CAMERÚN

Flagrante desprecio por los derechos humanos

Introducción

En Camerún se violan de forma persistente los derechos humanos fundamentales. En muchos casos, estas violaciones se producen cuando las autoridades ignoran o infringen deliberadamente la ley. Apenas se rinden cuentas por las violaciones de derechos humanos y, generalmente, los responsables actúan con impunidad.

Centenares de críticos y opositores al gobierno Sespecialmente miembros y simpatizantes de partidos políticos de oposición, periodistas, activistas de derechos humanos y estudiantes Shan sufrido hostigamientos, agresiones, arrestos y encarcelamientos. Las fuerzas de seguridad torturan y maltratan de forma sistemática tanto a los detenidos políticos como a los presos comunes. Algunas víctimas han muerto a consecuencia de las lesiones sufridas bajo custodia. Otras han resultado muertas cuando las fuerzas de seguridad han hecho uso de lo que parece ser una fuerza excesiva y letal. Las condiciones de reclusión en la prisiones de Camerún constituyen un trato cruel, inhumano y degradante y traen consigo un elevado índice de mortandad. Según los informes, hay más de cien presos condenados a muerte y, en enero de este año, se informó de que se había llevado a cabo la primera ejecución desde 1988.

En muchos casos, los detenidos permanecen recluidos durante más tiempo del permitido por la ley antes de comparecer ante una autoridad judicial para ser acusados o liberados. En otros casos, se han utilizado leyes que permiten la detención administrativa para mantener recluidos sin cargos ni juicio, y sin posibilidad de impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal, a críticos y opositores al gobierno. Ha habido ocasiones en las que, pese a que los tribunales han ordenado la liberación de detenidos políticos, las autoridades administrativas se han negado a cumplir los dictados del tribunal. En muchos casos presentados contra opositores al gobierno se han producido irregularidades procesales graves. La Constitución revisada que entró en vigor en enero de 1996 apenas ha reforzado la independencia del poder judicial.

Además de las infracciones de la ley cometidas por las autoridades gubernamentales, también se han producido abusos generalizados por parte de los gobernantes tradicionales, que actúan con la aprobación tácita del gobierno. Estos gobernantes tradicionales siguen deteniendo ilegalmente y maltratando a los opositores políticos, sobre todo en el norte del país.

Amnistía Internacional ha hecho recomendaciones específicas para que se tomen medidas urgentes y efectivas destinadas a poner fin a las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Camerún. La organización ha pedido al gobierno de Camerún que deje de someter a quienes le critican o se oponen a él a hostigamientos y detenciones motivados exclusivamente por el ejercicio pacífico llevado a cabo por estos opositores de su derecho a la libertad de expresión y asociación; también le ha pedido que introduzca salvaguardias para proteger de la tortura y los malos tratos a todos los detenidos y presos, que mantenga un estricto control sobre los miembros de las fuerzas de seguridad para garantizar que no utilizan una fuerza indiscriminada, excesiva y letal, que mejore la condiciones de reclusión, que actualmente ponen en peligro la vida de los presos, y que apruebe la abolición de la pena de muerte.

Amnistía Internacional ha pedido además a la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas (ONU), la Organización de la Unidad Africana (OUA), la Commonwealth y la Unión Europea (UE), que examine rigurosamente las violaciones de derechos humanos cometidas en Camerún y que tome medidas efectivas para garantizar que este país cumple plenamente sus compromisos para con dichos derechos.

Últimos acontecimientos políticos en Camerún

Para 1997 estaba prevista la celebración de elecciones tanto parlamentarias como presidenciales. A medida que se han aproximado estas elecciones Slas parlamentarias en mayo y las presidenciales en octubre Sel ambiente político se ha ido haciendo cada vez más tenso y el gobierno de Camerún ha redoblado sus esfuerzos para reprimir las críticas y la oposición. Las últimas elecciones tuvieron lugar en 1992. En octubre de ese año, el presidente Paul Biya fue reelegido tras derrotar por un estrecho margen a su rival más importante, John Fru Ndi, dirigente del Frente Socialdemócrata, el principal partido de oposición. Se produjeron informes de fraude electoral generalizado. El Frente Socialdemócrata había boicoteado las elecciones legislativas de marzo de 1992, las primeras elecciones pluripartidistas desde 1964. Los partidos políticos de oposición habían pedido que se nombrara una comisión electoral independiente encargada de supervisar las elecciones de 1997, pero el gobierno rechazó esta petición.

Previstas inicialmente para marzo de 1997, las elecciones parlamentarias se aplazaron hasta el 17 de mayo de ese mismo año. A fines de marzo, siete semanas antes de las elecciones, estalló la violencia en la provincia noroccidental, un baluarte de la oposición. A consecuencia de ese estallido, entre doscientos y trescientos simpatizantes de la oposición, principalmente del Frente Socialdemócrata, fueron detenidos en las provincias noroccidental y suroccidental, donde la cuestión de una mayor autonomía sigue siendo una fuente de considerable tensión política. Todos los detenidos fueron recluidos sin cargos ni juicio. Entre ellos se encontraban varios miembros del Consejo Nacional del Camerún Meridional, un grupo que ha abogado por la independencia de las dos provincias de habla inglesa, y algunos miembros de una organización afiliada a este grupo, la Liga Juvenil del Camerún Meridional.

El 6 de junio de 1997, el Tribunal Supremo anunció que el partido en el gobierno, el Movimiento Democrático del Pueblo Camerunés, había obtenido la mayoría absoluta con 109 escaños. Los principales partidos de oposición, el Frente Socialdemócrata y la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso, obtuvieron 43 y 13 escaños, respectivamente.

Tanto el Frente Socialdemócrata como la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso habían pedido que se anularan las elecciones en su totalidad a causa del fraude y de las irregularidades. Sin embargo, el Tribunal Supremo sólo las anuló en siete distritos electorales de la división de Mayo-Banyo, provincia de Adamawa, de la división de Mayo-Rey, provincia noroccidental, y de la división de Ndé, provincia occidental. En las nuevas elecciones, celebradas el 3 de agosto de 1997, los candidatos del Movimiento Democrático del Pueblo Camerunés obtuvieron los escaños. Las elecciones del 17 de mayo de 1997 fueron supervisadas por observadores internacionales que declararon que se habían producido irregularidades e intimidaciones y recomendaron que se creara una institución imparcial e independiente, como una comisión electoral independiente, encargada de supervisar futuras elecciones.

Aunque estaba previsto que las elecciones presidenciales se celebraran en octubre de 1997, en agosto de ese mismo año aún no se había fijado una fecha. Un ministro del gobierno que dimitió en abril de 1997 y anunció su intención de presentarse como candidato contra el presidente Biya fue encarcelado posteriormente junto con el director de su campaña presidencial. Aunque fue acusado de faltas de tipo económico, parece que su detención y su encarcelamiento fueron debidos a motivos políticos.

Se teme que la represión de la oposición al gobierno aumente aún más durante el período anterior y posterior a las elecciones presidenciales, lo que supondría un incremento de las violaciones de derechos humanos.

Aunque se ha establecido un órgano nacional de supervisión de los derechos humanos, éste no puede desempeñar su trabajo de forma efectiva e independiente. El Comité Nacional de Derechos Humanos y Libertades fue inaugurado por el presidente Biya en febrero de 1992. Creado por decreto en noviembre de 1990, sus miembros Srepresentantes de órganos gubernamentales y no gubernamentales Sfueron designados por el propio presidente, y a él era a quien debía informar el Comité. El Comité debe además responder ante la oficina del primer ministro y también puede presentar sus informes ante otras autoridades competentes, como las autoridades penitenciarias o los jefes de policía y de las gendarmerías, pero no puede hacer públicas sus conclusiones. Aunque sus miembros pueden visitar las prisiones, las comisarías de policía y las gendarmerías, en varias ocasiones han visto su trabajo bloqueado por las autoridades. El Comité ha tomado varias iniciativas para la promoción de los derechos humanos, como por ejemplo la celebración de seminarios de formación para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluido el personal de las fuerzas armadas, de la policía, los gendarmes (la policía paramilitar) y los funcionarios de prisiones. Sin embargo, su composición, las restricciones impuestas a sus actividades, la falta de recursos y, en especial, la imposibilidad de hacer públicos sus resultados comprometen seriamente su capacidad de llevar a cabo una labor significativa sobre la situación de los derechos humanos en Camerún.(1)

Las obligaciones de Camerún en virtud de las leyes internacionales de derechos humanos

Camerún viola constantemente las obligaciones que ha contraído en virtud de las leyes internacionales de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)(2) y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes(3). En marzo de 1994, el Comité de Derechos Humanos de la ONU estudió el segundo informe periódico de Camerún en virtud del PIDCP y deploró los numerosos casos de detención ilegal y tortura y las numerosas sentencias de muerte y ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el país; también hizo recomendaciones para abordar estas violaciones de derechos humanos. No obstante, desde entonces la situación de los derechos humanos en Camerún se ha deteriorado. Se espera que el Comité de Derechos Humanos de la ONU estudie el tercer informe periódico sobre este país en 1998.

Camerún también es Estado Parte de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos(4) (Carta Africana). Aunque debía presentar su primer informe ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en 1991, el gobierno de Camerún aún no lo ha presentado. El presidente Biya ocupó la presidencia de la OUA desde julio de 1996 hasta junio de 1997. En un momento en el que el gobierno de Camerún tenía la oportunidad de desempeñar un papel de liderazgo en la protección y el respeto por los derechos humanos y de dar ejemplo en lo que se refiere al respeto por las disposiciones de la Carta Africana, en el país se seguían cometiendo violaciones graves de derechos humanos.

Recomendaciones

C el gobierno de Camerún debe cumplir las obligaciones de respetar y proteger los derechos humanos contraídas al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, así como la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Detenciones y reclusiones de críticos y opositores al gobierno

Centenares de críticos y opositores al gobierno de Camerún han sido detenidos y recluidos. La mayoría eran presos de conciencia. Entre ellos había miembros y simpatizantes de partidos políticos de oposición, en especial del Frente Socialdemócrata y de la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso. Los periodistas también han sufrido hostigamientos, detenciones, reclusiones, condenas y encarcelamientos. Durante 1996 y 1997 Sespecialmente durante las elecciones parlamentarias y los meses que las precedieron y ahora que se aproximan las elecciones presidenciales Sla represión de la libertad de expresión en Camerún se ha intensificado.

Restricciones legales al derecho a la libertad de expresión

El derecho a la libertad de expresión está garantizado en Camerún tanto por las leyes internacionales de derechos humanos como por las leyes nacionales. La Constitución revisada de Camerún, enmendada en diciembre de 1995 y aprobada en enero de 1996, incluye disposiciones sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa(5). Camerún también está obligado en virtud del artículo 19 del PIDCP, que dispone todo el mundo tiene derecho a manifestar sus opiniones sin que se le impongan trabas y que todo mundo tiene derecho a la libertad de expresión.

Al comentar las enmiendas a la Constitución en diciembre de 1995, Amnistía Internacional destacó que, de acuerdo con la Constitución revisada, la libertad de expresión y la libertad de prensa estaban garantizadas por la ley y ninguna persona podía ser procesada, detenida o recluida por estos conceptos excepto en casos muy determinados y de acuerdo con los métodos estipulados por la ley. El PIDCP impone unos límites muy estrictos a las restricciones de estos derechos. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión puede estar sujeto a ciertas restricciones pero éstas «deberán [...] estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás» o «b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas». Amnistía Internacional sentía preocupación porque la Constitución revisada permitía que se impusieran restricciones a los derechos contemplados por la propia Constitución, restricciones que van más allá de lo permitido por las leyes internacionales. La organización recomendó que la Constitución garantizara que los derechos y libertades incluidos en ella no serían abolidos ni limitados por leyes o normas o por acciones emprendidas por las agencias ejecutivas del gobierno.

Aunque en los años anteriores los críticos y opositores al gobierno solían permanecer recluidos durante períodos breves sin cargos ni juicio, desde 1995 algunos periodistas han sido acusados de cargos penales y han sido juzgados y condenados. Se han utilizado disposiciones legales que convierten la difamación en un delito penal para procesar a periodistas exclusivamente por su oposición al gobierno y por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

El Código Penal de Camerún especifica que la difamación, las injurias, el ultraje y la difusión de noticias falsas son delitos punibles con penas de prisión y con fuertes multas. Amnistía Internacional reconoce que los políticos designados por elección, incluido el presidente, tienen derecho a pedir una compensación legal mediante una demanda civil por cualquier declaración verbal o escrita que consideren difamatoria. No obstante, existe honda preocupación porque el creciente número de condenas por delitos penales a periodistas limita la libertad de expresión y porque se está utilizando el sistema legal para procesar y encarcelar a periodistas que critican a miembros del gobierno y a personas estrechamente vinculadas a él. Amnistía Internacional considera que la mayoría de los periodistas declarados culpables, condenados a penas de prisión y encarcelados son presos de conciencia.

Una ley aprobada en enero de 1996(6) eliminó la censura previa a la publicación introducida en diciembre de 1990. No obstante, las autoridades mantenían amplios poderes para secuestrar y prohibir periódicos. En virtud de esta ley de enmienda, cualquier periódico considerado por las autoridades como una amenaza al orden público o a la moral puede ser secuestrado. El Ministerio de Interior mantiene la autoridad para prohibir periódicos basándose en estos motivos.

