RUANDA

Poner fin al silencio

Aquí, en este país maldito, no hacemos planes. Damos un suspiro de alivio cuando pasan 24 horas y entonces comenzamos a preocuparnos por las 24 siguientes. Es como un contrato de 24 horas.(1)

I. INTRODUCCIÓN

Según informes, en Ruanda han matado entre enero y agosto de 1997 al menos a 6.000 personas, la mayoría de ellas civiles desarmados. Es muy probable que la cifra real de muertes sea considerablemente mayor.(2)

En agosto de 1997 continuaron cometiéndose homicidios prácticamente a diario. Muchas de las víctimas formaban parte de los centenares de miles de refugiados ruandeses que fueron devueltos a la fuerza por la República Democrática del Congo (ex Zaire) y por Tanzania en noviembre y diciembre de 1996. Los soldados del Ejército Patriótico Ruandés (EPR) y grupos armados que se cree que son aliados del anterior ejército de Ruanda (las antiguas Fuerzas Armadas Ruandesas, FAR) o están formados por miembros de éste están cometiendo deliberadamente homicidios selectivos de hombres desarmados, mujeres y niños, a los que van a buscar a sus casas para matarlos. Muchas personas han «desaparecido», y sus familias no saben si están vivas o muertas.

Según los informes, los combates entre el EPR y los grupos armados de oposición se han intensificado. En el noroeste del país hay regiones enteras que son ya prácticamente inaccesibles debido a la inseguridad y a las restricciones impuestas por las autoridades a quienes intentan viajar allí. Muy pocos observadores independientes de la situación de los derechos humanos logran llegar a esas zonas, por lo que los autores de los abusos contra los derechos humanos pueden continuar matando sin testigos independientes.

A los pocos días del regreso en noviembre de 1996 de la primera oleada de refugiados acogidos en el ex Zaire, los homicidios y las detenciones arbitrarias fueron ya notables.(3) Sin embargo, fue a comienzos de enero de 1997 cuando el número de homicidios experimentó un acusado aumento, especialmente en las prefecturas de Ruhengeri y Gisenyi, en el noroeste del país.(4) En otras partes de Ruanda también han aumentado los homicidios y las «desapariciones». Asimismo, en todo el país se han seguido realizando cada vez más detenciones; los informes sobre malos tratos se han vuelto más frecuentes y las condiciones de las cárceles han seguido causando la muerte de centenares de presos, a la vez que la población reclusa de los centros de detención reconocidos ha crecido hasta superar la cifra de 120.000 personas. Por otro lado, a finales de diciembre comenzaron los juicios de los acusados de participar en el genocidio de 1994; en agosto de 1997 habían sido juzgadas ya más de 140 personas, al menos 65 de las cuales fueron condenadas a muerte, en muchos casos en juicios injustos.(5)

Una vez más, la muerte se ha convertido en un fenómeno cotidiano para la población de Ruanda. Los ruandeses viven con miedo, sabiendo que cualquiera que sea su origen étnico o su afiliación declarada, pueden convertirse en blanco de la violencia arbitraria de uno u otro bando. La mayoría no se atreven siquiera a hablar de la situación por temor a que los maten. Si tienen suerte y logran seguir vivos, se exponen a ser detenidos arbitrariamente, sometidos a malos tratos y recluidos durante largos periodos en condiciones que ponen en peligro su vida. Ni siquiera el personal de las organizaciones internacionales se ve libre de la violencia, pues ya se han cometido varios asesinatos de ciudadanos extranjeros, así como de empleados ruandeses de organizaciones internacionales. Estas muertes han trastornado seriamente el trabajo esencial que realizan las organizaciones humanitarias y de derechos humanos, por lo que las poblaciones más necesitadas no están recibiendo la ayuda adecuada.

Las autoridades ruandesas, que afirman tener la situación bajo control, continúan restando importancia a la magnitud de los abusos contra los derechos humanos, y lo mismo parece hacer la comunidad internacional. Los medios de comunicación internacionales raras veces publican información sobre la situación actual de los derechos humanos en Ruanda, y los gobiernos extranjeros parecen estar cerrando los ojos al empeoramiento de la situación y continúan propugnando la repatriación de los ruandeses refugiados en los países vecinos.

Amnistía Internacional publica ahora este informe para poner de manifiesto la magnitud y gravedad de los abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo en Ruanda y para llamar la atención sobre ello de quienes pueden hacer que se produzcan cambios positivos. La información expuesta en este documento se basa, por un lado, en los datos recogidos por una delegación de Amnistía Internacional que visitó Ruanda en enero y febrero de 1997, y por otro lado, en declaraciones proporcionadas posteriormente por diversas fuentes de dentro y fuera del país. Los casos expuestos a modo de ejemplo, la mayoría de los cuales tuvieron lugar entre enero y agosto de 1997, constituyen sólo una pequeña parte del número total de abusos contra los derechos humanos sobre los que se recibieron informes a lo largo de este periodo.

II. PAUTAS DE HOMICIDIOS

El año 1996 estuvo marcado por una pauta de graves abusos contra los derechos humanos, entre ellos centenares de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el EPR y gran número de homicidios deliberados y arbitrarios atribuidos a los grupos armados de oposición.(6) La situación se ha deteriorado a lo largo de 1997, y este empeoramiento cabe atribuirlo en gran parte a la devolución masiva de centenares de miles de refugiados ruandeses del ex Zaire y de Tanzania en noviembre y diciembre de 1996. La mayoría de estos refugiados pertenecen al grupo étnico hutu, y muchos son sospechosos de haber participado en el genocidio de 1994. Entre ellos hay miembros del gobierno anterior y de su ejército (las antiguas FAR), que han regresado junto con sus familias a zonas donde millares de personas perdieron la vida durante el genocidio de 1994.

En 1997 han cometido homicidios generalizados de civiles desarmados tanto el EPR como los grupos armados de oposición. No obstante, en los testimonios recogidos en las prefecturas del noroeste de Ruanda, zona donde se concentra casi toda la violencia, se afirma insistentemente que en los últimos meses la mayoría de los homicidios de civiles desarmados han sido perpetrados por el EPR.

En algunos casos resulta difícil identificar a los autores de los homicidios. Los testigos presenciales suelen atribuirlos a «hombres armados y con uniforme militar», pero sus declaraciones son a veces contradictorias y no permiten determinar si los individuos uniformados eran miembros del EPR o de las antiguas FAR. Existen razones para creer que ambos bandos han adoptado una estrategia deliberada de confusión para poder culparse mutuamente de los ataques y eliminar toda posibilidad verificación independiente.

II.1 Homicidios en el contexto del conflicto armado: la guerra no declarada del noroeste

Se han comenzado a recibir frecuentes informes del noroeste del país en los que se habla de combates entre fuerzas del EPR y grupos armados de oposición. A los integrantes de estos grupos se les conoce comúnmente como «infiltrados» (infiltrés) y se cree que son miembros de las antiguas FAR y de la milicia interahamwe,responsable de muchas matanzas durante el genocidio de 1994. Algunas fuentes señalan que hay también grupos ajenos a las antiguas FAR que han tomado las armas para luchar por su cuenta contra el EPR.

Muchas fuentes oficiales y no oficiales de Ruanda califican de auténtica guerra la situación existente en el noroeste. Otras ponen en duda este análisis y afirman que todos los indicios apuntan a que la mayoría de las bajas de uno y otro bando son civiles desarmados. Pero cualesquiera que sean los términos utilizados para describir la actual situación, lo cierto es que los grupos armados de oposición han intensificado sus ataques a lo largo de 1997 (a veces los lanzan en grupos de más de 100 hombres) y que el EPR, por su parte, ha adoptado medidas de contrainsurgencia más drásticas, que suponen a veces arrasarlo todo y, utilizando como pretexto la necesidad legítima de combatir a los insurgentes, cometer matanzas de civiles desarmados.

La población civil de las zonas afectadas por el conflicto se ha visto obligada cada vez más a ayudar al EPR en sus operaciones de búsqueda de insurgentes. Según informes, por temor a que los soldados les maten si se niegan, algunos habitantes de estas zonas han comenzado a colaborar con las autoridades en tales operaciones, a pesar de que, al hacerlo, corren el riesgo de que los grupos armados de oposición los tachen de «traidores» y los ataquen. Las autoridades civiles y militares regionales reúnen a menudo a los habitantes de estas zonas para advertirles que no presten ayuda ni apoyo a los «infiltrados», así como para comprobar su identidad, lo que con frecuencia da lugar a detenciones masivas. La población está completamente obligada a asistir a estar reuniones, porque quienes no acuden se convierten inmediatamente en sospechosos.

Las autoridades han utilizado varias tácticas para restar importancia a la gravedad de la situación en el noroeste. El 15 de julio de 1997, por ejemplo, la agencia oficial de noticias ruandesa informó de que los enfrentamientos que se habían producido durante los días anteriores en Ruhengeri se habían cobrado la vida de 100 miembros de la milicia y de tres soldados del EPR. En una declaración posterior, el prefecto de Ruhengeri mencionó que en el mismo periodo habían muerto también 40 civiles a causa del fuego cruzado. El 1 de agosto de 1997, una delegación de altos cargos del gobierno –acompañados, por invitación de las autoridades, de funcionarios de embajadas extranjeras, representantes de organizaciones internacionales y periodistas– visitó la zona y presentó un informe sobre los recientes sucesos ocurridos allí. Las autoridades del gobierno declararon que durante mayo y junio habían muerto 1.800 miembros de interahamweo de las antiguas FAR, 90 soldados del EPR y entre 200 y 300 civiles. Asimismo, durante esta visita afirmaron que la situación en Ruhengeri era «tranquila y estable».(7)

Debido a la inseguridad imperante en las zonas afectas por el conflicto armado, Amnistía Internacional no ha podido confirmar los detalles exactos de los informes sobre enfrentamientos armados entre el EPR y los grupos armados de oposición ni calcular el número total de bajas sufridas por ambas fuerzas. Pero lo que le preocupa a la organización son las víctimas civiles de estos combates, ya que en los días posteriores a un enfrentamiento armado la población civil está especialmente expuesta a sufrir ataques indiscriminados del EPR como consecuencia de sus operaciones de búsqueda de «infiltrados». Este temor encuentra fundamento en la pauta de operaciones militares de búsqueda emprendidas en 1996 y 1997. Las autoridades han advertido repetidas veces a la población que no dé refugio ni preste ayuda de ningún tipo a los «infiltrados». Sin embargo, no se ha probado que los civiles desarmados que han sido ejecutados extrajudicialmente hubiesen apoyado a los grupos armados de oposición.

II.2 Ejecuciones extrajudiciales durante las operaciones militares de búsqueda

Millares de civiles desarmados han muerto en operaciones de «acordonamiento y búsqueda» emprendidas por el EPR tras ataques que se sabe que han lanzado los grupos armados de oposición o después de enfrentamientos entre fuerzas del gobierno e «infiltrados». El ejército toma a menudo represalias cometiendo homicidios durante operaciones de este tipo, emprendidas a las pocas horas del ataque o durante los días siguientes. Las gran mayoría de las víctimas de estas operaciones militares han sido civiles desarmados que no tenían nada que ver con el conflicto ni constituían ninguna amenaza, como ancianos, mujeres y niños pequeños a los que han matado en su propia casa o en espacios abiertos donde los soldados los habían congregado previamente. La estrategia de contrainsurgencia del EPR está teniendo el efecto de aterrorizar a la población civil de las zonas donde se rumorea que se ocultan los insurgentes. Se han dado algunos casos de detenciones de miembros del EPR por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales, pero hasta la fecha han sido mínimos. En la mayoría de los casos de ejecuciones extrajudiciales sobre los que se han recibido informes, los responsables han continuado evadiendo la acción de la justicia.

Las prefecturas de Ruhengeri y Gisenyi son las zonas donde los soldados del EPR han cometido mayor número de ejecuciones extrajudiciales. Amnistía Internacional ha recibido incontables informes sobre homicidios de civiles desarmados cometidos allí por el EPR tras ataques que se sabe que han sido lanzados por los «infiltrados».

En enero de 1997 comenzaron a recibirse informes cada vez más frecuentes sobre matanzas. El día 4, por ejemplo, los soldados del EPR mataron al menos a 55 personas en la comuna de Nkumba, prefectura de Ruhengeri, durante una operación militar de búsqueda. Los homicidios se produjeron tras un ataque de presuntos «infiltrados» lanzado ese mismo día y en el que, de acuerdo con los informes, había resultado muerto un soldado del EPR. Si bien hubo entre ellas ocho presuntos «infiltrados», la mayoría de las víctimas de los homicidios cometidos ese día por el EPR como represalia fueron civiles.

Según informes, el 20 de enero de 1997, en una operación de búsqueda emprendida en la comuna de Nyamugali, Ruhengeri, los soldados del EPR rodearon a un grupo de vecinos desarmados y mataron a 28 de ellos. Según los informes, a 24 los agruparon en un edificio y les lanzaron una granada.

Según informes, en los dos o tres días siguientes decenas de personas más (posiblemente hasta un centenar) murieron o «desaparecieron» en Kigombe, Mukingo, Nyakinama y otras comunas de Ruhengeri; muchas fueron abatidas a tiros al intentar huir.

El 3 de marzo, los soldados del EPR mataron al menos a 150 civiles desarmados posiblemente hasta 280) en una operación militar de búsqueda emprendida en las comunas de Kigombe, Nyakinama y Mukingo, en Ruhengeri, como represalia por la muerte, según informes, de varias personas en un ataque lanzado el día anterior en la ciudad de Ruhengeri por un grupo armado. El RPA emprendió operaciones de «acordonamiento y búsqueda» en gran escala en varias localidades de la zona; según informes, los soldados –ayudados, de acuerdo con los informes, por gendarmes– sacaban a los vecinos de sus casas, los agrupaban en un lugar y los mataban a tiros o a golpes. Las autoridades reconocieron que se había hecho un uso excesivo de la fuerza en estos sucesos, y, según informes, después de los homicidios fueron arrestados varios militares presuntamente implicados en ellos.

Según informes, entre el 9 y el 11 de mayo de 1997, los soldados del EPR mataron al menos a 1.430 civiles en los sectores de Ryinyo, Kintobo, Gatore, Gatovu, Rukoma, Gitwa, Runigi y Mukamira, comuna de Nkuli, Ruhengeri. Amnistía Internacional ha recibido una lista, elaborada por fuentes locales, con los nombres de alrededor de 525 personas, entre ellas al menos 90 niños, que fueron víctimas de estas matanzas, principalmente en el sector de Ryinyo. A las que figuran en la lista hay que sumar las que, según los informes, mataron en otros sectores, a saber: al menos 553 en Kintovo, 127 en Gatovu, 120 en Rukoma y 114 en Runigi. De acuerdo con los informes, estos homicidios estuvieron precedidos por una serie de combates que se libraron durante varios días en torno a campamentos militares de la zona entre las fuerzas del EPR y los grupos armados de oposición.

Según informes, más o menos en el mismo periodo mataron en la comuna de Nyamutera a 423 personas, 123 de cuales fueron quemadas vivas en casas a las que se prendió fuego deliberadamente.

