Amnistía Internacional

RUANDA

INFORMES DE HOMICIDIOS Y SECUESTROS COMETIDOS

POR EL EJÉRCITO PATRIÓTICO RUANDÉS

ABRIL - AGOSTO DE 1994

OCTUBRE DE 1994 RESUMEN ÍNDICE AI: AFR 47/16/94/s

Amnistía Internacional ha recibido numerosos informes de violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército Patriótico Ruandés (EPR) desde que se inició el conflicto armado en Ruanda en 1990, y especialmente desde abril de 1994. Aunque no es apropiado comparar la horrenda escala de las matanzas cometidas por las fuerzas leales al anterior gobierno entre abril y julio de 1994 con las matanzas cometidas por el Ejército Patriótico Ruandés, el nuevo ejército de Ruanda, que hasta julio de 1994 había sido el brazo armado del Frente Patriótico Ruandés (FPR), centenares, posiblemente millares de personas indefensas han muerto a manos del Ejército Patriótico Ruandés y de sus seguidores.

Estas violaciones de derechos humanos han incluido centenares de ejecuciones deliberadas, así como secuestros o «desapariciones» de combatientes capturados o civiles desarmados sospechosos de apoyar al anterior gobierno. Muchos de los homicidios tuvieron lugar como parte de una serie de operaciones de represalia contra miembros civiles del grupo étnico mayoritario hutu, algunas antes de que el 6 de abril de 1994 empezaran las matanzas generalizadas en las zonas controladas por el anterior gobierno. También hubo esporádicos homicidios deliberados y arbitrarios cuando el EPR se hizo con el control de las nuevas zonas y tras descubrir la evidencia de un genocidio, cometido en su mayor parte contra miembros del grupo étnico minoritario tutsi, cuyos miembros constituyen la mayoría del EPR, se vengó de los hutu. Algunos de los homicidios cometidos por el EPR se produjeron durante o después de un proceso de «selección» de personas que regresaban a sus hogares. También se han recibido informes según los cuales a los seguidores civiles del FPR se les ha permitido matar a adversarios. Además de estos homicidios, a muchos presos detenidos por el EPR les han atado los brazos de una forma especialmente dolorosa, por encima de los codos y luego por detrás de la espalda, lo cual a veces causa lesiones permanentes.

Al parecer, se han recibido informes de un número muy reducido de estas violaciones de derechos humanos. El FPR ha vigilado de cerca y controlado los movimientos de extranjeros en las zonas bajo su control. Los periodistas y los representantes de las organizaciones humanitarias raras veces han hablado con ciudadanos ruandeses bajo el control del FPR sin que estuviera presente un miembro del mismo. Esto significa que antes de que el nuevo gobierno llegara al poder a mediados de julio de 1994 la información que los observadores independientes podían reunir o hacer pública era muy limitada.

En agosto de 1994, un mes después de que el FPR y otros proclamaron un nuevo gobierno, unos representantes de Amnistía Internacional visitaron Ruanda para mantener conversaciones con autoridades gubernamentales y de seguridad, y para recabar información sobre las violaciones de derechos humanos que se han producido antes y después de la llegada del nuevo gobierno al poder. El presidente Pasteur Bizimungu y otros altos cargos gubernamentales aseguraron a los representantes de la organización que el gobierno estaba firmemente decidido a acabar con la impunidad de los responsables de violaciones de derechos humanos. En el transcurso de su visita, los representantes de Amnistía Internacional recibieron informes de graves violaciones de derechos humanos cometidas por el EPR, especialmente las perpetradas a partir de abril de 1994. Los representantes de Amnistía Internacional también han entrevistado a solicitantes de asilo ruandeses en países vecinos y han hallado pruebas sustanciales de homicidios u otros abusos cometidos por el EPR.

A Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que no se tengan noticias de que las autoridades hayan llevado a cabo investigaciones imparciales e independientes para averiguar toda la verdad acerca de estas denuncias con el fin de identificar a los responsables y de llevarlos ante los tribunales.

Es necesario que se tomen urgentemente medidas para garantizar que no se da pie a los miembros de las fuerzas de seguridad y a los partidarios del gobierno a creer que pueden continuar violando los derechos humanos impunemente. Esto asegurará que se ha roto la cadena de actos violentos y de otros abusos contra los derechos humanos. Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que ayude a las autoridades de Ruanda a llevar a cabo esta urgente tarea. La organización de derechos humanos ha planteado diez recomendaciones específicas al gobierno ruandés, pidiendo que se realicen investigaciones independientes e imparciales sobre todos los informes y denuncias de abusos cometidos por el EPR y que los responsables sean procesados. El gobierno debe aplicar las salvaguardias de las Naciones Unidas y otras para evitar que vuelvan a cometerse violaciones de derechos humanos.