Existe preocupación porque la Constitución revisada y las restricciones a la libertad de expresión dispuestas por la ley introducida en enero de 1996 pueden ser aplicadas de manera que excedan los límites permitidos por la ley internacional.

Detención arbitraria

En virtud de las leyes de Camerún, los detenidos no pueden permanecer recluidos más de 72 horas sin comparecer ante una autoridad judicial para ser acusados o liberados. Sin embargo, muchas veces los críticos y los opositores al gobierno permanecen recluidos sin cargos durante un plazo muy superior a este. En algunos casos, los detenidos políticos han permanecido recluidos sin cargos ni juicio durante meses, y en ocasiones durante años. Entre los que han sufrido este trato se encuentran unos 50 individuos detenidos en relación con los incidentes violentos en la provincia noroccidental a fines de marzo de 1997 y 4 miembros del Consejo Nacional del Camerún Meridional detenidos en 1995 y 1996.

Además, una ley introducida en diciembre de 1990 dispone la detención administrativa durante un período indefinido sin comparecer ante los tribunales. Se trata de la Ley de Mantenimiento del Orden Público, Ley Núm. 90/054 del 19 de diciembre de 1990, que da a las autoridades poderes ilimitados para la detención administrativa, sin ningún tipo de salvaguardias legales, de los sospechosos de «bandidaje». Esta ley otorga a unas autoridades gubernamentales no especificadas poderes amplios y permanentes para detener a sospechosos sin cargos ni juicio(7). Los detenidos no tienen oportunidad de impugnar la legalidad de su detención, y la ley no contempla ningún proceso de revisión para este tipo de detenciones.

Esta ley sigue utilizándose frecuentemente para detener sin cargos ni juicio a opositores políticos. Se trata de un tipo de detención arbitraria que incumple las obligaciones contraídas voluntariamente por Camerún al ratificar el PIDCP y la Carta Africana; tanto el artículo 9.1 del PIDCP como el artículo 6 de la Carta Africana prohíben la detención y la reclusión arbitrarias.

Se ha informado sobre algunos procesamientos de responsables de casos de detención arbitraria. Por ejemplo, un tribunal de la capital, Yaundé, declaró culpables a seis policías, cuatro de ellos in absentia, de haber detenido arbitrariamente, haber mantenido recluido y haber golpeado a un abogado de la fiscalía en octubre de 1994. Los agentes fueron condenados a largas penas de prisión y a multas.

Los gobernantes tradicionales, que actúan con la aprobación tácita del gobierno, también mantienen a los opositores políticos recluidos ilegalmente durante largos períodos.

Opositores políticos

Los miembros y simpatizantes de los partidos políticos de oposición, en especial el Frente Socialdemócrata y la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso, han sufrido constantes hostigamientos y detenciones. En la mayoría de los casos, parecían ser presos de conciencia, detenidos exclusivamente por sus actividades y opiniones políticas pacíficas.

Frente Socialdemócrata

La gran cantidad de detenciones de miembros y simpatizantes del Frente Socialdemócrata producidas en 1997, en torno a las elecciones parlamentarias, son un escalón más de la larga pauta de hostigamientos, arrestos y detenciones contra los miembros de este partido.

Seis miembros del Frente Socialdemócrata detenidos en Mbanga, provincia del litoral, en enero de 1996, cuando se celebraban elecciones al gobierno local, permanecieron recluidos acusados de alterar la paz hasta agosto de 1996, fecha en la que les concedieron la libertad provisional. Aunque el partido del presidente Biya, el Movimiento Democrático del Pueblo Camerunés, consiguió el control de la mayoría de las poblaciones locales, los partidos políticos de oposición hicieron avances importantes, especialmente en las principales ciudades. Un decreto gubernamental emitido posteriormente designaba a representantes del gobierno que reemplazarían como principales mandatarios a los alcaldes designados por elección en 20 localidades significativas. En marzo de 1996, más de 40 miembros y simpatizantes del Frente Socialdemócrata fueron detenidos tras celebrar manifestaciones de protesta contra este nombramiento impuesto de representantes del gobierno; 32 de esos 40 permanecieron recluidos en la Prisión Central de Buea, provincia suroccidental, durante seis semanas, a pesar de que un tribunal había ordenado su liberación. Entre los detenidos se encontraba Lawrence Chimasa, miembro del Frente Socialdemócrata con cargo en el gobierno detenido en Bamenda, provincia noroccidental, tras una manifestación y Charles Nkwanyuo, también miembro del Frente Socialdemócrata con cargo en el gobierno de Limbe, provincia suroccidental, detenido el 1 de abril de 1996 y que permaneció recluido durante 48 horas.

Joseph Lavoisier Tsapy, abogado y alcalde de Bafussam, provincia occidental, por el Frente Socialdemócrata, fue secuestrado a principios de junio de 1996 por unos hombres no identificados que, según se cree, eran miembros de la fuerzas de seguridad; permaneció recluido varios días. Ese mismo mes, Ndang George Achu, miembro del Frente Socialdemócrata con cargo en el gobierno de Santa, provincia noroccidental, permaneció recluido durante dos semanas en virtud de la Ley de Mantenimiento del Orden Público, Ley Núm. 90/054 del 19 de diciembre de 1990. También en junio de 1996 unos desconocidos dispararon contra la casa, en Bamenda, del presidente nacional de Frente Socialdemócrata, John Fru Ndi. El 20 de julio de 1996, Paul Kameroun, subsecretario de organización del Frente Socialdemócrata en la provincia del litoral, fue detenido en Manengolé, división de Mungo, y posteriormente fue trasladado a la Prisión Central de New Bell, en Duala, antes de ser liberado sin cargos.

Las detenciones de miembros del Frente Socialdemócrata continuaron en 1997. Saïdou Yaya Maïdadi, destacado miembro del Frente Socialdemócrata en el norte de Camerún, fue detenido el 24 de enero de 1997 y permaneció recluido en Marua, provincia del extremo norte, hasta el 5 de febrero de 1997. Aunque le acusaron de ultrajes contra e jefe del Estado, no fue llevado a juicio.

Una gran cantidad de personas Slas estimaciones varían entre doscientas y trescientas Sfueron detenidas en la provincia noroccidental tras los ataques llevados a cabo por grupos armados contra establecimientos militares, policiales y civiles a fines de marzo de 1997, a consecuencia de los cuales se produjeron varias muertes. Muchos miembros y simpatizantes de los partidos políticos de oposición, especialmente el Frente Socialdemócrata, fueron detenidos, al parecer sin que existieran pruebas de su participación personal en los ataques. La provincia noroccidental es un baluarte del Frente Socialdemócrata, y los ataques se produjeron siete semanas antes de las elecciones parlamentarias. El Frente Socialdemócrata acusó a las autoridades de explotar la situación de inseguridad para intimidar a los miembros y simpatizantes de los partidos políticos de oposición, y las acusó también de impedir la actividad política durante las semanas anteriores a las elecciones. Además, según los informes, aproximadamente un centenar de personas fueron detenidas en la provincia suroccidental a principios de abril de 1997 en relación con estos hechos, pero posteriormente fueron liberadas.

Una mujer sostiene las balas que mataron a su hermano durante la violencia que estalló en la provincia noroccidental a fines de marzo de 1997

La serie de ataques llevados a cabo por grupos armados se produjeron en las localidades de Kumbo, Oku, Jakiri, Bamenda, Mbengwi, Bafut y Bambui entre el 27 y el 31 de marzo de 1997, al parecer con el fin de obtener armas y munición. Según los informes, diez personas, entre ellas un comandante de la gendarmería y otros dos gendarmes, resultaron muertas. Aunque ningún grupo se atribuyó públicamente la responsabilidad, las autoridades atribuyeron los ataques a miembros de un grupo que apoyaba la independencia de las provincias de habla inglesa. La presencia de las fuerzas de seguridad se intensificó tanto en la provincia noroccidental como en la suroccidental, y en la noroccidental se impuso un toque de queda que no se levantó hasta tres meses después, el 3 de julio de 1997. Las fuerzas de seguridad cometieron abusos generalizados en la provincia noroccidental: violaron, golpearon y propinaron patadas a personas, las humillaron públicamente, saquearon sus hogares, destruyeron sus pertenencias y las obligaron a entregarles su dinero. A muchos de los que fueron detenidos arbitrariamente no los liberaron hasta que entregaron dinero a las fuerzas de seguridad.

Entre los miembros del Frente Socialdemócrata con cargo en el gobierno detenidos en la provincia noroccidental se encontraban los concejales locales Joseph Abonwiy Gregory Afenjiy los presidentes de distrito Simon Achuy Edet Che Ndingsah. Paulinus Jua, candidato del Frente Socialdemócrata para la división de Boyo, también se encontraba entre los detenidos. Permaneció recluido en poder de la Brigada Mixta Móvil, la policía de seguridad, en Bamenda antes de ser liberado sin cargos. George Yimbu, presidente del Frente Socialdemócrata en la división de Bui, fue detenido en Kumbo el 30 de marzo de 1997, fue liberado y posteriormente fue detenido de nuevo el 1 de junio de ese mismo año, cuando los gendarmes impidieron la celebración de una conferencia del Frente Socialdemócrata en Kumbo.

La mayoría de los detenidos fueron trasladados a la jefatura del cuartel de gendarmería y a la Brigada Mixta Móvil de Bamenda tras permanecer primero recluidos en las jefaturas de policía y en las gendarmerías de las localidades en las que habían sido arrestados. Los recluidos en el cuartel de gendarmería permanecieron en régimen de incomunicación; las reiteradas peticiones al gobernador de la provincia noroccidental, Francis Fai Yengo, para que permitiera las visitas fueron denegadas. Muchos de los recluidos en el cuartel de gendarmería recibieron fuertes palizas. También se les negó el suministro de alimentos, agua y asistencia médica adecuados, y las instalaciones higiénicas con las que contaban eran sumamente deficientes. Cinco detenidos murieron, aparentemente a causa de la tortura y de la falta de asistencia médica.

Entre las personas detenidas en la provincia noroccidental y recluidas durante varias semanas se encontraban varios muchachos muy jóvenes. Ocho alumnos de escuela fueron detenidos en Oku, división de Bui, y luego fueron trasladados al cuartel de gendarmería en Bamenda; entre ellos se encontraban Nshon Godlove, de 14 años de edad, Eric Saa, de 15 años, y Kedzem Zoah, de 13.

Dos muchachos detenidos en Bamenda, provincia noroccidental, en abril de 1997

Las detenciones continuaron durante las semanas siguientes, pero algunos de los detenidos fueron liberados. El 16 de mayo de 1997, un día antes de las elecciones parlamentarias, 49 detenidos fueron liberados del cuartel de gendarmería, y otros 21 lo fueron posteriormente.

Sin embargo, más de un centenar de los detenidos en la provincia noroccidental fueron trasladados a Yaundé. Aunque algunos fueron liberados posteriormente, 16 que se encontraban recluidos en la jefatura de una gendarmería iniciaron, el 4 de mayo de 1997, una huelga de hambre para exigir que los acusaran o los liberaran. Según los informes, al menos dos de ellos fueron liberados el 2 de junio de 1997; los demás fueron trasladados a la Prisión Central de Yaundé, conocida como Prisión Nkondengui. Otros detenidos, entre ellos una enfermera, Prisca Fonyam, fueron trasladados desde Bamenda a Yaundé en junio de 1997. Uno de los detenidos de la Prisión Nkondengui, Ngwa Richard Formasoh, murió el 5 de julio de 1997, al parecer a consecuencia de la deshidratación provocada por una diarrea para la que no recibió tratamiento. Según los informes, otro detenido, Pa Chakara, un agricultor de 58 años de edad, fue trasladado al hospital. Once detenidos que permanecían en el cuartel de gendarmería de Bamenda fueron finalmente trasladados a la Prisión Nkondengui a fines de julio de 1997: John Geh Anye y Anoh Ndum Robinson, ambos de la división de Momo, Geh Sama Atambun, de la división de Mezam, y Lawrence Fai, Edwin Jumven, Thomas Kidze,Frederick Kiven, Iderisu Bika,A. Jumban Lukong,Muhamadou Nso Sekay Patrick Yimbu, todos ellos de la división de Bui.

Casi 50 de los detenidos en la provincia noroccidental seguían recluidos en la Prisión Nkondengui a mediados de agosto de 1997, más de cuatro meses después de su detención. Ni ellos ni ningún otro de los detenidos en relación con los sucesos de la provincia noroccidental fueron acusados de ningún delito. Amnistía Internacional reconoce la responsabilidad del gobierno de hacer comparecer ante los tribunales a los responsables de los ataques producidos en esa provincia. Sin embargo, muchos de los detenidos parecen haberlo sido únicamente a causa de su asociación con el Frente Socialdemócrata. Otros estaban asociados con el Consejo Nacional del Camerún Meridional o con la Liga Juvenil del Camerún Meridional, afiliada a él.

