Recientemente, los dirigentes africanos reafirmaron su compromiso de adoptar medidas efectivas y concretas para promover los principios de derechos humanos a través de la Unión Africana y la Nueva Asociación para el Desarrollo de África (New Partnership for Africa Development, NEPAD). La Declaración sobre la Democracia y el Gobierno Político, Económico y Empresarial, de la NEPAD, a cuya redacción contribuyó de forma decisiva Sudáfrica, promovía el principio de revisión de pares africanos y reconocía formalmente la necesidad de establecer un sistema de rendición de cuentas de ámbito regional. La disparidad existente entre los principios consagrados en la Carta Africana y la Declaración de la NEPAD, y la realidad de las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en Zimbabue hacen que urja llevar a la práctica de forma eficaz el principio de revisión de pares. La prueba consiste en ver si las buenas intenciones de la NEPAD y la Unión Africana pueden materializarse y suponer un renacer de la protección de los derechos humanos en África, especialmente en países como Zimbabue, donde los son vulnerados constantemente.

Amnistía Internacional ha estado siguiendo de cerca la situación de los derechos humanos en Zimbabue. En junio de 2002, la organización publicó un informe titulado ZIMBABWE: The toll of impunity (Índice AI: AFR 46/034/2002) del que les hizo llegar ejemplares a Usted y los demás miembros del gobierno sudafricano. En el informe se analizaba toda una serie de preocupaciones concernientes a los derechos humanos que Amnistía Internacional había documentado en Zimbabue, concretamente durante los últimos dos años. Como se indica en el informe, se están cometiendo violaciones graves de derechos humanos en Zimbabue, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y negación del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.

Según los últimos datos sacados a la luz por el Foro de Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos de Zimbabue, tan sólo en lo que va de año se han denunciado aproximadamente 58 homicidios por motivos políticos y más de 1.050 casos de tortura. Es más, la realización recientemente de elecciones municipales locales en todo el país, a finales de septiembre de 2002, ha puesto de manifiesto la persistencia de determinadas prácticas habituales observadas en anteriores elecciones, a saber, amenazas, intimidación y agresiones por el Estado contra partidarios de la oposición en el periodo preelectoral y electoral. Según el Movimiento por el Cambio Democrático (Movement for Democratic Change, MDC), aproximadamente la mitad de los miembros del partido que tenían la intención de postular su candidatura en las elecciones locales se han retirado de la lid debido, principalmente, a las amenazas, la intimidación y la violencia perpetradas por autoridades del gobierno y milicias patrocinadas por él. Estos acontecimientos confirman que en Zimbabue no existen las condiciones para que se den unas elecciones exentas de violencia e intimidación, y que siguen cometiéndose graves violaciones de derechos humanos:

Manipulación política de la policía

La investigación y enjuiciamiento de presuntos autores de violaciones de derechos humanos promovidas por el Estado siguen viéndose obstaculizados por el uso político indebido que se hace de la policía. El gobierno zimbabuense ha debilitado la eficacia de la policía y ha distorsionado su función profesional como protectora imparcial de la comunidad. Esto se desprende de ciertos incidentes que ponen de manifiesto que las *milicias* llevan a cabo agresiones con la connivencia del gobierno e incluso con su aquiescencia; y del hecho de que no se haga comparecer ante la justicia a los responsables de esta violencia, y tampoco a los agentes de policía que participan en las violaciones perpetradas por las *milicias* o las consienten.

La policía no sólo ha incumplido constantemente su deber de adoptar medidas adecuadas para impedir incidentes de violencia y aprehender a los responsables, sino que también ha estado implicada directamente como autora material al practicar detenciones arbitrarias e infligir palizas y torturas durante los últimos dos años.

