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ÍNDICE AI: AFR 47/28/97/s

25 DE JULIO DE 1997

Sudáfrica reanuda las ventas de material militar a Ruanda, haciendo caso omiso a las violaciones de derechos humanos

El gobierno sudafricano no debe suministrar material militar de efectos letales a Ruanda hasta que el Ejército Patriótico Ruandés (EPR) demuestre ante observadores independientes que ha dejado de cometer atrocidades y de vulnerar el derecho humanitario, según ha declarado Amnistía Internacional hoy.

La organización de derechos humanos también advirtió que el contrato firmado por Sudáfrica para suministrar vehículos blindados y radios militares a Ruanda ─anunciado el 23 de julio─ podría suponer que el equipo se utilizara para facilitar abusos contra los derechos humanos.

«Al parecer, el gobierno sudafricano cree que puede conseguir garantías por parte del gobierno ruandés de que el material militar y las armas letales no se utilizarán para cometer violaciones de derechos humanos», ha afirmado Amnistía Internacional.

«Sin embargo, está claro que el EPR ha cometido atrocidades contra civiles en el ex Zaire y en la propia Ruanda, y que el gobierno ruandés niega estas atrocidades. No hay razón alguna para que el gobierno sudafricano crea en estas garantías.»

Este mismo mes, hace algunos días, Amnistía Internacional remitió al gobierno sudafricano, a petición de éste, informes que mostraban que, desde comienzos de 1997, el EPR ha matado a miles de civiles desarmados. La organización también facilitó a las autoridades sudafricanas detalles de graves abusos cometidos por grupos armados de oposición.

Durante una visita a Sudáfrica la semana pasada, el Secretario General de Amnistía Internacional, Pierre Sané, pidió a la presidencia de la Comisión Nacional Sudafricana para el Control de Armas Convencionales que no suministrara armas a Ruanda y a los países vecinos de la región de los Grandes Lagos, teniendo en cuenta los informes diarios que se reciben de homicidios arbitrarios en estos países.

El gobierno de Ruanda primero negó que hubiera una gran presencia de tropas del EPR en el ex Zaire, pero posteriormente el vicepresidente y ministro de Defensa, Paul Kagame, admitió públicamente que ha habido y sigue habiendo tropas del EPR en la zona.

«Según los informes, la decisión de Sudáfrica de reanudar el suministro de material militar a Ruanda fue tomada a condición de qeu Ruanda no utilizaría este material fuera de sus fronteras, pero esto pasa por alto totalmente la difícil situación de los civiles ruandeses que viven en un estado de temor, atrapados entre la violencia deliberada y arbitraria por ambos bandos», ha manifestado Amnistía Internacional.

En respuesta al aumento de los ataques por parte de grupos armados de oposición, al parecer aliados del antiguo ejército ruandés y de las milicias interahamwe, el EPR ha organizado operaciones militares a gran escala, especialmente en el noroeste del país. Precisamente durante estas operaciones muchos civiles desarmados han perdido la vida, sólo por estar en el sitio inadecuado en el momento menos oportuno o por pertenecer al mismo grupo étnico que los miembros de la oposición armada. Muchas de las víctimas son refugiados que volvieron a Ruanda a fines de 1996 huyendo de los ataques de los campos de refugiados del este de Zaire (ahora República Democrática del Congo).

Por ejemplo, según los informes, en varias aldeas de la commune de Nkule, en Ruhengeri, más de 500 civiles murieron a manos de soldados del EPR entre el 9 y el 11 de mayo de 1997. El 2 de marzo de 1997, al menos 150 civiles, probablemente 280, también murieron a manos de soldados del EPR en Kigombe, también en Ruhengeri.

El 24 de junio de 1997 los habitantes de la zona contaron al menos 68 cadáveres de civiles desarmados abatidos a tiros por soldados del EPR en la commune de Kivumu, en Kibuye, tras la muerte de cuatro personas en una emboscada tendida por desconocidos en un vehículo. Los soldados del EPR que acudieron al lugar apostaron a un grupo de jóvenes para vigilar el vehículo y al volver les dispararon. Según los informes, al menos 29 hombres murieron en el acto. Los soldados continuaron atacando las aldeas cercanas y acabaron con varias familias de la zona en sus hogares, incluidos ancianos y niños.

Las autoridades sudafricanas recibieron informes sobre muchos otros ejemplos de matanzas similares en julio de 1997 y en ocasiones anteriores. Que se sepa, ninguna de estas matanzas ha sido investigada por las autoridades ruandesas.

«El gobierno sudafricano ha afirmado en numerosas ocasiones que se tomará en serio la protección de los derechos humanos cuando tome decisiones sobre exportaciones de material militar», ha dicho Amnistía Internacional. «Ahora debe cumplir estas promesas no suministrando material militar letal a Ruanda hasta que las autoridades puedan dar garantías verificables por fuentes independientes de que dicho material no se utilizará contra civiles desarmados, ni dentro ni fuera de Ruanda.»

«Cualquier gobierno que suministre armas letales a fuerzas armadas que las utilicen para matar a civiles desarmados deberá aceptar su parte de la responsabilidad en las consiguientes muertes.»

A Amnistía Internacional también le preocupa que el EPR utilice los nuevos vehículos militares y el equipo de comunicaciones suministrados para facilitar las violaciones de derechos humanos en zonas remotas, e insta al gobierno sudafricano a que detenga inmediatamente este suministro si se verifica algún caso de mal uso de este tipo de material.