Las detenciones de miembros y simpatizantes del Frente Socialdemócrata continuaron durante el período de las elecciones parlamentarias del 17 de mayo de 1997. Al menos 25 miembros y simpatizantes de este Frente, y quizá incluso 50, fueron detenidos entre el 15 de mayo y el 5 de junio de 1997 en la provincia suroccidental. El 20 de mayo de 1997, poco después de las elecciones, se produjeron incidentes violentos en Kumba, en la provincia suroccidental, cuando, según los informes, unos simpatizantes del Frente Socialdemócrata fueron atacados por hombres armados sin identificar a los que los dirigentes del Frente describieron como simpatizantes del Movimiento Democrático del Pueblo Camerunés, el partido en el gobierno. La presencia de fuerzas de seguridad en la provincia suroccidental se intensificó. Los detenidos permanecieron recluidos sin cargos ni juicio en Buea y Kumba hasta su liberación, entre el 19 y el 21 de junio de 1997. Según los informes, habían sido detenidos por orden del gobernador de la provincia suroccidental, Peter Oben Ashu, y permanecieron recluidos en detención administrativa en virtud de las disposiciones de la ley introducida en diciembre de 1990. Su liberación se produjo tras el anuncio realizado por los 43 miembros de la Asamblea Nacional pertenecientes al Frente Socialdemócrata, que afirmaron estar dispuestos a ir a la provincia suroccidental para exigir la liberación de sus simpatizantes detenidos.

Según los informes, desde el 31 de mayo hasta el 2 de junio de 1997 las fuerzas de seguridad arrasaron varios distritos de Duala durante la noche. Centenares de personas fueron detenidas arbitrariamente y permanecieron recluidas durante varias horas antes de ser liberadas sin cargos. Las fuerzas de seguridad parecían estar creando deliberadamente una atmósfera de miedo e intimidación con el fin de disuadir a quienes pensaran celebrar manifestaciones durante el período anterior al anuncio de los resultados de las elecciones, el 6 de junio de 1997.

El 3 de junio de 1997, la policía hizo una redada en la imprenta, situada en Duala, de Jean-Michel Nintcheu, un miembro del comité ejecutivo nacional del Frente Socialdemócrata. Jean-Michel Nintcheu ya había sido detenido anteriormente en varias ocasiones como dirigente de otro partido político de oposición, la Agrupación por la Patria, que posteriormente se fusionó con el Frente Socialdemócrata. Durante la redada, y puesto que Jean-Michel Nintcheu no se encontraba allí, la policía detuvo a cuatro empleados, Paul Gwa, Emmanuel Nzie, Lucan Danjingy Samuel Moucheu, así como al hermano de Jean-Michel Nintcheu, Brice Nintcheu. Todos ellos fueron acusados posteriormente de incitación a la revuelta y de intento de derrocar por la fuerza las instituciones del Estado. Fueron liberados el 24 de junio de 1997 en espera de que se celebrara su juicio.

Se produjeron nuevas detenciones el 6 de junio de 1997, cuando el Tribunal Supremo anunció los resultados de las elecciones. Trece miembros y simpatizantes del Frente Socialdemócrata fueron detenidos durante una manifestación pacífica ante el Tribunal Supremo, en Yaundé; entre ellos se encontraba Alhadji Sani, coordinador provincial del Frente Socialdemócrata para la provincia central. El 5 de junio de 1997, Prince Fesco William Mango, coordinador de división del Frente Socialdemócrata en la división de Fako, provincia suroccidental, fue detenido, aparentemente por estar en posesión de un documento oficial firmado por el secretario general del Frente Socialdemócrata. Du Du Wimgangfue detenido, según los informes, el 7 de junio de 1997, cuando iba a llevar comida a Prince Fesco William Mango. A pesar del límite legal de 72 horas, estos 15 detenidos no comparecieron ante la fiscalía hasta el 11 de junio de 1997, cuando fueron acusados de varios delitos, incluidos el de ultraje contra el jefe del Estado y el de incitación a la revuelta. Permanecieron recluidos en una comisaría de policía hasta que, el 13 de junio, fueron liberados en espera de que se celebrara su juicio; comparecieron dos veces ante el tribunal antes de ser finalmente absueltos de los cargos que se les imputaban, el 24 de julio de 1997.

Consejo Nacional del Camerún Meridional

Los miembros del Consejo Nacional del Camerún Meridional, que surgió para representar los intereses de la comunidad minoritaria de habla inglesa de Camerún, también han sido detenidos y recluidos a causa de sus opiniones y actividades políticas. Aunque este Consejo no es un partido político, muchos de sus miembros y simpatizantes pertenecen a partidos políticos de oposición, en especial el Frente Socialdemócrata.

Las propuestas presentadas en 1994 por la comunidad de habla inglesa para la creación de un sistema federal de gobierno no se incorporaron a la Constitución revisada, que entró en vigor en enero de 1996. La cuestión de una mayor autonomía para las provincias noroccidental y suroccidental sigue siendo una fuente de tensión política considerable. El Consejo Nacional del Camerún Meridional pide la independencia de estas dos provincias.

Cuatro miembros del Consejo Nacional del Camerún Meridional que fueron detenidos en 1995 y 1996 permanecen desde entonces recluidos sin cargos ni juicio. El Consejo organizó en septiembre de 1995 un referéndum en las provincias noroccidental y suroccidental sobre la cuestión de la independencia. Varias personas fueron detenidas por recoger firmas para dicho referéndum. Aunque la mayoría de los detenidos fueron liberados posteriormente, tres hombres arrestados a fines de septiembre de 1995 permanecían recluidos en la Prisión Nkondengui, en Yaundé: Abel Apong, Christus Achan Kenebiey John Kudi. Un cuarto hombre, Jacob Djenta, permanece recluido, según los informes, desde octubre de 1996, también en relación con el referéndum.

Entre la gran cantidad de personas que fueron detenidas tras los incidentes violentos de fines de marzo de 1997 en la provincia noroccidental había numerosos miembros del Consejo Nacional del Camerún Meridional, y muchos de los que permanecían recluidos sin cargos ni juicio en la Prisión Nkondengui en relación con esos incidentes estaban relacionados con el Consejo o con la Liga Juvenil del Camerún Meridional. Aquellos detenidos contra quienes existan pruebas de que han participado en los actos violentos de la provincia noroccidental deben ser acusados y deben ser juzgados sin demora y con las debidas garantías, de acuerdo con las normas internacionales.

Unión Nacional para la Democracia y el Progreso

Siete miembros de la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso han sido encarcelados desde 1994. Estos hombres formaban parte de los aproximadamente 30 miembros de la Unión detenidos tras un incidente que tuvo lugar en Marua el 30 de julio de 1994, durante el cual una persona resultó muerta y varias más heridas. Se produjeron una serie de enfrentamientos cuando un ministro del gobierno, Hamadou Mustapha, también miembro de la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso, fue atacado con piedras tras su llegada a Marua; al parecer, las piedras fueron arrojadas por miembros de la propia Unión que criticaban a Mustapha por permanecer en el gobierno del presidente Biya. Parece ser que, posteriormente, algunas personas fueron detenidas en sus casas, ese mismo día o durante los días siguientes. Entre los detenidos se encontraba HamadouAdji, presidente de la sección local de la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso. Veintiocho personas fueron acusadas de complicidad en actos conjuntos de saqueo, agresión con resultado de muerte, obstrucción de la vía pública y lesiones corporales leves. En noviembre de 1994, un tribunal ordenó la liberación provisional de 14 de estos detenidos, pero la fiscalía apeló contra esta decisión.(8)

No obstante, 20 detenidos, entre ellos Hamadou Adji, fueron liberados provisionalmente entre febrero y abril de 1995; otros ocho permanecieron recluidos. El juicio, previsto inicialmente para julio de 1995, se aplazó una y otra vez. La vista se celebró finalmente en los últimos meses de 1995 y se esperaba que se hiciera pública la decisión en febrero de 1996, es decir, tras las elecciones al gobierno local celebradas el 21 de enero de 1996. Sin embargo, el 8 de febrero de 1996 el tribunal anunció que el fallo se había aplazado hasta el mes siguiente.

El 28 de marzo de 1996 se anunció el fallo sobre los casos de 22 de los acusados; los casos contra los demás se habían desestimado anteriormente. Siete de los acusados fueron condenados a 10 años de prisión y recluidos en la Prisión Central de Marua: Djarfarou Bachirou, Abakar Bello, Alioum Oumarou Katchalla, Hamadou Mazoumai, Abdouraman Mohamadou, Ndjidda Tandai, y

f6 Hamadou Mohamadou Yaro. Un octavo acusado, Ahmed Abdouraman, fue condenado in absentiaa 15 años de prisión.

Otros ocho acusados, dos de los cuales, Hamadou Adji y Oumarou Saïdou, se habían presentado con éxito a las elecciones para el gobierno local como candidatos de la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso, fueron condenados a penas provisionales de tres años de prisión. Todos los condenados tuvieron además que pagar multas. Otros seis acusados fueron absueltos. Dos de los condenados recurrieron contra su declaración de culpabilidad y su sentencia, pero el Tribunal de Apelación no estudió su caso hasta el 8 de agosto de 1997, y entonces su decisión consistió en aplazarlo hasta el 10 de octubre de 1997.

No parecían existir pruebas de responsabilidad individual en un delito contra ninguno de los condenados. Según los informes, en realidad ninguno de los detenidos había sido arrestado en el momento de los incidentes de julio de 1994. Las reiteradas demoras en hacer comparecer a juicio a los acusados y en anunciar el fallo judicial sugieren que los motivos de la detención y la reclusión de estos miembros de la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso fueron políticos: su pertenencia a la Unión y, en especial, su oposición a la participación en el gobierno de dos miembros de la propia Unión Nacional para la Democracia y el Progreso.

Los miembros y simpatizantes de la Unión siguieron sufriendo hostigamientos, detenciones y reclusiones, incluso durante el período anterior a las elecciones parlamentarias de mayo de 1997. Según los informes, siete personas fueron detenidas a principios de mayo de 1997 en Kolfata, división de Mayo-Sava, provincia del extremo norte, a causa de su apoyo a la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso. Ganama Modou Abba, Modou Ali, Tounoma Fandi, Aouza Modou, Modou Sali, Mal Moh Yanoussa y Modou Zamafueron liberados sin cargos al cabo de 72 horas.

Según los informes, el 12 de mayo de 1997 varios miembros y simpatizantes de la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso, entre los que se encontraba un ex miembro de la Asamblea Nacional, Nana Koulagna, fueron atacados por la milicia privada del gobernante tradicional, conocido como el lamido, de Rey Bouba, en la división de Mayo-Rey; cinco personas murieron en el enfrentamiento. A pesar de la prohibición ilegal anunciada por el lamidode la división de Mayo-Rey, los miembros y simpatizantes de la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso habían intentado hacer campaña durante las elecciones de Mbang Rey, el 12 de mayo de 1997. Según los informes, la milicia privada del lamidoatacó a Nana Koulagna y a otros miembros de la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso, dos de los cuales resultaron muertos. Al parecer, los delegados de la Unión se defendieron y tres miembros de la milicia murieron durante el enfrentamiento que se produjo. Los delegados de la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso denunciaron el incidente ante las autoridades administrativas y ante la gendarmería de Touboro, y después fueron escoltados hasta la localidad de Tcholliré. Al día siguiente, Nana Koulagna y otros 15 individuos, entre ellos Baba Koulagna, Pierre Nanay Dieudonné Salaou, fueron detenidos, al parecer acusados de asesinato. Primero permanecieron recluidos en la jefatura de la gendarmería y después, a principios de julio de 1997, fueron trasladados a la Prisión Central de Garua, en la provincia septentrional. Posteriormente, dos de ellos fueron liberados. A mediados de agosto de 1997, los que permanecían recluidos aún no habían sido acusados de ningún delito.

Aunque reconoce la gravedad de los incidentes ocurridos en Mbang Rey el 12 de mayo de 1997, a consecuencia de los cuales murieron cinco personas, y reconoce también la responsabilidad de las autoridades de procesar a los autores de delitos, Amnistía Internacional siente preocupación porque Nana Koulagna y otros miembros de la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso pueden haber sido detenidos exclusivamente por sus actividades políticas legítimas, sin que exista ninguna prueba de responsabilidad individual en ningún acto delictivo reconocible. Estos temores se ven reforzados por una pauta persistente de intimidaciones, agresiones físicas y detenciones de simpatizantes de la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso en la división de Mayo-Rey, y también por el hecho de que ningún miembro de la milicia privada del lamidoha sido detenido en relación con los incidentes del 12 de mayo de 1997.

Posteriormente, el Tribunal Supremo anuló los resultados de las elecciones en la división de Mayo-Rey a causa del fraude electoral y las irregularidades; los candidatos del Movimiento Democrático del Pueblo Camerunés obtuvieron la victoria en las nuevas elecciones celebradas el 3 de agosto de 1997.

Otros opositores políticos

Los miembros de otros partidos políticos de oposición también han sido detenidos y recluidos, al igual que otros presuntos opositores al gobierno.

El 20 de abril de 1997,Titus Edzoa, destacado miembro del Movimiento Democrático del Pueblo Camerunés, ministro de Salud del gobierno del presidente Biya y ex secretario general de la Presidencia, anunció su dimisión del gobierno y su intención de presentarse como candidato a las elecciones presidenciales. Después de eso, su casa de Yaundé fue rodeada por miembros del Grupo Especial de Operaciones, una unidad especial de las fuerzas de seguridad. Fue puesto bajo detención administrativa, que en la práctica se tradujo en un arresto domiciliario, desde el 5 de junio de 1997; no podía abandonar su casa ni recibir visitas que no fueran de miembros de su familia y le confiscaron el pasaporte. El 3 de julio de 1997 fue detenido, acusado de apropiación indebida de fondos públicos, y fue recluido en la Prisión Nkondengui.

