Índice AI: AFR 30/02/99/s Servicio de Noticias: 055/99

23 de marzo de 1999

DECLARACIÓN PÚBLICA

GUINEA BISSAU: UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE TRANSPARENCIA

Amnistía Internacional, cuyos delegados visitan actualmente Guinea-Bissau por primera vez desde el comienzo del conflicto armado en junio de 1998, hizo hoy un llamamiento a la comunidad internacional para que aprovechara la oportunidad que ofrece el proceso de paz de fomentar una nueva cultura institucional de rendición de cuentas y respeto por los derechos humanos.

Durante el conflicto se produjeron graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias de presuntos opositores políticos, torturas, homicidios deliberados y arbitrarios, matanzas indiscriminadas y otras violaciones del derecho internacional humanitario como el emplazamiento de artillería pesada en las inmediaciones de un hospital y otros centros civiles.

Los delegados de Amnistía Internacional observaron con preocupación que los abusos contra los derechos humanos no han amainado desde la cesación de las hostilidades, y pudieron ver por sí mismos cómo unos soldados golpeaban a civiles desarmados tras una manifestación en favor de la paz celebrada el 9 de marzo en Bissau, la capital.

Pese a la falta de protección a los derechos humanos en Guinea-Bissau, en el marco de un sistema judicial que no funciona, Amnistía Internacional ha observado avances en la puesta en práctica del Acuerdo de Paz de noviembre de 1998. Están presentes en el país las fuerzas de mantenimiento de la paz del Grupo de Verificación de la Cesación del Fuego (ECOMOG) de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental; se ha desarmado y devuelto a los cuarteles a las fuerzas militares beligerantes; se están replegando las fuerzas extranjeras que apoyaban al gobierno del presidente João Bernardo Vieira; y ha comenzado el proceso de retirada de limpieza de los terrenos minados.

Amnistía Internacional considera favorables los planes para estimular la rehabilitación social y económica del país y reconoce que el progreso en estos sectores facilitará el mejoramiento de la situación de los derechos humanos.

La organización estimó alentadoras las garantías ofrecidas personalmente por el primer ministro Francisco Fadul, quien manifestó que el nuevo Gobierno de Unidad Nacional está resuelto a defender los derechos humanos. No obstante, Amnistía Internacional está convencida de que la rendición de cuentas y la clara delimitación de responsabilidades en la cadena de mando sólo se lograrán con el apoyo político y material que la comunidad internacional esté dispuesta a prestar al gobierno y a las nuevas instituciones de una sociedad civil que puja por afianzarse.

El 3 de marzo, el secretario general de las Naciones Unidas escribió al presidente del Consejo de Seguridad para formular recomendaciones sobre el papel que esta organización debe desempeñar en el proceso de paz y reconciliación que ha emprendido el país. El secretario general proponía, asimismo, la inclusión de funcionarios de derechos humanos en el equipo del nuevo Representante Especial del secretario general en Guinea-Bissau. La semana pasada, el secretario presentó ante el Consejo de Seguridad un informe en el que manifestaba que era preciso comenzar desde el principio para reconstruir la economía, los servicios sociales básicos y las instituciones estatales de Guinea-Bissau.

Amnistía Internacional acoge positivamente la propuesta de incluir un componente de derechos humanos en el equipo del Representante del secretario general en Guinea-Bissau. Mientras el Consejo de Seguridad estudia el informe del secretario general, Amnistía Internacional desea formular una serie de recomendaciones al nuevo Gobierno de Unidad Nacional y a la comunidad internacional. La organización considera que se deberá:

● prestar apoyo a las instituciones de la sociedad civil para asegurar un programa general de educación cívica que incluya la cuestión del derecho al sufragio y otros derechos humanos;

● apoyar el regreso al país de personal especializado, particularmente funcionarios judiciales y otros, a fin de asegurar la reconstrucción del sistema judicial y el acceso a éste de todos los individuos;

● fomentar la rendición de cuentas en relación con las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, incluidas las que se perpetraron en el marco del conflicto armado;

● enviar observadores internacionales encargados de vigilar la preparación y celebración de comicios, entre cuyas obligaciones deberán incluirse la observación de la conducta de los encargados del mantenimiento de la seguridad —a fin de que no se intimide a los opositores políticos—, así como la observación de la conducta de los medios de comunicación —a fin de velar por que la diseminación de información no afecte el derecho a la actividad política—.

En cuanto a las medidas a largo plazo, Amnistía Internacional insta a la comunidad internacional a continuar prestando apoyo a las instituciones democráticas y de derechos humanos a fin de estimular una cultura de rendición de cuentas de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos y, para ello, recomienda:

● reestructurar la fuerza policial con miras a garantizar que rinda cuentas de su conducta al gobierno civil democráticamente elegido y que reciba adecuada capacitación profesional y educación en derechos humanos;

● fomentar la independencia de la judicatura, la prestación a este sector de recursos y capacitación adecuados en todos sus niveles, y el establecimiento de un sistema de justicia juvenil;

● impulsar el mejoramiento de las condiciones de reclusión y la capacitación de los funcionarios penitenciarios;

● adoptar las medidas necesarias para que las fuerzas armadas reunificadas rindan cuentas de su conducta a las autoridades civiles y reciban capacitación en materia de cumplimiento del derecho internacional humanitario y de las normas internacionales de derechos humanos;

● continuar ofreciendo apoyo a los programas de educación en derechos humanos y a los grupos no gubernamentales locales que trabajan para fomentar el amplio abanico de los derechos humanos.

Todas estas medidas exigirán estrecha colaboración, consulta y coordinación entre las instituciones y organizaciones no gubernamentales nacionales, por un lado, y los diversos agentes regionales e internacionales involucrados en el proceso de paz y rehabilitación, por el otro.

Amnistía Internacional también exhorta al gobierno de Guinea-Bissau a que haga honor a su compromiso expreso de defender los derechos humanos ratificando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de las Naciones Unidas.

Amnistía Internacional recomienda las medidas antes mencionadas por considerarlas decisivas para la consolidación de una paz duradera en Guinea-Bissau.

Información general:

El conflicto armado se desencadenó en Guinea-Bissau en junio de 1998 tras una rebelión del ejército. Pese a que el 26 de julio de 1998 se suscribió una tregua, reafirmada en agosto, y a que en noviembre de 1998 se firmó un acuerdo de paz, las hostilidades volvieron a estallar en octubre de 1998 y a principios de febrero de 1999. El 20 de febrero de 1999 tomaron posesión de sus cargos los miembros de un nuevo Gobierno de Unidad Nacional. En 1994 se habían celebrado en Guinea-Bissau las primeras elecciones multipartidistas convocadas en la historia del país.