PALABRAS CLAVE: EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL1 / DESAPARICIONES1 / IMPUNIDAD1 / GRUPOS ÉTNICOS1 / AUTORIDADES RELIGIOSAS - CATÓLICOS1 / TORTURA-MALOS TRATOS / TRABAS / MÉDICOS / PROFESORES / MILITARES COMO VÍCTIMAS / PRISIONEROS DE GUERRA / DESPLAZADOS / MUJERES / NIÑOS / MENORES / FAMILIAS / MILITARES1 / CIVILES ARMADOS / CAMBIOS DE GOBIERNO / DELEGACIONES / ONU / TESTIMONIOS DE PRESOS /

Esta informe resume el documento titulado: Ruanda - Informes sobre y homicidios y secuestros cometidos por el Ejército Patriótico Ruandés, Abril - Agosto de 1994 (Índice AI: AFR 47/16/94/s), publicado por Amnistía Internacional el 14 de octubre de 1994. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento completo.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 8DJ, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 1

2. HOMICIDIOS DELIBERADOS Y ARBITRARIOS COMETIDOS POR EL EPR 3

2.1Homicidios deliberados y arbitrarios en el noreste de Ruanda 4

2.2 Homicidios deliberados y arbitrarios en el sur de Ruanda 6

2.3 Homicidios deliberados y arbitrarios en el oeste de Ruanda 7

3. SECUESTROS Y DESAPARICIONES FORZADAS POR EL EPR 9

4. RECOMENDACIONES AL GOBIERNO RUANDÉS 10

RUANDA

INFORMES DE HOMICIDIOS Y SECUESTROS COMETIDOS

POR EL EJÉRCITO PATRIÓTICO RUANDÉS

ABRIL - AGOSTO DE 1994

1. INTRODUCCIÓN

El Ejército Patriótico Ruandés (EPR)¹, nuevo ejército nacional de Ruanda, que hasta julio de 1994 fue el brazo armado del Frente Patriótico Ruandés, tiene fama de estar mucho mejor organizado y más disciplinado que las fuerzas de seguridad del gobierno²al cual derrocó en julio de 1994. Según informes, los soldados y las milicias del anterior gobierno han matado a al menos 500.000 miembros del grupo étnico minoritario tutsi y sus oponentes del grupo mayoritario hutu entre abril y julio de 1994. Considerando la horrenda escala de las matanzas cometidas por las fuerzas leales al anterior gobierno, no se pueden en absoluto comparar los abusos cometidos por el EPR³ con estas matanzas. Sin embargo, este hecho no debe impedir que se conozca la verdad sobre los presuntos abusos del EPR ni que se tomen de inmediato medidas, en los casos en que sea pertinente, para llevar a los responsables ante los tribunales y evitar que vuelvan a cometerse tales abusos. Aunque en general no está claro si los abusos cometidos por el EPR son ordenados o tolerados por las máximas autoridades del gobierno y la seguridad, es responsabilidad suya tomar medidas para evitar los abusos y garantizar que los responsables son procesados.

Los informes de abusos cometidos por el EPR ya han sido aprovechados por los seguidores del anterior gobierno como propaganda política. Este documento puede ser aprovechado también de forma partidista por algunas de los que fueron personalmente responsables del genocidio perpetrado entre abril y julio de 1994. No obstante, Amnistía Internacional considera inaceptable permitir que los homicidios y otras violaciones de derechos humanos cometidas por el EPR queden silenciadas, lo cual implicaría el riesgo de que aumentaran y continuaran produciéndose sin obstáculos.

Amnistía Internacional sabe desde hace años que el FPR vigiló y controló los movimientos de extranjeros en las zonas que estaban bajo su control. Los periodistas y los representantes de las organizaciones humanitarias raras veces han hablado con ciudadanos ruandeses bajo el control del FPR sin que estuviera presente un miembro de dicha organización. Esto significa que antes de que el nuevo gobierno llegara al poder a mediados de julio de 1994 la información que los observadores independientes podían reunir o hacer pública era muy limitada. No obstante, Amnistía Internacional ha recibido numerosos informes de abusos perpetrados por el EPR desde que empezó la guerra de Ruanda, en octubre de 1990. Entre ellos ha habido centenares de homicidios deliberados y arbitrarios⁴o posibles ejecuciones extrajudiciales⁵, y «desapariciones» de combatientes capturados y civiles desarmados sospechosos de apoyar al anterior gobierno. También ha habido informes según los cuales a seguidores civiles del FPR les han permitido matar a adversarios. Además de estos homicidios, muchos presos detenidos por el EPR han sido objeto de una forma especialmente dolorosa de atar los brazos conocida en Uganda como kandoya⁶, que consiste en atar los brazos por encima de los codos y por detrás de la espalda, lo cual a veces causa lesiones permanentes y constituye una forma de trato cruel, inhumano o degradante, prohibido en virtud de los acuerdos internacionales de derechos humanos.

En agosto de 1994, varias semanas después de la proclamación de un nuevo gobierno por el FPR y otros, unos representantes de Amnistía Internacional visitaron Ruanda para mantener conversaciones con las autoridades gubernamentales y de seguridad, y para recabar información sobre las violaciones de derechos humanos que se han producido antes y después de la llegada del nuevo gobierno al poder. El presidente Pasteur Bizimungu y otros altos cargos gobernamentales aseguraron a los representantes de la organización que el ejecutivo estaba firmemente decidido a acabar con la impunidad de que gozaban los responsables de violaciones de derechos humanos. En el transcurso de su visita, la delegación de Amnistía Internacional recibieron informes de graves violaciones de derechos humanos cometidas por el EPR, especialmente sobre las perpetradas a partir de abril de 1994. Los representantes de la organización también han entrevistado a solicitantes de asilo ruandeses en países vecinos y han hallado pruebas sustanciales de homicidios u otros abusos cometidos por el EPR. A Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que no se tengan noticias de que las autoridades hayan llevado a cabo investigaciones imparciales e independientes para averiguar toda la verdad acerca de estas denuncias con el fin de identificar a los responsables y de llevarlos ante los tribunales.