El 3 de julio de 1997, acusado del mismo delito, fue también encarcelado en la Prisión Nkondengui Michel Thierry Atangana Abega, director de la campaña presidencial de Titus Edzoa. Había sido detenido el 12 de mayo de 1997 y había permanecido recluido en poder de la policía judicial (el departamento de investigación de la policía). Su familia no pudo visitarle hasta el 15 de mayo de 1997, y a él le negaron repetidamente el acceso a su abogado. Sus abogados presentaron una petición para que fuera puesto en libertad provisional, pero el tribunal la denegó el 13 de junio de 1997.

Los dos hombres fueron trasladados a una jefatura de la gendarmería de Yaundé el 22 de julio de 1997, mientras los informes indicaban que la gendarmería iba a reabrir la investigación, inicialmente llevada a cabo por la policía, sobre las acusaciones que se les imputaban. A mediados de agosto de 1997 ninguno de los dos había sido acusado formalmente. Ambos parecían haber sido detenidos y encarcelados exclusivamente por motivos políticos Slas críticas de Titus Edzoa al presidente Biya y al gobierno, su intención expresa de presentarse contra Biya en las elecciones presidenciales, y la estrecha relación de Michel Thierry Atangana Abega con Edzoa Sy para impedir que Titus Edzoa se presentara a las elecciones presidenciales.

El 3 de junio de 1997, Mboua Massok, secretario general en funciones de otro partido político de oposición, el Programa Social por la Libertad y la Democracia, fue detenido y recluido en detención administrativa por orden del responsable de la administración territorial en virtud de la ley introducida en diciembre de 1990. Permaneció recluido en la prisión de New Bell, en Duala, durante 15 días antes de ser liberado.

Periodistas

Desde 1995, cada vez son más numerosos los periodistas que son acusados de delitos, juzgados, declarados culpables y condenados a penas de prisión por criticar a las autoridades gubernamentales. La mayoría son presos de conciencia. En algunos casos se han producido irregularidades procesales graves, y hay casos contra periodistas que parecen ser intentos de las autoridades por impedir las críticas a miembros destacados del gobierno, a personas relacionadas estrechamente con las autoridades o a la política gubernamental.

Los ataques contra la libertad de expresión en Camerún continuaron, e incluso se intensificaron, durante 1996 y 1997, a medida que se aproximaban las elecciones parlamentarias y presidenciales. Al menos nueve periodistas fueron declarados culpables de difamación y condenados a fuertes multas y a penas de prisión durante 1996. Algunos de ellos ya habían sido detenidos anteriormente. Otros fueron detenidos y permanecieron recluidos un tiempo antes de ser liberados in cargos. Muchos periodistas sufrieron hostigamientos y agresiones, y algunos periódicos fueron clausurados y confiscados. El hostigamiento, la intimidación y el procesamiento de los periodistas que critican al gobierno constituyen una violación del derecho a la libertad de expresión garantizado en el artículo 19 del PIDCP y en el artículo 9 de la Carta Africana.

Detención y encarcelamiento

Alain Christian Eyoum Ngangué

El 22 de enero de 1997, Alain Christian Eyoum Ngangué, un periodista que trabaja para el periódico independiente Le Messagery para su suplemento satírico, Le Messager Popoli, fue detenido y encarcelado en la prisión de New Bell, en Duala. Había sido condenado el 3 de octubre de 1996 por el Tribunal de Apelación de Duala a una pena de un año de prisión y a una multa.

En febrero de 1996, Alain Christian Eyoum Ngangué y el director de Le Messager, Pius Njawe, habían sido condenados a pagar sendas multas tras ser declarados culpables de ultraje al presidente de la república y a miembros de la Asamblea Nacional y de difundir noticias falsas. Los cargos, relacionados con un artículo publicado el 1 de diciembre de 1995, fueron presentados por la fiscalía; ninguno de los individuos presuntamente ultrajados había presentado ninguna denuncia. Tanto los acusados como la fiscalía apelaron contra la declaración de culpabilidad y la sentencia. En la vista de apelación sólo se mantuvo la declaración de culpabilidad por uno de los cargos Sultraje al presidente de la república y a miembros de la Asamblea Nacional. Sin embargo, las sentencias se aumentaron a multas y penas de prisión: Alain Christian Eyoum Ngangué fue condenado a un año de cárcel y Pius Njawe a seis meses. Los dos hombres apelaron ante el Tribunal Supremo contra su declaración de culpabilidad y su sentencia. Pius Njawe, aunque había recibido la sentencia más leve, fue detenido el 29 de octubre de 1996. Permaneció encarcelado en la prisión de New Bell hasta el 15 de noviembre de 1996, fecha en la que el Tribunal Supremo ordenó su liberación provisional.

Alain Christian Eyoum Ngangué fue detenido el 22 de enero de 1997. El 15 de marzo, su esposa y varios periodistas más permanecieron recluidos durante dos horas en una comisaría de policía tras celebrar una reunión en las oficinas de Le Messagerpara tratar sobre su encarcelamiento. El 27 de marzo de 1997, más de dos meses después de su detención, el Tribunal Supremo ordenó su liberación provisional; fue liberado cuatro días después.

Otros periodistas que fueron declarados culpables y condenados a penas de prisión durante 1996 no llegaron a ser encarcelados, pero siguen bajo la amenaza constante de ser detenidos en cualquier momento. Entre ellos se encuentra Patrice Ndedi Penda, director del periódicoGalaxie,condenado el 11 de junio de 1996 a dos años de prisión y a una multa tras ser declarado culpable de difamación, ultraje a organismos públicos y difusión de información falsa en un caso presentado por el ministro de Agricultura, Frédéric Augustin Kodock. Aunque tras su declaración de culpabilidad se dictó una orden de detención contra Patrice Ndedi Penda, éste no fue encarcelado.

El editor del Cameroon Post, Paddy Mbawa, fue liberado de la prisión de New Bell en agosto de 1996 tras permanecer encarcelado durante un año. Había sido condenado en julio de 1995 a una pena de seis meses de prisión tras ser declarado culpable de difamación, y en agosto de ese mismo año había sido condenado a otros seis meses de prisión por publicar noticias falsas. En noviembre de 1995, mientras estaba encarcelado, fue condenado a dos penas condicionales de tres y seis meses de prisión. Todavía quedaban pendientes más casos similares en su contra y, el 7 de abril de 1997, según los informes, fue condenado a tres meses de prisión por difamación y difusión de noticias falsas.

Además de Alain Christian Eyoum Ngangué, entre los periodistas encarcelados desde comienzos de 1997 se encontraban Evariste Menoungay Bosco Tchoubet. El 17 de marzo de 1997, Evariste Menounga, redactor jefe de un periódico independiente, L'Indépendant Hebdo (antes llamado Le Nouvel Indépendant), que ya había permanecido recluido sin cargos durante tres semanas a fines de 1996, fue detenido y encarcelado en la Prisión Nkondengui. Su detención se produjo tras la publicación de un artículo sobre el descontento entre las fuerzas armadas de Camerún. Según los informes, había sido detenido por orden del ministro de Defensa Sno había sido la fiscalía la que había presentado su caso. Aunque había sido acusado de incitación a la revuelta y difusión de noticias falsas, fue declarado culpable únicamente del segundo cargo, y fue condenado a una pena condicional de seis meses de prisión el 16 de mayo de 1997. Sin embargo, no fue liberado hasta cuatro días después. El director del periódico independiente La Révélation, Bosco Tchoubet, fue detenido en Yaundé el 30 de abril de 1997. Fue detenido tras la publicación de un artículo que afirmaba que el ministro de Economía y Finanzas, Edouard Akame Mfoumou, había organizado unas milicias privadas. Tras permanecer recluido durante una semana, sin que se informara a su familia sobre dónde se encontraba detenido, fue acusado de ultraje y difamación y fue trasladado a la Prisión Nkondengui. El 15 de julio de 1997 fue declarado culpable y condenado a una pena condicional de seis meses de prisión; fue liberado al día siguiente.

En muchos casos se han producido irregularidades graves en los procedimientos judiciales contra periodistas. Por ejemplo, en el caso de Paddy Mbawa, editor del Cameroon Post, se retuvieron los escritos que exponían los fallos sobre los diversos casos en su contra, por lo que no pudo apelar contra las declaraciones de culpabilidad y las sentencias en dichos casos. En agosto de 1995, Pius Njawey Hiréné Atenga, director y periodista de Le Messager, respectivamente, fueron condenados a penas condicionales de dos meses de prisión y al pago de multas tras ser declarados culpables de difamación y ultraje al secretario de Estado para la Seguridad Nacional, Jean Fochivé. Los cargos se presentaron tras la publicación de un artículo en el que se afirmaba que la policía se había apropiado indebidamente de importantes sumas de dinero. Según los informes, el tribunal no permitió que los periodistas presentaran en su defensa información que respaldaba sus denuncias.

Además de los que fueron juzgados y condenados durante 1996, otros periodistas fueron detenidos y recluidos sin cargos ni juicio. Entre ellos se encontraban periodistas de los diarios independientesLe Nouvel Indépendant y Le Front Indépendant, éste último creado tras el cierre temporal de Le Nouvel Indépendant. En octubre de 1996, el ministro de Interior declaró que Le Nouvel Indépendantestaba funcionando ilegalmente porque su director llevaba varios meses ausente y la Ley de Libertad de Comunicación Social, Ley Núm. 90/052 del 19 de diciembre de 1990, exige que todos los periódicos cuenten con un director que asuma la responsabilidad legal de los artículos publicados. El director del periódico, Ndzana Seme, había sido condenado a un año de prisión y a una multa en octubre de 1995 tras ser condenado por ultraje al jefe del Estado, por incumplimiento de los requisitos de censura previa a la publicación y por incitación a la revuelta; huyó de Camerún en febrero de 1996.

Evariste Menounga, de Le Nouvel Indépendant, fue detenido el 27 de noviembre de 1996 en Yaundé y liberado el 19 de diciembre de ese mismo año. Su colega Peter William Mandiofue detenido el 4 de diciembre de 1996 y permaneció recluido durante 12 días a causa de un artículo publicado el 13 de octubre de 1996 que criticaba al ministro de Obras Públicas, Jean-Baptiste Bokam. Daniel Atangana, periodista de Le Front Indépendant, fue detenido el 10 de diciembre de 1996 y liberado al cabo de casi tres semanas. Su detención se produjo a raíz de la publicación, el 2 de diciembre de 1996, de un artículo en el que se criticaba al comandante de la guardia presidencial, el teniente coronel Titus Ebogo. Los tres periodistas permanecieron recluidos sin cargos más allá del límite legal de 72 horas. A la familia de Evariste Menounga le negaron el permiso para visitarle hasta el 5 de diciembre de 1996, y Peter William Mandio permaneció en régimen de aislamiento durante cinco días. Josué Banga Kack, director editorial de Le Front Indépendant, fue detenido el 4 de diciembre de 1996 y permaneció recluido durante 48 horas antes de ser liberado sin cargos.

Pierre Essama Essomba, director gerente del Cameroon Tribune, un periódico propiedad del gobierno, permaneció detenido durante seis horas para interrogatorio el 14 de agosto de 1996 tras publicar en la sección de cartas al director una carta que criticaba al entonces ministro de Justicia, Douala Moutomé.

Hostigamiento y agresiones físicas

Además de ser juzgados y condenados a penas de prisión, muchos periodistas han sufrido hostigamientos e intimidaciones por parte de las fuerzas de seguridad en un aparente intento de impedirles desempeñar libremente sus actividades profesionales. Por lo que se sabe, las autoridades de Camerún no han tomado ninguna medida para identificar a los responsables de estos incidentes y hacerlos comparecer ante los tribunales.

Vianney Ombe Ndzana, editor del periódico Génération, fue condenado a cinco meses de prisión y a una multa por injurias y difamación el 3 de mayo de 1996, tras la publicación de un artículo en el que se acusaba al director de una empresa de mala conducta profesional; el tribunal ordenó también la suspensión del periódico. Vianney Ombe Ndzana no fue encarcelado, pero el 20 de agosto de 1996 resultó gravemente herido en Yaundé durante una agresión sufrida a manos de varios hombres armados que después dispararon contra su automóvil. A consecuencia de esas lesiones tuvo que ingresar en el hospital. Había escapado de un ataque anterior la noche del 29 al 30 de julio de 1996, cuando unos hombres sin identificar irrumpieron en la oficinas de Génération.

Según los informes, el 10 de septiembre de 1996 Nicolas Tejoumessie, redactor jefe del semanario Challenge Nouveau, fue secuestrado en Duala por cuatro hombres vestidos de civil que afirmaron ser agentes de la policía de seguridad. Le acusaron de publicar artículos en los que se criticaba al presidente Biya y a su esposa Sentre otras cosas, se criticaban los gastos en los que se había incurrido durante la celebración de la cumbre de la OUA en Yaundé, en julio de 1996. Nicolas Tejoumessie fue llevado a un bosque a unos 30 kilómetros de Duala y allí fue golpeado en el cuerpo y los pies con un cable eléctrico antes de ser abandonado. El director gerente de Challenge Hebdohabía recibido un trato similar en diciembre de 1995: Etienne Tassefue secuestrado por agresores no identificados el 1 de diciembre de 1995. Tras ser esposado, fue llevado a un bosque a las afueras de Duala. Según los informes, le acusaron de no cumplir los requisitos de la censura y de publicar artículos que criticaban al gobierno. Fue interrogado sobre la situación económica del periódico, sobre sus fuentes de información y sobre su afiliación política personal. Al parecer, sus agresores le desnudaron, le ataron las manos a la espalda, le golpearon y finalmente le abandonaron.