De acuerdo con los informes, entre el 3 y el 17 de mayo de 1977 los soldados del EPR mataron al menos a 82 personas en varias localidades de la comuna de Karago, prefectura de Gisenyi, durante operaciones militares. El 3 de mayo por la tarde, tras un enfrentamiento entre el EPR y los insurgentes que se sabe que tuvo lugar esa misma mañana en el centro de Kadahenda, sector de Mwiyanike, los soldados mataron a 26 campesinos de la zona. Dos días más tarde mataron a otros 10 en Rurambo, localidad también de Mwiyanike. El 10 de mayo, durante la consiguiente operación militar de búsqueda, mataron a 26 personas en Kinyanja y a otras cinco en Cyamabuye, sector de Nanga. Por último, el 17 de mayo mataron a 15 personas más cerca de una escuela de Ruhigiro.

El 23 de mayo de 1997, tras unos enfrentamientos con grupos armados ocurridos en las comunas de Mukingo y Nyakinama, Ruhengeri, los soldados del EPR mataron, según informes, a unos 170 civiles.

Entre mediados de mayo y mediados de junio de 1997 se recibieron informes sobre centenares de homicidios cometidos por soldados del EPR en la comuna de Cyabingo,Ruhengeri. Se cree que en, en la segunda mitad de mayo, los soldados del EPR mataron durante operaciones de búsqueda a más de 300 personas. De acuerdo con los informes, el 6 de junio de 1997 más de 115 personas murieron en el sector de Muramba durante ataques de fuerzas no identificadas. Una semana más tarde, el 13 de junio, se recibieron informes sobre la muerte, presuntamente a manos de soldados del EPR, de 15 niños menores de 15 años que fueron abatidos a tiros y de varios más a los que quemaron vivos. Se cree que en la comuna de Cyabindo actúan grupos armados; no obstante, la mayoría de las víctimas de los homicidios cometidos allí por el EPR parecen haber sido civiles desarmados.

Hay decenas de casos de homicidios de civiles desarmados cometidos en iglesias. Según informes, el 8 de junio de 1997, por ejemplo, un día después de un enfrentamiento entre fuerzas del EPR e «infiltrados» que se sabe que tuvo lugar en Birunga, los soldados del EPR mataron al menos a 120 personas en una iglesia protestante de la célula de Cyamabuye, sector de Nanga,comuna de Karago, Gisenyi. Después de estos homicidios, los soldados atacaron las casas de dos líderes populares y mataron a 38 personas más en su misma casa, entre ellas a un anciano y una anciana de 85 y 90 años, respectivamente, llamados Bagabo y Kaje. También se recibieron informes sobre otros dos ataques similares. El primero, ocurrido en junio de 1997, fue contra una iglesia adventista del sector de Mwiyanike (también en Karago, Gisenyi), donde, según los informes, los soldados mataron a decenas de personas. En el otro, realizado el 3 de julio de 1997, al menos 75 personas murieron en una iglesia del sector de Gitera, comuna de Nkumba, Ruhengeri.

Según informes, el 10 de junio de 1997 los soldados del EPR mataron al menos a 200 personas en las comunas de Nyamutera, Kinigi, Ndusu y Gatonde, Ruhengeri, tras varios ataques realizados a centros de detención de la zona por grupos armados no identificados. Se desconoce el número de personas que los grupos armados mataron durante estos ataques.

Los informes recibidos de varias zonas de la subprefectura de Ngororero, prefectura de Gisenyi, indican que durante junio y julio de 1997 es posible que murieran allí hasta 984 personas. Fuentes de la zona informaron de que el 11 de junio mataron a 23 en el sector de Ntobwe, comuna de Kibilira; el 13 de junio, a alrededor de 20 más, incluidos 10 niños de entre 3 y 16 años y otro de sólo ocho meses, en el sector de Rucano, comuna de Satinsyi; el 29 de junio, a otras 212 cerca del bosque de Ruhunga; el 2 de julio, a nueve más, siete de ellas niños, de nuevo en el sector de Rucano, comuna de Satinsyi; el 6 de julio, a 349 en el sector de Musagara, comuna de Satinsyi; el 11 de julio, día de mercado en Ngororero, a otras 19, y el 12 de julio, a 67 en el sector de Rugarama, comuna de Kibilira. A estos homicidios específicos hay que sumar 149 más que se cometieron, según informes, en el sector de Gitarama, 36 cometidos en el sector de Ntaganzwa y alrededor de 100 perpetrados en los sectores de Sovu y Musenyi. Todas estas muertes han sido atribuidas por fuentes locales a soldados del EPR.

De acuerdo con los informes recibidos, el 24 de junio de 1997 los soldados del EPR mataron al menos a 68 personas en las células de Kitabe y Bitenga, sector de Rukoko, comuna de Kivumu, prefectura de Kibuye. Estos homicidios estuvieron precedidos ese mismo día por un ataque en el que un vehículo que viajaba por la carretera de Gitarama a Kibuye cayó en una emboscada y cuatro pasajeros fueron abatidos a tiros por hombres armados no identificados que lograron escapar. La cuatro personas muertas en la emboscada eran Chen Ian, ingeniero chino; Théoneste Safari Rukundoy Jean-PierreHakizimana, mecánicos ruandeses, yDenis Ndutiye, ciudadano ruandés que conducía el vehículo. Según las autoridades locales, los autores de la emboscada eran miembros de las antiguas FAR o de interahamwe. Los soldados del EPR que acudieron después al lugar de los hechos reunieron a un grupo de jóvenes de la zona y les dijeron que se quedaran allí vigilando el vehículo. Esa misma noche, un grupo de soldados regresó al lugar en un camión y abrió fuego contra los jóvenes, matando a 29 de ellos. Según los informes, los soldados atacaron después un pueblo vecino y mataron a más personas en sus propias casas, entre ellas a ancianos y a niños pequeños. Muchas de las víctimas de esta matanza eran miembros de las familias Ntagwabira, Habiyambere,Mbanjingabo, Ngwabijey Simpunga. En el caso de ésta última, sólo la esposa y los hijos se encontraban en ese momento en la casa; los mataron a todos. Los vecinos que se encargaron de enterrar los cadáveres contaron un total de 68 víctimas, todas ellas civiles desarmados. Creen que el número real de muertes podría ser mayor, pues cabe la posibilidad de que se llevaran de allí algunos cadáveres.

En julio de 1997 se cometieron nuevos homicidios en la comuna de Nkuli, Ruhengeri. El día 13 mataron en el sector de Gitwa a un pastor adventista llamado Karekezi, a su esposa, a una persona que había ido a visitarle y a dos niños. Según los informes, el día 17, en Jena mataron en su propia casa al matrimonio Ngirabuhoy a sus cuatro hijos. Esa misma noche mataron en la misma zona a un hombre llamado Rurandemba, así como a sus dos hijos y a su nuera.

Fuentes de la comuna de Kanama, Gisenyi, han informado de que el 8 de agosto de 1997 murieron en un concurrido mercado de Mahoko y en sus alrededores varios centenares de personas, entre las que había muchos civiles. Según los informes, estos homicidios –atribuidos en su mayor parte al ejército– se cometieron tras la llegada al mercado de un grupo de «infiltrados» armados que comenzaron a saquear las tiendas y los puestos. Fue entonces cuando intervino el EPR, y durante las horas siguientes murieron muchos civiles, ya que, según los informes, los soldados dispararon hacia el mercado desde dos vehículos militares estacionados cerca de él. Aunque es posible que algunas de las personas muertas fueran víctimas del fuego cruzado, parece ser que a otras las mataron las fuerzas de seguridad al disparar indiscriminadamente contra ellas. No se ha confirmado el número exacto de víctimas, pero una fuente calculó que se contaron alrededor de 300 cadáveres. Algunas personas murieron en el mercado, y otras en las calles de alrededor. Entre las víctimas figuraban François Munyempame, la familia de un vendedor de nombre Védaste, un representante de una organización no gubernamental llamado Emmanuel Tuyisengey dos inspectores de la policía judicial. Según los informes, esa misma noche y al día siguiente los soldados del EPR mataron a varios vendedores del mercado, cuyo número exacto se desconoce. Asimismo, entre el 8 y el 10 de agosto, las fuerzas del gobierno mataron al menos a 95 personas que se hallaban recluidas en la cárcel local de la vecina comuna de Rubavu, así como a un número indeterminado de personas detenidas en la cárcel local de Kanama, tras un ataque lanzado por los «infiltrados» para intentar liberar a los reclusos.

Amnistía Internacional está buscando más información sobre los sucesos ocurridos entre el 8 y el 10 de agosto. El 16 de agosto, Radio Ruandainformó de que 13 miembros del EPR, seis de ellos de alta graduación, habían sido detenidos en relación con los homicidios de Mahoko. Según la información , el vicepresidente y ministro de Defensa Paul Kagame, quien visitó la zona el 15 de agosto, había expresado su disgusto por lo ocurrido y pedido que se impusiera un castigo ejemplar a los responsables.

Los homicidios de civiles durante operaciones de «búsqueda y acordonamiento» no son un fenómeno exclusivo del noroeste. Según informes, en la prefectura de Kigali, por ejemplo, el 5 de febrero de 1997, a primeras horas de la mañana, los soldados del EPR mataron a tiros o a golpes a diversas personas, cuyo número exacto se desconoce, durante una operación de búsqueda emprendida en el sector de Nyarubande, comuna de Butamwa. A algunas las mataron en el campo cuando trataban de huir. Entre las víctimas se encontraban Kanyagisaka, de alrededor de 18 años de edad; Albert,junto con su hija de 17 años y su hijo de 15, y Mulimanyi, de unos 26 años. De acuerdo con los informes, los soldados del EPR congregaron a los habitantes de la zona en determinados lugares y les amenazaron, en especial a los que tenían familiares que habían pertenecido al anterior ejército de Ruanda. Después se llevaron detenidos a algunos y ordenaron a los demás que regresaran a sus casas. Las autoridades locales recibieron órdenes de enterrar a los muertos.

II.3 Ejecuciones extrajudiciales de miembros de las antiguas Fuerzas Armadas Ruandesas y de familiares suyos

A finales de 1996 y comienzos de 1997, tras el regreso masivo de refugiados del ex Zaire, se inició una pauta de ejecuciones extrajudiciales de miembros de las antiguas FAR y de familiares suyos. El anterior ejército de Ruanda desempeñó un papel destacado en la preparación y ejecución del genocidio de 1994, pero eso no significa que todos sus miembros tomaran parte en él, y mucho menos que lo hicieran los familiares de éstos.

Ni siquiera en el caso de que participaran realmente en el genocidio está justificado someter a esas personas y a sus familias (niños pequeños incluidos) a nuevas violaciones de derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales. En los ejemplos expuestos a continuación, las víctimas fueron ejecutadas sumaria y extrajudicialmente; no parece que los responsables hicieran ningún intento formal de investigar las acusaciones presentadas contra ellas o de llevarlas ante un tribunal de justicia.

El 18 de enero de 1997 mataron en sus propias casas, en la comuna de Nyarutovu, Ruhengeri, al comandante de las antiguas FAR Jean de Dieu Bizabarimana, junto con su esposa, Perpétue, y sus hijos, y a varios vecinos más. En total, murieron 16 personas. Todas habían sido refugiados en el ex Zaire y estaban de nuevo en Ruanda desde noviembre de 1996. Al día siguiente mataron en la comuna de Nkuli, Ruhengeri, a un capitán de las antiguas FAR y a 11 miembros de su familia. También en este caso, las víctimas habían regresado hacía poco a Ruanda. Según informes, el 20 de enero de 1997 mataron en la comuna de Nyarutovu, Ruhengeri, a otro comandante de las antiguas FAR, Bizavarande, así como a cuatro miembros de su familia y a siete personas más.

El 21 de enero de 1997 mataron en su casa, en el sector de Rucano, comuna de Satinsyi, prefectura de Gisenyi, a diez miembros de una familia que había regresado del ex Zaire. Entre las víctimas estaban el coronel de las ex FAR Stanislas Hakizimana y su esposa,Eugénie Mukandinda;sus hijas Espérance Muyawamungu, de 21 años, yJosiane, de 15; sus dos hijos, EricUkoyivuze, de 19 años, y Gilbert Nshimiyimana, de 17, y tres cuñadas suyas de veintitantos años, MédiatriceMuhimpundu, Alphonsine Nyiramahoroy Jacqueline Nyiramana. Según informes, esa misma noche mataron también a 12 vecinos de la familia, entre ellos dos niñas de cinco y tres años,Alice yCatherine Kalimunda.

El 21 de enero de 1997 se informó del suicidio en un centro de detención militar de Rubavu, Gisenyi, de dos miembros de las antiguas FAR que habían regresado del ex Zaire, el teniente coronel AugustinNzabanita y el subteniente Innocent Nsabimana. Según las autoridades, se habían ahorcado en los lavabos, donde se los encontró muertos, pero otros detenidos dijeron que se los habían llevado unos soldados y no los habían vuelto a traer y que a ellos les informaron de que se habían suicidado al día siguiente. El momento en que se produjeron los hechos, según las autoridades, no coincide con las declaraciones de los detenidos. Además, la explicación de las circunstancias en que aparecieron colgados aportada por algunos testigos contradice la versión oficial.

El 22 de enero de 1997 mataron en Nyamyumba, Gisenyi, al comandante de las antiguas FAR François Xavier Uwimana, quien también había regresado del ex Zaire, así como a sus seis hijos y a un vecino suyo. Según informes, el mismo día unos soldados se llevaron a otro comandante de las antiguas FAR, Lambert Rugambage, de un centro de detención militar de la prefectura de Kibungo. El detenido apareció muerto días después en el depósito de cadáveres del hospital militar de Kanombe, en Kigali, y según los informes, presentaba señales de haber sido golpeado brutalmente. Más o menos en la misma época mataron en la comuna de Butaro, Ruhengeri, a un capitán de las antiguas FAR y a su familia, compuesta por alrededor de 10 personas.

II.4 Ejecuciones extrajudiciales de detenidos

Las fuerzas de seguridad han continuado cometiendo ejecuciones extrajudiciales de detenidos en diversas partes del país; de hecho, esta práctica ha sustituido a los procesos judiciales. En algunos casos, las víctimas fueron abatidas a tiros, presuntamente cuando intentaban fugarse, aunque no parece que se hiciera nada para intentar capturarlas sin recurrir a la fuerza letal. En otros casos, las sacaron de los centros de detención donde se hallaban recluidas y las mataron. Se han recibido también informes sobre personas abatidas a tiros por los soldados del EPR en el momento de su detención.

El 14 de enero de 1997, por ejemplo, 12 personas que habían regresado recientemente a Ruanda y se encontraban detenidas en la cárcel local de Muyira, en la prefectura meridional de Butare, fueron abatidas a tiros por soldados del EPR cuando se dirigían, según informes, a los lavabos. Los responsables declararon que los detenidos trataban de fugarse. Asimismo, según informes, el 23 de enero de 1997 los soldados del EPR sacaron de la cárcel local de Gustavo, prefectura de Kibuye, a más de 20 detenidos, supuestamente para trasladarlos a otro centro de detención, y los mataron. El 14 de febrero de 1997, en la comuna de Runda, prefectura de Gitarama, seis personas fueron abatidas a tiros por los soldados, presuntamente cuando trataban de huir. Todas ellas habían sido detenidas el día anterior en una operación militar acusadas de ser «infiltrados».