Amnistía Internacional está publicando ahora parte de la información que ha recabado con el fin de llamar la atención de las autoridades ruandesas y de la comunidad internacional. Estas denuncias son muy graves y requieren medidas inmediatas que garanticen que no se da pie a los miembros de las fuerzas de seguridad y a los partidarios del gobierno a creer que pueden continuar violando los derechos humanos impunemente. Esto contribuirá significativamente a garantizar que se ha roto la cadena de actos violentos y de otros abusos contra los derechos humanos. Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que ayude a las autoridades de Ruanda a llevar a cabo esta urgente tarea y que envíe observadores internacionales a Ruanda para investigar cualquier nuevo informe de abusos que se reciba en los próximos meses. Sin lugar a dudas, también es esencial que el público tenga a su disposición información objetiva sobre la situación de los derechos humanos en Ruanda para que los refugiados puedan valorar, basándose en datos bien fundados, si su seguridad estará garantizada cuando regresen a sus hogares.

A finales de septiembre de 1994, Amnistía Internacional presentó a las autoridades ruandesas la preocupaciones contenidas en este informe. La organización aún no había recibido respuesta a principios de octubre.

2. HOMICIDIOS DELIBERADOS Y ARBITRARIOS COMETIDOS POR EL EPR

Los informes recibidos de testigos ruandeses y de otros sugieren que centenares -posiblemente millares- de civiles desarmados y adversarios armados del FPR capturados han sido víctimas de ejecuciones sumarias o de homicidios deliberados y arbitrarios desde que estallaron en todo el país las matanzas y otros actos de violencia tras la muerte del presidente Juvénal Habyarimana el 6 de abril de 1994. Muchos de los homicidios se cometieron como parte de una serie de actos de represalia arbitrarios dirigidos en su mayoría contra grupos de civiles hutus, algunos de los cuales se produjeron antes del 6 de abril, pero sobre todo posteriormente en el noreste. También hubo homicidios deliberados y arbitrarios esporádicos cuando el EPR se hizo con el control y, tras descubrir la evidencia de la existencia de un genocidio, se vengó indiscriminadamente de los civiles hutus desarmados. Hubo también ejecuciones deliberadas llevadas a cabo en el curso de un proceso de «selección»⁷. Asimismo, se han recibido informes de homicidios cometidos en represalia por tutsis seguidores del FPR.

Muchos de estos homicidios cometidos por el EPR, la mayoría de los cuales han quedado sin denunciar, parecen haber tenido lugar en el noreste de Ruanda a mediados de abril de 1994. Otros se produjeron en el sureste y oeste de Ruanda una vez que el EPR se hizo con el control de estas zonas en mayo y junio de 1994. También se han recibido informes que indican que el EPR, así como seguidores del FPR, cometieron numerosos homicidios de civiles desarmados en agosto y septiembre de 1994 en el sureste de Ruanda. Según los informes, algunos de los cadáveres fueron arrojados al río Akagera, que fluye a lo largo de la frontera entre Ruanda y Tanzania. Los cadáveres que han aparecido flotando en el río Akagera recuerdan los centenares o incluso millares de cadáveres de personas que, según informes, murieron a manos de las fuerzas del anterior gobierno y de la milicia en mayo y junio de 1994, que flotaban río abajo hacia el lago Victoria.

A mediados de septiembre, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) afirmó que había recibido decenas de testimonios de refugiados que habían abandonado la zona y que aseguraban que el EPR había cometido numerosos homicidios, lo cual obligó a huir a muchas personas que habían regresado a la zona. El ACNUR suspendió la repatriación de los refugiados que habían huido a países vecinos. Pronto surgió la controversia cuando algunos otros organismos de la ONU expresaron o insinuaron sus dudas acerca de las averiguaciones del ACNUR. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda (UNAMIR) envió decenas de soldados a vigilar la situación. El gobierno ruandés negó que sus soldados hubieran participado en matanza alguna y acordó cooperar con un equipo de investigación de la ONU que, según informes, empezó a trabajar a primeros de octubre de 1994.

2.1Homicidios deliberados y arbitrarios en el noreste de Ruanda

Los representantes de Amnistía Internacional recibieron con preocupación numerosos informes de homicidios deliberados y arbitrarios de civiles desarmados cometidos por unidades del EPR en el noreste de Ruanda en abril y mayo de 1994. Los testigos informaron de que los homicidios se produjeron en Nyabwishongwezi y Kagitumba, en el distrito de Ngarama, la prefectura de Byumba. Según informes, en las dos localidades los homicidios tuvieron lugar en el transcurso de actos públicos a los que el EPR había convocado a los habitantes del lugar. Según declaraciones de testigos presenciales, los soldados del EPR usaron armas de fuego, granadas, bayonetas y azadas para matar a sus víctimas, que estaban desarmadas. Hay una notable coincidencia en las fechas y lugares en que, según los testigos, se produjeron los homicidios.

Varias decenas de testigos informaron de que el 12 de abril de 1994 miembros del EPR llegaron a Kagitumba. Según los informes, al principio se mostraron muy amigables con los habitantes de la localidad y aseguraron que el EPR estaba firmemente decidido a proteger a la población local, a la cual convocaron a un acto público en Gishara. El 13 de abril, civiles desarmados entre los que había hombres, mujeres y niños se congregaron en Gishara, en Kagitumba. Según los informes, los oficiales del EPR empezaron a dirigirse a la multitud y, de repente, sin mediar provocación o advertencia alguna, abrieron fuego y arrojaron granadas contra ella. No se sabe con exactitud cuántas personas murieron. No obstante, de acuerdo con el relato de algunos testigos presenciales, probablemente hubo decenas de muertos.

