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27 de octubre del 2000 Documento público

Costa de Marfil: Amnistía Internacional hace un llamamiento a todas las partes

«El jueves 26 de octubre, al menos 40 personas murieron en Abiyán, la capital económica de Costa de Marfil, y en otras ciudades marfileñas como consecuencia de violaciones de derechos humanos y en el marco de de graves disturbios», ha afirmado hoy Amnistía Internacional. Los disturbios tienen su origen principal en el conflicto existente entre miembros y simpatizantes de los dos partidos políticos, la Agrupación de Republicanos (Rassemblement des Républicains, RDR), de Alassane Ouattara, y el Frente Popular de Costa de Marfil (Front Populaire Ivoirien, FPI), de Laurent Gbagbo.

Amnistía Internacional exige que los responsables de las fuerzas de seguridad protejan los derechos humanos de toda la población, incluidos los ciudadanos extranjeros que están en la mira de otros civiles o de ciertos miembros de esas fuerzas.

La organización también insta a todos los que ocupan cargos políticos, y en especial a Laurent Gbagbo, que asumió la presidencia de la República el jueves 26 de octubre, así como a Alassane Ouattara, que exijan a sus simpatizantes que respeten los derechos humanos.

Tras los incidentes del 26 de octubre, las fuerzas de seguridad fueron desplegadas en todo el país y el ministro de Seguridad, general Augustin Asso Akawa, prolongó hasta el sábado 28 de octubre el toque de queda y el estado de excepción decretados unos días antes por el a la sazón jefe de Estado, general Robert Gueï, en vísperas de la elección presidencial del 22 de octubre.

La responsabilidad de garantizar la paz civil se vuelve aún más importante a la luz del papel a veces ambiguo que desempeñaron las fuerzas de seguridad durante los sucesos del 26 de octubre. Según información recibida por Amnistía Internacional, en algunos casos las fuerzas de seguridad se unieron a los simpatizantes del FPI para combatir en las calles contra miembros de la RDR, y en otros casos los gendarmes protegieron a miembros de la RDR que corrían peligro de ser linchados. Entre otros incidentes, los gendarmes hicieron fuego con armas automáticas contra la residencia de Alassane Ouattara, que se vio obligado a refugiarse en la vecina embajada de Alemania.

«La amenaza de la guerra civil pende sobre Costa de Marfil —afirma hoy Amnistía Internacional—. Todos los líderes políticos, militares y religiosos deben unirse para hacer desaparecer el espectro de las divisiones étnicas y religiosas que llevarían inevitablemente a una intensificación de las violaciones de derechos humanos.»

Amnistía Internacional acoge positivamente los primeros llamamientos a la calma hechos ayer en forma conjunta en la televisión nacional por las autoridades religiosas católicas y musulmanas, que pidieron, en especial, que el enfrentamiento político entre el FPI y la RDR no se convirtiera en violencia étnica y religiosa.

Un poco más tarde, dos funcionarios importantes del FPI y la RDR aparecieron juntos en televisión para pedir a los activistas de sus partidos que mantuvieran la calma y anunciar la celebración de una primera reunión entre Laurent Gbagbo y Alassane Ouattara.

«Nuestra única preocupación es el respeto por los derechos humanos, y en el futuro seguiremos observando de cerca la situación de los derechos humanos en este país, como lo hemos hecho en el pasado, con independencia de quién sea el jefe de Estado o cuál el partido gobernante. Reiteramos nuestro pedido de que se inicie una investigación independiente e imparcial, conforme a las normas internacionales, sobre los sucesos ocurridos en Costa de Marfil desde el golpe de Estado militar de diciembre de 1999», dice Amnistía Internacional.

Información general

Amnistía Internacional no se inclina por ningún tipo de gobierno, pero insiste en que los que ocupan el poder en cualquier parte del mundo deben respetar los derechos humanos, incluidos el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a torturas, cualesquiera que sean el caso o las circunstancias. A lo largo del último año, la organización ha hecho reiterados llamamientos para que se haga justicia y se proporcione reparación a los miembros de la RDR injustamente condenados, a los familiares hostigados y torturados del ex presidente, Henri Konan Bédié, y a las víctimas civiles de grupos militares, algunos de cuyos miembros eran integrantes de la guardia presidencial del general Gueï. Más recientemente, Amnistía Internacional ha pedido que se aclare la situación de los militares arrestados tras el ataque de septiembre del 2000 contra la residencia del general Gueï, cuyas familias desconocen su paradero.

La elección presidencial del 22 de octubre del 2000 volvió a sumir en el caos a Costa de Marfil en momentos en que el país atravesaba una época de inestabilidadd tras el golpe de Estado militar de diciembre de 1999 mediante el que fue derrocado el presidente Henri Konan Bédié.

El general Robert Gueï, instalado en el poder por fuerzas militares amotinadas, emprendió un examen intensivo de los textos legales que culminó en la redacción de una nueva Constitución, adoptada mediante un referéndum celebrado en julio del 2000. Pero, a lo largo de los seis meses en que ocupó el poder, el general Gueï permitió que ciertos grupos militares cometieran, a menudo con total impunidad, violaciones de derechos humanos contra miembros de la familia de Henri Konan Bédié y contra abogados y periodistas. Las fuerzas armadas también ejecutaron sumariamente a presuntos delincuentes, a veces en público y después de obligarlos a desnudarse. En septiembre del 2000, Amnistía Internacional publicó un informe titulado Côte d’Ivoire: some military personnel believe they have impunity above the law (Costa de Marfil: algunos militares creen que disfrutan de impunidad frente a la ley), en el que se exponen estas violaciones de derechos humanos.

En su informe, Amnistía Internacional puntualiza que su Mandato le impide adoptar postura alguna sobre los requisitos establecidos en la Constitución marfileña para presentarse a las elecciones presidenciales, requisitos que han suscitado numerosos debates entre los distintos partidos políticos. No obstante, la organización confirma que permanecerá en estado de alerta para detectar abusos que puedan dar lugar, en virtud de una interpretación tendenciosa de dichos requisitos, a la discriminación de ciertos sectores de la población oriundos de países vecinos. La organización añade que el debate sobre la definición de la condición de «marfileño» y sobre la nutrida presencia en el país de personas oriundas de países vecinos podría alimentar las tensiones. Los sucesos de ayer demuestran que, lamentablemente, estos temores son bien fundados.

Las elecciones presidenciales del 22 de octubre han generado una nueva ola de agitación, ya que el general Gueï fue separado de su cargo tras una serie de manifestaciones organizadas por el FPI para pedir que se reconociera el resultado electoral que daba el triunfo a Laurent Gbagbo. Dos de los tres principales partidos, la RDR y el anterior partido en el poder, el Partido Democrático de Costa de Marfil (Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI), habían pedido que se boicotearan los comicios debido a que el Tribunal Supremo había declarado que sus candidatos no reunían los requisitos necesarios para presentar sus candidaturas. Ayer, jueves 26 de octubre, Laurent Gbagbo asumió la presidencia de la República, pese a las protestas de los partidarios de Alassane Ouattara, que pedían que se llamara a nuevas elecciones. Laurent Gbagbo descartó la posibilidad de volver a las urnas, pero anunció la formación de un «gobierno inicial» y también señaló que respetaría el calendario electoral que prevé la celebración de comicios para el poder legislativo el próximo 10 de diciembre.

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