El 7 de mayo de 1997 por la noche, 10 detenidos de la cárcel local de Maraba, en Butare, fueron abatidos a tiros, y varios más resultaron heridos. Las autoridades dijeron que les había disparado un guardia cuando trataban de escapar; sin embargo, fuentes no oficiales afirman que les dispararon directamente dentro de la celda. El guardia, soldado del EPR, fue arrestado posteriormente. De acuerdo con los informes, a los representantes de una organización de derechos humanos local que investiga los homicidios se les impidió hablar con los demás detenidos, así como visitar en el hospital a los que resultaron heridos. Según informes, en Ruhengeri mataron a 15 detenidos en la comuna de Gatonde el 8 de mayo de 1997 y a otros seis en la de Ndusu el 10 de mayo.

Según informes, entre el 8 y el 10 de agosto, tras unos enfrentamientos entre el EPR y grupos armados en los que perdieron la vida varios centenares de personas (véase el apartado II, 2), las fuerzas de seguridad mataron al menos a 95 detenidos en la cárcel local de la comuna de Rubavu y a varios más cuyo número exacto se desconoce en la de la comuna de Kanama, prefectura de Kigali. Asimismo, de acuerdo con los informes, entre el 8 y el 11 de agosto ocho personas detenidas en la cárcel local de la comuna de Retenga, prefectura de Kigali, fueron abatidas a tiros por los guardias, presuntamente cuando trataban de escapar.

II.5 Ejecuciones públicas y sumarias

En diciembre de 1996 y enero de 1997 se recibieron informes sobre seis casos de sospechosos de asesinato que habían sido ejecutados pública y sumariamente por soldados del EPR. Todas las ejecuciones se habían realizado por orden y en presencia de oficiales del ejército.

El 10 de diciembre de 1996, el EPR ejecutó sumariamente y en público en el sector de Mbuye, comuna de Satinsyi, Gisenyi, a dos hombres y a un adolescente a los que la población de la zona había acusado de un asesinato cometido dos días antes. El 21 de diciembre de 1996, un miembro de las antiguas FAR que había sido detenido poco después de su regreso del ex Zaire y estaba acusado de matar a cuatro personas fue atado a un árbol y fusilado por los soldados del EPR en un acto público organizado en la comuna de Mubuga, prefectura de Gikongoro. El 24 de enero, en la comuna de Karengera, prefectura de Cyangugu, los soldados del EPR ejecutaron públicamente a dos hombres acusados de asesinar a una autoridad local el día anterior.

El 27 de febrero de 1997, la Operación de Derechos Humanos en Ruanda (ODHR) informó de que el Ministerio de Defensa había calificado de lamentables estas ejecuciones y dado órdenes de que no se repitieran.(8) Sin embargo, anteriormente, en un informe del 24 de enero de 1997, la ODHR había comunicado que, en opinión de varias autoridades civiles y militares, las ejecuciones del 10 y el 21 de diciembre eran justificadas dadas las circunstancias del caso. Una de esas autoridades había dicho que el homicidio de los tres individuos no podía ser calificado de delito penal.(9)

II.6 Homicidios políticos y ataques a la libertad de expresión

En 1997 han sido víctimas de violaciones de derechos humanos muchos periodistas y otras personas que habían criticado las acciones de las autoridades del gobierno y de las fuerzas de seguridad. Algunos han sido ejecutados extrajudicialmente, y otros, detenidos.

El 23 de enero de 1997, unos hombres armados mataron en la comuna de Muko, Gikongoro, al director de la prisión de Gisovu, centro penitenciario recién inaugurado entre las prefecturas de Kibuye y Gikongoro, y a su secretario. Según informes, el director había tenido algunas disputas con sus superiores, en particular por ordenar la liberación de varios presos y por expresar su desacuerdo con la intención de las autoridades locales de recluir en la nueva prisión a un número excesivo de presos.

El 27 de abril de 1997, Appollos Hakizimana,periodista de 28 años empleado en el periódico independiente Intego y director de una nueva publicación, Umuravumba,fundada por él en enero de 1997, fue abatidos a tiros por unos pistoleros no identificados en Nyamiramb, en Kigali, la capital, cuando se dirigía a su casa. Había sido detenido, sometido a malos tratos y amenazado en varias ocasiones, y Amnistía Internacional cree que le mataron por las opiniones críticas que había expresado como periodista. Su colega Amiel Nkuriza, director de Integoy jefe de redacción de otro periódico, Le Partisan, fue detenido días más tarde, el 13 de mayo, y en la actualidad se encuentra preso en Kigali en espera de juicio. Según informes, se le acusa de incitar a la violencia étnica en unos artículos publicados en unos números de Le Partisanque las autoridades ordenaron secuestrar. El también había sido detenido y amenazado de muerte en varias ocasiones en 1996 y 1997.(10)

Este tipo de sucesos tienen lugar en un ambiente en el que es habitual la censura a los medios de comunicación de Ruanda y raras veces se toleran las críticas a las políticas y prácticas del gobierno. Un periodista le dijo a Amnistía Internacional: «hay que escribir con manos temblorosas». Los tres periódicos independientes mencionados anteriormente ya no se publican.

Los miembros de la Asamblea Nacional que han formulado críticas a la política del gobierno también han sido blanco de la violencia. El 16 de enero de 1997, Evariste Burakali, miembro del Partido Liberal, de treinta y tantos años, casado y con tres hijos, fue abatido a tiros por un soldado del EPR en Rutare, en la prefectura septentrional de Byumba. Los soldados rodearon primero su casa y, al no encontrarle allí, fueron a buscarle a un bar cercano. Una empleada del bar tuvo un altercado con ellos y resultó herida, por lo que Evariste Burakali la llevó en automóvil al centro de salud local. Cuando llegaron allí, un soldado que los había seguido le disparó tres veces. Evariste Burakali murió esa misma noche en un hospital de Kigali. El soldado que le mató fue arrestado.

Según informes, Evariste Burakali había solicitado un guardia personal y escolta, porque ya habían atacado su casa tres veces. Anteriormente había contado con esta protección, pero se la retiraron por considerar que vivía demasiado lejos de la capital.

Según algunos amigos y conocidos suyos, Evariste Burakali era una persona muy querida, calificada de «moderada» e íntegra. Se había hecho notar por sus manifestaciones en contra de la venganza y el extremismo y en favor del perdón. Varias personas que le conocían dijeron a Amnistía Internacional que creían que le habían asesinado por motivos políticos. Evariste Burakali se había mostrado crítico con varias iniciativas sometidas a debate en la Asamblea Nacional, entre ellas ciertos aspectos de la ley introducida en 1996 para regular los juicios de los acusados de participación en el genocidio de Ruanda. Asimismo, había sido alcalde de Rutare de abril a agosto de 1994 y es posible que fuera testigo de homicidios cometidos entonces por el EPR en esa zona.

El 17 de junio de 1997, a primera hora de la noche, Eustache Nkerinka, miembro también de la Asamblea Nacional, escapó de lo que parece que fue un intento de asesinato en el centro de Kigali. Se dirigía a su casa en automóvil cuando fue obligado a detenerse por otro vehículo en el que viajaban seis hombres, al menos dos de los cuales iban armados. Los atacantes se introdujeron en su automóvil y le golpearon y le robaron el dinero. Según los informes recibidos, al ver que comenzaban a llamar la atención, uno de ellos dijo a sus compañeros que no mataran Eustache Nkerinka allí, pero que no podría huir de ellos porque podían volver a por él en cualquier momento. La víctima informó a la policía; pero no se sabe todavía qué le han respondido.

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Eustache Nkerinka es miembro del Movimiento Democrático Republicano (MDR) y se le conoce mucho por sus críticas a ciertos aspectos de la política del gobierno y por la franqueza con que suele intervenir en los debates de la Asamblea Nacional. Ya habían asaltado y registrado su casa varias veces en 1995, 1996 y 1997. Aunque había denunciado por escritos estos sucesos ante altos cargos del gobierno y presentado una solicitud de protección avalada por el presidente de la Asamblea Nacional, no le ofrecieron medidas de seguridad contra la amenaza de futuros ataques.

II.7 Otros homicidios atribuidos al EPR

El 22 de enero de 1997 mataron en la ciudad de Ruhengeri a un sexagenario, Jean Boseniryo, dueño de un restaurante. Según los informes, fue abatido a tiros en la calle. No se ha confirmado la identidad de los autores del homicidio, pero fuentes de Ruhengeri creen que fueron soldados del EPR. Unos vecinos informaron de que los atacantes se dirigieron hacia un puesto del ejército después de matarle y de que poco antes se vio en la zona un número poco corriente de soldados. Se desconoce el motivo exacto del homicidio. Algunos conocidos de la víctima indicaron que podría guardar relación con una disputa que tuvo con otro empresario por cuestiones de dinero, y mencionaron también que Jean Boseniryo no era muy apreciado en la comunidad tutsi porque se le consideraba simpatizante de los «extremistas hutus». Otras personas afirman que le mataron porque, en una reunión celebrada en la ciudad ese mismo día, había hecho una pregunta en la que, según informes, parecía criticar al EPR.

Los cuatro hijos de Euphrasie Nyiramajyambere, muertos en junio de 1997 en Nyamutera, Ruhengeri, según parece a manos de soldados de EPR.

En junio de 1997 mataron en el sector de Mukirangwe, comuna de Nyamutera, prefectura de Ruhengeri, a Euphrasie Nyiramajyambere, ex empleada de banco de 37 años, y a sus cuatro hijos, Arthur-Aimé Rugero, de 14 años, Ange Rugwiro, de 12, y Nathalie Rugorirwera y Anatole Ruberangabo, gemelos de ocho. Se desconocen todavía las circunstancias exactas de los homicidios, pero se cree que fueron perpetrados por soldados de EPR durante una operación de búsqueda. La familia había estado refugiada en el ex Zaire, donde en octubre de 1996 murió el padre durante un ataque al campo de refugiados de Kibumba. Euphrasie Nyiramajyambere había regresado a Ruanda con sus hijos a finales de 1996. Vivía en Ruhengeri, pero tenía una casa en Kigali y días antes de su muerte había ido allí para reclamarla, porque estaba ocupada, aunque no logró recuperarla.

El 5 de julio de 1997 por la noche mataron a 16 personas en la comuna de Nyakabanda, prefectura de Gitarama. Entre las víctimas se encontraban Thaddée Musabyimana,director de un centro privado de enseñanza secundaria de unos 30 años de edad, y varios miembros de su familia;Jean-Baptiste Nkundabatware, de casi 50 años, coordinador de la organización no gubernamental local Compañeros Fontaneros Ruandeses, su esposa y cinco de sus hijos, a todos los cuales mataron en su propia casa; Eric Basenge, estudiante de medicina, cuyo cadáver apareció cerca de la casa de los anteriores; Sylvestre Sebazungu, inspector de enseñanza primaria, y otro hombre llamado tambiénSebazungu que acompañaba al anterior a su casa. Las autoridades han atribuido los homicidios a los «infiltrados». Sin embargo, los vecinos de la zona creen que los cometieron soldados del EPR. Según los informes, cerca de los lugares donde tuvieron lugar los homicidios se vio a unos 20 soldados. Al decirles los vecinos que se oían disparos en la casa de Jean-Baptiste Nkundabatware, los soldados dijeron que no era ruido de disparos y se fueron.

II.8 Homicidios deliberados y arbitrarios atribuidos a grupos armados de oposición

Desde diciembre de 1996 han aumentado los ataques dentro de Ruanda de grupos armados que se cree que están formados por miembros de las antiguas FAR y de la milicia interahamwe.En algunos casos se ha matado deliberadamente a individuos o a familias enteras concretas. En otros, hombres armados no identificados han tendido una emboscada a un vehículo y matado a sus pasajeros. A menudo cuesta verificar la identidad de los responsables de estos ataques, pero se cree que en general son miembros de grupos armados de oposición; de hecho, los ataques van dirigidos cada vez más contra blancos no sólo civiles, sino también militares. En general, los dirigentes y la estructura de estos grupos armados están todavía sin determinar.

El 23 de diciembre de 1996 y el 5 de enero de 1997, en dos matanzas que tuvieron lugar en la célula de Kazirabonde, sector de Kagarama, comuna de Taba, prefectura de Gitarama, perdieron la vida 20 personas. Las víctimas de la primera fueronEmmanuel Rudasingwa,dueño de la tienda bar donde se cometieron los homicidios, su hija de 12 años Angélique Mahoro y nueve hombres que se encontraban en ese momento allí. Las que murieron el 5 de enero en una casa de la misma zona, entre ellas un niño de tres años que murió durmiendo, fueron Philippe Bajyagahe, ex maestro; su esposa,Valérie Mukakalisa, que estaba embarazada; sus hijos Roger Mwizerway SamuelNiyokwizera;sus hijas Alice Nyirarukundoy Jocelyne Kwizera;dos criadas suyas, Nadine Mukamazimpakay Ancille Ahiboneye, y Walter Mutoni, huérfano cuyos padres habían muerto en el genocidio y que había sido recogido por la familia de Philippe Bajyagahe. De acuerdo con los informes, los atacantes, que iban fuertemente armados, arrojaron una granada a la casa antes de marcharse.

Se cree que ambas matanzas fueron cometidas por miembros de las antiguas FAR. En cuanto a los motivos que tuvieron éstos, hay varias hipótesis. Dos de las víctimas se habían mostrado dispuestas a declarar en contra de un acusado ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en Arusha, Tanzania, por lo que algunas personas creen que las mataron para impedírselo. Otra teoría es que los atacantes consideraban traidores a algunas de las víctimas, pues se sabía que colaboraban con las autoridades locales identificando y denunciando a miembros de su comunidad pertenecientes a la milicia interahamwe.

El 11 de enero de 1997, un grupo de alrededor de 60 hombres armados atacaron un hospital de Kabaya, en Gisenyi. Según los informes, mataron a tres pacientes. El mismo día fueron atacados la gendarmería cercana, donde hay un puesto del EPR, y un centro de detención de Gaseke. El 14 de enero, unos hombres armados no identificados mataron al soldado que estaba de guardia a la entrada del hospital de Kabaya.

Según informes, el 25 de enero de 1997 un grupo de hombres armados mataron al menos a 24 civiles tutsis, algunos de ellos niños, que pertenecían a nueve familias distintas de la célula de Gikeri, sector de Musanze, comuna de Kinigi, Ruhengeri. A la mayoría los mataron en su misma casa. Entre las víctimas estabanNibagwire,de 70 años de edad; Mukamanzi, de 17;Muhorakeye,de 13;Batamuliza, también de 13; Masengesho, de cinco, y Nayihikiy Dusabe, ambos de cuatro. Al día siguiente, en un ataque lanzado como venganza por tutsis armados apoyados, según informes, por soldados del EPR, murieron 140 civiles hutus (véase el apartado II.11).

Según informes, el 9 de febrero de 1997, un grupo de hombres detuvo con barricadas a tres vehículos en la comuna de Tare, prefectura de Kigali. Tras dividir a los viajeros de acuerdo con su origen étnico, mataron al menos a 11 civiles tutsis, entre ellos tres mujeres –EspéranceUzamushaka, Christine Irambonay Jeanne Mukarwamba–y a dos soldados del EPR vestidos de civil.

El 19 de mayo de 1997, un vehículo en el que viajaban varios miembros de las fuerzas de seguridad ruandesas, unos de ellos jefe regional de policía, cayó en una emboscada en la comuna de Mabanza,en Kibuye. Según los informes, el jefe de policía y dos agentes más fueron abatidos a tiros al tratar de escapar. Momentos después, un vehículo de transporte público con alrededor de 20 pasajeros fue objeto de una emboscada en el mismo lugar. Se cree que sólo sobrevivieron cinco personas; las demás fueron abatidas a tiros o quemadas dentro del vehículo.

