Servicio de Noticias 137/97

ÍNDICE AI: AFR 16/28/97/s

1 DE AGOSTO DE 1997

Burundi: el gobierno realiza ejecuciones políticas tras juicios manifiestamente injustos

Amnistía Internacional ha condenado enérgicamente hoy la ejecución, el 31 de julio, de seis hombres condenados a muerte en juicios manifiestamente injustos.

«Estas son las primeras ejecuciones realizadas en Burundi desde 1981, y son tanto más indignantes cuanto que se han producido tras juicios manifiestamente injustos ‒ha declarado hoy Amnistía Internacional‒. Y ahora, al negar el acceso al país a Paulo Sergio Pinheiro, relator especial de la ONU sobre Burundi, el gobierno está tratando de impedir que la comunidad internacional examine la sumamente grave situación de los derechos humanos en Burundi».

El presidente del país, comandante Pierre Buyoya, confirmó las condenas de los seis ejecutados ‒Stanislas Machini, Firmat Niyonkenguruka, Ephraim Banka, Edouard Sahokwsawama, Pontien Bizumukama y Damien Nsabimana‒ el 30 de julio. Todos ellos habían sido declarados culpables de participar en matanzas u otros homicidios cometidos tras el asesinato del primer presidente elegido democráticamente de Burundi, Melchior Ndadaye, el 21 de octubre de 1993. Al menos uno de los condenados, Stanislas Machini, sufrió graves torturas en detención, aparentemente para obligarlo a realizar una confesión de culpabilidad. Ninguno de ellos tuvo abogado defensor.

Según la legislación de Burundi, sólo se pueden formular apelaciones basándose en errores manifiestos de la ley. Stanislas Machini, Firmat Niyonkenguruka y Ephren Banka presentaron sendas apelaciones, que fueron desestimadas. Se cree que los demás procesados no formularon apelación alguna.

Las ejecuciones se llevaron a cabo poco después de que, el 29 de julio, se celebrara en la capital, Bujumbura, una reunión del consejo de magistrados, que al parecer recomendó que no se otorgara la clemencia presidencial y que se ejecutaran las condenas a muerte.

«Las ejecuciones que se producen tras juicios como éstos sólo sirven para perpetuar la impunidad y negar el concepto de justicia; son otro ejemplo más de las violaciones del derecho a la vida que se producen a diario en Burundi ‒declaró Amnistía Internacional‒. Es hora de que el comandante Buyoya haga algo para defender públicamente los derechos humanos».

Según las informaciones que ha recibido Amnistía Internacional, hay otras 130 personas, también condenadas en juicios injustos, que podrían ser ejecutadas de forma inminente, si no se les concede la clemencia presidencial. La organización ha pedido al comandante Buyoya que otorgue clemencia a todos los condenados a muerte y permita que sus condenas y sentencias sean revisadas por un órgano judicial auténticamente imparcial.

Firmat Niyonkenguruka fue declarado culpable, en junio de 1996, del homicidio de 70 niños tutsis en edad escolar; en su juicio se le negó el derecho a disponer de abogado defensor. Los testigos de la defensa no pudieron declarar en el proceso. Ni el encausado ni su abogado estuvieron presentes en la vista de la apelación celebrada ante el Tribunal de Casación en marzo de 1997.

Stanislas Machini, uno de los pocos miembros instruidos del grupo étnico twa, perteneció al comité ejecutivo del partido político de oposición Asamblea del Pueblo Burundés (Rassemblement du peuple burundais). Fue detenido en agosto de 1995 y condenado a muerte en febrero de 1997. En 1995, escribió al fiscal general alegando que había confesado su participación en las matanzas después de ser sometido a tortura. No se tienen noticias de que las autoridades hayan investigado esta denuncia.

Información general

Durante 1996, más de 100 personas fueron condenadas a muerte tras ser declaradas culpables de participar en las matanzas de civiles que tuvieron lugar en octubre y noviembre de 1993. Los juicios fueron manifiestamente injustos; ninguno de los condenados tuvo abogado defensor ante los tribunales, en los que predominaban los investigadores, fiscales y jueces tutsis. Muchos juicios duraron sólo unas horas. Los abogados de Burundi, casi todos tutsis, se negaron a defender a los procesados, algunos de ellos bajo amenazas.

En 1997 han continuado celebrándose estos juicios, y se han dictado al menos otras 13 condenas a muerte. Más de 6.000 personas, en su mayoría hutus, están actualmente en prisión, acusadas de participar en las matanzas de civiles tutsis cometidas tras el asesinato del presidente Melchior Ndadaye. Sólo una pequeña parte de las condenas a la pena capital se impusieron por delitos comunes cometidos antes de octubre de 1993.

Muchos detenidos denuncian que sufrieron torturas y malos tratos en el momento de la detención, así como a manos de los funcionarios encargados de la investigación; por tanto, son numerosas las declaraciones que se han prestado bajo coacciones. Pese a que algunos procesados han mostrado pruebas de tortura ante los tribunales, éstas no se han tenido en consideración. A menudo, los juicios se celebraron sin la comparecencia de testigos de la defensa y sin permitir que los procesados interrogasen a los testigos de la acusación.

En virtud del código penal de Burundi, la ejecución se realiza por ahorcamiento. Según la radio estatal de Burundi, los procesados fueron ahorcados en la prisión central de Mpimba el 31 de julio de 1997. Otras fuentes no confirmadas indican que se los llevaron a Rukoko, zona tristemente conocida por las ejecuciones extrajudiciales, donde fueron fusilados.

Amnistía Internacional publicó en julio de 1997 un informe sobre graves violaciones de derechos humanos en Burundi, derivadas de la política gubernamental de reasentamiento forzoso de hutus en campamentos. En cumplimiento de la obligación de la comunidad internacional de supervisar la situación de los derechos humanos en Burundi, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU renovó el mandato de Paulo Sergio Pinheiro como relator especial sobre Burundi. El gobierno de Burundi debe permitir al relator especial el acceso sin restricciones al país para investigar la situación de los derechos humanos, de forma que pueda presentar un informe preciso ante la comunidad internacional.