Un hombre de 36 años presente en el lugar de los hechos declaró a Amnistía Internacional que los combatientes del EPR parecían amigables al principio y que después abrieron fuego contra los civiles sin mediar advertencia o provocación alguna. Dijo que la mayoría de las personas que había en Nyabwishongwezi habían llegado allí hacía poco tras haber huido de otras zonas de Ruanda. Otros habitantes de Nyabwishongwezi eran ciudadanos ruandeses que habían sido expulsados recientemente de Tanzania, donde llevaban viviendo varios años. Los soldados del gobierno se habían retirado de la zona varias semanas antes. Cuando las fuerzas del EPR la ocuparon en febrero de 1994, sus habitantes huyeron, pero el EPR los convenció de que regresaran. Los testigos explicaron que en marzo el EPR había convocado las primeras concentraciones públicas en las cuales sus miembros aseguraron a la gente que no tenía nada que temer. En una de ellas, celebrada en abril, el EPR disparó un cohete y lanzó granadas contra la multitud. A otras personas las mataron a tiros y algunas resultaron gravemente heridas. El FPR continuó negando que hubiera habido matanzas en Kagitumba. Pero la gente no lo creía y continuaba huyendo de Nyabwishongwezi. Según informes, los combatientes del EPR iniciaron una cacería humana de hutus, en la que mataron a muchos con bayonetas y armas de fuego. Según informes, el 15 de abril se produjeron matanzas más extensas. El testigo afirmó que había soldados del FPR cazando civiles en los campos y dijo que entre las personas muertas se encontraba su esposa, Jovans Nakabonye, de 30 años de edad, que fue abatida a tiros. A los otros, entre los cuales se encontraba su hija de 12 años, Felicita Busingye, los mataron a bayonetazos. Entre los muertos había un niño de cuatro años conocido como Yankunda.

Un superviviente de 56 años de las matanzas de Gishara, en Kagitumba, y Nyabwishongwezi, narró cómo su familia y amigos fueron brutalmente asesinados por el EPR. Dijo que tanto él como otras personas fueron convocados a una concentración pública el 13 de abril de 1994 en Gishara. Declaró: «Nos dijeron que debían asistir los hombres, las mujeres y los niños. Explicaron que iban a matar hipopótamos para nosotros y que necesitaban algunos representantes para que fueran a cazar con los soldados. A 12 de nosotros nos llevaron a la parte posterior de la casa del sastre Muziga y nos dijeron que quería hablarnos. Nos preguntaron quién sabía disparar o era soldado. Respondimos que ninguno sabía disparar y que todos los soldados se habían marchado. De repente, oímos explotar una granada». Este hombre declaró que murieron muchas personas, entre ellas su esposa, Anastasia Mukamurigo, su hijo Nkwaya, de 10 años de edad, y su hija Mukazaza, de 20 años. Otras personas muertas a consecuencia de la explosión de la granada o por heridas de bala son Azaria Ukuyemuye, director de la escuela primaria de Nyabwishongwezi, y su esposa Anne Maria, así como una monja católica conocida como Helène, de la parroquia de Muyanza, en Byumba.

El testigo huyó de Kagitumba a Nyabwishongwezi. El 16 de abril de 1994, las fuerzas del EPR llegaron a esa zona cuando él se encontraba en casa de Sinamenye, en la aldea de Rwantanga, en Nyabwishongwezi. La casa de Sinamenye fue rodeada por seis soldados del EPR. Dos de ellos entraron en la vivienda preguntando por el propietario y pidiendo los documentos de identidad. Confiscaron los documentos y dijeron a Sinamenye que se dirigiera a un soldado que había a la entrada para recoger documentos válidos. El soldado le atacó con una bayoneta y Sinamenye cayó desplomado. Después lo mataron a tiros. Los soldados dijeron a su hijo, Bampora, que se marchara y entonces le dispararon por la espalda. El superviviente afirmó que había sido uno de los pocos que consiguieron escapar del escenario de estas matanzas.

2.2 Homicidios deliberados y arbitrarios en el sur de Ruanda

Los enviados de Amnistía Internacional que visitaron Burundi en julio de 1994 recibieron informes de ejecuciones deliberadas y de casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes a los que civiles del sur de Ruanda afirmaron haber sido sometidos por soldados del EPR cuando se hicieron con el control de Bugesera, en el sureste de Ruanda. Los testigos, algunos de los cuales habían sobrevivido por muy poco a la ejecución y tenían señales de golpes en la cabeza, habían huido al norte de Burundi desde la zona de Mututu, distrito de Muyira, prefectura de Butare, y desde algunas zonas de la prefectura rural de Kigali.

Según los informes, hacia fines de mayo de 1994 soldados del EPR habían llevado a cabo numerosas detenciones de hutus que habían regresado de Burundi a sus hogares en la zona de Mututu. Casi todos los detenidos fueron sometidos a la kandoya⁸. Según informes, una unidad integrada por unos 10 soldados y civiles tutsis armados que habían regresado recientemente del exilio detuvieron y ataron a todos los adultos y adolescentes de Mututu. Los recluyeron en un recinto perteneciente a un tal Rutekeleza antes de matarlos. Entre los ejecutados se encontraba Leodomir Kazadi, al que aplastaron la cabeza con un arma contundente, posiblemente con un azadón. Según informes, a otras víctimas las mataron de la misma forma. Al parecer, a varias de las personas que intentaron escapar las mataron cuando intentaban cruzar el río Akanyaru, en la frontera con Burundi.

