AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA

Fecha: 25 de julio de 2008
Índice AI: AFR 34/009/2008

Liberia: Amnistía Internacional pide la revocación de la ley de pena de muerte sancionada por la presidenta del país

Amnistía Internacional condenó que la presidenta liberiana Ellen Johnson-Sirleaf haya sancionado con su firma una ley que tipifica como punibles con la muerte los delitos de atraco a mano armada, terrorismo o secuestro cuando estos delitos tengan consecuencias letales.

La organización ha pedido a la presidenta Johnson-Sirleaf la revocación de la ley.

Amnistía Internacional ha declarado que la ley viola directamente las obligaciones de Liberia en virtud del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, al que este país se adhirió el 16 de septiembre de 2005.

En las leyes liberianas ya figuraba la posibilidad de aplicar la pena de capital, aunque en 2005 el país debería haber incorporado a ellas el Segundo Protocolo Facultativo, aboliendo así la pena de muerte para todos los delitos.

Según el derecho internacional consuetudinario, reflejado en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ratificada por Liberia el 29 de agosto de 1985, un Estado “no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.

En la mayor parte de África no hay ejecuciones legales, pues sólo hay constancia de que en 2007 se hayan llevado a cabo este tipo de ejecuciones en siete países de los 53 de la región. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, 14 países de África son abolicionistas en la ley y otros 21 lo son en la práctica.

Los Estados tienen la obligación de proteger el derecho a la vida y la seguridad de las personas frente a los delitos violentos, pero no hay ninguna prueba científica válida de que la pena de muerte disuada del delito de forma más eficaz que otros castigos.

Con demasiada frecuencia los políticos han encontrado en la pena de muerte una herramienta útil para aparentar que se enfrentan al delito y hacer que la población se sienta segura, cuando la realidad es que la pena capital no tiene tal efecto y simplemente distrae de la necesidad de abordar las causas del delito y proporcionar remedios eficaces, que es lo que debería hacer el gobierno de Liberia.

Información complementaria
El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1989 y dispone la total abolición de la pena capital, aunque permite a los Estados Parte conservar este castigo en tiempo de guerra si formulan una reserva en el momento de ratificarlo o adherirse a él.

Cualquier Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos puede convertirse en Parte en el Protocolo.
FIN/