Persiste un clima de impunidad dado que la policía, al parecer en cumplimiento de órdenes políticas, no aprehende ni investiga a quienes cometen violaciones de derechos humanos. Las terribles consecuencias para las víctimas de esta situación se ven exacerbadas por la impunidad de que disfrutan los agentes de policía que cometen violaciones de derechos humanos sin temor a que les hagan rendir cuentas de ellas.

Erosión de la independencia del poder judicial y menoscabo de su eficacia

La judicatura desempeña una función decisiva en la lucha por hacer cumplir la ley y poner fin a la impunidad de que gozan lo presuntos autores de violaciones de derechos humanos en Zimbabue. No obstante, los intentos del gobierno de acosar e intimidar a los jueces y de obligar a renunciar a su labor a los magistrados a los que se tiene por detractores de la política estatal, socavan la función de los jueces, menguan la confianza en sus decisiones y perjudican al poder judicial como institución.

Varios jueces locales han sido víctimas de agresiones perpetradas en respuesta a sus sentencias. Ha sido el caso, por ejemplo, de Godfrey Gwaka, juez del distrito de Zaka, provincia de Masvingo, que fue apuñalado el 26 de agosto de 2002 en el centro de servicios de Zaka. Se sospecha que la agresión guarda relación con las sentencias que éste había dictado que, según parece, se consideró que respaldaban a los simpatizantes de la oposición.

El gobierno también prosigue su campaña de acoso a los magistrados de tribunales superiores, como se ha podido comprobar recientemente con la detención el 13 de septiembre de 2002 de Fergus Blackie, magistrado jubilado del Tribunal Superior, por cargos relacionados con presuntas irregularidades en su tramitación de una causa vista en apelación antes de retirarse. El magistrado Blackie fue puesto en libertad bajo fianza, aunque no se retiraron los cargos. A Amnistía Internacional le preocupa que el verdadero motivo de su detención haya sido la resolución que dictó el 17 de julio de 2002, declarando a Patrick Chinamasa, ministro de Justicia y Asuntos Parlamentarios, culpable de dos cargos de desacato ante la ley. El magistrado Blackie es el sexto juez que cuelga la toga desde 2001. Su partida pone de relieve los esfuerzos constantes del gobierno por intimidar a la judicatura. A los magistrados que han dado alguna muestra de ejercer la independencia judicial los han amenazado con investigarlos y aplicarles medidas disciplinarias por su presunta conducta indebida.

Elusión de la acción de la justicia a través de la concesión de amnistías presidenciales, indultos e inmunidades

La concesión constante de indultos presidenciales en beneficio de los autores de violaciones de derechos humanos representa una oportunidad perdida de hacer justicia y de romper el círculo vicioso de la impunidad que ha asolado Zimbabue durante décadas. Al consagrar de forma oficial la impunidad por la comisión de abusos graves contra los derechos humanos, las órdenes de indulto dictadas por el presidente han incitado a los agentes estatales a seguir cometiendo o disculpando las violaciones de derechos humanos ya que saben que el gobierno no les hará responder de estos delitos. La última orden de indulto en el país se dictó en 2000, tras las elecciones parlamentarias. No obstante, esta situación de impunidad ya se daba antes de la independencia, lo que ha perpetuado el clima de impunidad para los autores de tales violaciones. Estas órdenes constituyen una violación de las normas internacionales de derechos humanos; permiten a los autores de abusos eludir la acción de la justicia; privan a las víctimas del derecho a interponer un recurso, y colocan a la sociedad en general en una situación de vulnerabilidad con respecto a la espiral de violencia.

Obstaculización de la identificación de los agentes del Estado que cometen violaciones de derechos humanos

En un intento por evitar que se le haga rendir cuentas por la comisión de violaciones de derechos humanos, el gobierno zimbabuense utiliza sus *milicias* para secuestrar y torturar a personas de las que se sabe o se sospecha que son seguidores del partido de oposición MDC, incluidas personas que habían actuado como agentes electorales o se habían presentado como candidatos en las listas de su partido en las elecciones celebradas recientemente. Los casos documentados por Amnistía Internacional y por organizaciones locales de derechos humanos ponen de manifiesto que existe un claro nexo entre la *milicia*, el gobierno y el partido gobernante.