© AP

Campo de refugiados de Mudende, Gisenyi: niños refugiados congoleños a los que mataron mientras dormían. Los hombres armados que asaltaron Mudende el 22 de agosto de 1997 mataron al menos a 130 personas.

El 22 de agosto de 1997, al menos 130 refugiados de la República Democrática del Congo murieron y decenas más resultaron heridos de gravedad en un ataque lanzado a primeras horas de la mañana contra el campamento de refugiados de Mudende, en la comuna de Mutura, Gisenyi. De acuerdo con los informes, a la mayoría de las víctimas, casi todas ellas tutsis, las mataron con machetes y palos, aunque algunas presentaban heridas de bala y de granada. El campamento acogía a unos 8.100 refugiados que habían huido de Masisi y Rutshuru, zonas del este de la República Democrática del Congo, debido a la violencia y a los abusos contra los derechos humanos cometidos allí por civiles armados y por las fuerzas del anterior gobierno en 1995 y 1996. Continuaban en Ruanda porque en sus zonas de origen la situación no era todavía segura

Tras el ataque del 22 de agosto, alrededor de 4.000 refugiados abandonaron el campo y se dispersaron. Se cree que los autores del ataque eran miembros de grupos armados hutus que actúan en Ruanda. Atacaron también un puesto del EPR próximo al campo, donde, según informes, mataron al menos a tres soldados. En unas declaraciones que hizo el 26 de agosto en relación con estos homicidios, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Anastase Gasana, dijo que los autores eran soldados del anterior ejército y miembros de la miliciainterahamweque habían regresado hacía poco de la República Democrática del Congo. Asimismo, afirmó que se iban a tomar las debidas medidas para garantizar la seguridad de los refugiados que quedaban en Mudende. Se han recibido informes según los cuales tras el ataque al campo de refugiados, grupos de civiles tutsis lanzaron ataques de represalia en los que murieron un número no determinado de civiles hutus (véase el apartado II.11), mientras que los soldados del EPR mataron al menos a 17 presuntos «infiltrados».

© Stuart Freedman, Frank Spooner Pictures

Hospital de Gisenyi: niño herido en la matanza del campo de refugiados de Mudende el 22 de agosto de 1997.

II.9 Ataques a instituciones educativas

Ha habido también diversos ataques a instituciones educativas en los que han muerto civiles. El 18 de marzo de 1997 por la noche fueron abatidos a tiros y con granadas seis alumnos, casi todos ellos niñas, y un guardia del centro de enseñanza primaria de Nyange, comuna de Kivumu, prefectura de Kibuye. El ataque fue atribuido oficialmente a las antiguas FAR o a interahamwe; sin embargo, algunas fuentes locales creen que lo efectuaron soldados del EPR en venganza por un suceso ocurrido dos semanas antes, cuando el personal del colegio impidió la entrada a éste a un grupo de seis o siete soldados que querían llevarse a unas alumnas, presuntamente para violarlas o matarlas. Según los informes, las personas que sobrevivieron al ataque del 18 de marzo declararon que algunos de los atacantes eran soldados del EPR. De acuerdo con los informes, posteriormente fueron encarcelados dos maestros y dos maestras, y se han recibido información no confirmada según la cual uno de los maestros murió a causa de los malos tratos a que fue sometido. Según los informes, al día siguiente del ataque fue abatida a tiros una mujer que afirmó que había reconocido a algunos de los atacantes.

Según informes, el 27 de abril de 1997 por la noche, no menos de 100 hombres armados atacaron varias casas e instituciones educativas y religiosas de Muramba, comuna de Stinsyi, prefectura de Gisenyi, y mataron a 22 personas, la mayoría de ellas mujeres. En el dormitorio de la escuela de economía y comercio abatieron a tiros a 16 alumnas, en el convento de las hermanas de Benebikira mataron a una muchacha de 14 años, y en el centro local de enseñanza primaria mataron a la directora, Griet Bosmans, monja belga de 62 años que era uno de los poquísimos extranjeros que quedaban en la zona. Posteriormente, los atacantes asaltaron también un puesto del EPR próximo a la población. Fuentes locales señalaron que, a pesar de encontrarse relativamente cerca, los soldados del puesto no intervinieron para proteger a las víctimas durante el ataque. La identidad de los autores de los homicidios de Muramba no se ha confirmado. Según los informes, posteriormente fueron detenidas varias personas en relación con el ataque a la escuela. El 2 de mayo, Radio Ruandainformó de que las fuerzas de seguridad habían matado a 19 personas sospechosas de participar en estos homicidios.

En los informes sobre los ataques a las escuelas de Nyangue y Muramba se decía que los atacantes pidieron primero a los alumnos que se identificaran de acuerdo con su origen étnico, pero que éstos se negaron y fue entonces cuando dispararon contra ellos.

Desde mayo de 1997 ha habido otros ataques e intentos de ataque a centros de enseñanza, así como varios casos de directores de escuela a los que han matado en circunstancias poco claras.

II.10 Ataques al personal de las organizaciones internacionales y a otros ciudadanos extranjeros

Entre las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios injustificables ha habido también ciudadanos ruandeses y extranjeros que trabajaban en organizaciones internacionales no gubernamentales o en organismos de las Naciones Unidas. En algunos casos, estos homicidios parecen haber estado motivados por un deseo de expulsar de Ruanda a todas las organizaciones extranjeras, y sus autores han conseguido crear un clima tal de inseguridad que las organizaciones internacionales no pueden ya trabajar, por lo que los abusos contra los derechos humanos se comenten sin testigos independientes. Asimismo, ha habido casos de representantes de organizaciones humanitarias que parecen haber sido víctimas de ataques dirigidos específicamente contra ellos porque supuestamente anteponían las necesidades de los refugiados recién llegados a las del resto de la población.

i) Homicidios de ciudadanos ruandeses empleados en organizaciones internacionales

El 18 de enero de 1997, tres individuos –un policía, un soldado y un hombre vestido de civil– mataron a golpes a un conductor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en la comuna de Kigombe, Ruhengeri.

El 19 de enero de 1997, unos soldados del EPR dispararon en el sector de Musanze, comuna de Kigombe, Ruhengeri, contra dos guardias de la organización no gubernamental Concern. Mataron a uno de ellos, EpimaqueKuradusenge Habyarimana, e hirieron al otro. Según los informes, los dos guardias fueron presa del pánico a ver aproximarse a una patrulla militar, que disparó contra ellos cuando intentaron escapar corriendo.

El 15 de junio de 1997 por la noche mataron en su propia casa, en el sector de Rubange, comuna de Kigome, Ruhengeri, a Didace Nkezagera, empleado del Programa Mundial de Alimentación en Ruhengeri, así como a su esposa, a su hijo de corta edad y a un pariente suyo. La familia había vivido refugiada en el ex Zaire hasta finales de 1996. Según informes, justo antes de su muerte, los soldados del EPR habían interrogado en tres ocasiones, en días consecutivos, a Didace Nkezagera en relación con el trabajo del Programa Mundial de Alimentación en la prefectura. Al parecer, anteriormente había denunciado que se estaba desviando la ayuda alimentaria, ya que no llegaba a las personas a las que iba dirigida.

El 9 de junio , otro empleado del Programa Mundial de Alimentación,Jean de Dieu Murwanashyaka, quien también había regresado del ex Zaire, fue detenido por unos soldados que se lo llevaron a un lugar no especificado. El 13 de junio apareció en el monte, cerca de la ciudad de Ruhengeri, su cadáver mutilado. Una bala le había atravesado la cabeza; y le habían sacado los ojos y cortado las orejas y los genitales, al parecer con bayonetas. Su joven viuda estaba embarazada de su primer hijo. Más o menos

Jean de Dieu Murwanashyaka, muerto en Ruhengeri en junio de 1997.

en la misma fecha mataron a varias personas más, cuyo número exacto se desconoce; los cadáveres aparecieron diseminados por la zona, unos enterrados y otros quemados.

El 19 de junio fue abatido a tiros en su propia casa, en la comuna de Kigombe, Ruhengeri, Félicien Bucyekabili,conductor de 28 años de edad que trabajaba para el ACNUR desde abril de 1997 y que anteriormente había sido director de una organización de jóvenes católicos. Los autores del homicidio, que dispararon a través de la ventana de la casa, mataron también a su esposa, a su hijo de siete años y a su hija de seis.

ii) Homicidios de ciudadanos extranjeros

Los recientes homicidios de ciudadanos extranjeros sobre los que se han recibido informes comenzaron en enero de 1997. El 18 de enero de 1997 por la noche, tres empleados españoles de la organización no gubernamental Médicos del Mundo –Manuel Madrazo Osuna, María Flores Sirera Fortuny y Luis Valtuena Gallego– fueron abatidos a tiros en su casa de Kigombe, Ruhengeri. Un cuarto miembro de Médicos del Mundo de nacionalidad estadounidense resultó herido. La identidad de los autores de los homicidios no se ha confirmado. Las autoridades han desmentido los informes que proporcionaron al principio, según los cuales también habían matado a varios soldados del EPR. Después de los homicidios fue detenido Jean deDieu Mbatuyimana, guardia ruandés empleado en Médicos del Mundo que se había encargado de trasladar en automóvil al hospital al ciudadano estadounidense herido. Junto con otro guardia que detuvieron al mismo tiempo, estuvo recluido en el centro de detención militar de Muhoza. El 20 de enero fue abatido a tiros por soldados del EPR, que declararon que había intentado escapar. Jean de Dieu Mbatuyimana había sido cabo de las antiguas FAR y había regresado del ex Zaire en noviembre de 1996. Claude Dusaidi, asesor del vicepresidente y ministro de Defensa, dijo posteriormente en una entrevista de radio que Médicos del Mundo había cometido un error empleando a soldados del anterior gobierno.

La misma noche en que mataron a los trabajadores de Médicos del Mundo fueron atacadas también otras dos organizaciones no gubernamentales que tenían su sede cerca de allí, Save the Children Fund y Médicos sin Fronteras. En ambos casos hubo disparos y saqueos, pero ninguna baja. Según los informes, los guardias identificaron a los hombres que atacaron la sede de Médicos sin Fronteras como soldados del EPR, y hay indicios de que el ataque a la sede de Save the Children Fund también fue llevado a cabo por soldados del EPR.

No hay datos concluyentes con respecto a la identidad de quienes mataron a los miembros de Médicos del Mundo. Unas fuentes señalan que eran miembros de las antiguas FAR, y otras que se trataba de soldados del EPR. Todas las fuentes locales confirman que había una fuerte presencia del EPR en la zona, y que éste había sido avisado al escucharse los primeros disparos en las sedes de Save the Children Fund y Médicos sin Fronteras y había prometido proteger a los extranjeros residentes en la zona. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que el gobierno haya ofrecido ninguna explicación oficial de estos sucesos.

El 2 de febrero de 1997, Guy Pinard, sacerdote canadiense sexagenario, fue abatido de un tiro en la espalda cuando celebraba la comunión en la comuna de Kinigi, prefectura de Ruhengeri. Los testigos del homicidio identificaron al autor: un maestro que había sido soldado del EPR y que fue detenido posteriormente, aunque quedó en libertad poco después. Según sus conocidos, Guy Pinard, que vivía en Ruanda desde hacía más de 30 años, era una persona que no tenía reparos en decir la verdad y que había ayudado a escapar de las matanzas a muchas personas, tanto hutus como tutsis. Había sido testigo de muchos abusos contra los derechos humanos, especialmente en Ruhengeri, y su actitud crítica hacia el actual gobierno era bien conocida.

El 4 de febrero de 1997, cinco miembros de la Operación de Derechos Humanos en Ruanda (ODHR) –Sastra Chim Chan, camboyano;Graham Turnbull, británico;Jean-Bosco Munyaneza y Aimable Nsensiyumvu, intérpretes ruandeses ambos, y Agrippin Ngabo,auxiliar administrativo ruandés– fueron abatidos a tiros en la comuna de Karengera, prefectura de Cyangugu, en el suroeste del país, al caer los vehículos donde viajaban en una emboscada. Excepto Agrippin Ngabo, que falleció cuando era trasladado al hospital en avión, todos murieron en el lugar del ataque o cerca de allí. El cadáver de Sastra Chim Chan apareció decapitado. Estos homicidios se han atribuido públicamente a los grupos armados que combaten contra el EPR. En relación con ellos fueron detenidas cinco personas, que confesaron haber participado en la emboscada. Según los informes, el EPR mató a otras dos, una de las cuales era el presunto líder del grupo de atacantes.

Emmanuel Sebinemwa y su familia --regresados de Tanzania-- en Rusumo, Kibungo, en enero de 1997. Civiles tutsi mataron en Rusumo, en enero de 1997, aproximadamente a 60 personas que habían regresado al país. A Emmanuel Sebinemwa le propinaron una fuerte paliza, pero logró sobrevivir.

El 27 de abril de 1997 mataron en una escuela de Muramba, Gisenyi, de la que era directora, a la monja belgaGriet Bosmans (véase el apartado II.9).

Además de estos homicidios, en varias partes del país, incluida Kigali, ha habido diversos casos de empleados locales y extranjeros de organizaciones internacionales que han sido objeto de agresiones, golpes y amenazas.

II.11 Homicidios cometidos por civiles armados tutsis

En enero y febrero de 1997, en particular, se produjeron varios sucesos en los que decenas de refugiados hutus que habían regresado a Ruanda murieron a manos de civiles tutsis.

Entre el 7 y el 9 de enero de 1997, grupos de civiles tutsis mataron con palos y machetes a alrededor de 20 refugiados que habían regresado de Tanzania en la célula de Rugarama y a otros 40 en la de Ruhanga, ambas en el sector de Kigina, comuna de Rusumo, prefectura de Kibungo. Entre los hombres, mujeres y niños muertos en la matanza de Ruhanga se encontraban Rugerinyangey su esposa, Bazizane; PaulBiguli, su esposa, Alvere Zirakuye,y su hermana Mukantakiye; Gapira, niño de 12 años que apareció colgado de un árbol, y Vincent Biramahirey Gasove,cuyos cadáveres aparecieron en las letrinas. Según informes, después de estas matanzas fueron detenidas varias personas.

Refugio de plástico en Rusumo, Kibungo. Este refugio sirvió de hogar a una familia de retornados de Tanzania que encontraron sus casas ocupadas al regresar a Ruanda en diciembre de 1996.

El 26 de enero de 1997, en los sectores de Musanze, Rugina y Kanyamiheto de la comuna de Kinigi, Ruhengeri, un grupo de civiles tutsis armados, ayudados, según informes, por soldados del EPR, mataron a alrededor de 140 civiles hutus en represalia por la muerte de al menos 124 civiles tutsis en ataques efectuados en la zona por grupos hutus (véase el apartado II. 8). Al parecer las víctimas de este ataque de represalia fueron elegidas al azar, y sin distinguir entre hombres, mujeres y niños. A la mayoría las mataron a golpes, aunque algunas tenían también heridas de granada. Algunos cadáveres se encontraron en el lugar donde se cometieron los homicidios; otros a orillas de un río cercano o dentro del agua, y otros en las letrinas.

