AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: AFR 12/006/2008
5 de septiembre de 2008

Angola: No más hostigamiento, intimidación y cierre de organizaciones de derechos humanos

Con motivo de las primeras elecciones legislativas de Angola en 16 años, Amnistía Internacional ha pedido hoy 5 de septiembre al gobierno angoleño que ponga fin al hostigamiento y la intimidación de los activistas de derechos humanos y al cierre de las organizaciones de derechos humanos en el país.

La organización ha dicho que la represión de la labor de los activistas de derechos humanos es muy preocupante, especialmente ahora que Angola se prepara para las segundas elecciones presidenciales de su historia.

En los últimos años los activistas de derechos humanos han vivido en un ambiente hostil en Angola. Las autoridades han amenazado frecuentemente con prohibir las organizaciones de derechos humanos. El Tribunal Constitucional decidirá próximamente sobre el caso más reciente, el intento del gobierno de prohibir la Asociación para la Justicia, la Paz y la Democracia, meses después de que las autoridades cerraran oficialmente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Angola, y casi dos años después de la prohibición de Mpalabanda (Associação Cívica de Cabinda).

En 2007, cuatro destacadas organizaciones de derechos humanos del país recibieron amenazas de cierre. El director de la Unidad Técnica para la Coordinación de la Ayuda Humanitaria, organización de carácter gubernamental, hizo unas declaraciones en las que acusaba a las organizaciones de utilizar los derechos humanos como tapadera para infringir la ley y amenazaba con cerrarlas.

Amnistía Internacional considera que el hostigamiento, la intimidación y el cierre de organizaciones de derechos humanos en el país es una vulneración de las garantías de libertad de asociación, reunión y expresión contenidas en las leyes nacionales y los tratados y normas internacionales de derechos humanos. Entre esos tratados y normas se pueden citar la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificados ambos por Angola, así como la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, de la ONU).

A Amnistía Internacional le preocupa que la intimidación y los cierres se estén produciendo en un momento en el que el país está en pleno proceso electoral tras 16 años sin comicios y, por consiguiente, en el que resulta crítica la participación de activistas de derechos humanos en los asuntos cívicos.

El derecho internacional de los derechos humanos establece que no deben ponerse restricciones al ejercicio de los derechos a la libertad de asociación, salvo aquellas que determine la ley y sean estrictamente necesarias en interés de la seguridad nacional, la seguridad y el orden públicos, la salud pública y la moral, o la protección de los derechos y libertades de terceros. Si bien Amnistía Internacional reconoce el derecho del gobierno a restringir las actividades de organizaciones en las circunstancias antes mencionadas, la organización insta a las autoridades a garantizar que ejercen este derecho sólo cuando es estrictamente necesario y con arreglo a las leyes y normas internacionales de derechos humanos.

La organización insta a las autoridades de Angola a respetar, promover y proteger la labor de estas organizaciones de derechos humanos y de los defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas que trabajan en ellas. Las autoridades deben asegurarse de que los activistas de derechos humanos tienen libertad para llevar a cabo su labor sin injerencias. Amnistía Internacional recuerda a las autoridades angoleñas su responsabilidad de tomar las medidas adecuadas para aplicar la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU con arreglo a la Declaración de Kigali, adoptada por la Conferencia Ministerial sobre Derechos Humanos de la Unión Africana en mayo de 2003.

Amnistía Internacional recuerda además al gobierno angoleño su compromiso voluntario, contraído en el marco de su elección para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de proteger y promover los derechos humanos en el ámbito nacional. La organización pide al gobierno de Angola que cumpla su compromiso protegiendo la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos en el país y poniendo fin a la intimidación, el hostigamiento y el cierre de organizaciones de derechos humanos.

Información general
En junio de 2006, el gobierno de Angola presentó acciones judiciales ante el Tribunal Provincial de Cabinda, basadas en la Ley de Asociaciones de mayo de 1991 (Lei das Assosiações de Maio de 1991), para prohibir la asociación Mpalabanda (Associação Cívica de Cabinda). El gobierno afirmó que Mpalabanda incitaba a la violencia y al odio. También acusó a la asociación de llevar a cabo actividades políticas, más que ser una organización de la sociedad civil. El 20 de julio de 2006, el Tribunal decidió prohibir la organización. En la sentencia no se hacía mención alguna a que Mpalabanda promoviera la violencia y el odio, ni se convocó a ninguno de los testigos citados para testificar sobre el asunto. Mpalabanda era la única organización de derechos humanos que trabajaba por entonces en la provincia de Cabinda.

El hostigamiento y la intimidación de las organizaciones de derechos humanos continuó en 2007, cuando el director general de la Unidad Técnica para la Coordinación de la Ayuda Humanitaria anunció en una reunión con organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales radicadas en Angola que el gobierno interrumpiría en breve las actividades de las organizaciones no gubernamentales que no tuvieran un impacto social para la población o para el ejecutivo. Después, acusó a cuatro destacadas organizaciones de derechos humanos (la Asociación para la Justicia, la Paz y la Democracia; Mãos Livres; la sección angoleña de la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta de África Austral, la Fundación Sociedad Abierta y SOS-Habitat, una organización local sobre el derecho a la vivienda) de denunciar violaciones de derechos humanos de los ciudadanos para justificar sus actividades mientras perpetraban de hecho actos contra la ley. También las acusó de incitar a la gente a reaccionar, en ocasiones de forma violenta, contra las instituciones y autoridades gubernamentales, y las amenazó con el cierre.

En abril de 2008, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Angola reveló que le habían pedido que cerrara su representación en el país. La oficina fue cerrada a finales de mayo de 2008, tres meses antes de las primeras elecciones legislativas del país en 16 años.

FIN/Documento público

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