En noviembre de 2005, después de 30 años de trabajo misionero en la República Dominicana, el sacerdote católico belga padre Pedro Ruquoy fue llamado a Europa por su orden para salvaguardar su seguridad personal luego de una prolongada campaña de intimidación en su contra que incluyó amenazas de muerte. Durante esos 30 años, el padre Ruquoy trabajó en la defensa de los derechos de los trabajadores de las plantaciones de caña de azúcar, en su mayoría migrantes haitianos o dominicanos de ascendencia haitiana. Su parroquia abarcaba varios bateyes en las provincias de Barahona e Independencia, en el suroeste del país. Los bateyes son comunidades creadas para los trabajadores de las plantaciones de caña de azúcar. El padre Ruquoy llevaba muchos años denunciando las detenciones y expulsiones masivas de haitianos y de dominicanos de origen haitiano por parte de las autoridades dominicanas, así como la falta de acceso a la nacionalidad dominicana de las niñas y los niños nacidos de trabajadores migrantes haitianos. También mostró una actitud crítica hacia las duras condiciones en que trabajan y viven los trabajadores de la caña de azúcar y sus familias.

Amnistía Internacional (AI) lleva mucho tiempo haciendo campaña en favor del padre Ruquoy, y ha emitido una Acción de la Red de Defensores de los Derechos Humanos en julio de 2001 (véase República Dominicana: continuas amenazas contra un defensor de los derechos de los haitianos, AMR 27/007/2001, 13 de julio de 2001), así como Acciones Urgentes (AU) en 2004 y 2005. La última AU se emitió después de que el padre Ruquoy recibiera presuntamente amenazas de muerte del jefe de seguridad de una plantación de caña de azúcar por denunciar la situación del sector azucarero (véase AU 237/05, AMR 27/001/2005, 12 de septiembre de 2005). El padre Ruquoy también fue criticado públicamente por las autoridades dominicanas por considerar que menoscababa la imagen del país en el extranjero, y poco después abandonó a su pesar la República Dominicana.

Aumento de la xenofobia y de los actos de hostigamiento

El padre Ruquoy salió del país en un momento en que la xenofobia y el hostigamiento contra los haitianos y los dominicanos de origen haitiano iban en aumento. Esta situación persistía desde el asesinato, presuntamente a manos de dos haitianos, de un tendero dominicano en el noroeste del país el 9 de mayo de 2005. Según los informes, después del incidente, entre el 13 y el 15 de mayo miembros de las fuerzas armadas dominicanas, acompañados de funcionarios de inmigración, expulsaron arbitrariamente del país a más de 2.000 haitianos y dominicanos de origen haitiano que vivían en la zona, un número de expulsiones que carecía de precedentes en los últimos años. Desde esas fechas ha aumentado el número de ataques indiscriminados de muchedumbres contra personas haitianas en la República Dominicana, en muchos casos como aparente represalia por ataques violentos contra personas dominicanas que se atribuyen a la población haitiana, que a menudo es elegida como chivo expiatorio de los delitos que se cometen en la República Dominicana.

Haití y la República Dominicana comparten la isla llamada La Española, pero debido a conflictos que tuvieron lugar en el siglo XIX y a las diferencias existentes en cuanto a desarrollo económico y social, estos dos países mantienen desde hace tiempo unas relaciones de vecindad precarias. Pese a la diversidad racial existente en la República Dominicana, se considera que toda persona de piel negra es haitiana o de ascendencia haitiana y puede ser objeto de discriminación. Miles de haitianos entran cada año en la República Dominicana huyendo de la pobreza reinante en su país para trabajar en los sectores de la agricultura y la construcción. Muchas de estas personas entran ilegalmente en el país, al parecer con la connivencia de funcionarios militares y de migración dominicanos, para servir de mano de obra temporera barata. En algunas ocasiones, estos cruces de frontera clandestinos tienen consecuencias trágicas; en enero del presente año, 24 haitianos murieron asfixiados cuando eran transportados en la parte trasera de un camión para cruzar la frontera de la República Dominica. Lo cierto es que la República Dominicana necesita esta mano de obra ya que los trabajadores migrantes haitianos están dispuestos a aceptar salarios inferiores y condiciones peores que los dominicanos, muy pocos de los cuales están dispuestos a realizar los trabajos más duros en la agricultura y la construcción. El sector azucarero no se ha mecanizado ya que aumentarían los costos.