El 26 de febrero de 1997, Christian Mbipgo Ngah, un periodista que trabajaba para el periódico independiente The Herald, fue detenido, según los informes, en Santa, división de Mezam,

provincia noroccidental. Acusado, al parecer, de escribir artículos en los que se criticaba a las autoridades gubernamentales y a las fuerzas de seguridad, fue llevado a la jefatura de la gendarmería de Santa, donde fue golpeado durante varias horas antes de ser liberado sin cargos. Precisó tratamiento en el hospital a causa de los golpes recibidos.

Los vendedores de periódicos también han sido acosados y detenidos por las fuerzas de seguridad. A fines de agosto de 1995, los vendedores de periódicos de Duala y Yaundé que vendían el diario La Messagère(que apareció cuando su predecesor, Le Messager, fue suspendido) fueron detenidos y permanecieron recluidos durante dos o tres días. Pius Njawe, director de Le Messager, y Séverin Tchounkeu, director del diario La Nouvelle Expression, fueron detenidos e interrogados tras manifestar a las autoridades su preocupación por la detención de los vendedores de periódicos.

Se han producido numerosos casos de prohibición y secuestro de periódicos. Por ejemplo, el 5 de mayo de 1997 se retiraron de los puestos de venta de Yaundé los ejemplares del semanario L'Expressionporque incluía una entrevista con Titus Edzoa, ex ministro de Salud y secretario general de la Presidencia, que había dimitido de su puesto en el gobierno el 20 de abril de 1997 y había anunciado su candidatura para las elecciones presidenciales. Al día siguiente se confiscó otro periódico, L'Anecdote, al parecer porque incluía un artículo que hacía referencia a una reunión entre Titus Edzoa y el dirigente del Frente Socialdemócrata, John Fru Ndi. El 24 de junio de 1996, el primer ministro adjunto responsable de Interior, Gilbert Andzé Tsoungui, ordenó que se prohibiera el semanario independiente Mutations, alegando que representaba una amenaza para el orden público, cuando dicho semanario puso en duda la manera en la que se habían celebrado las elecciones parlamentarias. Un tribunal de Yaundé ordenó que se levantara la prohibición el 4 de julio de 1997.

El 7 de julio de 1997, el ministro de Comunicación, Augustin Kontchou Kouomegni, retiró la acreditación a David Ndachi Tagne, corresponsal de Radio France Internationale. Le acusaba de distorsionar gravemente los hechos, de dañar la imagen de Camerún y de tratar de alterar el orden público. Sin embargo, no facilitaba ningún reportaje de David Ndachi Tagne que respaldara estas acusaciones.

Los gendarmes retiraron los ejemplares de cinco periódicos independientes, L'Expression, Le Messager, Mutations, Dikaloy La Plume du Jour, en Yaundé el 18 de agosto de 1997, al parecer tras la publicación, la semana anterior, de una conversación telefónica entre el ministro de Economía y Finanzas, Edouard Akame Mfoumou, y el secretario general de la presidencia, Amadou Ali.

Activistas de derechos humanos

Los miembros de las organizaciones de derechos humanos han sufrido hostigamientos, detenciones y reclusiones a causa de su labor en defensa de esos derechos.

Abdoulaye Math, presidente nacional del Movimiento por la Defensa de los Derechos Humanos y las Libertades, una organización no gubernamental de derechos humanos con sede en Marua, fue detenido el 27 de febrero de 1997. Lo detuvieron tras subir a bordo de un avión con rumbo a Yaundé, desde donde se dirigiría a un seminario sobre formación en derechos humanos celebrado en los Estados Unidos. Había regresado recientemente de Garua, donde había organizado una conferencia sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos en el norte de Camerún. Aunque en el momento de detenerle no le mostraron ninguna orden judicial, posteriormente fue acusado de fraude y de venta de productos farmacéuticos sin permiso. Compareció ante el tribunal el 5 de marzo de 1997 y, aunque éste decretó su libertad en espera de juicio, el fiscal, Bouba Wanie, apeló contra esta decisión. El Tribunal de Apelación, no obstante, confirmó la orden de libertad provisional y Abdoulaye Math fue liberado el 7 de marzo de 1997. Aunque la vista contra él debía haberse celebrado el 7 de mayo de ese mismo año, las autoridades judiciales dijeron que el expediente del caso había desaparecido.

En el pasado, los miembros del Movimiento por la Defensa de los Derechos Humanos y las Libertades ya habían sufrido hostigamientos y detenciones. En abril de 1995, Abdoulaye Math fue citado por la fiscalía y recibió una carta del Ministerio de Justicia en la que le comunicaban que, a partir de ese momento, se le prohibía ejercer la abogacía en Camerún. Apeló contra esta prohibición y siguió desempeñando su trabajo.

Mahamat Djibril, miembro del Movimiento por la Defensa de los Derechos Humanos y las Libertades, fue detenido en junio de 1995. Fue agredido y arrestado en Maga, provincia del extremo norte, donde había acudido para investigar presuntos abusos de la policía. El agente de policía que, según los informes, le agredió, había recibido anteriormente las críticas del Movimiento por la Defensa de los Derechos Humanos y las Libertades por practicar detenciones arbitrarias y maltratar a detenidos. Tras su detención, Mahamat Djibril fue golpeado por otros tres policías. Tres días después, la fiscalía le acusó de agredir a un agente de policía y de alterar el orden; fue trasladado a la prisión de Yagua. Su juicio se aplazó una y otra vez y no le concedieron la libertad provisional hasta noviembre de 1995. Finalmente compareció a juicio en marzo de 1997; fue declarado culpable de usurpación de título y condenado a una pena condicional de tres meses de prisión. La vista de su recurso contra la declaración de culpabilidad y la sentencia se aplazó hasta septiembre de 1997.

Estudiantes de la Universidad de Yaundé

En mayo de 1996 dieron comienzo una serie de huelgas y manifestaciones en la Universidad de Yaundé; pedían que se mejoraran las instalaciones y protestaban por las tasas adicionales introducidas por las autoridades para conceptos como, por ejemplo, el uso de la biblioteca de la universidad. Aunque las autoridades hicieron algunas concesiones, las huelgas continuaron. Según los informes, durante el mes de junio de 1996 las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 200 estudiantes. Muchos de ellos parecían haber sido detenidos únicamente porque eran considerados dirigentes del movimiento estudiantil u opositores al gobierno.

El 14 de junio de 1996, según los informes, las fuerzas de seguridad asaltaron las viviendas de los estudiantes cerca de la universidad y sacaron a éstos a rastras de sus habitaciones. Estas detenciones se produjeron después de una serie de enfrentamientos violentos entre los estudiantes y las fuerzas de seguridad, y también entre los estudiantes y un grupo de vigilantes conocido como «autodefensa» que actuaba con la aquiescencia de las autoridades universitarias y de los servicios de seguridad. Varios edificios de la universidad fueron incendiados y un profesor fue agredido.

La «autodefensa» fue creada en 1996 por el rector de la Universidad de Yaundé, el profesor Jean Messi, para hacer frente a los disturbios estudiantiles. Sus miembros, algunos de los cuales eran también estudiantes, colaboraban estrechamente con las fuerzas de seguridad; fueron responsables de agredir a numerosos estudiantes y entregarlos a las autoridades. También estuvieron implicados en la muerte de un estudiante.

Universidad de Yaundé I

Aunque la mayoría de los estudiantes detenidos en junio de 1996 fueron liberados al poco tiempo, al menos 12 permanecieron recluidos sin cargos durante más de un mes. Entre ellos se encontraban Christophe Ebanga Onguene, Alexandre Lebeau Mbaye, Patrice Kennedy Ikoe Natoa,Patrick Asanga Nde, Jeremiah Mudah, Victor Che Tangawahy un profesor de filosofía, IsraëlKuenmoé; permanecieron recluidos en diversos lugares, unos en poder de la policía, otros en manos de la policía de seguridad (en el Centro Nacional de Estudios e Investigación), y otros en unidades especiales de las fuerzas de seguridad. Algunos eran miembros destacados de una organización estudiantil, el Comité para la Protección de los Derechos de los Estudiantes.Permanecieron recluidos hasta el 17 de julio de 1996 antes de comparecer ante un tribunal, ser acusados de delitos relacionados con los disturbios de la universidad y puestos en libertad provisional. Cuando comparecieron a juicio, el 4 de septiembre de 1996, se anunció que el expediente sobre su caso se había extraviado. Las autoridades judiciales no emprendieron ninguna nueva acción.

Aunque en la universidad se produjeron incidentes violentos, durante los cuales varios edificios fueron destruidos y un profesor fue agredido físicamente, parece ser que no existen pruebas de que los acusados fueran responsables individualmente de algún delito.

El 27 de octubre de 1996, otros cinco estudiantes fueron detenidos en la Universidad de Yaundé: Roger-Alexis Wamba, Jules Armand Mbe, Blaise Ngoune Temgouay otros dos estudiantes fueron acusados de provocar nuevos disturbios. Permanecieron detenidos ilegalmente toda la noche en la universidad en poder de la «autodefensa». Al día siguiente fueron puestos bajo custodia de las fuerzas de seguridad y fueron recluidos en el Ministerio de Defensa. Aunque dos de ellos fueron liberados poco después, Roger-Alexis Wamba, Jules Armand Mbe y Blaise Ngoune Temgoua permanecieron recluidos durante más de dos semanas antes de comparecer ante una autoridad judicial, lo que significa que se excedió con mucho el límite legal de 72 horas. Fueron acusados de incitación a la revuelta contra el gobierno y las instituciones de la república, y fueron puestos en libertad provisional en espera de juicio. Su juicio, no obstante, fue aplazado repetidamente. No se sabe que ninguno de ellos SRoger-Alexis Wamba, Jules Armand Mbe o Blaise Ngoune Temgoua Shaya sido acusado de participar personalmente en un acto específico de violencia.

Varios estudiantes a los que las autoridades relacionaron con los disturbios fueron expulsados de la universidad. La situación en la Universidad de Yaundé, y en otras universidades del país, seguía siendo tensa. La «autodefensa» seguía actuando en la Universidad de Yaundé y, tras las detenciones de octubre de 1996, se produjeron nuevos informes de hostigamientos y detenciones de estudiantes a manos de miembros de este grupo de vigilantes.

Recomendaciones

C el gobierno de Camerún debe poner fin a los hostigamientos, las detenciones y las reclusiones de quienes se oponen al gobierno o lo critican, incluidos los miembros de partidos políticos de oposición, los periodistas, los activistas de derechos humanos y los estudiantes; ninguna de estas personas debe ser víctima de abusos exclusivamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión, tal como garantizan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos;

C todos los presos de conciencia deben ser liberados de forma inmediata e incondicional;

C todos los detenidos políticos recluidos sin cargos ni juicio deben ser acusados de un delito tipificado en el código penal y juzgados sin demora, de acuerdo con las normas internacionales relativas a juicios con las debidas garantías; de no ser así, deben ser liberados;

C las denuncias de violencia, intimidación y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad contra quienes se oponen al gobierno o lo critican deben ser investigadas de forma imparcial y efectiva, y los responsables deben comparecer ante los tribunales.

Detención ilegal y malos tratos por parte de los gobernantes tradicionales

En el norte de Camerún, los gobernantes tradicionales, conocidos como lamidos, son responsables de hostigamientos, detenciones ilegales, malos tratos y, en ocasiones, homicidios de opositores políticos. Aunque disfrutan de ciertos poderes administrativos, no están autorizados a efectuar detenciones o mantener recluidas a personas. Sin embargo, en muchas zonas del norte del país han detenido a miembros y simpatizantes de partidos políticos de oposición y a otros críticos. Estos gobernantes tradicionales actúan con la aprobación tácita del gobierno, y no se ha tomado ninguna medida para investigar los graves abusos contra los derechos humanos que cometen tanto ellos como sus milicias privadas.

Según los informes, en mayo de 1993 Abdoulaye Ahmadou, lamidode Rey Bouba, división de Mayo-Rey, en la provincia septentrional, y destacado simpatizante del Movimiento Democrático del Pueblo Camerunés, el partido en el gobierno, ordenó a unos 300 hombres armados bajo su control que abrieran fuego contra los habitantes de Mbang Rey tras unas protestas celebradas porque el lamidohabía retirado de su cargo a un jefe local; unas 10 personas resultaron muertas y varias más heridas. A pesar de que varios miembros de la oposición de la Asamblea Nacional que representaban a la división de Mayo-Rey presentaron ante el gobierno una serie de denuncias por detenciones y homicidios, no se llevó a cabo ninguna investigación oficial.

Bakari Madi, que había permanecido detenido y había sido torturado durante más de seis meses en 1993 y 1994 a causa de sus críticas al lamidode Mindif, división de Kaélé, provincia del extremo norte, inició procedimientos legales contra dicho lamido. Tras repetidas demoras, la vista del caso se fijó para febrero de 1995 pero, ante la incomparecencia del lamidoy otros seis acusados, tuvo que aplazarse una vez más. Según los informes, la fiscalía, presionada por las autoridades del Ministerio del Interior, anunció que el caso no podía seguir adelante sin la autorización del ministro de Justicia. En agosto de 1997 aún no se había celebrado el juicio. En los pocos casos en los que se ha conseguido llevar adelante procedimientos legales contra los lamidos, estos gobernantes han ignorado casi sistemáticamente los dictámenes del tribunal.