Según informes, hacia principios de junio de 1994 unos 100 hombres, mujeres y niños fueron detenidos por el EPR en la misma zona y recluidos en un recinto cercado durante un día aproximadamente. Después los trasladaron al distrito de Muyira. Los testigos presenciales que hablaron con los representantes de Amnistía Internacional y al menos seis de sus familiares más cercanos consiguieron escapar de allí. Todos tenían cicatrices causadas por la kandoya. Los testigos y otras personas regresaron a la zona después de que los soldados del EPR se hubieron marchado y descubrieron que decenas de las personas que habían permanecido bajo la custodia del EPR habían sido asesinadas. Los cadáveres estaban aún atados y apilados en una fosa abierta en un recinto de un tal Gakwayiro, cerca del río Mahwa. Todas las víctimas, incluidos dos vecinos de los testigos, Senama y Kareje, eran hombres adultos y jóvenes.

Una mujer que anteriormente residía en Burenge, en el distrito de Ngenda, Kigali, testificó que tanto ella como muchas otras personas se habían escondido en los campos de sorgo después de que el EPR se hizo con el control de la zona, y que no regresaron a casa hasta que no oyeron que el EPR había interrumpido las matanzas. Se entregaron por iniciativa propia al EPR y fueron trasladados a un centro de «selección» de Rutonde. El segundo día se llevaron de allí a los hombres jóvenes y a su marido se lo llevaron el tercer día. Según informes, un hombre al que se habían llevado junto con su esposo regresó y contó que a los que habían sacado de allí, incluido su esposo, los habían atado y los habían golpeado en la cabeza y matado, y después habían arrojado los cadáveres al río. Esta mujer afirmó que los soldados del EPR se habían llevado a algunas de las detenidas y las habían violado. Pensaba que después las habían matado. Ella intentó escapar con su hijo atado a la espalda, pero la volvieron a capturar junto con varias mujeres más que habían escapado. Los soldados mataron a base de golpes en la cabeza a otras dos mujeres y también a su hijo. A ella la golpearon en la cabeza con una porra cubierta de clavos, pero sobrevivió. Las cicatrices causadas por los golpes, en particular por los clavos, eran claramente visibles.

2.3 Homicidios deliberados y arbitrarios en el oeste de Ruanda

Alrededor del 5 de junio de 1994, cuatro miembros del EPR mataron en Byimana, a unos cuantos kilómetros al sur de la iglesia católica de Kabgayi, cercana a Gitarama, a 13 sacerdotes católicos, entre ellos el arzobispo de Kigali, Vincent Nsengiyumva, y a tres obispos. El FPR declaró posteriormente que los combatientes les habían sido asignados a los obispos como guardaespaldas. El 9 de junio, dirigentes del FPR anunciaron que uno de los autores de estas muertes había sido abatido a tiros por otros soldados cuando intentaba huir y que los otros tres habían escapado.

Los líderes del FPR explicaron que los combatientes parecían haber llevado a cabo los homicidios porque sospechaban que los sacerdotes habían sido cómplices de la muerte de miembros de sus familias, entre ellos algunos de los tutsis que habían huido a Kabgayi.

Un sacerdote que sobrevivió a las matanzas ofreció una versión diferente del incidente. Dijo que el FPR se hizo con el control de Kabgayi el 2 de junio, detuvo a los sacerdotes y se los llevó a una misión en Byimana. Según su relato, el 5 de junio algunos de los soldados que habían estado custodiando a los sacerdotes entraron en la habitación donde los tenían recluidos y abrieron fuego contra ellos. El sacerdote superviviente escapó por una puerta que había al final de la habitación. Al siguiente día le encontraron unos soldados del EPR, los cuales le dijeron que la matanza había sido una accidente. Según informes, los soldados le detuvieron e insistieron en que aceptara su versión sobre la matanza. Le pusieron en libertad cuando dijo que estaba de acuerdo con la versión del EPR y entonces escapó.

Miembros del gobierno aseguraron a representantes de Amnistía Internacional en agosto que nunca se había encontrado a los tres escapados. La explicación de que los soldados del FPR habían matado a los sacerdotes para vengar la muerte de sus parientes fue, al parecer, una deducción más que una conclusión basada en declaraciones hechas por los implicados. No está claro si se había llevado a cabo una investigación formal o una investigación judicial: de hecho, el testimonio del sacerdote, mencionado más arriba, sugiere que las pruebas fueron suprimidas deliberadamente.

Al parecer, personas sospechosas de la muerte de seguidores del FPR han sido ejecutadas deliberadamente por el EPR. Por ejemplo, a un refugiado que había regresado al país lo mataron unos soldados del EPR en un control en el límite de la «zona de seguridad» de las Naciones Unidas. Las circunstancias sugieren que algunos refugiados pudieron haber sido ejecutados extrajudicialmente a su regreso al país o que los soldados posiblemente hicieron un uso excesivo de la fuerza letal, lo cual constituye una violación de las normas humanitarias internacionales. Según el informe, un convoy de cinco camiones del ejército británico que venía de la «zona de seguridad» de la ONU y llevaba alrededor de 200 refugiados hutus fue detenido por los soldados del FPR cuando entraba en territorio controlado por el gobierno de Ruanda. Uno de los pasajeros huyó y, según informes, fue perseguido por unos combatientes del FPR. Según testigos presenciales, se oyeron cinco ráfagas de ametralladora y cuando los soldados regresaron dijeron que habían matado al hombre que había huido. Fueron detenidos otros tres hombres que viajaban en el convoy.

