Índice AI: AFR 20/12/93/s

Distr: SC/PO

00:01 Hrs. GMT

del miércoles 21 de abril de 1993

CHAD:

CENTENARES DE MUERTES SUBRAYAN EL INCUMPLIMIENTO

DE LAS PROMESAS DE REFORMA

El gobierno que asumió el poder en Chad prometiendo poner fin a las violaciones de derechos humanos ha trocado sus promesas por el poder... a expensas de las vidas de centenares de civiles.

El gobierno del presidente Idriss Déby tomó posesión en diciembre de 1990, tras muchos años de derramamiento de sangre, con el lema de "Nunca más"; sin embargo, al cabo de un año, volvieron a empezar el encarcelamiento político y los homicidios que habían azotado a Chad durante años, al utilizar el gobierno a las fuerzas de seguridad para aferrarse al poder a costa de los derechos humanos. Dos años después, su historial está cubierto de sangre:

*Más de 500 personas han sido ejecutadas extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad; en un solo incidente, murieron más de 100 civiles desarmados.

*Han "desaparecido" decenas de personas.

*La tortura es habitual y se han producido muertes por su causa.

*Más de 1.000 personas han estado detenidas durante breves periodos, pero no se ha llegado a juzgar a ningún preso político.

*Ninguna persona implicada en la tortura o la muerte de presos ─ya sea durante este gobierno, ya sea durante los anteriores─ ha sido procesada nunca.

"Se ha suprimido todo desafío al gobierno, real o imaginario ─afirma Amnistía Internacional en un informe que publica hoy─. Y la consecuencia ha sido una matanza indiscriminada de civiles."

"La oposición al gobierno significa prisión o muerte, porque ha arraigado el uso de las armas como forma habitual de resolver las diferencias políticas. Las fuerzas de seguridad actúan como juez, jurado y verdugo: no respetan los derechos fundamentales, no sienten la necesidad de obedecer la ley ni respetar el derecho, interfieren con la judicatura y actúan con plena impunidad. No es raro que tantas personas lo hayan pagado con sus vidas."

En un incidente, en agosto pasado, más de 100 civiles fueron asesinados cuando las fuerzas armadas se desenfrenaron tras el ataque de un grupo armado de oposición a su guarnición de Doba. Los soldados abrieron fuego contra los ciudadanos en la calle, dispararon contra las casas y contra los que trabajaban los campos, y se dedicaron al pillaje y al saqueo. La matanza duró más de un día.

Al final, entre los muertos había seis niños, y decenas más quedaron heridos. No se ha llevado a cabo investigación alguna sobre la matanza, nadie ha sido procesado por ella y el jefe de la guarnición, que, según informes, estuvo implicado en la represión de los años ochenta, sigue en su puesto.

"Es un caso típico de este trágico problema ─afirma Amnistía Internacional─. El gobierno se niega, sencillamente, a aceptar que están produciéndose violaciones de derechos humanos, a pesar de la evidencia: centenares de cadáveres."

"Mientras el gobierno no asuma su responsabilidad y empiece a dar muestras claras a las fuerzas de seguridad de que no va a tolerar esta actitud, la impunidad continuará, y con ella, las matanzas."

El asesinato de civiles inocentes ha continuado este año, a pesar de la inauguración de una Conferencia Nacional, en enero, que ha reunido a los partidarios y los opositores del gobierno para debatir reformas políticas. Los llamamientos de su presidente para que se llevase a cabo una investigación independiente de los recientes homicidios han sido desdeñados por el gobierno.

Amnistía Internacional ha hecho una serie de recomendaciones al gobierno, entre las que se incluyen algunas sencillas medidas, tales como llevar un registro de los detenidos y asegurarse de se presentan cargos contra ellos o se les libera en el plazo de 24 horas. La organización ha instado a la Conferencia Nacional a incorporar esas recomendaciones a una nueva Constitución.

"En este momento ─ha manifestado Amnistía Internacional─, las fuerzas de seguridad están atropellando la ley. Es hora de que el gobierno tire de las riendas."

Amnistía Internacional pide también a los gobiernos extranjeros que prestan ayuda a las fuerzas de seguridad de Chad, que ejerzan presiones para que se ponga fin a los homicidios y se rindan cuentas públicamente. En especial, la organización advierte en su informe que hace tiempo que Francia y los Estados Unidos suministran fondos y material a las fuerzas de seguridad de Chad, a pesar de que son esas mismas fuerzas quienes cometen las gravísimas violaciones de derechos humanos mencionadas.

Antes de diciembre de 1990, esos y otros gobiernos extranjeros se mantuvieron en un silencio casi total ante los miles de homicidios y de presos. "Los gobiernos extranjeros respaldaron a los dirigentes de Chad durante los años ochenta con un cínico desprecio por los derechos humanos", afirmó Amnistía Internacional.

"Lo que hace falta ahora es un cambio drástico de actitud. Los gobiernos extranjeros deben tomar nota de la represión asesina de los dos últimos años e insistir en que termine inmediatamente."

NO PUBLICAR ANTES DE LAS 00:01 HORAS GMT DEL MIÉRCOLES 21 DE ABRIL DE 1993