El lamidode Rey Bouba ha sometido a intimidaciones y abusos sistemáticos a los miembros y simpatizantes de la oposición. Sin embargo, en las elecciones parlamentarias de marzo de 1992 la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso obtuvo la victoria en la división de Mayo-Rey. Al igual que los opositores políticos, quienes se niegan a pagar los impuestos fijados por este lamidoson detenidos y golpeados por las milicias privadas del gobernante tradicional.

Los lamidosmantienen prisiones privadas en la residencia del propio gobernante o de los dignatarios locales. Según los informes, numerosas personas permanecieron recluidas en prisiones privadas bajo las órdenes del lamidode Rey Bouba, que mantiene este tipo de prisiones en los palacios de Rey Bouba y Tcholliré.

Entre los miembros y simpatizantes de la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso que, según los informes, permanecieron recluidos ilegalmente en prisiones privadas bajo las órdenes del lamidode Rey Bouba se encontraban Issa Dalil, Alhadji DjamaaSadou Bouba, Djamhoura,Oumar Mal Goni,Alim Hayatou, Modibo Mal Halidou, Modibo Saïdou,Modibo Alkali Souïbou, Halidou Haman Adama Maly Yerima Oumarou. Al parecer, algunos de los que aún permanecían recluidos a mediados de 1997 se encontraban en esa prisión desde hacía más de cuatro años. Entre los que permanecían recluidos se encontraban tres jefes locales de la región circundante a Tcholliré que, según los informes, fueron detenidos por orden del lamidode Rey Bouba en mayo de 1996: Laoukoura Mourboulé, Djondahouy Gor Rigama; al parecer, habían sido detenidos por permitir que unos miembros de la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso vivieran en sus localidades. Otro miembro de la Unión, Jean-Pierre Bekoutou, detenido en Madingrin el 3 de abril de 1997 y trasladado posteriormente a Rey Bouba, también permanecía recluido, según los informes, varios meses después de su detención.

Los informes indican que al menos cuatro personas SHama Riskou, de Godi, Alhadji Mohaman Bala, de Tcholliré, Madji Yadji , de Mbang Rey, y Nassourou GouSmurieron durante 1995 a consecuencia de los malos tratos y la falta de atención sufridos mientras permanecieron recluidos ilegalmente bajo las órdenes del lamido de Rey Bouba.

Un miembro de la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso que representaba en la Asamblea Nacional a la división de Mayo-Rey, Haman Adama Daouda, murió el 18 de febrero de 1996 tras ser atacado, el 8 de enero de ese mismo año, por las milicias privadas del lamidode Rey Bouba. Haman Adama Daouda, Ahmadou BakarySotro político de la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso Sy una delegación de unas 40 personas más fueron atacados con palos, cuchillos y machetes mientras hacían campaña para las elecciones al gobierno local. Haman Adama Daouda murió posteriormente en el hospital de Yaundé a causa de las heridas sufridas en la cabeza. Según los informes, las fuerzas de seguridad no intervinieron para impedir el ataque. Tanto Haman Adama Daouda como Ahmadou Bakary habían sido anteriormente acosados y detenidos por la guardia personal del lamido. El dirigente de la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso, Bello Bouba Maïgari, anunció su intención de iniciar procedimientos judiciales por la muerte de Haman Adama Daouda. Sin embargo, las autoridades judiciales no siguieron adelante con las denuncias presentadas ante la fiscalía de Garua, y no se ha tomado ninguna medida contra los responsables del ataque.

Nana Koulagna, al igual que otros miembros de la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso que representaban a la división de Mayo-Rey en la Asamblea Nacional, había sufrido en el pasado repetidas amenazas y agresiones, y había visto limitada su libertad de circulación dentro de la división. Tras ser elegido para representar a Touboro, tuvo que permanecer en Ngaoundéré a causa de las amenazas contra su integridad física. Según los informes, el lamido de Rey Bouba ha prohibido que los miembros de la oposición de la Asamblea Nacional permanezcan en la zona. Según los informes, cuando Nana Koulagna y su delegación llegaron a Rey Bouba a fines de octubre de 1996 para celebrar una reunión, fueron atacados por la guardia armada personal del lamido. Al parecer, durante el enfrentamiento armado que tuvo lugar a continuación resultaron muertas dos personas, y unas treinta resultaron heridas, muchas de ellas con cuchillos, machetes y lanzas.

El 12 de mayo de 1997, poco antes de las elecciones parlamentarias, se produjeron en Mbang Rey nuevos enfrentamientos violentos entre miembros de la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso y la milicia privada del lamidode Rey Bouba. Cinco personas resultaron muertas Sdos miembros de la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso y tres miembros de la milicia. Nana Koulagna y otros 15 miembros y simpatizantes de la Unión, entre los que se encontraban Baba Koulagna, Pierre Nanay Dieudonné Salaou, fueron detenidos posteriormente, al parecer acusados de asesinato. Aunque dos de ellos fueron liberados más tarde, a los que permanecían en la Prisión Central de Garua aún no se les habían imputado cargos a mediados de agosto de 1997. Teniendo en cuenta el contexto de reiterados abusos contra los simpatizantes de la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso en la división de Mayo-Rey, parece que estos 15 podrían haber sido detenidos por sus actividades políticas, sin que existiera ninguna prueba de su implicación personal en un delito.

Los lamidosejercen la autoridad que les otorga el gobierno y, por lo tanto, el gobierno de Camerún es directamente responsable de sus actos. Estos gobernantes tradicionales están violando, con la aquiescencia del gobierno, los derechos garantizados por el PIDCP y por la Carta Africana.

Recomendaciones

C el gobierno de Camerún debe ordenar la liberación inmediata de todos los que permanecen recluidos ilegalmente en poder de los gobernantes tradicionales en prisiones privadas o no oficiales;

C debe llevarse a cabo una investigación independiente sobre las denuncias de abusos contra los derechos humanos, incluidas las detenciones ilegales, las torturas, los malos tratos y los homicidios ilegítimos, cometidos por los gobernantes tradicionales y por sus milicias privadas, con el fin de hacer comparecer ante los tribunales a los responsables.

Tortura y malos tratos

La tortura y los malos tratos tanto de detenidos políticos como de delincuentes comunes siguen siendo una práctica habitual en Camerún. Algunas de las víctimas han muerto a consecuencia de las heridas sufridas. Tanto la policía como los gendarmes maltratan sistemáticamente a los presos, y los reclusos de las prisiones también son maltratados con frecuencia.

En marzo de 1994, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que la tortura y los malos tratos parecían ser una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad y, en varias ocasiones, habían causado la muerte de quienes la sufrían. El Comité recomendó enérgicamente que el gobierno de Camerún tomara todas las medidas necesarias para impedir la tortura y los malos tratos, que investigara todos los casos de tortura y malos tratos con el fin de procesar a los responsables, que castigara a los culpables y que indemnizara a las víctimas.

La frecuencia de las palizas a los detenidos, incluidos los golpes en las plantas de los pies, fue reconocida públicamente en un seminario de formación para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley organizado en julio de 1994 por el Comité Nacional de Derechos Humanos y Libertades y en el que participaron policías, gendarmes y guardias de prisión.

En noviembre de 1996, la Asamblea Nacional aprobó una nueva ley de gran importancia en relación con la prohibición de la tortura que fue promulgada por el presidente Biya en enero de 1997(9). Esta ley, que enmendaba el Código Penal, especificaba que la tortura no se puede justificar en ninguna circunstancia(10) y que cualquiera que sea declarado culpable de causar lesiones o la muerte a consecuencia de torturas será castigado con penas que oscilan entre los dos años de prisión y la cadena perpetua.

Las investigaciones sobre los informes de tortura y malos tratos han sido muy escasas, al igual que los procesamientos de los responsables de estas prácticas. Sin embargo, ha habido casos en los que las autoridades han emprendido acciones. Cuando un abogado de la fiscalía, Hubert Olama, visitó una comisaría de Yaundé en octubre de 1994 para inspeccionar la situación de los detenidos, entre los que se encontraba el periodista Ndzana Seme, fue detenido a su vez y estuvo recluido durante cinco horas, en el transcurso de las cuales le desnudaron y le golpearon. Seis agentes de policía fueron detenidos y procesados por este incidente; fueron condenados, cuatro de ellos in absentia, a largas penas de prisión y a multas en 1996.

Un inspector de policía fue declarado culpable de agresión y condenado a pagar una multa en julio de 1996. La víctima de la agresión, Matilda Banyong Swiri, había sido detenida en Bamenda en junio de 1995 y había permanecido recluida durante unos seis días antes de ser liberada sin cargos. Durante su reclusión sufrió lesiones graves, incluida la fractura de varias costillas, a consecuencia de los golpes, puñetazos y patadas que recibió. No obstante, según los informes, el inspector de policía en cuestión fue trasladado de Bamenda y no pagó la multa. No se tiene conocimiento de que las autoridades hayan tomado ninguna medida para hacer que se cumpla la sentencia impuesta por el tribunal.

Amnistía Internacional siguió recibiendo informes de tortura y malos tratos durante 1996 y 1997.

Estudiantes de la Universidad de Yaundé

Durante los disturbios que tuvieron lugar en la Universidad de Yaundé en 1996, en el transcurso de los cuales unos 200 estudiantes fueron detenidos y recluidos, varios dirigentes estudiantiles fueron torturados y maltratados. Christophe Ebanga Ongueney Alexandre Lebeau Mbayefueron detenidos por miembros de la «autodefensa» el 10 de junio de 1996 y, mientras permanecieron recluidos, fueron sometidos a constantes palizas. Patrice Kennedy Ikoe Natoay Patrick Asanga Ndefueron detenidos el 26 de junio de 1996 por miembros de la «autodefensa» en la oficina del rector de la Universidad de Yaundé. Fueron desnudados, golpeados y posteriormente recluidos en varios lugares diferentes, entre ellos la división provincial de la policía judicial y el Grupo Especial de Operaciones, donde, según los informes, fueron torturados con descargas eléctricas y en el «columpio», una técnica que consiste en atar juntas por la espalda las manos y los pies de los detenidos, pasarles una barra por debajo de los brazos y, colgados en esa posición, golpearlos. También los llevaron al Centro Nacional de Estudios e Investigación donde, según los informes, les mostraron filmaciones de ejecuciones llevadas a cabo en Camerún en 1984 y les amenazaron con hacerles correr la misma suerte. Los informes indican también que Israël Kuenmoé, un maestro detenido junto con los dirigentes estudiantiles, sufrió una herida grave en el ojo izquierdo a consecuencia de los golpes.

Un estudiante murió a consecuencia de un violento ataque de los miembros de la «autodefensa» en lo que se puede considerar un homicidio arbitrario. El 13 de junio de 1996, los estudiantes que protestaban por la expulsión de seis de sus compañeros de la universidad fueron perseguidos por miembros de la «autodefensa» y de las fuerzas de seguridad. Benjamin Mvogo murió inmediatamente después de ser golpeado y apuñalado en el estómago y el pecho. No se ha llevado a cabo ninguna investigación oficial sobre su muerte y no se ha emprendido ninguna acción contra los responsables.

Otros estudiantes detenidos en octubre de 1996 por miembros de la «autodefensa» en la Universidad de Yaundé fueron desnudados y golpeados en las nalgas y en las plantas de los pies antes de ser entregados a las fuerzas de seguridad.

Detenciones llevadas a cabo en la provincia noroccidental en marzo y abril de 1997

Muchas de las numerosas personas detenidas tras los ataques llevados a cabo contra instalaciones policiales, militares y civiles en varias localidades de la provincia noroccidental en marzo de 1997 fueron torturadas y maltratadas por las fuerzas de seguridad, tanto en el momento de su detención como posteriormente, mientras permanecieron recluidas en comisarías y jefaturas de la gendarmería. Se sabe que al menos cinco personas murieron a consecuencia de la tortura y los malos tratos y de la posterior falta de asistencia médica.

Según los informes, un hombre detenido en Oku, Emmanuel Konseh, un sastre casado y con hijos, recibió fuertes golpes y fue acuchillado con una bayoneta; murió el 28 de marzo de 1997 mientras era trasladado a Bamenda.

Muchos de los que fueron trasladados a Bamenda habían sido torturados y maltratados durante su detención, y en el cuartel de gendarmería de Bamenda sufrieron nuevos abusos. No les permitieron recibir visitas y, a pesar de que muchos de ellos tenían heridas de bala y de bayoneta, les denegaron la asistencia médica. El 1 de mayo de 1997, un mes después de ser detenido en Mbengwi, división de Momo, Samuel Tita, de 38 años, casado y padre de cinco hijos, murió, aparentemente por la falta de alimento y asistencia médica. Ese mismo mes se produjo otra muerte: Pa Mathias Gwei, casado y con hijos, había sido detenido en Oku. Según los informes, aunque se encontraba en estado crítico a consecuencia de la tortura, le negaron el tratamiento médico. Finalmente fue ingresado en el hospital el 25 de mayo de 1997, y murió unas horas después. Al mes siguiente se denunció una nueva muerte: Daniel Tata, de la división de Bui, murió bajo custodia, según los informes, en el cuartel de gendarmería en junio de 1997.