Amnistía Internacional escribió a las autoridades ruandesas pidiendo que se esclarecieran las circunstancias de este homicidio y la identidad y paradero de los detenidos, e hizo un llamamiento al EPR para que cursara órdenes sobre las circunstancias en las que los soldados podían usar armas de fuego, con el fin de evitar ese tipo de homicidios. Amnistía Internacional escribió también a la ONU pidiendo que explicara unas declaraciones de un portavoz de UNAMIR en las que sugería que los soldados del EPR habían disparado justificadamente al hombre que huía. La organización expresó su preocupación por el hecho de que, si habían sido correctamente transmitidas, las palabras del portavoz no estaban en consonancia con los principios internacionales fundamentales sobre el uso intencionado de la fuerza letal. A principios de 1994, Amnistía Internacional no había recibido respuesta del gobierno ruandés. Un alto funcionario de la ONU respondió a principios de septiembre de 1994 diciendo que el portavoz de UNAMIR había sido malinterpretado y que sus palabras exactas habían sido: «Ese hombre estaba huyendo y, en estas situaciones, si uno corre puede esperar que alguien dispare». No obstante, el funcionario de la ONU no explicó si UNAMIR había investigado el homicidio para determinar si el hombre había sido ejecutado extrajudicialmente o no. El funcionario añadió que UNAMIR había iniciado una investigación sobre las otras tres personas detenidas, pero no obtuvo ninguna información específica sobre su paradero.

3. Secuestros y desapariciones forzadas por el EPR

Se han recibido numerosos informes de secuestros y «desapariciones» llevadas a cabo por el FPR desde abril de 1994. Se teme que los que fueron secuestrados o «desaparecieron» pudieran haber sido asesinados y que los autores probablemente se deshicieran de los cadáveres en secreto.

Según informes, un médico conocido como doctor Canisius, ex director del hospital de Byumba, fue secuestrado en mayo de 1994 por el FPR. Al parecer, había sido acusado de ser miembro de Interahamwe (milicia leal al anterior gobierno e integrada mayoritariamente por hutus) antes de ser secuestrado y había dicho a algunos de sus amigos que temía por su vida. Al parecer, tanto a él como a su esposa y a sus hijos se los llevaron unos miembros del FPR y no se les ha vuelto a ver. Según informes no confirmados, al doctor Canisius y a su familia los mataron y los enterraron en una fosa común en Byumba. Algunos de sus colegas han preguntado por ellos al FPR, pero las autoridades no han revelado ninguna información sobre la suerte que han corrido.

Los representantes de Amnistía Internacional que visitaron Ruanda en agosto de 1994 fueron informados de que varios centenares de soldados que quedaban en un centro escolar de Butare conocido como Groupe scolaire «desaparecieron» poco después de la ocupación de la localidad por el EPR a principios de julio de 1994. Las antiguas fuerzas gubernamentales habían convertido parte del centro en un hospital provisional. Los representantes de la organización supieron que los soldados del anterior gobierno habían sido gravemente heridos o habían quedado inválidos en combate y que sus compañeros en retirada los habían dejado atrás. Amnistía Internacional encontró en el hospital provisional el cadáver abandonado, y en estado de descomposición, de un soldado cuya cabeza había sido, al parecer, aplastada por soldados del EPR antes de su muerte.

Se recibieron nuevos informes según los cuales unas 600 personas habían «desaparecido» en julio de 1994 de un campamento de desplazados de Rango, a varios kilómetros al sur de Butare. A los representantes de Amnistía Internacional les dijeron que se creía que el FPR había matado y enterrado a los «desaparecidos» en fosas comunes en un valle cercano al Groupe scolaire de Butare. No obstante, soldados del EPR de servicio en un control en la carretera que conducía al valle impidieron a los enviados de Amnistía Internacional dirigirse al valle aduciendo que se trataba de una zona de seguridad militar. Como consecuencia de ello, Amnistía Internacional no pudo confirmar ni las «desapariciones» ni la existencia de las fosas comunes.

4. Recomendaciones al gobierno ruandés

Tanto el FPR como el nuevo gobierno ruandés han negado normalmente que sus combatientes hayan cometido violaciones graves de derechos humanos. En algunos casos han reconocido que se han perpetrado abusos, pero han explicado que no fueron cometidos como parte de la política del FPR ni de la del gobierno. Las autoridades dijeron a los representantes de Amnistía Internacional que visitaron Ruanda en agosto de 1994 que dos soldados del EPR habían sido ejecutados en virtud de una orden oficial a mediados de 1994, uno por asesinato y otro por violación. Las autoridades afirmaron que los soldados habían sido juzgados por el tribunal militar del EPR de acuerdo con el Código de Conducta Operativo del EPR y que tenían bajo custodia a más de 60 soldados del EPR acusados de delitos penales.

Aunque ha recibido con satisfacción las medidas tomadas por el gobierno para llevar a los responsables ante los tribunales, Amnistía Internacional siente preocupación porque el EPR violó el derecho a la vida, el más básico de todos los derechos, con el fin de castigar a personas acusadas de haber cometido abusos contra los derechos humanos. No está claro si los delitos que cometieron han sido objeto de alguna investigación independiente e imparcial. Además, según oficiales del EPR, los convictos no tenían derecho de apelación, aunque la decisión de ejecutar la sentencia debía ser tomada por el Alto Mando del EPR.

