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ÍNDICE AI: AFR 30/05/99/s

20 de mayo de 1999

DECLARACIÓN PÚBLICA

Guinea-Bissau

La comunidad internacional debe mantener su compromiso de asistir al gobierno de Guinea-Bissau a proteger los derechos humanos en el país

Amnistía Internacional ve con preocupación que los combates que estallaron en Bissau el 6 y 7 de mayo puedan retrasar la asistencia que la comunidad internacional se comprometió a dar al gobierno de Guinea-Bissau para garantizar el respeto de los derechos humanos como parte del proceso de reconstrucción del país en el periodo de posguerra.

Los recientes combates surgieron de una disputa sobre el desarme de la milicia de los Aguentas («los que resisten»), leales al presidente Vieira, en virtud de lo dispueto en el acuerdo de paz firmado en noviembre de 1998 entre el presidente Joâo Bernardo Vieira y el brigadier Ansumane Mané, líder de la Junta Militar.

Las tropas de la Junta Militar, que ya habían acusado a las fuerzas leales al presidente de anteriores violaciones del acuerdo, se hicieron con el control del centro de Bissau, forzando a rendirse a las tropas leales al presidente Vieira y escoltaron a éste a la embajada de Portugal, donde se le concedió asilo. Posteriormente, la Junta Militar ha declarado su intención de acuartelar a las tropas.

El Gobierno de Unidad Nacional que se instauró en febrero de 1999 en cumplimiento de las disposiciones del acuerdo de paz, no ha sufrido mella, y las elecciones siguen fijadas para el 28 de noviembre de este año. Como dispone la Constitución, el presidente de la Asamblea Nacional, Malam Bacai Sanha, ha sido nombrado jefe de Estado para el periodo de transición.

Amnistía Internacional ha pedido a la comunidad internacional que proporcione la ayuda necesaria para la rehabilitación y reforma de ciertas instituciones clave, imprescindible para proteger los derechos humanos, en particular el sistema de administración de la justicia y los órganos encargados de la aplicación de la ley. Es asimismo vital que las Naciones Unidas sigan adelante con el propuesto despliegue de funcionarios de derechos humanos, encabezados por el recientemente nombrado Representante del Secretario General, entre cuyas tareas se incluye la observación de la situación de los derechos humanos y la provisión de asistencia técnica y apoyo a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la protección y promoción de los derechos humanos.

Se ha denunciado que centenares de civiles y soldados han perecido o resultado heridos en los bombardeos de mayo. Tras los combates, una multitud airada atacó el palacio presidencial y la embajada de Francia, creyendo que el presidente se ocultaba allí. La multitud saqueó el edificio de la embajada y algunos domicilios privados, si bien la Junta Militar tomó medidas para poner fin con prontitud al saqueo.

Amnistía Internacional ha hecho indagaciones sobre la situación de unos quinientos militares y agentes de seguridad, jóvenes soldados Aguentas y agentes de policía que fueron detenidos en los recientes combates y se encuentran recluidos en cuatro centros de Bissau. La Liga de Derechos Humanos de Guinea-Bissau y el Comité Internacional de la Cruz Roja tienen acceso a los detenidos que no parecen haber sido maltratados. Algunos de estos detenidos pudieran ser enjuiciados, particularmente los oficiales de alta graduación que se sospecha estaban involucrados en tráfico ilegal de armas con los rebeldes separatistas del vecino Senegal. Las autoridades de Guinea-Bissau también han pedido que se enjuicie al presidente Vieira en conexión con el tráfico de armas.

Otros soldados están provisionalmente detenidos para protegerlos de posibles represalias. El 13 de mayo, 186 milicianos Aguentas fueron puestos en libertad y retornaron a sus casas. Algunos eran niños soldados, de entre 15 y 18 años de edad. La Liga de Derechos Humanos ha organizado un programa que les permita reintegrarse a la sociedad. También está participando en unos programas radiofónicos de sensibilización de la opinión pública que permitan reducir al mínimo el riesgo de represalias y venganzas.

El Gobierno de Unidad Nacional ha declarado repetidamente que los derechos humanos serán respetados. Ha disuelto el cuerpo de la policía de seguridad, responsable de numerosas violaciones de derechos humanos en el pasado, y ha iniciado investigaciones sobre algunos de estos abusos. Amnistía Internacional acoge con satisfacción esta evolución de la situación, y ha pedido que los autores de éstas y otras violaciones de derechos humanos perpetradas antes y durante el reciente conflicto sean procesados.

La organización de derechos humanos también ha instado a las autoridades a poner en marcha una revisión exhaustiva del sistema de justicia penal a fin de garantizar una reforma coherente y total de las instituciones judiciales, penales y de aplicación de la ley. Amnistía Internacional cree que la falta de protección de los derechos económicos, sociales, civiles y políticos fundamentales fue una de las causas del conflicto, e insta por lo tanto a la comunidad internacional a prestar su asistencia a Guinea-Bissau para que pueda crear instituciones eficaces que protejan los derechos humanos.

Información general

El conflicto se inició el 7 de junio de 1998, cuando el brigadier Mané fue destituido de su cargo de comandante en jefe de las fuerzas armadas y acusado de participar en la venta ilegal de armas a los rebeldes de Casamancia, Senegal. La mayoría de las fuerzas armadas de Guinea-Bissau se alzaron en apoyo de la Junta Militar que también se ganó un amplio apoyo popular. A finales de octubre de 1998, la Junta Militar se había hecho con el control de la mayor parte del país, exceptuando el centro de Bissau y el archipiélago de Bijagos. El acuerdo de paz firmado el 1 de noviembre se violó durante los tres días de combates en febrero de 1999. Un total de más de tres mil tropas de Senegal y la República de Guinea, a las que el presidente Vieira había pedido ayuda, habían abandonado el país el 23 de marzo.

El conflicto ha causado un gran sufrimiento al país, produciendo centenares de muertos y heridos y miles de desplazados. Decenas de civiles y soldados fueron detenidos, muchos torturados y algunos ejecutados extrajudicialmente por las fuerzas leales al presidente Vieira. La Junta Militar encarceló también a civiles y maltrató a algunos de ellos. Se ha denunciado asimismo que ambos bandos dieron muerte deliberadamente a soldados que se rindieron o fueron capturados en combate.