Ndifet Zacharia Khan en un hospital militar de Yaundé, julio de 1997

Algunos de los que estuvieron recluidos inicialmente en el cuartel de gendarmería o en la Brigada Mixta Móvil en Bamenda fueron trasladados posteriormente a Yaundé. Aunque algunos fueron liberados más tarde, casi 50 permanecieron recluidos en la Prisión Nkondengui. Uno de ellos, Ngwa Richard Formasoh, reparador de neumáticos de 25 años de edad de Mile 8, Mankon, en Bamenda, murió, según los informes, el 5 de julio de 1997 en la Prisión Nkondengui, al parecer a consecuencia de la deshidratación causada por una diarrea para la que no recibió tratamiento. Parece ser que mientras permaneció en el cuartel de gendarmería de Bamenda sufría una grave enfermedad del estómago.

Uno de los detenidos en el cuartel de gendarmería parecía haber sido víctima de un trato especialmente brutal. Ndifet Zacharia Khan, médico tradicional y padre de siete hijos, fue detenido en Bamenda y sometido a fuertes palizas primero en una comisaría de policía y luego en el cuartel de gendarmería. Sufrió graves heridas en las piernas y las nalgas. Aunque fue trasladado a un hospital militar de Bamenda, su estado se fue deteriorando hasta el punto de sufrir gangrena. El 1 de junio de 1997 fue trasladado a un hospital militar de Yaundé donde siguió recibiendo tratamiento, pagado en parte por las autoridades. Tuvieron que amputarle los dedos gordos de los dos pies.

Sama Richard Ndifang, un empresario detenido el 1 de abril de 1997, sufrió graves lesiones en el pie derecho, según indican los informes, y tuvo que recibir tratamiento en el hospital. Mientras permanecía recluido en el cuartel de gendarmería de Bamenda le infligieron cortes en el pie con un machete.

Los informes sobre las detenciones efectuadas en la provincia noroccidental en marzo y abril de 1997 indicaban que las fuerzas de seguridad habían cometido abusos generalizados. Habían golpeado, propinado patadas y humillado a civiles. Se denunciaron numerosas violaciones sexuales. Hubo personas a las que obligaron a tumbarse en el suelo y permanecer allí bajo el sol o bajo la fuerte lluvia; a otras las obligaron a tumbarse en el barro y permanecer luego con las ropas llenas de lodo. A algunos ancianos los humillaron y degradaron, por ejemplo, obligándolos a saltar como si fueran niños. Muchas casas fueron registradas y saqueadas y a muchas personas las obligaron a entregar su dinero.

Según los informes, el 28 de marzo de 1997 las fuerzas de seguridad, tanto militares como de gendarmería, irrumpieron en una iglesia de Oku en la que se habían refugiado numerosas personas tras la llegada de varios centenares de miembros de las fuerzas de seguridad. Ordenaron a las mujeres que salieran del edificio. Obligaron a los hombres a tumbarse en el suelo y luego los golpearon y los pisotearon. Un hombre denunció que posteriormente expulsó sangre con la orina. Una mujer de Oku fue golpeada cuando la detuvieron y la mantuvieron recluida durante cinco días en la jefatura de la gendarmería; allí la desnudaron y la obligaron a permanecer sin ropa. A primeras horas de la mañana del 23 de abril de 1997, los soldados y gendarmes entraron por la fuerza en varias casas de Melim Kumbo, división de Bui. Muchos de sus habitantes recibieron patadas y golpes; los detenidos fueron llevados a la jefatura de la gendarmería, donde continuaron golpeándolos.

Tortura y malos tratos en las prisiones de Camerún

Además de las condiciones de reclusión, extremadamente penosas, existentes en las prisiones de Camerún, en ellas los malos tratos a los presos son una práctica habitual. Según los informes, los reclusos son golpeados sistemáticamente, sobre todo en las plantas de los pies, y son sometidos al «columpio». En ocasiones son encadenados y recluidos en celdas de castigo sin luz, agua o instalaciones higiénicas. Según los informes, en 1995 los reclusos de la Prisión Principal de Mbalmayo, provincia central, eran flagelados.

En la Prisión Central de Bamenda, a un preso que trató de escapar en 1996 y al que capturaron le dispararon en las piernas, al parecer a modo de castigo. Según los informes, después de los disparos permaneció dos semanas sin recibir asistencia médica.

El 18 de mayo de 1997, un recluso de la Prisión Central de Marua murió, según los informes, tras ser golpeado por los guardias. Mikila Belede, que ya había sido detenido ese mismo año y acusado de robo con agravantes, trató de escapar, pero fue capturado por la policía. Según los informes, tras ser devuelto a la prisión recibió fuertes palizas, a consecuencia de las cuales murió. No se sabe que se haya llevado a cabo ninguna investigación sobre su muerte. Los informes indican también que a otro recluso de esa misma prisión, llamado Tchouplay conocido como Petit Soko, que trató de escapar el 31 de julio de 1997, los guardias le desnudaron y le propinaron una fuerte paliza. MohamadouMoustapha, un miembro de la organización de derechos humanos Movimiento por la Defensa de los Derechos Humanos y las Libertades que intervino para protestar por el trato infligido a Tchoupla, fue golpeado también, según indican los informes.

Estos casos muestran que, aunque el gobierno ha ratificado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, no está dispuesto a tomar medidas concretas para poner fin a la práctica generalizada de tortura y malos tratos que supone una clara violación de las obligaciones contraídas en virtud de dicho tratado. El gobierno también está infringiendo el artículo 7 del PIDCP y el artículo 5 de la Carta Africana, que prohíben los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Aunque el gobierno ha adoptado disposiciones legales para convertir la tortura en delito, apenas ha tomado medidas para hacer comparecer ante los tribunales y castigar a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de torturar a los detenidos.

Recomendaciones(11)

C deben introducirse salvaguardias para proteger a todos los detenidos y los presos frente a la tortura y los malos tratos, de acuerdo con las obligaciones internacionales contraídas por Camerún en virtud de tratados como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

C el gobierno de Camerún debe demostrar su total oposición a la tortura; debe dejar claro a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que la tortura no se tolerará en ninguna circunstancia;

C durante la formación de todos los funcionarios implicados en la custodia, el interrogatorio y el trato a los presos debe dejarse claro que la tortura es un acto delictivo;

C los presos deben comparecer ante una autoridad judicial inmediatamente después de ser puestos bajo custodia, y sus familiares, abogados y médicos deben tener acceso inmediato y regular a ellos;

C todas las denuncias de tortura deben ser investigadas de forma efectiva e imparcial; los métodos y las conclusiones de dichas investigaciones deben hacerse públicos, y los responsables de torturas deben comparecer ante los tribunales.

Condiciones de reclusión

Las condiciones de reclusión son extremadamente penosas en todo Camerún, y especialmente en las zonas más aisladas del país. Incumplen las normas internacionales relativas al trato dado a los reclusos, incluidas las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Según los informes, en 1995 había más de 16.000 personas recluidas en la prisiones que Camerún, que quedan bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior. Tanto los presos políticos como los comunes permanecen recluidos en unas condiciones que suponen una negación de sus derechos fundamentales, que amenazan tanto su salud como su vida y que constituyen un trato cruel, inhumano y degradante. No parece que las penosas condiciones de algunas cárceles puedan atribuirse únicamente a una escasez de recursos, sino que parecen ser más bien una cuestión deliberada o una consecuencia de la grave negligencia de las autoridades.

Los reclusos de la mayoría de las prisiones permanecen en condiciones de hacinamiento, y las instalaciones higiénicas o no existen o son inadecuadas. La asistencia médica y la nutrición también son muy deficientes. Muchos presos sufren enfermedades tales como tuberculosis o enfermedades de la piel para las que no reciben tratamiento médico. A consecuencia de ello, el índice de mortandad entre los presos es muy elevado. Según los informes, entre enero y octubre de 1995 murieron unos 170 reclusos. En 1996, los informes indicaban que en la Prisión de New Bell, en Duala, morían tres presos a la semana, y en la Prisión Central de Mantum, en la provincia occidental, se producían dos o tres muertes semanales. Aunque por aquel entonces la Prisión Central de Mantum albergaba a unos 580 presos, los recursos proporcionados por las autoridades eran suficientes, según los informes, para cubrir las necesidades de únicamente 80 reclusos.

La situación de las mujeres y los niños resulta especialmente preocupante. Según los informes, muchas veces tanto hombres como mujeres, adultos y menores, son recluidos juntos. Los niños, algunos de ellos menores de 14 años, la edad mínima legal para ser encarcelado, sufren las agresiones sexuales de los presos adultos, según indican los informes. También se han producido informes de ataques sexuales a reclusas por parte de funcionarios de las prisiones.

En muchos centros, los presos tiene que pagar a los guardias para no ser recluidos en las zonas de la prisión en las que las condiciones son más penosas. Los funcionarios de prisiones también obligan a los reclusos a entregarles dinero amenazándolos con someterlos a malos tratos.

En marzo de 1994, el Comité de Derechos Humanos de la ONU deploró la brutalidad con la que se trataba a los reclusos en las prisiones de Camerún. Según manifestó, los centros de detención en los que hombres y mujeres, presos convictos y presos en detención preventiva, adultos y delincuentes juveniles permanecen recluidos en las mismas celdas, generalmente en condiciones insalubres, constituyen una violación del artículo 10 del PIDCP, que especifica que cualquier persona privada de libertad debe ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Dicho artículo 10 dispone específicamente que los procesados estarán separados de los condenados y que los menores procesados estarán separados de los adultos. Las condiciones de reclusión de la prisiones de Camerún también violan el artículo 5 de la Carta Africana, que garantiza el respeto a la dignidad humana y prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Los casos en los que un preso muere a consecuencia de los malos tratos recibidos en prisión o de las penosas condiciones de reclusión constituyen una privación arbitraria de la vida que viola el artículo 6 del PIDCP y el artículo 4 de la Carta Africana.

Recomendaciones

C las autoridades de Camerún deben tomar medidas urgentes y efectivas para garantizar que todas las prisiones del país cumplen las normas internacionales relativas al trato a los presos, incluidas las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos;

C debe garantizarse la salud de todos los reclusos mientras permanecen bajo custodia; los presos deben disponer de alimentos adecuados, asistencia médica e instalaciones higiénicas y de aseo personal, y además deben poder hacer ejercicio todos los días al aire libre.

Uso de una fuerza excesiva y letal por parte de las fuerzas de seguridad

Las fuerzas de seguridad han causado muertes y lesiones graves al hacer uso, según parece, de una fuerza excesiva y letal. En algunos casos, aunque no en todos, se han llevado a cabo investigaciones sobre estos incidentes.

En diciembre de 1995, Ebenezer Tamanformurió a consecuencia de disparos tras ser detenido por las fuerzas de seguridad. Cuando dos policías le dieron el alto en la división de Mezam, él no se detuvo, por lo que los dos agentes iniciaron su persecución. Según los informes, cuando dijo que no se había dado cuenta de que quienes le indicaban que se detuviera eran policías y que había pensado que se trataba de ladrones armados, los agentes le dispararon en la cabeza. No se emprendió ninguna acción contra los responsables. Al menos otras dos personas murieron en 1995 durante incidentes en los que parece ser que las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza. En enero de 1995, una niña de siete años murió cuando la policía de Yaundé abrió fuego contra un taxi que no se había detenido.

En 1996 también se produjeron varias muertes en circunstancias en las que parece ser que las fuerzas de seguridad hicieron uso de una fuerza excesiva y letal. Entre las víctimas se encontraban un presunto delincuente, André Tchieutcho, muerto a tiros cuando se encontraba recluido en una jefatura de gendarmería de Duala en marzo de 1996, y un taxista, Joseph Desiré Tuete Kuipo, muerto por los disparos de un policía en Duala el 24 de mayo de 1996, al parecer cuando se negó a pagar un soborno en un control de carreteras no oficial.

El 9 de agosto de 1996 varias personas resultaron muertas y muchas otras heridas de gravedad a consecuencia de los violentos incidentes provocados por un conflicto intercomunitario entre las aldeas de Bambui y Fungie, en la división de Mezam. Al día siguiente, según los informes, varios gendarmes de Bamenda irrumpieron en Bambui disparando y lanzando granadas indiscriminadamente contra una gran multitud que se había reunido ante el palacio del Fon de Bambui, un gobernante tradicional. Los informes indican que tres personas resultaron muertas: Juliana Ngwafu Munu, de 60 años de edad, que murió en el acto de un disparo en la cabeza; Anita Nyengweh, de 25 años, que murió posteriormente en el hospital; y Ache Alah, de 24 años, que murió también en el hospital a consecuencia de los disparos recibidos en el abdomen y las piernas.

Este tipo de homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad pueden considerarse ejecuciones extrajudiciales u homicidios arbitrarios que violan el derecho a la vida garantizado por el artículo 6 del PIDCP y por el artículo 4 de la Carta Africana.

Además de las tres muertes ocurridas en Bambui el 10 de agosto de 1996, 16 personas resultaron gravemente heridas, según los informes. Entre ellas se encontraba Florence Fanyeih, una mujer de 26 años de edad y madre de tres hijos que perdió la mano derecha y sufrió graves quemaduras en el tórax y los muslos por la explosión de una granada.

Florence Fanyeih, Hospital de la Subdivisión, Bambui, provincia noroccidental, agosto de 1996

El 8 de enero de 1997 se informó de que varias personas habían resultado heridas cuando los gendarmes abrieron fuego durante la detención de Damien Ngah, el Fon de Fungom, en la división de Menchum, provincia noroccidental, en relación con una disputa sobre la tierra y sobre los derechos de pastos. Al parecer, cinco mujeres SComfort Njang, Odilia Siy, Frida Jah, Ngie Sarah Meh, Mary Chey Anasthasia NdumStuvieron que ser ingresadas en el hospital por heridas de bala o por lesiones sufridas al ser golpeadas con las culatas de los rifles. Aunque el Tribunal Superior de Wum ordenó la liberación de Damien Ngah el 30 de enero de 1997, la gendarmería se negó a cumplir la orden. Según los informes, al día siguiente, cuando un grupo de mujeres protestaba ante la jefatura de la gendarmería, los gendarmes abrieron fuego e hirieron a 22 personas, a tres de ellas de gravedad.