Según fuentes gubernamentales dominicanas, entre 20.000 y 30.000 haitianos son expulsados cada año. Muchas de estas expulsiones son ilegales y arbitrarias, y son contrarias a la legislación nacional dominicana y a las normas internacionales de derechos humanos. Las expulsiones indiscriminadas se producen a menudo al término de la recolección de la caña de azúcar, y la mayoría de las personas expulsadas no tienen tiempo para recoger sus salarios ni sus pertenencias personales. Es frecuente que las personas sean detenidas y expulsadas únicamente por el color de su piel. Se parte del doble supuesto de que son ciudadanos haitianos y de que se encuentran ilegalmente en el país. Sin embargo, muchas de estas personas están en posesión de permisos de trabajo y de visados válidos, y algunas incluso tienen la nacionalidad dominicana y poseen documentación válida. Sin embargo, presentar documentos válidos a las autoridades cuando éstas los requieren puede no servir de nada, pues a menudo los ignoran e incluso los rompen en pedazos en presencia de sus titulares. AI ha obtenido testimonios de dominicanos que nunca han estado en Haití, que a pesar de carecer de vínculos familiares en ese país y de no hablar francés ni criollo han sido detenidos por las autoridades dominicanas y expulsados a Haití, desde donde tienen que tratar de regresar a su país. En muchos casos no disponen de suficiente dinero para pagar los gastos del transporte ni de documentos de identidad, que han sido confiscados o destruidos, por lo que tienen que recurrir a organizaciones no gubernamentales para que los ayuden a entrar de nuevo en su país de nacimiento y regresar a sus hogares.

Visita de investigación

En junio de 2006, miembros del Equipo Subregional de América del Norte y el Caribe de AI viajaron a la República Dominicana para investigar la cuestión de la discriminación que sufren los trabajadores migrantes haitianos y las personas dominicanas de ascendencia haitiana. La investigación se centró en las expulsiones ilegales de ciudadanos haitianos y de dominicanos de origen haitiano, así como en la denegación de la nacionalidad dominicana a los descendientes de haitianos nacidos en la República Dominicana.

En el marco de la visita de investigación, el equipo visitó los bateyes de la provincia de Barahona, en el suroeste del país, donde el padre Ruquoy vivió y trabajó durante la mayor parte del tiempo que residió en la República Dominicana. En el batey 5, el equipo se entrevistó con Esmelin Matos, de 64 años de edad, y su hijo Youry Matos, de 21, que trabajan en las plantaciones de caña de azúcar. Esmelin Matos y su familia extendida viven en una de las 63 casas construidas colectivamente con la asistencia de Plataforma VIDA, una organización fundada con la ayuda del padre Ruquoy que defiende los derechos de los trabajadores de las plantaciones de caña de azúcar en el suroeste del país. Sólo algunas de estas viviendas disponen de electricidad y de servicios sanitarios elementales. Sin embargo, al menos constituyen un alojamiento sólido en comparación con las edificaciones hechas de palos y hojas de palma en las que viven la mayoría de los habitantes del batey, que se inundan fácilmente durante la estación de las lluvias.

Esmelin Matos y su hijo Youry en su casa, construida con la ayuda del padre Ruquoy © AI

Esmelin afirmó que el padre Ruquoy ayudó mucho en todos los bateyes, y agregó que antes la gente vivía en cuchitriles pero ahora pueden vivir como seres humanos, y hay escuelas y parques.

