una apelación en 2002 y la fiscalía decidió finalmente no volver a juzgarlo.

Con Derrick Jamison ascendío a 119 el número de condenados a muerte excarcelados en Estados Unidos desde 1973 por ser inocentes. En su primer juicio, la acusación había retenido las pruebas que lo exculpaban.


NOTICIAS BREVES


Canadá – Las estadísticas nacionales de homicidios hechas públicas para el año 2003 indicaron que la tasa de homicidios en Canadá había descendido un 7%, alcanzando así el índice mínimo en más de 30 años. Generalmente, la tasa de homicidios ha ido descendiendo desde 1976, cuando Canadá abolió la pena de muerte para los delitos comunes. La tasa de 2003, de 1,73 víctimas por 100.000 habitantes, constituye un tercio de la de su país vecino, Estados Unidos, que es de 5,69 víctimas por 100.000 habitantes.


India – En mayo, un grupo de derechos humanos, la Unión Popular por los Derechos Democráticos, pidió al gobierno de la India que hiciera pública toda la información sobre las ejecuciones realizadas desde su independencia en 1947. El grupo puso en duda la cifra de 55 ejecuciones que había hecho pública la prensa en agosto de 2004, cuando ejecutaron a Dananjoy Chatterjee (véase el Boletín sobre la Pena de Muerte de diciembre de 2004), manifestando que, de acuerdo con un informe de la Comisión Jurídica de 1967, al menos 1.422 personas habían sido ejecutadas entre 1953 y 1964.


Las autoridades indias mantienen posturas encontradas respecto a la divulgación de las estadísticas sobre la pena de muerte. El director general adjunto de Prisiones de Delhi ha declarado que no es de “interés público” la publicación de estas cifras, mientras que funcionarios del estado de Maharashtra las han dado a conocer cuando se les han solicitado.


Kirguistán – El 10 de enero, el presidente Askar Akayev firmó un decreto por el cual se prorrogaba un año la suspensión de las ejecuciones. Actualmente se está redactando una ley para la abolición de la pena capital.


Pakistán – Las apelaciones en contra de la anulación por el Tribunal Superior de Lahore en diciembre de 2004 de la Ordenanza del Sistema de Justicia de Menores, que prohibía la ejecución de personas menores de edad en el momento de cometerse el delito (véase el Boletín sobre la Pena de Muerte de diciembre de 2004), están actualmente pendientes en el Tribunal Supremo de Pakistán. La anulación se ha suspendido hasta que el Tribunal Supremo tome una decisión.


Estados Unidos – La encuesta anual de Gallup sobre creencias y valores morales en Estados Unidos, realizada cada año desde 1936, fue llevada a cabo del 2 al 5 de mayo. Según los resultados, el apoyo a la pena de muerte en caso de sentencia condenatoria por asesinato es actualmente del 74%, mayor que el año pasado, mientras que los estadounidenses que están en contra son el 23%. La cifra más alta en favor de la pena de muerte se alcanzó en 1994, con un 80%; y la menor, en 1966, con un 42%.


Según la encuesta, un número considerable de estadounidenses, el 61%, creen que la pena de muerte se aplica de manera justa en Estados Unidos, a pesar de que desde 1973, 119 presos han sido puestos en libertad en este país, después de demostrarse su inocencia de los delitos por los que habían sido condenados a muerte. Hubo seis casos de este tipo en 2004 y dos más hasta junio de 2005.




Condenas de muerte y ejecuciones en 2004

Según Amnistía Internacional, a lo largo del 2004, al menos 3.797 personas fueron ejecutadas en 25 países y 7.395 personas fueron condenadas a muerte en 64 países. Estas cifras sólo incluyen los casos de los que Amnistía Internacional tiene constancia. Las cifras reales son más elevadas.

Como en años anteriores, la gran mayoría de las ejecuciones llevadas a cabo en el mundo tuvieron lugar en un pequeño número de países. En China, los limitados e incompletos datos con que contaba Amnistía Internacional al final del año indicaban que al menos 3.400 personas habían sido ejecutadas, pero se creía que la cifra real era mucho mayor. En marzo de 2004, un delegado de la Asamblea Nacional Popular declaró que cada año se ejecutaba en China a “casi 10.000” personas. Irán ejecutó el año pasado como mínimo a 159 personas, y Vietnam al menos a 64. Hubo 59 ejecuciones en Estados Unidos, algo menos de las 65 de 2003.



























A NUESTROS LECTORES

Lamentamos anunciarles la inminente jubilación de Eric Prokosch, editor del Boletín sobre la pena de muerte y coordinador del Equipo de Investigación Temática del Programa de Política y Evaluación del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional después de 26 años de excepcional servicio a la causa de los derechos humanos.


Boletín sobre la pena de muerte. Junio de 2005

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