Los informes indican que Youssoufa Hamidou sufrió una herida de bala en la rodilla izquierda el 26 de mayo de 1997 en Guider, provincia septentrional, cuando las fuerzas de seguridad, tanto la policía como los gendarmes, abrieron fuego para dispersar una manifestación pacífica en la que miembros y simpatizantes de la Unión Nacional para la Democracia y el Progreso pedían la anulación de los resultados de las elecciones del 17 de mayo de 1997, la creación de una comisión electoral independiente y la liberación del ex miembro de la Unión en la Asamblea Nacional Nana Koulagna.

Las lesiones causadas por las fuerzas de seguridad al hacer uso de una fuerza excesiva e indiscriminada constituyen una forma de malos tratos y violan el artículo 7 del PIDCP y el artículo 5 de la Carta Africana, que prohíben los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Según las normas internacionales, y en especial los Principios básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, las fuerzas de seguridad, siempre que sea posible, deben utilizar medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y de armas de fuego. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no deben emplear armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.

Amnistía Internacional pide a las autoridades de Camerún que den inmediatamente instrucciones claras a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para que cumplan estos principios en todo momento.

Recomendaciones

C debe introducirse un estricto control sobre los miembros de las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las normas internacionales, con el fin de garantizar que no se utiliza una fuerza indiscriminada, excesiva y letal;

C los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sólo deben hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario y dicha fuerza debe limitarse al mínimo necesario exigido por las circunstancias. No debe utilizarse la fuerza letal excepto cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.

La pena de muerte

Amnistía Internacional considera que la pena de muerte constituye una violación del derecho fundamental a la vida y del derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes, y se opone de forma incondicional a su uso. Ninguno de los numerosos estudios llevados a cabo en diversos países han demostrado de forma científica y concluyente que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio contra la delincuencia superior al de otras penas.

El código penal de Camerún castiga con la pena de muerte delitos tales como el asesinato premeditado, los actos de violencia o las agresiones físicas contra un empleado del gobierno con el fin de darle muerte, el tráfico de residuos tóxicos o peligrosos y el robo con agravantes. Desde que se aprobó la ley de enmienda de algunas disposiciones del código penal, Ley Núm. 90/061 del 19 de diciembre de 1990, el robo con agravantes se castiga con la pena de muerte si a consecuencia de la violencia utilizada para cometer el robo se produce una muerte o lesiones graves.

Aunque los tribunales siguen dictando sentencias de muerte con regularidad, las últimas ejecuciones de las que se había tenido noticia hasta 1997 habían tenido lugar en 1988. Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que Antoine Vandi Tize, condenado a muerte varios años antes por asesinato y recluido en la Prisión Central de Marua, fue ejecutado por fusilamiento en Mokolo, división de Mayo-Tsanaga, provincia del extremo norte, el 9 de enero de 1997. Es posible que se hayan llevado a cabo otras ejecuciones una vez agotados los procedimientos de recurso.

Según los informes, en 1995 había más de un centenar de presos condenados a muerte que se sabía que estaban recluidos en prisiones de Duala, Dschang, Garua, Tcholliré y Yaundé, aunque era posible que hubiera más en otras prisiones. Muchas veces, los presos condenados a muerte permanecen separados de los otros presos. A algunos los mantienen encadenados todo el tiempo, por ejemplo en la prisión de Tcholliré II, en la división de Mayo-Rey.

En marzo de 1994, el Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación porque, a pesar de una reciente reducción, el número de delitos punibles con la muerte en el código penal seguía siendo excesivo; en especial, resultaba excesivo castigar con esta pena el robo con agravantes o el tráfico de residuos tóxicos o peligrosos. El Comité expresó también su preocupación por la cantidad de sentencias de muerte dictadas por los tribunales.

El 3 de abril de 1997, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU adoptó la resolución 1997/12, que pedía a los Estados que mantienen la pena de muerte que estudien la posibilidad de suspender las ejecuciones, con vistas a abolir por completo esta pena. La resolución pedía también a los Estados que aún no han abolido la pena capital que limiten el número de delitos castigados con la muerte.

Recomendaciones

C Amnistía Internacional insta al gobierno de Camerún a abolir la pena de muerte en su código penal. Mientras se lleva a cabo la abolición, todas las sentencias de muerte deben ser conmutadas y no deben dictarse sentencias nuevas.

C el gobierno de Camerún debe ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo a la abolición de la pena de muerte.

Camerún y la comunidad internacional

Además de sus recomendaciones específicas al gobierno de Camerún para que tome medidas urgentes y efectivas destinadas a poner fin a las violaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional, incluidas la ONU, la OUA, la Commonwealth y la UE, que examine detenidamente las violaciones de derechos humanos cometidas en Camerún y que tome medidas efectivas para garantizar que este país cumple plenamente sus compromisos para con los derechos humanos.

Camerún entró a formar parte de la Commonwealth en noviembre de 1995 a pesar de las reservas planteadas tanto en el interior del país como en la comunidad internacional porque no se habían realizado suficientes progresos en lo relativo al respeto por los derechos humanos. Una delegación del secretariado de la Commonwealth visitó Camerún en julio de 1995, pero su informe no se hizo público. Está previsto que los jefes de Estado de la Commonwealth se reúnan en Edimburgo, en el Reino Unido, en octubre de 1997. Durante sus dos años de pertenencia a la Commonwealth, en Camerún se han seguido violando los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos. Como miembro de la Commonwealth, Camerún debe cumplir los compromisos para con los derechos humanos y el Estado de derecho incluidos en la Declaración de Harare de la Commonwealth de 1991.

Camerún y la UE son signatarios del IV Convenio de Lomé (1991-2001), un instrumento multilateral de carácter general que permite la cooperación en los sectores de ayuda al desarrollo, comercio y relaciones sociales y culturales entre la UE y 70 países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP).

El artículo 5 del IV Convenio de Lomé se refiere explícitamente a los derechos humanos: «La cooperación aspira a lograr un desarrollo centrado en el hombre, su agente y beneficiario principal, postulando, en consecuencia, el respeto y la promoción del conjunto de sus derechos.» El Convenio queda bajo la supervisión del Consejo de Ministros ACP-UE, de su Comité de Embajadores y de una Asamblea Parlamentaria Conjunta ACP-UE que reúne dos veces al año a representantes de los 70 Estados ACP y a 70 miembros del Parlamento Europeo y cuya función es principalmente de asesoría. Está previsto que la próxima reunión de esta Asamblea Parlamentaria Conjunta se celebre en Togo a fines de octubre de 1997.

Recomendaciones

C el secretario general de la OUA debe supervisar estrechamente la situación de los derechos humanos en Camerún, especialmente porque se teme que pueda producirse un aumento de las violaciones de dichos derechos en el período de las elecciones presidenciales, previstas para octubre de 1997;

C si lo considera adecuado, el secretario general de la OUA debe poner sus preocupaciones en conocimiento del Mecanismo para la Prevención, Gestión y Resolución de Conflictos de la OUA con el fin de que éste tome medidas para impedir que se produzcan nuevos acontecimientos que puedan causar un deterioro grave en la situación de los derechos humanos en Camerún;

C la Commonwealth debe establecer un mecanismo para supervisar de forma constante las violaciones de derechos humanos cometidas en Camerún y debe tomar medidas para garantizar que Camerún cumple los principios de la Declaración de Harare de la Commonwealth;

C el Consejo de la Unión Europea debe recordar a Camerún sus obligaciones en virtud del artículo 5 del IV Convenio de Lomé, especialmente teniendo en cuenta las próximas elecciones presidenciales;

C los miembros de la Asamblea Parlamentaria Conjunta ACP-UE, cuya reunión está prevista para octubre de 1997, deben aprovechar esta oportunidad para revisar la situación de los derechos humanos en Camerún.

INTERNO (Sólo para miembros de AI) Índice AI: AFR 17/16/97/s

Distr : SC/CO/GR

Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido

SEPAREN ESTA HOJA DEL DOCUMENTO PRINCIPAL

ANTES DE COPIARLO O DISTRIBUIRLO

PARA USO EXTERNO

CAMERÚN

Flagrante desprecio por los derechos humanos

ACCIONES RECOMENDADAS

Les rogamos que se aseguren de que todas las personas pertinentes de su Sección reciben copias de este documento, y de que el documento se archiva debidamente para futuras consultas. Además, les rogamos que lleven a cabo las siguientes acciones recomendadas.

Encargados de prensa de las Secciones

Les rogamos que den a este documento la publicidad y la difusión más amplias posible. Su fecha de embargo es el 16 de septiembre de 1997 e irá acompañado por un punto de un servicio de noticias que se enviará a los encargados de prensa de las Secciones por los conductos habituales.

Les rogamos que, en consulta con el grupo de coordinación de África Central o con el coordinador de país de Camerún de su Sección, si lo hay, hagan llegar este documento a cualquier periodista que pueda tener un interés especial en Camerún en particular o en África en general.

Tengan en cuenta que el Secretariado Internacional enviará este documento y el punto del servicio de noticias directamente a los medios de comunicación seleccionados de Camerún y de otros países de África Central y Occidental.

Responsables de la captación de apoyos en el gobierno propio país / coordinadores de país de Camerún

Les rogamos que hagan llegar una copia de este documento a las autoridades pertinentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de su país. Deben pedirles que lo hagan llegar a los representantes diplomáticos de su gobierno en Camerún con la solicitud de que planteen las preocupaciones y recomendaciones de Amnistía Internacional al gobierno camerunés. Las Secciones de los países que cuenten con representantes diplomáticos en Camerún deben tratar de garantizar que dichos representantes reciben este documento lo antes posible.

Este documento debe hacerse llegar también a los parlamentarios y a otras figuras políticas destacadas de su país, con la petición de que planteen las preocupaciones de Amnistía Internacional ante su ministro de Asuntos Exteriores y en cualquier contacto bilateral que puedan tener con autoridades del gobierno de Camerún.

Les rogamos que traten también de asegurarse de que este documento llega a manos de las autoridades gubernamentales y los parlamentarios responsables de las relaciones con organizaciones intergubernamentales pertinentes o que participan en ellas.

a120 Les rogamos que consulten la acción de la Red de Acción Regional de África Central (CAFRAN) que se publica junto con este documento.

Coordinadores de país de Camerún y coordinadores de la Red de Acción Regional de África Central (CAFRAN)

Tengan en cuenta que este documento se publica junto con una acción CAFRAN que incluye recomendaciones de acción detalladas para los coordinadores de país de Camerún y los coordinadores y grupos CAFRAN. Dicha acción CAFRAN debe considerarse como una prolongación y un complemento de la acción CAFRAN núm. 06/97 (AFR 17/14/97), que comenzó en julio de 1997.

DISTRIBUCIÓN POR EL SI

Este documento ha sido enviado directamente por el SI a:

C todas las Secciones

C todos los encargados de prensa de las Secciones

C los coordinadores de Camerún

C los coordinadores de la Red de Acción Regional de África Central (CAFRAN)

****

(1) Si desean información respecto a las directrices sobre el mandato, la composición y el funcionamiento de las instituciones nacionales para la promoción y la protección de los derechos humanos, consulten Proposed Standards for National Human Rights Commissions(Índice AI: IOR 40/01/93), publicado por Amnistía Internacional en enero de 1993.

(2) Camerún ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1984. También ha ratificado su Primer Protocolo Facultativo, que permite a los individuos denunciar ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU las violaciones de las disposiciones del Pacto.

(3) Camerún ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 1986.

(4) Camerún rafiticó la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en 1989.

(5) En su preámbulo, la Constitución revisada dice: «La libertad de expresión, de prensa, de reunión y de asociación, así como la libertad sindical, estarán garantizadas en virtud de las condiciones fijadas por la ley».

(6) La Ley Núm. 96/04, del 4 de enero de 1996, que enmienda y suplementa la Ley Núm. 90/052, del 19 de diciembre de 1990, relativa a la libertad de comunicación social.

(7) La Ley de Mantenimiento del Orden Público, Ley Núm. 90/054 del 19 de diciembre de 1990, especifica: «Las autoridades administrativas pueden, en cualquier momento y dependiendo de las circunstancias [...] tomar medidas para detener a personas durante un período renovable de 15 (quince) días con el fin de luchar contra el bandidaje».

(8) Si desean más información, consulten Camerún: Arresto de opositores políticos y detenciones sin juicio(Índice AI: AFR 17/02/95/s), publicado por Amnistía Internacional el 16 de febrero de 1995.

(9) La Ley de Enmienda al Código Penal, Ley Núm. 97/009 del 10 de enero de 1997, creó una nueva Sección 132(a) (Artículo 132(bis)) relativa a la tortura.

(10) El párrafo 5(c) de la nueva Sección 132 (a) especifica que no se podrá invocar ninguna circunstancia excepcional, sea cual sea, ni siquiera un estado de guerra, una amenaza de guerra o una situación de inestabilidad política interior, para justificar la tortura.

(11) Consulten también el Programa de doce puntos para la prevención de la torturade Amnistía Internacional, de octubre de 1983.