Para que las medidas y declaraciones del gobierno sean tomadas en serio por los ruandeses, especialmente por los miembros de las fuerzas de seguridad, es esencial que se emprendan de inmediato acciones en respuesta a las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por el EPR que se describen en este informe. A este efecto, Amnistía Internacional ha recomendado la aplicación de su Programa de 14 Puntos para Prevenir las Ejecuciones Extrajudiciales y de su Programa de 14 Puntos para Prevenir las Desapariciones Forzadas⁹. La organización recomienda también:

4.1 Además de aceptar la responsabilidad de llevar a cabo investigaciones imparciales sobre los pasados homicidios de civiles y de opositores armados capturados, es urgente que el nuevo gobierno establezca una comisión de investigación con la responsabilidad específica de investigar los informes de pasadas violaciones de derechos humanos tanto en zonas controladas por el FPR antes de julio de 1994 como en todo el país a partir de entonces. La comisión de investigación debe estar integrada por personas de reconocida independencia e imparcialidad y debe investigar las denuncias mencionadas en este informe y todas las demás, tanto si han sido publicadas por otras organizaciones como por los medios de comunicación o por particulares. La comisión podría pedir también a investigadores de las Naciones Unidas que le ayuden en las investigaciones. Todas las investigaciones deben ser coherentes con las normas establecidas por los Principios de las Naciones Unidas Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias y el manual de la ONU sobre su cumplimiento¹⁰

4.2A la comisión de investigación debe otorgársele autoridad para citar a declarar a cualquier testigo, independientemente de su posición en el gobierno o las fuerzas de seguridad. Sus competencias deben incluir presentar recomendaciones sobre cualquier acción que vaya a emprenderse contra los responsables y evitar que vuelvan a producirse nuevos abusos. Las conclusiones de la comisión deben hacerse públicas tan pronto estén listas. Deben remitirse entonces a un tribunal competente, independiente e imparcial que juzgue a las personas que, según la investigación, han estado implicadas en los abusos.

4.3La comunidad internacional, especialmente los gobiernos y las Naciones Unidas, deben ayudar al gobierno ruandés con los recursos humanos y materiales que necesita para llevar a cabo estas investigaciones de acuerdo con las normas internacionales y también en las investigaciones sobre los crímenes contra la humanidad cometidos antes de julio de 1994 fundamentalmente por soldados y seguidores del anterior gobierno. Por otra parte, la comunidad internacional debe ayudar al gobierno de Ruanda a construir un sistema judicial competente, independiente e imparcial para proteger y promover los derechos humanos. La comunidad internacional no debe justificar las violaciones de derechos humanos cometidas por el EPR u otras instituciones o funcionarios del nuevo gobierno ni cerrar los ojos ante ellas basándose en que no son «tan graves» como las cometidas por su predecesor.

4.4El gobierno debe tomar urgentemente las medidas necesarias para evitar que se produzcan nuevos homicidios de civiles y de adversarios armados capturados en los que hayan estado implicados miembros de las fuerzas de seguridad. Estas medidas deben incluir formación en lo relativo a las normas internacionales e instrucciones explícitas cursadas a todo el personal de seguridad para que las armas de fuego sólo puedan usarse con intención de matar cuando sea estrictamente inevitable y con el fin de proteger la vida. Todos los homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad deben ser objeto de una investigación para establecer si esta norma ha sido respetada o violada. Los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de homicidios ilegítimos deben ser juzgados mediante procedimientos judiciales que satisfagan las normas internacionales mínimas.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno ruandés que haga pública la identidad de los soldados del EPR que se encuentran bajo custodia, así como información detallada sobre sus casos. Amnistía Internacional ha pedido que los soldados sean sometidos con prontitud a juicios justos y que ninguno de ellos sea en ningún caso condenado a muerte o ejecutado. La organización pide también a las autoridades que revelen la identidad de aquellos de sus combatientes y otros que hayan sido ejecutados, y los delitos por los que fueron condenados.

4.5Todas las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y de similares homicidios deliberados y arbitrarios cometidos antes de julio de 1994 por personal de las fuerzas de seguridad deben sin duda ser objeto de una investigación imparcial, independiente y exhaustiva. La investigación debe establecer los motivos por los cuales se cometieron los homicidios y las circunstancias en que se cometieron, hacer públicas sus conclusiones y recomendar las medidas que deben adoptarse contra el personal de seguridad que ha ordenado o llevado a cabo los homicidios. Es posible que los observadores y otros miembros de las fuerzas de seguridad interpreten el hecho de que las autoridades no hayan emprendido una investigación oficial sobre los homicidios de este tipo como un indicio de que el gobierno aprueba o tolera el uso de la violencia contra los civiles por el personal de seguridad.

4.6 Deben registrarse los nombres de las personas que se encuentran bajo custodia y cualquier traslado o liberación debe ser registrado y notificado al ministerio de Interior. En ausencia de un tribunal en funcionamiento o de procedimientos jurídicos similares al hábeas corpus, esto pondrá fin a la práctica actual por la cual los funcionarios o los particulares deben simplemente solicitar información sobre su paradero al ministro de Defensa y esperar indefinidamente a que haya una respuesta. Esta situación no proporciona salvaguardias a los detenidos que puedan correr el riesgo de «desaparecer» o de ser maltratados.