Esmelin nació en la República Dominicana de padres haitianos y es ciudadano dominicano de pleno derecho. Sin embargo, no todos sus ocho hijos han podido conseguir un acta de nacimiento. Este documento es fundamental para la integración plena en la vida dominicana. El acta de nacimiento se exige generalmente a los niños y niñas para continuar los estudios después de la enseñanza primaria, y a menudo no se permite la asistencia a los centros escolares de menores indocumentados. Esmelin dijo que sus hijos han tenido la suerte de que los maestros locales no les han exigido que presenten sus documentos de identidad. El acta de nacimiento es imprescindible también para obtener la tarjeta de identidad personal (cédula) que todos los dominicanos deben poseer al cumplir 18 años. La cédula es necesaria para efectuar toda clase de transacciones, desde la apertura de una cuenta bancaria hasta la firma de un contrato, para el acceso al mercado de trabajo formal y para ejercer el derecho de voto en las elecciones. La burocracia a la que todo el mundo debe hacer frente para obtener estos documentos y la discriminación añadida contra los dominicanos de ascendencia haitiana tienen como resultado que miles de personas no poseen documentación oficial, lo cual las convierte de hecho en apátridas.

Según la legislación dominicana, todas las personas nacidas en el país adquieren automáticamente la nacionalidad dominicana. El artículo 11 de la Constitución garantiza el derecho a la nacionalidad dominicana a todas las personas nacidas en el territorio dominicano, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros “residentes en el país en representación diplomática” y de los hijos de las personas que están “de tránsito”. Se calcula que hay unos 500.000 haitianos indocumentados en la República Dominicana, aunque la cifra podría ser muy superior. Muchas de estas personas llevan muchos años viviendo en la República Dominicana y no se puede considerar que continúan “de tránsito” en el país. En septiembre de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló que la República Dominicana debía cumplir su propia Constitución y conceder la nacionalidad dominicana a dos niñas dominicanas de ascendencia haitiana a las que se había denegado este derecho a pesar de haber nacido en la República Dominicana. La Corte ordenó asimismo a las autoridades dominicanas que aplicasen medidas legislativas y administrativas que garantizasen la emisión de actas de nacimiento de manera no discriminatoria.

Casas del batey 5 construidas con la ayuda del padre Ruquoy © AI

Esmelin Matos habló de las dificultades y de la burocracia a las que ha debido hacer frente su familia cuando ha intentado obtener las actas de nacimiento de sus hijos. Esmelin afirmó que su esposa y él han de presentarse para inscribir a sus hijos en la oficina local del registro civil junto con siete testigos cuyos gastos de transporte y alimentación corren de su cargo. Sus hijos deben obtener asimismo un documento oficial de todas las demás oficinas del registro civil de la provincia que certifique que no han sido inscritos en ellas. Todo esto se suma a los cuantiosos gastos de viaje y quita tiempo de trabajo, lo cual significa perder salarios que no pueden permitirse perder.

Youry Matos tiene un hijo de un año y su esposa está embarazada. Sin obtener su propia acta de nacimiento y después la cédula, la esposa de Youry no podrá inscribir a sus propios hijos. Debido a este círculo vicioso, la presunta “ilegalidad” de los padres se transmite a sus descendientes. El caso de la familia Matos sólo fue uno de los muchos que el equipo encontró durante su investigación. El señor Matos habló de las duras condiciones de trabajo en las plantaciones y del trato que reciben de los capataces, y agregó que trabajan como burros y los tratan como a ganado. Los trabajadores de las plantaciones ganan poco más de 4 dólares de EE. UU al día, cantidad insuficiente para alimentar a una familia en un país donde el costo de la vida se ha elevado.

Sencillas chozas del batey 5 construidas por sus moradores

En noviembre de 2006, AI publicará un informe sobre la cuestión de las expulsiones ilegales y el acceso a la nacionalidad como parte de una campaña. El equipo de investigación de AI desea dar las gracias a todas las personas que han actuado en favor del padre Ruquoy en los últimos años. El adjunto de investigación y acción sobre la República Dominicana concluye diciendo: "Aunque los esfuerzos para conseguir que su trabajo en defensa de los derechos humanos pudiera continuar libre de obstáculos fueron infructuosos en última instancia, esperamos que participen en la próxima campaña en defensa de los derechos de los trabajadores migrantes haitianos y de los dominicanos de origen haitiano, derechos a cuya protección y promoción el padre Ruquoy dedicó tantos años de su vida". El padre Ruquoy trabaja ahora en Zambia.