El 20 de febrero de 1997, alrededor de medianoche, mataron en el sector de Nkamira, comuna de Birenga, prefectura de Kibungo, a 21 miembros de dos familias de refugiados que habían regresado de Tanzania en diciembre de 1996. Entre las víctimas había muchos niños, incluido uno de sólo tres meses. Al parecer, los autores de la matanza fueron civiles tutsis armados con fusiles.

Según informes, en los días siguientes al ataque que sufrió el campo de refugiados de Mudende, Gisenyi, el 22 de agosto de 1997 (véase el apartado II.8), civiles tutsis mataron a un número no determinado de civiles hutus que vivían en la zona y quemaron sus casas. Según fuentes locales, las fuerzas del EPR presentes en la zona no hicieron nada para impedir estos homicidios de represalia. Se ha denunciado que algunos soldados incluso participaron en ellos.

II.12 Homicidios cometidos por individuos no identificados

Amnistía Internacional ha recibido muchos informes sobre homicidios en los que no se indica de manera clara y concluyente la identidad de los autores. A continuación se exponen algunos ejemplos.

Vincent Nkezabaganwa, presidente del Consejo de Estado y vicepresidente del Tribunal Supremo, fue atacado por varios hombres armados y vestidos de uniforme en su casa de Gisozi, en Kigali, la noche del 14 de febrero de 1997. En el ataque murieron tres personas que encontraban allí en ese momento –Kamali, sereno conocido como Rubare; Alphonse Ngoga, empleado de la oficina del primer ministro, y Gasana, conductor–. Él recibió heridas mortales, pero no murió en el acto. Según informes, fue trasladado al hospital por unos soldados, y ese mismo día dijeron a su familia que había muerto y se encontraba ya en el depósito de cadáveres. En los informes se menciona que el cuerpo presentaba heridas distintas y más graves que las que recibió en el ataque: en éste resultó herido en el muslo, el brazo y el estómago, pero el cadáver tenía también graves heridas en el pecho.

El 11 de mayo de 1997, un grupo de hombres armados y vestidos de uniforme mataron a seis personas en la célula de Gitara, sector de Coko, comuna de Mubuga, cerca del límite de las prefecturas meridionales de Butare y Gikongoro. Las víctimas, cuyo vehículo cayó en una emboscada, eran Denise Uwizeye, de 24 años, y Pacifique Kanzayire, ambas estudiantes; Pascal Yirirwahandi e IsaieHabakurama, curas de la parroquía de Cyahinda; Jean-Marie Vianney, auxiliar sanitario, y una joven llamada Nyirabazungu. Según los informes, cerca del lugar donde sucedió todo había soldados del EPR, pero no intervinieron. Posteriormente fueron detenidas varias personas en relación con los homicidios, pero no se ha confirmado la identidad de los autores.

El 5 de julio de 1997 mataron a dos hermanos hutus en el sector de Gakarara, comuna de Karago, Gisenyi. Uno era ex maestro y el otro empleado de un banco; según los informes les mataron con instrumentos de labranza. A un tercer hombre de etnia tutsi que vivía con ellos no le ocurrió nada. Todavía no se sabe quién cometió los homicidios.

El 22 de julio de 1997 por la noche, unos hombres vestidos con uniforme militar mataron en el sector de Bimomwe, comuna de Musambira, prefectura de Gitarama, a diez personas, entre ellas a dos hombres llamados Minaniy Muhutuy a varios miembros de sus familias, incluidas dos mujeres embarazadas.Se desconoce la identidad de los autores de estos homicidios. Algunas fuentes locales creen que los mandó cometer un soldado del EPR destinado en la zona, como venganza por la muerte de varios miembros de sus familias.

Entre las víctimas de los homicidios cometidos en 1997 ha habido también diversas autoridades civiles locales, entre ellas varios consejeros de sector y responsables de célula, así como Maurice Sebahunde, subprefecto de Ngororero, Gisenyi, a quien mataron el 17 de mayo de 1997 junto con dos personas más. Estos homocidios se han atribuido, en general, a grupos armados de oposición. Sin embargo, en la mayoría de los casos Amnistía Internacional no ha podido confirmar la identidad de los autores.

III. «DESAPARICIONES»

El número de informes sobre «desapariciones» recibidos desde varias partes de Ruanda ha continuado aumentando en 1997. Durante las semanas siguientes al regreso masivo de refugiados desde el ex Zaire y Tanzania a finales de 1996 «desaparecieron» muchas personas, algunas como consecuencia del caos provocado por la afluencia de tantos refugiados, y otras debido a detenciones arbitrarias. Desde entonces, muchas familias continúan sin tener noticias de parientes que creen que regresaron durante ese periodo. No saben si están vivos o muertos –si murieron en el este del ex Zaire, si fueron detenidos cuando llegaron a Ruanda y se encuentran entre las decenas de miles de personas que permanecen actualmente recluidas en condiciones que ponen en peligro su vida o si los mataron al regresar a Ruanda–. La búsqueda de los «desaparecidos» se complica aún más por el hecho de que ni las autoridades ruandesas ni los organismos internacionales elaboraron listas o registros significativos de las personas que regresaron a Ruanda en medio del caos que supuso la devolución masiva de refugiados en noviembre y diciembre de 1996. En general se afirma que del ex Zaire regresaron nada menos que 750.000 personas, pero la ausencia de listas hace imposible verificar esta cifra.

Por ejemplo, Simon Kagarama, de 45 años, que había trabajado como conductor en un proyecto oficial de desarrollo, «desapareció» al regresar del ex Zaire en noviembre de 1996. Su familia estuvo meses sin recibir noticias suyas, hasta que les dijeron que le habían matado poco después de llegar a Ruanda, cuando, viajando por el oeste del país de regreso a casa, pasó por la comuna de Kivumu, en Kibuye. Ni siquiera pudo llegar a su zona de origen en la prefectura septentrional de Byumba. Las autoridades no han confirmado oficialmente su muerte.

Entre el 13 y el 17 de enero de 1997, en la prefectura oriental de Kibungo, concretamente en el sector de Nyabitare, comuna de Rusumo, «desaparecieron» alrededor de 20 personas tras ser detenidas por una autoridad del gobierno local. Entre los «desaparecidos», algunos de los cuales se cree que eran refugiados que habían regresado de Tanzania, se encontraban Bugayi,Karegeya, Dusabeyezuy tres hermanos llamados Kaberuka, Nsabimana y Gasana.

En el oeste del país han «desaparecido» decenas, posiblemente incluso centenares, de personas durante o después de operaciones militares de búsqueda. Estas «desapariciones» se producen cuando el EPR hace incursiones en zonas donde se ha informado de la presencia de «infiltrados» y captura a grupos de jóvenes. A algunos individuos se les ha encontrado posteriormente en centros de detención y en varios casos han sido liberados. No obstante, hay muchos de los que se sigue sin saber nada. Según informes, a finales de abril de 1997, por ejemplo, en la comuna de Mukingo, Ruhengeri, varios centenares de refugiados que habían regresado del ex Zaire «desaparecieron» después de que unos soldados del EPR se los llevaron a un lugar desconocido.

Algunas personas han «desaparecido» cuando estaban siendo trasladadas de un centro de detención a otro; pero los esfuerzos que realizan sus familias y las organizaciones de derechos humanos para localizarlas se ven frustrados por la falta de acceso a los centros de detención militares. Dada la tendencia a recluir a los civiles detenidos en lugares como el campo militar de Mukamira, en Ruhengeri, es probable que algunos «desaparecidos» se encuentren en realidad encarcelados en centros de detención militares, pero resulta prácticamente imposible confirmarlo.

Donat Harelimana, ex profesor universitario de 39 años y padre de tres hijos, regresó del ex Zaire en noviembre de 1996. El 8 de marzo de 1997 «desapareció» en el centro de Kigali. Su familia ha intentado localizarle en las cárceles y centros de detención de Kigali, pero ha sido en vano; al concluir junio de 1997 no conocía aún su paradero. Se desconoce la razón de su «desaparición», pero se piensa que podría estar relacionada con el hecho de que Donat Harelimana sea propietario de una finca de Kigali ocupada ilegalmente por personas que, al parecer, están estrechamente relacionadas con las autoridades.

Emmanuel Burasanzwe, funcionario local de medio ambiente en Gisenyi y ex director de prisión, «despareció» el 10 de agosto de 1997 poco después de salir de su casa para asistir al funeral de un amigo suyo, una de las personas que murieron el 8 de agosto en la matanza perpetrada cerca del mercado de Mahoko, en Kanama, Gisenyi (véase el apartado II.2). Según informes, en el camino se encontró con unos soldados que le dijeron que les acompañara a la sede del gobierno local. No regresó. Se cree que podría estar detenido, pero al concluir agosto de 1997 se desconocía aún su paradero.

Ha habido también casos de «desapariciones» de naturaleza más política. El 30 de enero de 1997, por ejemplo, «desapareció» en Kigali Innocent Murengezi, abogado defensor que en los juicios de los acusados de participar en el genocicio de Ruanda se encargaba tanto de la acusación particular como de la defensa de procesados. Según informes, había sido amenazado varias veces por prestar asistencia letrada a individuos acusados de participar en el genocidio; asimismo, a principios de enero le habían advertido que iba a ser detenido, ya que un grupo de personas tenían intención de denunciarle por participación en el genocidio. Poco después de su «desaparición» circuló el rumor de que había sido detenido cuando se dirigía a su casa desde el Tribunal de Primera Instancia de Kigali. Sin embargo, jamás se anunció ni se comunicó a su familia el lugar donde estaba detenido; de hecho, no se han vuelto a tener noticias suyas desde entonces. Los reiterados intentos realizados hasta ahora para determinar su paradero o averiguar si está todavía vivo no han dado resultado. Se teme que esté muerto. Amnistía Internacional ha expuesto varias veces este caso al Ministerio de Justicia de Ruanda, pero aún no ha recibido una respuesta comunicándole que el gobierno haya iniciado una investigación sobre la «desaparición» de Innocent Murengezi.(11)

También se ha informado de «desapariciones» ocurridas después de redadas de las fuerzas de seguridad. El objeto de estas redadas, que se realizan periódicamente, en particular en Kigali, es comprobar la identidad de los ciudadanos, y la mayoría de las personas detenidas en ellas son jóvenes. En muchos casos, por ejemplo a finales de junio de 1997, han servido para realizar detenciones en gran escala. Según los informes, la mayoría de los detenidos quedan en libertad poco después. A las personas que no son de Kigali se les ordena regresar a su zona de origen. Se ha informado de varios casos de individuos cuyos parientes no han podido localizarlos en las zonas a las que se suponía que habían regresado.

IV. MALOS TRATOS Y CONDICIONES PENITENCIARIAS

IV.1 Malos tratos

En 1997 se han recibido mayor número de informes sobre malos tratos infligidos deliberadamente a detenidos. Los testimonios obtenidos por Amnistía Internacional indican que a los refugiados que han regresado se les trata especialmente mal, en particular si formaron parte del anterior ejército de Ruanda o son sospechosos de colaborar con los «infiltrados».

Los malos tratos suelen tener lugar durante la detención de la víctima, especialmente en las cárceles locales de las comunas. Los infligen soldados, gendarmes y, a veces, simples civiles en presencia de miembros de las fuerzas de seguridad, y en algunos casos incluso con su ayuda. El método más utilizado parecen ser los golpes con palos. Se ha visto a detenidos que tenían el cráneo fracturado y lesiones de riñón. Según los informes, en la cárcel local de Butamwa, prefectura de Kigali, una anciana que había regresado del ex Zaire y se encontraba detenida allí tenía la espalda llena de marcas causadas por golpes que había recibido a comienzos de 1997 en un interrogatorio.

Zilpa Mukabarinda, maestra de 25 años que impartía clases en un centro de enseñanza primaria de Nyange, fue agredida violentamente y violada después de ser detenida en su casa en la comuna de Bwakira, prefectura de Kibuye, el 23 de marzo de 1997. De acuerdo con los informes, estuvo recluida dos meses; la dejaron en libertad a finales de mayo de 1997, pero no ha podido incorporarse de nuevo al trabajo debido al mal estado físico en que se encuentra todavía como consecuencia de los malos tratos a fue sometida.(12) Su detención y la agresión de que fue objeto se produjeron sólo cinco días después del ataque a la escuela de Nyange (véase el apartado II.9).

Según informes, Jean-Claude Ntidendereza, veterinario de 39 años, casado y con cinco hijos, ha sido sometido a frecuentes malos tratos en una cárcel local de la comuna de Bwakira, Kibuye, desde que fue detenido por unos militares el 1 de julio de 1997. Además de golpearle a menudo, los guardias le han producido quemaduras fundiendo plástico y goma sobre su cuerpo. No se ha confirmado el motivo de su detención, pero se cree que guarda relación con ciertas amenazas que recibió de un comerciante local por no haber aprobado la venta de unas vacas, algunas de las cuales no le parecieron aptas para el consumo humano.

Se ha informado de decenas de muertes bajo custodia como consecuencia de malos tratos deliberados. En julio de 1997, por ejemplo, fuentes locales de la prefectura de Kibuye calcularon que los malos tratos causaban cada día la muerte de un detenido en varias cárceles locales, entre ellas las de Mabanza, Kivumu y Rutsiro. Cuando mueren los detenidos, los cadáveres son devueltos a sus familias, a las que, según informes, a veces se obliga a firmar un certificado de defunción en el que se afirma que la muerte ha sido causada por una enfermedad.

También se ha informado de casos de muerte bajo custodia en varios centros de detención de la prefectura oriental de Kibungo. A finales de febrero de 1997, por ejemplo, en la cárcel local de Rusumo murieron 12 detenidos, según los informes porque los dejaron sin agua y no les ofrecieron asistencia médica después de haberlos golpeado brutalmente.

Se han recibido informes de casos graves de malos tratos en centros de detención militares, en los que se recluye no sólo a miembros del ejército, sino también a civiles. En el caso de los centros de detención militares, la pauta de malos tratos y su magnitud resultan más difíciles de verificar, ya que las autoridades niegan el acceso a ellos. No obstante, algunas personas que estuvieron detenidas en centros militares han informado de que el trato es considerablemente peor que en las cárceles civiles. Por ejemplo, según los informes, un hombre que fue detenido el 22 de enero de 1997 y estuvo recluido ocho días en el campo militar de Muhoza presentaba espantosas marcas de latigazos en el pecho; asimismo, otros detenidos de Muhoza tuvieron que recibir asistencia médica en un hospital cuando quedaron en libertad.

En febrero de 1997 se recibieron informes sobre varios casos de malos tratos ocurridos en un centro de detención militar de la comuna de Shyorongi, prefectura de Kigali. El 4 de febrero, cinco detenidos que habían sido golpeados brutalmente en ese centro, al parecer en sucesos distintos, tuvieron que recibir asistencia médica. Uno tenía un pie roto, y otro, un pie y un brazo. En los informes se decía que un tercero, llamado André Safari, tenía rota una rodilla, así como grandes cicatrices de golpes que había recibido varias semanas antes en Bicumbi, donde estuvo recluido antes de ser trasladado al centro de detención militar de Shyorongy, primero, y a la cárcel de la comuna después; según los informes, en estos dos lugares también le golpearon.