4.7El gobierno de Ruanda debe usar el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU, como textos básicos para la formación del personal de las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos, además de la formación sobre las normas humanitarias básicas contenidas en los Convenios de Ginebra. El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley estipula que los agentes de la ley (tanto si son policías como militares) deben respetar y proteger la dignidad humana y defender y salvaguardar los derechos humanos. Además, los miembros de las fuerzas de seguridad deben recibir formación sobre las normas internacionales de derechos humanos y sobre las disposiciones de la legislación nacional en lo relativo al uso de la fuerza y de las armas de fuego, así como a los procedimientos de detención y el trato a los presos.

4.8Las autoridades deben prohibir a las fuerzas de seguridad maltratar a ningún ciudadano, incluidos los adversarios políticos, y deben investigar todas las denuncias de tal comportamiento, incluido el uso de la kandoya y de porras cubiertas de clavos. El silencio oficial sobre la brutalidad de la que han sido víctimas las personas sospechosas de oposición al gobierno ha llevado a algunos a creer que las autoridades están implicadas, puesto que no ha habido ninguna otra explicación sobre su negativa a investigar los informes publicados por los grupos de derechos humanos y los medios de comunicación.

4.9La autoridades ruandesas no deben negar ni justificar, sin una investigación exhaustiva e independiente, las denuncias de graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.

4.10Las fuerzas de seguridad encargadas de los arrestos y detenciones deben, como cuestión prioritaria, estar sometidas a control judicial y administrativo para que cumplan las leyes nacionales e internacionales y respondan de sus acciones no sólo ante la jerarquía interna del EPR sino también ante los tribunales legalmente establecidos.

INTERNO (Sólo miembros de AI)Índice AI: AFR 47/16/94/s

Distr: SC/CC/CO/PO

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido

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RUANDA

Informes de homicidios y secuestros cometidos

por el Ejército Patriótico Ruandés,

Abril - Agosto de 1994

RESUMEN

El documento adjunto, que se hará público el 20 de octubre de 1994, detalla las violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército Patriótico Ruandés (EPR) entre abril y agosto de 1994. Aunque no se puede comparar las matanzas perpetradas por el EPR con la escala de las matanzas cometidas por las fuerzas leales al anterior gobierno entre abril y julio de 1994, centenares -posiblemente millares- de personas han muerto a manos del EPR y de sus seguidores. La organización ha publicado este informe para instar a la comunidad internacional a que garantice que se emprenden investigaciones sobre los informes de violaciones de derechos humanos cometidas en zonas que estaban controladas por el FPR antes de julio de 1994 y en todo el país desde entonces, y que se hará todo lo posible por evitar que vuelven a producirse.

ACCIONES RECOMENDADAS

Las Secciones que reciban este documento deben asegurarse de que todas las personas pertinentes de la Sección reciben copias y de que el documento se archiva para futuras consultas. Emprendan además el máximo número posible de las acciones recomendadas. Los Grupos que participen en el Programa de Campaña sobre Burundi y Ruanda deben emprender las siguientes acciones recomendadas además de sus otras acciones. El documento Ruanda y Burundi - Actualización del Programa de Campaña (AFR 02/05/94), que se distribuirá próximamente, incluye nuevas acciones recomendadas.

1. Intenten dar publicidad a este documento. No obstante, es muy importante situar el documento en un contexto: Afirmen que reconocen que, teniendo en cuenta la horrenda escala de las matanzas cometidas por las fuerzas leales al anterior gobierno, no pueden compararse los abusos contra los derechos humanos que haya cometido o pueda haber cometido el EPR con esas matanzas. No obstante, no se puede permitir que esto evite que salgan a la luz los abusos presuntamente cometidos por el EPR y que, en los casos en que sea apropiado, se emprendan de inmediato acciones para llevar a los responsables ante los tribunales y evitar que se produzcan de nuevo esos abusos. Es responsabilidad del gobierno ruandés tomar medidas para prevenir los abusos y garantizar que los responsables son procesados. Podrían decir que son conscientes de que los abusos cometidos por el EPR han sido ya explotados como propaganda política por los seguidores del anterior gobierno y de que este mismo informe puede ser aprovechado como propaganda partidista por algunas de las personas que participaron en el genocidio entre abril y julio de 1994. No obstante, Amnistía Internacional considera inaceptable que se permita que los homicidios y otras violaciones de derechos humanos cometidas por el EPR queden silenciadas, lo cual implicaría el riesgo de que aumentaran y continuaran produciéndose sin obstáculos.

2.Por favor, entreguen una copia del documento a las autoridades pertinentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio de Justicia y de otros ministerios pertinentes de su país.

3.Si su país ha vuelto a abrir su embajada en Ruanda o tiene embajada o representación diplomática en Zaire y Tanzania, envíen el documento con una carta explicativa. Si algunos de estos países tienen representación diplomática en su país, hagan lo propio.

4.Los coordinadores de refugiados deben hacer llegar también el documento a sus contactos, como abogados y centros jurídicos especializados en casos de refugiados.

5.Instamos a los coordinadores CAFRAN y de país a que divulguen las preocupaciones de AI en sus periódicos locales.

DISTRIBUCIÓN POR EL SI

Este documento se ha enviado directamente a:

- Todas las Secciones

- Encargados de prensa de las Secciones

- Grupos de coordinación de Ruanda y Burundi

- Todos los Grupos de la RAR de África Central (CAFRAN)