Las *milicias* constituyen una poderosa arma para reprimir cualquier forma de oposición política. Se les permite actuar sin ninguna injerencia. Parecen disfrutar del apoyo logístico del gobierno y de los agentes del partido. Se ha puesto de manifiesto de forma patente que tanto las *milicias* en grupo como los miembros que las integran individualmente han cometido actos documentados de tortura y agresión, y violaciones y otras formas de violencia sexual en un contexto de violencia sancionada por el Estado. Al permitir que se cometan estos abusos, el gobierno zimbabuense está violando la Constitución de Zimbabue y está soslayando las obligaciones que le incumben en virtud de las normas internacionales de derechos humanos.

Ataques contra defensores de los derechos humanos y medios de comunicación independientes

La creciente campaña de represión de los medios de comunicación independientes y las ONG de derechos humanos de Zimbabue pone de manifiesto los esfuerzos realizados por el gobierno para silenciar a los medios informativos e impedir que se investiguen y difunda información sobre violaciones de derechos humanos. Desde la promulgación de la Ley de Acceso a la Información y Protección de la Intimidad el 15 de marzo de 2002, al menos 16 periodistas han sido aprehendidos por su presunta infracción de distintos artículos de dicha ley. El 29 de agosto de 2002, la oficina en Harare de la organización La Voz del Pueblo (Voice of the People), una de las dos organizaciones de radio difusión independientes que existen en Zimbabue, fue bombardeada por agresores desconocidos.

El 29 de agosto, la doctora Frances Lovemore, directora médico de una destacada ONG de derechos humanos de Zimbabue, la Fundación Amani Trust, fue detenida en Harare y acusada formalmente de *publicar o difundir declaraciones falsas perjudiciales para el Estado+. El cargo se fundamentaba en unos reportajes publicados en la prensa en los que se aludía a la labor de la Fundación Amani Trust con las víctimas de tortura y violación sexual por motivos políticos en Zimbabue. La policía llevó a cabo una redada en las oficinas de la Fundación Amani Trust que sometió a registro. Además, en un principio impidió que la doctora Lovemore tuviera acceso a su familia y un abogado. La doctora quedó en libertad el 30 de agosto, y todos los cargos presentados contra ella fueron retirados por insuficiencia de pruebas.

El 13 de septiembre de 2002, el gobierno hizo un anuncio oficial en el que advertía a las ONG que se inscribiesen en los registros estatales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas. En el anuncio se advertía que las ONG que siguiesen actuando sin estar inscritas en el registro oficial se expondrían a que se entablasen actuaciones judiciales contra ellas. Aunque la citada ley fue promulgada en 1997, no ha entrado en vigor plenamente. Habida cuenta de la represión creciente por parte del Estado de la libertad de expresión y reunión en Zimbabue, Amnistía Internacional ve con preocupación que esta notificación reciente apunta a que el gobierno está intensificando sus esfuerzos por silenciar a organizaciones a las que se tiene por detractoras del Estado.

Basándose en lo señalado anteriormente, Amnistía Internacional insta a los dirigentes africanos, incluidos los líderes de Sudáfrica, a que adopten públicamente una postura de condena de la represión y la violencia promovidas por el Estado en Zimbabue. A mi parecer, será decisivo que Sudáfrica y los demás dirigentes de Estados de la Unión Africana y de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral adopten una postura más enérgica para acabar con la impunidad en Zimbabue y proteger los derechos humanos de todos los zimbabuenses. Por ello, insto nuevamente a su gobierno a que se valga de su gran influencia para animar a las autoridades zimbabuenses a poner fin a las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno.

Atentamente,

Irene Khan

Secretaria general

Amnistía Internacional

Documento público

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