IV.2 Condiciones penitenciarias calificables de tratos crueles, inhumanos y degradantes

© Stuart Freedman, Frank Spooner Pictures

Muchachos menores de 18 años en la Cárcel de Gitarama, agosto de 1997.

rpar Las condiciones penitenciarias continúan siendo motivo de gran preocupación, pues se calcula que en total hay más de 120.000 personas recluidas en las prisiones centrales y las cárceles locales del país, lo que supone que prácticamente todos estos centros de detención tienen varias veces más reclusos de los que pueden acoger. El número de detenciones continúa aumentado, y muy pocos detenidos quedan en libertad. A pesar de las promesas del gobierno, apenas se han tomado medias efectivas para mejorar estas peligrosas condiciones, que constituyen una forma extrema de trato cruel, inhumano y degradante. Se han creado varias cárceles nuevas, pero todas ellas están ya llenas muy por encima de su capacidad, ya que el índice de detenciones continúa aumentando. El gobierno no ha cumplido su reiterada promesa de dejar en libertad a los menores de edad, por lo que sigue habiendo muchos niños detenidos, en algunos casos en condiciones tan espantosas comos los adultos.

Muchos detenidos mueren de enfermedades causadas por el hacinamiento extremo y la falta de higiene y de instalaciones médicas. En algunos casos, parece habérseles negado deliberadamente la asistencia médica. Por ejemplo, según informes, en la comuna de Mabanza, en Kibuye, 30 detenidos que habían sido trasladados a un centro médico para que recibieran tratamiento fueron enviados de nuevo a la cárcel local sin ser atendidos, debido a que uno de ellos escapó del centro médico.

Juvénal Turatsinze, jóven de 26 años que había trabajado para el departamento de silvicultura del Ministerio de Agricultura, fue detenido el 26 de enero al regresar del ex Zaire. Unos parientes suyos que fueron a visitarle al centro de detención de Bwakira, en Kibuye, informaron de que había contraído una enfermedad infecciosa en los ojos y podía quedarse ciego, ya que no estaba recibiendo ningún tratamiento.

Los detenidos no reciben tampoco alimentos suficientes. En los centros de detención de las comunas dependen totalmente de la comida que les lleven sus familiares, que en muchos casos ni siquiera tienen lo suficiente para alimentarse ellos mismos. Si su familias no viven cerca o no pueden ir a visitarlos, dependen de lo que otros detenidos quieran compartir con ellos. Pero ni siquiera los que tienen parientes que les llevan alimentos tienen garantías de recibirlos, porque a menudo los familiares, que pueden haber viajado varios días a pie para llegar hasta allí, tienen que dejar los alimentos a los guardias y marcharse sin ver al detenido.

V. DETENCIONES ARBITRARIAS

Amnistía Internacional ha recibido numerosos testimonios de personas con parientes o amigos que fueron detenidos poco después de llegar del ex Zaire o de Tanzania a finales de 1996 y principios de 1997. El elevado número de detenciones de este tipo realizadas, sumado al hecho de que los regristros que se llevan en las cárceles son incompletos o incluso inexistentes y de que se niega el acceso a ciertos centros de detención, hace que resulte prácticamente imposible determinar el número exacto de personas que han sido detenidas desde entonces.

Es posible que algunas de estas detenciones fueran legítimas, por ejemplo si se denunció que la persona en cuestión había participado en el genocidio y se investigó debidamente tal denuncia. Sin embargo, muchas de las detenciones de personas que habían regresado a Ruanda realizadas en los últimos meses parecen haber sido arbitrarias; los casos en los que estuvieron precedidas de la debida investigación parecen haber sido una excepción. Muchas personas que se encuentran recluidas en la actualidad afirman que no saben por qué han sido detenidas. Algunas creen que se debe simplemente a la profesión o al cargo que tuvieron con el anterior gobierno de Ruanda. Las que formaron parte de éste o de su ejército son las que más riesgo corren de ser detenidas, independientemente de que fueran autoridades locales o nacionales o militares de alta o baja graduación. A otras se las detiene al parecer por ser parientes de miembros del anterior gobierno o de su ejército. Amnistía Internacional ha ofrecido ejemplos de detenciones arbitrarias en varios informes y acciones publicados en 1996 y 1997.(13)

Reverendo André Nyilimanzi

También se ha detenido a gran número de personas en el contexto de operaciones militares de búsqueda. No ha sido posible obtener información detallada sobre todos estos casos, ya que la mayoría de los detenidos fueron recluidos en centros de detención militares, especialmente en el noroeste del país. Algunos quedaron en libertad posteriormente, pero otros fueron trasladados a centros comunales de detención. Muchas de estas detenciones parecen haber sido arbitrarias. La mayoría de las personas detenidas en estas operaciones suelen ser jóvenes que se encuentran casualmente en un lugar donde el EPR está buscando «infiltrados»; los detienen por su posible colaboración con éstos.

También ha habido cada vez más detenciones arbitrarias y otros abusos contra los derechos humanos a causa de disputas por derechos de propiedad, pues los centenares de miles de refugiados que han regresado de los países vecinos se han encontrado sus casas ocupadas por otras personas. Muchos de estos recién llegados no se atreven a reclamar, porque a algunos que lo han hecho les han matado o los han detenidos al acusarles los ocupantes ilegales de su vivienda de participación en el genocidio.

El reverendoAndré Nyilimanzi, ex coordinador de jóvenes de la Iglesia Episcopal en la diócesis de Kigali y archidiácono en el este de Kigali, regresó del ex Zaire junto con su familia en noviembre de 1996. Fue detenido poco después de llegar a Ruanda. Cuando quedó en libertad le dijeron que no intentase reclamar la casa y los bienes que tenía en Ndera, comuna de Rubungo, prefectura de Kigali. Según informes, le ordenaron que se fuera a vivir a la comuna de Kanombe, donde tenía también una finca.

Gracia Mukangarambe, de 38 años, madre de siete hijos, regresó de Tanzania junto con su familia en diciembre de 1996. Al día siguiente de su llegada al sector de Nyabitare, comuna de Rusumo, prefectura de Kibungo, su esposo, Servilien Biramahire, fue detenido, acusado de participación en el genocidio. Durante el exilio de la familia, su casa había sido ocupada por un hombre que afirmaba que se la había dado el gobierno. El ocupante ilegal no quiso irse de allí y amenazó con matar a la familia; un hijo suyo incluso les amenazó con un machete. Al cabo de un mes de su regreso a Ruanda, Gracia Mukangarambe y sus hijos vivían todavía en una choza construida con plásticos que habían traído consigo del campo de refugiados de Tanzania; no se atrevían a reclamar de nuevo su vivienda por temor a que los ocupantes ilegales los mataran.

Joran Siborurema, ex ingeniero, casado y con tres hijos, tenía una casa que fue ocupada y vendida durante su exilio en el ex Zaire. Cuando regresó a Ruanda fue a presentar una queja al banco que le había hecho el préstamo para adquirir la casa. El 13 de enero de 1997 fue por segunda vez a quejarse y ya no regresó. Tres días más tarde se supo que había sido detenido y que se encontraba recluido en la gendarmería (brigade) de Remera, en Kigali, acusado de participación en el genocidio.

El 27 de junio de 1997, el presidente de la Sala Especial del Tribunal de Primera Instancia de Kigali dictó una orden de embargo temporal del alquiler de las casas de la jurisdicción de los tribunales de Kigali cuyo propietario figurase entre las 140 personas incluidas en cierta lista de acusados de participar en el genocidio. El dinero de los alquileres tiene que ser ingresado en determinada cuenta bancaria abierta a nombre del Tribunal de Primera Instancia de Kigali, que piensa utilizarlo para crear un fondo de compensación para las víctimas del genocidio. La lista en cuestión, adjunta al texto de la orden de embargo, no parece tener ninguna validez legal, y no se sabe qué criterios se han utilizado para elaborarla; algunas de las personas incluidas en ella no han sigo juzgadas y no está demostrado que sean culpables. En realidad, las autoridades parecen estar fomentando la ocupación ilegal de bienes particulares de personas que podrían ser inocentes.

En respuesta al problema de las disputas por la propiedad de tierras y casas, el gobierno ha adoptado una política de realojamiento en viviendas nuevas construidas en zonas determinadas. A las familias cuya casa ha sido destruida u ocupada o que se han quedado sin techo por algún otro motivo se les pide que se instalen en estos nuevos «pueblos» en vez de construir una vivienda en tierras de su propiedad. Las autoridades han insistido en que pueden ir a vivir a ellos miembros de todos los grupos étnicos. Algunas personas han acogido con satisfacción esta política, pues consideran que los nuevos «pueblos» ofrecen más seguridad, pero otras creen que puede aumentar las diferencias y las tensiones étnicas, ya que, en la actual situación, con tantos refugiados hutus que regresan y encuentran su casa ocupada por tutsis, los «pueblos» serán habitados principalmente por hutus y acabarán convirtiéndose en ghettos. En el momento de redactar el presente informe era demasiado pronto todavía para juzgar el efecto a largo plazo de esta política.

Vivienda en construcción, enero de 1997.

VI. OTRAS FORMAS DE DISCRIMIANCIÓN CONTRA LOS REFUGIADOS QUE HAN REGRESADO

Tras el regreso masivo de refugiados a finales de 1996, el gobierno anunció que todos los recién llegados tenían que hacer un cursillo de «reeducación» de seis meses. Algunas personas han informado de que no pudieron conseguir documentos de identidad nuevos, encontrar empleo o matricularse en una escuela ni en otro centro educativo hasta que hicieron dicho cursillo. Este requisito no solo tiene el efecto de negar el acceso al trabajo y a la educación a un alto porcentaje de la población, sino que también es arbitrario y discriminatorio, ya que en algunas partes del país el programa de reeducación ni siquiera parece haber comenzado. Además, debido a él se ha retrasado la reintegración de los recién llegados en la comunidad.

El 5 de mayo de 1997, el ministro de Obras Públicas y Trabajo distribuyó una circular titulada «Contratación de trabajadores repatriados recientemente», en la que se informó a todos los empresarios que está prohibido contratar a las personas que han regresado a Ruanda hasta que hagan el cursillo de «reeducación». De hecho, a muchos recién llegados se les ha negado también el empleo en el sector público.

En 1996 se creó en Ruanda un documento de identidad nuevo. Muchas personas han sido detenidas al ir a solicitarlo, acusadas de haber participado en el genocidio. Quienes carecen de documento de identidad son tratados con recelo por las autoridades porque se piensa que participaron en el genocidio; sin embargo, muchas personas no se atreven a solicitarlo por temor a que la detengan arbitrariamente o las maten. Los refugiados no pudieron solicitar ni conseguir documentos de identidad cuando estuvieron en el exilio. En los últimos meses se han realizado redadas y comprobaciones de identidad al azar en diversas partes de Ruanda, y muchas personas han sido detenidas por no llevar documentación, al parecer sin tener en cuenta el hecho de que acababan de regresar a Ruanda y, por tanto, no podían tenerla.

VII. VIVIR CON MIEDO Y EN SILENCIO: LA VOZ DEL PUEBLO RUANDÉS

Los hombres y mujeres de Ruanda viven con miedo. Especialmente en el noroeste del país, muchas personas han huido de sus casas. Según fuentes locales, algunos pueblos están desiertos. Una mujer de Ruhengeri dijo a Amnistía Internacional:

Nos dormimos sabiendo que de un día para otro quizá no estemos ya aquí [...] Sé que después de los otros iré yo.

La mayoría de las personas tienen demasiado miedo para hablar de los homicidios; temen las represalias. Una mujer a la que preguntaron cómo era la situación en el noroeste dijo: «Es de noche allí». Otra mujer cuyo marido había «desaparecido» en Kigali en marzo de 1997 después de regresar del ex Zaire escribió lo siguiente a una amiga en mayo de 1997:

No hay noticias, ésa es la tristeza y el dolor, ¿que te voy a decir? [...] En cuanto a nosotros, estamos esperando la muerte.

La situación de las poblaciones del noroeste se ve agravada por su aislamiento del resto del país: las líneas telefónicas quedan cortadas a menudo, las carreteras de entrada y salida de la región suelen estar bloqueadas y la mayoría de las organizaciones internacionales se han retirado allí. De hecho, toda esta zona está incomunicada.

Las personas que han hablado de los homicidios han sido objeto de agresiones y amenazas. Según informes, en febrero de 1997 dos mujeres que habían hablado con una organización internacional del homicidio de sus maridos en una operación militar emprendida en Nkuli, en Ruhengeri, en enero de 1997, fueron interrogadas por unos soldados, que les preguntaron por qué habían hablado de esos sucesos con extranjeros. De acuerdo con los informes, los soldados se las llevaron, y nunca se las ha vuelto a ver.

Un defensor de los derechos humanos dijo a Amnistía Internacional que a la gente le daba cada vez más miedo hacer declaraciones. En sus propias palabras:

Se callan para ganar tiempo [...] prefieren retrasar la fecha de su muerte.

Los testimonios recibidos de Ruhengeri y Gisenyi, en particular, por ejemplo de personas a las que les han matado a algún pariente cercano, reflejan un sentimiento de desesperación que es a la vez un llamamiento al mundo exterior para que tome medidas a fin de romper el silencio. Un hombre escribió lo siguiente al describir la situación existente en Ruhengeri:

Estoy listo para morir. Al menos habré hablado; los demás mueren sin haber dicho nada.

Refiriéndose a las matanzas que tuvieron lugar en Ruhengeri el 2 de marzo de 1997, explicó así cómo los soldados del EPR atrapaban a la gente y se la llevaban:

Amontonaban gente por el camino. Tumbados todos juntos, iban como corderos que llevan al matadero sin saber por qué.

Amnistía Internacional ha recibido muchos informes sobre casos de homocidios en los que no se ha identificado ni a los autores ni a las víctimas. El misterio que rodea a estas muertes hace que aumente el miedo entre la población. A menudo aparecen cadáveres al borde de las carreteras y la gente no se atreve a identificarlos por temor a que la relacionen con «infiltrados». El 12 de junio de 1997, por ejemplo, en el célula de Buremeli, sector de Ntarabana, comuna de Tare, prefectura de Kigali, unos vecinos informaron de que habían visto cinco cadáveres en la carretera de Ruhengeri a Kigali. Según informes, una autoridad militar local ordenó a la población enterrar los cadáveres sin identificarlos ni intentar determinar las circunstancias en las que se habían producido las muertes. El 18 de junio, un transeúnte informó de que había visto seis cadáveres con los brazos atados flotando en el río Nyabarongo, en la comuna de Bicumbi, también en la prefectura de Kigali; al parecer, la reacción de la población local fue una mezcla de indiferencia y miedo.

Una mujer de Gisenyi declaró:

Los que no son asesinados por los militares del antiguo ejérctio son asesinados por los los militares del nuevo ejército, y viceversa. Son casi siempre los inocentes, los neutrales, los que son víctimas.

© Martin Adler, Panos Pictures

Víctimas de una matanza perpetrada por individuos no identificados en Ruanda en 1997.

