Índice AI: AFR 28/07/91/s

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del miércoles 18 de diciembre de 1991

GHANA

EL ENCARCELAMIENTO POLÍTICO USADO PARA SILENCIAR A LOS CRÍTICOS AL GOBIERNO

Según un informe de Amnistía Internacional publicado hoy, el gobierno de Ghana usa el encarcelamiento político para silenciar e intimidar a sus opositores desde que asumió el poder hace diez años.

La organización de derechos humanos ha declarado: "El gobierno afirma que no hay presos políticos. Pero los hechos muestran que la realidad es otra. En los últimos diez años, centenares de personas han sido encarceladas por ser críticos u opositores al gobierno en el poder. Al menos 50 se encuentran recluidos actualmente en cárceles de Ghana, sin haber sido acusados o llevados ante un tribunal, algunos desde los primeros días del gobierno."

Por otra parte, al menos 90 presos políticos han sido juzgados por tribunales especiales, y más de la mitad de ellos sentenciados a muerte. A los acusados que han comparecido ante estos tribunales se les han imputado a menudo cargos imprecisos en aplicación de leyes igualmente imprecisas, en un sistema que se inclina claramente a favor de la declaración de culpabilidad.

En virtud de las leyes actuales, cualquier persona puede permanecer recluida indefinidamente sin cargos "en interés de la seguridad nacional". En realidad, algunos críticos y potenciales opositores al gobierno han sido detenidos como sospechosos de haber participado en tentativas de golpe y recluidos indefinidamente. Algunos de los detenidos administrativamente son presos de conciencia porque están encarcelados únicamente por sus ideas políticas no violentas.

Recientemente, un ex ministro del gobierno y el director de un periódico estuvieron detenidos en régimen de incomunicación y sin cargos después de la publicación de un artículo que se consideró que criticaba a unos miembros del gobierno y de las fuerzas armadas. Kwesi Armah y George Naykene fueron detenidos en octubre de 1991 y aún se encontraban detenidos sin cargos a finales de noviembre.

El comandante Courage Quarshigah y al menos cinco personas más llevan dos años detenidos sin cargos, acusados por el gobierno de conspirar para derrocarlo en 1989. Al parecer, el comandante Quarshigah, respetado oficial del ejército, era considerado por el gobierno como una amenaza política. Otro detenido aprehendido en relación con el comandante Quarsihgah murió cuando se encontraba bajo custodia, en medio de rumores de que había sido torturado. Otra persona, un agente de la policía de seguridad que se encontraba detenido, se fugó en mayo de 1990. Su madre fue detenida en junio de 1990, al parecer como represalia, y permaneció recluida sin cargos ni juicio hasta noviembre de 1991.

Las personas detenidas mediante una orden de detención administrativa no pueden recurrir a la justicia. El derecho de hábeas corpus para los detenidos políticos fue abolido mediante un decreto gubernamental en 1984, por los que las autoridades no tienen obligación de llevarlos ante un tribunal. Pueden permanecer detenidos en secreto, sin acceso a sus familiares y abogados, y sin conocer durante meses o semanas los motivos de su detención.

Pero aún peor suerte han corrido muchos de los presos políticos que han sido juzgados. De 90 pesonas acusadas de delitos políticos entre 1983 y 1986, 50 fueron sentenciadas a muerte y 23 ejecutadas.

La mayoría de ellas fueron juzgadas por Tribunales Públicos, tribunales especiales cuyos miembros son designados por el gobierno. Existe el derecho de apelación sólo ante otro tribunal especial que también está controlado por el gobierno. Los tribunales gozan de facultades para imponer la pena de muerte por una gran variedad de actividades, entre ellas delitos que antes no eran punibles con la muerte y ni siquiera estaban recogidos como delitos en la legislación.

Amnistía Internacional ha declarado: "El gobierno afirma que es mejor para los presos estar detenidos sin cargos, porque una vez que comparecen ante los tribunales públicos, corren un riesgo real de ser ejectuados. La amenaza de la pena de muerte no puede justificar la detención administrativa porque, tanto la pena captital como la detención arbitraria violan los derechos humanos y deben desaparecer"