VIII. LA REACCCIÓN DEL GOBIERNO A LOS HOMICIDIOS

El gobierno ruandés ha reaccionado de diversas formas al aumento del número de homicidios en los últimos meses. No obstante, su respuesta habitual ha consistido en afirmar que la mayoría, si no todos, los homicidios de civiles son obra de «infiltrados», insurgentes o miembros de grupos armados que intentan desestabilizar el país. En respuesta a los informes sobre el gran número de estos homicidios que han sido cometidos por sus propias fuerzas, algunas autoridades del gobierno han admitido la posibilidad de que algunos civiles hayan muerto como consecuencia de tiroteos con los insurgentes, pero han insistido en que estos casos constituyen una excepción, además de una consecuencia inevitable de las operaciones de contrainsurgencia, y en que la gran mayoría de las personas abatidas por soldados del EPR eran miembros de grupos armados. Las autoridades civiles y militares han declarado que a menudo cuesta distinguir a los insurgentes armados de los civiles y han intentado restar importancia a los homicidios de civiles centrándose en la necesidad de contraatacar a los insurgentes. Varias autoridades locales y nacionales han sido relevadas de su cargo por admitir públicamente la responsabilidad del EPR en gran número de homocidios de civiles, por protestar por ello o por quejarse en privado de la creciente inseguridad que vive el país.

Incluso cuando organizaciones independientes de derechos humanos han presentado informes concretos sobre violaciones de derechos humanos, el gobierno ha continuado negando que el EPR cometa homicidios generalizados de civiles desarmados. Cuando, el 19 de febrero de 1997, tras una visita a Ruanda, Amnistía Internacional declaró que habían aumentado los homicidos, Claude Dusaidi, asesor del vicepresidente y ministro de Defensa ruandés, concedió una entrevista en la radio. Al preguntarle si el gobierno iba a iniciar una investigación sobre los informes de homicidios cometidos por tropas del EPR, respondió:

No hay necesidad de emprender una investigación, ya que no ha habido homicidios cometidos por el EPR como represalia. Son producto de la imaginación de Amnistía Internacional [...] Cuando se ataca a un ejército, él se desquita. Comprendemos que hay problemas de seguridad [...] Es posible que de vez en cuando caigan civiles en los enfrentamientos; es lamentable, pero no es el objetivo.

Cuando la organización estadounidense Physicians for Human Rights (Físicos por los Derechos Humanos) informó de que en 1997 el EPR había matado en tres meses entre 2.000 y 3.000 civiles, un portavoz del Ministerio de Defensa calificó tales declaraciones de «totalmente exageradas» y dijo que las bajas que había habido en la población civil como consecuencia de combates entre tropas del EPR y miembros de bandas armadas eran poquísimas. Asismismo, Claude Dusaidi tachó de «invención» un informe de principios de agosto de 1997 en el que la ODHR afirmaba que en mayo y junio de 1997 habían matado a 2.873 personas.

En unas declaraciones del 26 de agosto de 1997 relativas a la matanza de refugiados congoleños cometida en Mudende, Gisenyi (véase el apartado II.8), el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Anastase Gasana, afirmó:

El gobierno de Ruanda aprovecha esta oportunidad para denunciar a ciertos grupos de presión externos, que recientemente han emprendido una campaña de falsedades sobre la violencia perpetrada en el noroeste del país por ex soldados y milicianos del régimen anterior responsables de los actos de genocidio cometidos en Ruanda en 1994. Mediante declaraciones orales y escritas a las que recientemente se ha dado amplia difusión en los medios de comunicación, estos mismos círculos han intentado imputar al Ejército Patriótico Ruandés parte de los homicidios de civiles perpetrados en las prefecturas de Ruhengeri y Gisenyi [...] El gobierno desea advertir, en particular, a ciertos círculos externos que anteriormente estuvieron de parte de líderes ruadenses defensores de ideologías de exclusión y genocidio. Les pide que dejen de confundir a la opinión pública internacional difundiendo información falsa sobre la situación en Ruanda, que no puede ser la misma que antes de julio de 1994.

En una entrevista que concedió aRadio Ruandael 18 de agosto de 1997, el vicepresidente y ministro de Defensa, general de división Paul Kagame, respondió más detenidamente a la información de la ODHR y otras organizaciones sobre los homicidios generalizados cometidos en Ruanda en los últimos meses. Afirmó que la seguridad había mejorado en el norte del país y que los informes sobre la situación allí se habían exagerado y presentado fuera de contexto. Declaró que las organizaciones de derechos humanos hacían caso omiso del hecho de que en el noroeste había habido combates y presentaban la situación únicamente desde el punto de vista de los derechos humanos. Asimismo, dijo que el gobierno ruandés estaba abordando el problema de las violaciones de derechos humanos y que tenía ya dispuestos los mecanismos necesarios para ocuparse de los excesos cometidos individual o colectivamente en los combates: mencionó que los militares responsables de tales excesos estaban siendo juzgados por tribunales militares; de hecho, a comienzos de septiembre de 1997 se recibieron informes según los cuales cuatro oficiales del EPR estaban siendo juzgados por un tribunal militar por su participación en la matanza de más de 110 civiles desarmados en Kanama, Gisenyi, el 12 de septiembre de 1995.(14)

No obstante, el discurso público formulado semanas antes por altos cargos del gobierno contenía claras advertencias de que estaban decididos a combatir al enemigo. Por ejemplo, en una conferencia de prensa celebrada en Nairobi, Kenia, el 16 de julio de 1997, preguntaron al vicepresidente y ministro de Defensa Paul Kagame qué métodos estaría dispuesto a utilizar para luchar contra los insurgentes. Dijo que lo único que se le ocurría era seguir matando a los causantes de problemas y que el gobierno utilizara todos los servicios secretos y todos los instrumentos de que disponía para castigarlos.(15)

La auténtica magnitud de la violencia empleada deliberadamente contra la población civil se sigue minimizando. En una reunión de organizaciones no gubernamentales celebrada en junio de 1997, se pidió a un representante diplomático del gobierno ruandés que comentara la situación en el noroeste del país. Respondió que, aunque que había inseguridad, la situación era sostenible, y añadió que la estrategia militar estaba dando resultado. «La vida continúa», dijo.

A lo largo de 1997, las autoridades del gobierno ruandés han continuado afirmando que los refugiados son bienvenidos en Ruanda y que pueden regresar sin peligro.En un discurso pronunciado el 4 de julio de 1997 con motivo del tercer aniversario de la victoria del Frente Patriótico Ruandés, el vicepresidente y ministro de Defensa Paul Kagame declaró que más del 90 por ciento de los problemas relacionados con los refugiados estaban ya resueltos, pero que había ciertos individuos, sobre todo extranjeros, que se comportaban como si no fuera así y estaban manipulando el asunto en provecho propio.

IX. LA RESPUESTA INTERNACIONAL

IX.1 El impacto de la retirada internacional

Las organizaciones internacionales que se ocupan de promover y proteger los derechos humanos en Ruanda o de proporcionar ayuda humanitaria se han enfrentado a enormes retos en 1997. Los homicidios de extranjeros y de gran número de ciudadanos ruandeses que trabajaban en ellas han obligado a prácticamente todas las organizaciones de derechos humanos y humanitarias a retirar a su personal de las prefecturas occidentales y a anular o reducir drásticamente sus programas. Si no lo hubieran hecho así, habrían muerto muchos más trabajadores suyos.

El resultado ha sido devastador. Desde el punto de vista humanitario, las poblaciones más necesitadas de ayuda, como los refugiados que habían regresado a Ruanda, no han tenido acceso a alimentos básicos ni a instalaciones médicas. Los organismos humanitarios no han podido vigilar la distribución de la ayuda, ni distribuirla siquiera. Ha habido informes sobre autoridades locales que la han desviado hacía grupos a los que no iba dirigida, lo que ha provocado conflictos y violencia entre distintos sectores de la población. En algunos de estos informes se ha denunciado que parte de la ayuda ha ido a parar a la República Democrática del Congo, donde se han beneficiado de ella tropas del EPR y de la Alianza de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire.

Ni las organizaciones internacionales ni las locales pueden mantener ya bajo constante observación la situación de los derechos humanos en el oeste de Ruanda. Debido a la creciente inseguridad de esta parte del país, la ODHR no tiene ya una presencia permanente allí; sus miembros sólo pueden visitar un reducido número de zonas. Y tampoco el ACNUR puede mantener bajo observación la situación allí. De hecho, se ha aconsejado a los miembros de las organizaciones internacionales que no viajen al oeste del país sin escolta militar, y en estas condiciones resulta prácticamente imposible realizar investigaciones independientes sobre los casos de abusos contra los derechos humanos, en especial si los abusos parecen haber sido cometidos por el EPR. El trabajo de las organizaciones locales de derechos humanos también se ha reducido considerablemente debido a la inseguridad generalizada, pues el temor a ser objeto de violencia a causa de sus actividades les impide a menudo emprender investigaciones minuciosas en estas zonas. Pero no ha sido sólo la investigación de los informes de homicidios y «desapariciones» la que se ha visto afectada, sino que estas organizaciones tampoco pueden ya visitar los centros de detención ni enviar observadores a los juicios. Por consiguiente, el riesgo de que se someta a malos tratos a los presos y se cometan irregularidades en los juicios ha aumentado.

Debido a esta retirada internacional, los abusos contra los derechos humanos se han intensificado y son muy pocos los observadores independientes que pueden dar fe de ello. De hecho, la población de las prefecturas del oeste de Ruanda se ha quedado sola, sufriendo en silencio.

IX.2 Caso omiso de las violaciones generalizadas de derechos humanos

En 1995, 1996 y 1997, Amnistía Internacional publicó informes alertando a la comunidad internacional del empeoramiento de la situación en Ruanda y recomendando medidas para ayudar a impedir que se cometieran nuevos abusos contra los derechos humanos. Otras organizaciones, en particular la ODHR, también han puesto de manifesto con regularidad las violaciones de derechos humanos perpetradas en Ruanda. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos extranjeros han optado por cerrar los ojos a la situación, y es muy poca la atención pública que se presta al creciente número de muertes de civiles ruandeses. Algunos gobiernos y sus representantes en Ruanda han negado que las fuerzas armadas ruandesas hayan cometido alguna vez graves violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en julio de 1997, Physicians for Human Rights informó de que un miembro de la embajada de Estados Unidos en Ruanda había desafiado a esta organización a «aportar pruebas de graves violaciones de derechos humanos cometidas en Ruanda».

Cabe afirmar que algunos gobiernos y organismos intergubernamentales incluso han contribuido al empeoramiento de la situación –por ejemplo, al animar u obligar a los refugiados ruandeses a regresar o al suministrar material militar a las mismas fuerzas que están cometiendo graves violaciones de derechos humanos.

i) ¿Repatriación a toda costa?

En 1997, varios gobiernos han devuelto forzadamente a su país a refugiados ruandeses, haciendo caso omiso del temor de éstos a regresar y de la información que se había hecho pública acerca de las situación de los derechos humanos en Ruanda. Gabón, por ejemplo, repatrió el 12 de agosto de 1997 a alrededor de 155 refugiados que días antes habían manifestado claramente que no querían regresar a Ruanda. Entre ellos había decenas de miembros de las antiguas FAR y al menos ocho civiles a los que se había comunicado que reunían las condiciones necesarias para recibir la protección del ACNUR, por lo que este organismo condenó la devolución por considerar que contituía una «violación flagrante de los principios humanitarios y los derechos humanos más fundamentales». Los miembros de las antiguas FAR, que se cree que eran 97, quedaron bajo custodia militar nada más llegar a Kigali. A finales de agosto no se conocía todavía su paradero, y a las organizaciones internacionales se les negaba el acceso al lugar donde estaban detenidos.

El 18 de agosto de 1997, una autoridad del gobierno de Malawi declaró en la radio nacional que se podía proceder ya a la repatriación de los ruandeses refugiados en este país, ya que en Ruanda había paz y estabilidad. En Malawi hay alrededor de 765 refugiados ruandeses. A principios de septiembre se inició un proceso de selección para determinar cuáles de ellos podían ser repatriados. Anteriormente habían sido sometidos a presión, al igual que muchos compatriotas suyos refugiados en otros países, para que se inscribiesen como solicitantes de «repatriación voluntaria».(16)

A pesar del riesgo demostrable que corren los refugiados si regresan a su país, los gobiernos que los acogen continúan incumpliendo la obligación internacional de ofrecer protección a quienes solicitan asilo. En este sentido, la situación ha sido particularmente grave en la República Democrática del Congo desde octubre de 1996, cuando fueron atacados los campos de refugiados. Ante esta situación, el ACNUR en general ha seguido fomentando la repatriación de los refugiados ruandeses, en particular de los acogidos en la República Democrática del Congo. Entre enero y mediados de agosto de 1997 regresaron a Ruanda 200.000 refugiados, la mayoría en operaciones organizadas o facilitadas por el ACNUR. Millares de estas personas han vuelto a las prefecturas del oeste del país, donde están siendo sometidas a violaciones de derechos humanos.

Las víctimas de estas violaciones de derechos humanos son las mismas personas que huyeron aterrorizadas de los campos de refugiados del ex Zaire cuando fueron atacados en octubre de 1996. Han recorrido centenares de kilómetros a pie sin apenas esperanzas de sobrevivir. Algunas cruzaron el ex Zaire y entraron en el Congo, de donde tuvieron que huir otra vez cuando estallaron los combates en este país en junio de 1997. Otras acabaron en la República Centroafricana o en Gabón, donde ahora se enfrentan de nuevo a la amenaza de la devolución. Los países que acogen a refugiados y a solicitantes de asilo ruandeses –entre ellos la República Democrática del Congo, Malawi, la República Centroafricana, Gabón, Tanzania, Kenia y Angola– son cada vez más reacios a ofrecerles protección y amenzan con devolverlos a Ruanda.

Estos refugiados corren ahora en su propio país riesgos similares a aquellos de los que huían cuando estaban en el exilio. Una persona que había regresado del ex Zaire describió así la situación existente en Ruhengeri desde enero de 1997:

Creíamos que habíamos escapado al marcharnos de Zaire y aquí estamos, sufriendo todavía terriblemente.

Los gobiernos y los organismos internacionales que fomentan la repatriación son totalmente conscientes de los riesgos que corren los refugiados si regresan a Ruanda, pero parecen pensar que tales riesgos son relativamente menores que en la República Democrática del Congo y que, por consiguiente, la repatriación sigue siendo viable. No obstante, los organismos de la ONU, como el ACNUR y la ODHR, han manifestado claramente que no pueden vigilar la seguridad de los refugiados porque muchas de las zonas a las que éstos están regresando son inseguras e inaccesibles. Los funcionarios del ACNUR han reconocido también abiertamente que la situación ha empeorado en Ruanda. Sin embargo, estas contradicciones siguen sin resolverse. Es evidente que la actual política de repatriaciones ha de ser revisada de manera que refleje la realidad del país de origen de los refugiados.

Amnistía Internacional reconoce que el hecho de que los refugiados ruandeses estén expuestos a sufrir graves abusos contra los derechos humanos tanto si se quedan en la República Democrática del Congo como si regresan a Ruanda plantea una situación difícil a los organismos internacionales que trabajan con ellos. No obstante, es preciso hacer más hincapié en la necesidad de buscar soluciones que reconozcan que no es seguro para los refugiados regresar a Ruanda. El peligro de sufrir abusos contra los derechos humanos en la República Democrática del Congo no debe desviar la atención del hecho de que la situación en Ruanda tampoco puede ser considerada segura. Bajo ninguna circunstancia se debe fomentar la repatriación a un país que no es seguro. Amnistía Internacional pide al gobierno de la República Democrática del Congo y a los de los demás países que acogen a refugiados ruandeses que garanticen a éstos protección mientras el regreso a su país siga entrañando peligro. Si las autoridades de la República Democrática del Congo no pueden o no quieren ofrecer tal protección, la comunidad internacional debe prestar ayuda, por ejemplo enviando una fuerza internacional de policía civil que ayude a garantizar la seguridad de los refugiados.

ii) Transferencias de material y entrenamiento militar

En 1996 y 1997, varios gobiernos suministraron material y entrenamiento militar a Ruanda, aparentemente sin tener muy en cuenta el historial de las fuerzas de seguridad ruandesas en materia de derechos humanos. Tampoco parece que tomaran en consideración los persistentes y graves abusos contra los derechos humanos cometidos en dos países vecinos, Burundi y la República Democrática del Congo, cuyos gobiernos, fuerzas de seguridad y grupos armados de oposición mantienen estrechas relaciones militares con los de Ruanda.

Amnistía Internacional no adopta ninguna postura con respecto a si se deben mantener o no relaciones militares, económicas o culturales con países donde se violan derechos humanos, ni tampoco apoya ni se opone a la adopción de medias punitivas como boicots o sanciones. No obstante, sí se opone a las transferencias de material o entrenamiento militar, de seguridad o policial si existen razones fundadas para creer que pueden contribuir a que se cometan abusos contra los derechos humanos. La organización pide a los gobiernos que tengan en cuenta el historial en derechos humanos del país receptor antes de permitir tales transferencias.

En 1994 y 1995, Amnistía Internacional se opuso activamente al envío de armas a la milicia y a las fuerzas armadas del anterior régimen ruandés, que en ese momento tenían sus bases en el este de Zaire, por considerar que lo más probable era que tales armas fueran utilizadas por los principales responsables del genocidio de 1994 para continuar sometiendo a civiles desarmados a abusos contra los derechos humanos.(17) Asimisimo, pidió que se mantuviera bajo estrecha vigilancia el suministro de armas al gobierno de Ruanda. En noviembre de 1996, la organización pidió que se pusiera fin a las tranferencias de armas ligeras y de material militar complementario a la región de los Grandes Lagos, ya que en Ruanda, Burundi y el ex Zaire se seguían utilizando tales armas para cometer abusos contra los derechos humanos de civiles desarmados.(18) También a finales de 1996, Amnistía Internacional escribió a diversos gobiernos –entre ellos los de los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, el Mecanismo de Resolución de Conflictos de la Organización de la Unidad Africana y la Comunidad para el Desarrollo en el África Austral– advirtiéndoles del peligro de seguir enviando armas ligeras y material militar complementario a la región de los Grandes Lagos y ofreciendo información detallada sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos en Ruanda y en el resto de la región por las diversas partes del conflicto.

Con respecto a la actual situación existente en Ruanda, dado que en 1996 y 1997 continuaron cometiéndose abusos graves contra los derechos humanos de civiles desarmados tanto dentro de Ruanda como en la vecina República Democrática del Congo, donde el EPR mantiene su presencia, Amnistía Internacional cree que las transferencias de armas ligeras y de material militar complementario, así como de ciertos tipos de entrenamiento, al EPR o a otros grupos armados contribuirán a que se comentan más abusos.

En julio de 1997, Sudáfrica decidió reanudar la venta de material militar al gobierno ruandés, a pesar de que Amnistía Internacional había ofrecido información detallada sobre la actual situación de los derechos humanos en Ruanda y en los países vecinos. Al parecer, el gobierno sudafricano tomó esta decisión sobre la base de que Ruanda tenía derecho a defender su territorio y con la condición de que el material vendido no se utilizase fuera de las fronteras ruandesas. No parece que tuviera en cuenta la difícil situación de la población civil, a pesar de que en la información de Amnistía Internacional había ejemplos de homicicios de civiles desarmados cometidos por el EPR y por los grupos armados de oposición. Además, incluso la condición de que no se utilizara el material fuera de las fronteras nacionales parece falsa, dada la ahora ampliamente reconocida presencia de muchas tropas del EPR en la República Democrática del Congo, así como su participación en la matanzas cometidas allí desde octrubre de 1996. En principio, Sudáfrica sólo venderá vehículos militares y equipos de comunicaciones. Este material no puede ser calificado de letal, pero el EPR podría servirse de él para cometer violaciones de derechos humanos, especialmente contra civiles desarmados en el contexto de operaciones de contrainsurgencia emprendidas en zonas remotas.(19) El 30 de julio de 1997 se recibieron informes según los cuales el EPR había adquirido al menos dos helicópteros MI24 de fabricación rusa y los había destinado a las prefecturas de Ruhengeri y Gisenyi, en el noroeste del país. Este tipo de helicópteros se suelen utilizar para ataques terrestres, pero sirven también para operaciones de vigilancia. Se han recibido informes sobre la asistencia de oficiales del EPR a un cursillo de aviación y utilización de helicóteros organizado en Sudáfrica en octubre de 1996.

Estados Unidos es uno de los países que más apoyo político y militar prestan al Frente Patriótico Ruandés y al EPR, y lo es incluso desde antes de que el actual gobierno de Ruanda llegara al poder en julio de 1994. Este apoyo se manifiesta en particular en forma de un amplio programa de entrenamiento que el ejército estadounidense ofrece al EPR desde 1996.

En una carta dirigida a Amnistía Internacional en febrero de 1997, un representante diplomático de Estados Unidos declaró que el programa de entrenamiento militar que ofrece su país a Ruanda «incluye cosas como enseñar inglés, ayudar a desarrollar el sistema de justicia militar ruandés, fomentar la gestión eficaz de los recursos de defensa y llevar a miembros de los servicios militares de ingenieros, sanidad, intendencia y administración de personal a Estados Unidos para mejorar su profesionalidad. Hemos impartido también un breve cursillo sobre técnicas básicas de infantería a unos 30 soldados del EPR. En todos nuestros tratos con el EPR hemos tratado de profesionalizar lo que empezó siendo una ejército de guerrilleros y de enseñar a sus oficiales a dirigir una fuerza caracterizada por la diversidad étnica».

Según un informe del Departamento de Defensa estadounidense en el que se describen las actividades militares de Estados Unidos en Ruanda desde 1994, se está ofreciendo entrenamiento militar oficial a miembros del EPR desde enero de 1994, cuando el EPR era todavía una fuerza guerrillera. En julio de 1994 se prestó asistencia militar para operaciones de ayuda humanitaria que suponían cooperar con el EPR, pero no ofrecer entrenamiento. En 1995, 1996 y 1997, el ejército de Estados Unidos prestó ayuda para el programa de desactivación de minas del EPR. Durante este periodo, el ejército estadounidense entrenó también a miembros del EPR en Estados Unidos. En Ruanda se dio formación a gendarmes y a militares sobre asuntos de justicia militar y procedimientos de derecho penal. En julio y agosto de 1996 se entrenó a soldados del EPR en «mando de unidades pequeñas, operaciones terrestres y tiro básico con fúsil. La formación en habilidades tácticas estaba centrada en tácticas de patrulla». Las prácticas de tiro se realizaron con fusiles M4 estadounidenses, que, según el informe, no se transfirieron al EPR después del entrenamiento.

La ayuda militar estadounidense aumentó en los meses previos a los ataques de octubre de 1996 a los campos de refugiados ruandeses del este de la República Democrática del Congo. Varias fuentes no relacionadas entre sí han informado de que, en 1996, se vio a personal militar estadounidense en varias ocasiones tanto en Ruanda como en el este del la República Democrática del Congo. En un informe publicado en julio de 1997, la organización no gubernamental de Estados Unidos Physicians for Human Rights dijo: «el número de militares estadounidenses presentes en Ruanda en todo momento ha oscilado, según las declaraciones de los testigos, entre 12 y más de 100».(20) Las autoridades de Estados Unidos han continuado negando que hubiera personal o material estadounidense en el este de la República Democrática del Congo.

En los ataques de octubre de 1996 a los campos de refugiados del este de la República Democrática del Congo, las tropas de la Alianza de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire, ayudadas por soldados del EPR, mataron deliberadamente a millares de refugiados desarmados. El vicepresidente y ministro de Defensa de Ruanda Paul Kagame ha reconocido públicamente la responsabilidad del EPR en estos ataques. En una entrevista que concedió el 9 de julio de 1997 al periódico The Washington Posthabló del apoyo decisivo que el EPR había prestado a la Alianza, concretamente en la preparación y lanzamiento de los ataques a los campos de refugiados del este de la República Democrática del Congo con el fin manifiesto de destruir las estructuras y las bases del anterior ejército de Ruanda y de la milicia. En la misma entrevista mencionó que Ruanda había proporcionado armas y entrenamiento a la Alianza y que había jefes y unidades clave de ésta que formaban parte también del EPR.

En el informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos se habla también de formación en «información pública» ofrecida a civiles y militares ruandeses, formación que al parecer sirvió al gobierno ruandés para emprender una campaña animando a los refugiados a regresar al país, a pesar de que su seguridad no estaba garantizada. En noviembre de 1996 se enseñó a personal civil y militar ruandés a lanzar «operaciones para ayudar a la repatriación de refugiados y otros civiles desplazados y a planificar y realizar campañas de información pública en favor de la repatriación y la reintegración de los refugiados». Esta formación incluía aprender a preparar material, como folletos y mensajes de radio, para «animar a los refugiados a regresar a una patria segura y contrarrestar el mensaje de las antiguas FAR e interahamwe de que a quienes regresen a Ruanda los van a matar».En marzo y abril de 1997, los militares estadounidenses «entrenaron y ayudaron a crear el Pelotón Ruandés de Información Militar, cuya misión es producir carteles y otro material para su difusión en los medios de comunicación». Esta campaña de información pública apoyada por Estados Unidos desempeñó un importante papel a la hora de convencer a los gobiernos extranjeros y a las organizaciones humanitarias de que resultaba seguro para los refugiados ruandeses regresar a su país, cuando lo cierto es que muchas de las personas que regresaron han sido objeto de violaciones de derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales y «desapariciones».

El entrenamiento militar estadounidense de miembros del EPR continuó en julio y agosto de 1997. Al parecer incluía formación en derechos humanos, pero no se ha revelado en qué consistía exactamente ésta. Las autoridades estadounidenses han negado toda participación del ejército de Estados Unidos en la enseñanza de métodos de contrainsurgencia al EPR.

A pesar de su estrecha relación oficial con las fuerzas de seguridad ruandesas, Estados Unidos no ha condenado públicamente las persistentes y graves violaciones de derechos humanos cometidas por el EPR contra civiles desarmados. Al contrario, según información aparecida en la prensa una autoridad del Pentágono calificó el historial de derechos humanos de Ruanda de «sorprendentemente bueno».(21) Amnistía Internacional cree que la aparente ausencia de críticas del apoyo político que Estados Unidos presta al gobierno ruandés hace creer a éste que puede cometer violaciones de derechos humanos sin temor a ser censurado por sus principales aliados.

Por otro lado, está también la cuestión de las estrechas relaciones militares y políticas existentes entre los gobiernos y las fuerzas de seguridad de Uganda y Ruanda, así como entre estos dos países, Estados Unidos y Sudáfrica. En informes anteriores, el apoyo militar que recibe el EPR se vinculó con Uganda. En este país lucharon muchas tropas del EPR antes de 1994, y según los informes el ejército ugandés ha proporcionado apoyo logístico y entrenamiento en artillería al EPR. Estados Unidos aumentó su ayuda militar a Uganda en 1996 y ha participado en programas de entrenamiento de tropas ugandesas, la última vez en 1997. Un representante diplomático estadounidense declaró en febrero de 1997: «Este entrenamiento se centra principalmente en mejorar la gestión profesional y las operaciones de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda y es para personal civil y militar ugandés exclusivamente». Más recientemente aún, en julio de 1997, se volvió a ofrecer entrenamiento militar estadounidense en Uganda en el contexto de una iniciativa de creación de una fuerza africana para el mantenimiento de la paz. Por otro lado, el gobierno sudafricano ha afirmado que recibió garantías de que las armas transferidas a Uganda no iban a ser exportadas luego a otro país; sin embargo, en marzo de 1997 se recibieron informes sobre armas sudafricanas vendidas a Uganda que habían ido a parar al grupo de oposición sudanés Ejército Popular de Liberación de Sudán, por lo que cabe la posibilidad de que acaben también en Ruanda o en la República Democrática del Congo.

Zimbabue es uno de los países que más apoyo militar han prestado a la Alianza de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire en la República Democrática del Congo, y ha suministrado armas y ayuda logística a las tropas responsables de la matanza de miles de civiles desarmados, entre ellos muchos refugiados ruandeses, en el este del país en 1996 y 1997. Dada la presencia de tropas del EPR en el este de la República Democrática del Congo, lo cual reconoció públicamente el vicepresidente y ministro de Defensa de Ruanda en julio de 1997, es probable que parte de estas armas acaben en Ruanda y sean utilizadas allí por soldados del EPR. Por tanto, cabe la posibilidad de que estos suministros de armas hayan contribuido a que se cometan graves abusos contra los derechos humanos tanto en la República Democrática del Congo como en Ruanda.

Ha habido también informes sobre grupos armados de oposición que han seguido recibiendo suministros ilícitos de armas y municiones a través de la República Democrática del Congo. En febrero de 1997, por ejemplo, se informó de que grupos armados ruandeses que tenían sus bases en el campo de refugiados de Tingi-Tingi o en sus alrededores estaban recibiendo armas, uniformes y municiones.

X. RECOMENDACIONES

Amnistía Internacional cree que, para impedir una nueva caída en la anarquía y para salvar la vida de millares de civiles ruandeses, es esencial la acción concertada de las autoridades de Ruanda, así como el aliento y el apoyo de los gobiernos extranjeros. Es preciso restablecer en todas las partes del país el respeto básico de los derechos humanos a fin de que los refugiados que han regresado y los ruandeses que no se marcharon puedan vivir con seguridad y sin miedo.

X.1 Al gobierno ruandés

El gobierno ruandés debe rendir cuentas de todas las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Como mínimo, tiene que informar públicamente de las circunstancias de la violación de derechos humanos en cuestión, ofreciendo datos como el número de víctimas, la identidad de los autores, el estado de las investigaciones y las medidas adoptadas contra los responsables.

Amnistía Internacional expresa su satisfacción por las medidas adoptadas por el gobierno en diversos casos en los que se ha detenido a miembros de las fuerzas de seguridad por su presunta participación en violaciones de derechos humanos y solicita más información sobre la marcha de las acciones judiciales entabladas contra estas personas. Por ejemplo, según los informes recibidos, a comienzos de septiembre de 1997 fueron juzgados cuatro miembros del EPR por su participacipación en la matanza de más de 110 civiles desarmados en Kanama, Gisenyi, en septiembre de 1995. Amnístía Internacional expresa su satisfacción por este juicio, a pesar de que se celebrara dos años después de los hechos. No obstante, de momento este tipo de acciones juidiciales parecen ser muy poco corrientes, por lo que la mayoría de los autores de las violaciones de derechos humanos expuestas en el presente informe continúan eludiendo la acción de la justicia.

Amnistía Internacional insta al gobierno a estudiar y a poner en práctica las recomendaciones expuestas a continuación con el fin de que a la larga dejen de cometerse estas violaciones de derechos humanos.

i) Ejecuciones extrajudiciales

Amnistía Internacional recuerda al gobierno de Ruanda que el derecho a la vida, garantizado por el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y por el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es uno de los derechos humanos más fundamentales.

Amnistía Internacional admite el derecho de un gobierno a defender su país contra la agresión armada y su obligación de proteger a la población civil de los ataques de grupos armados. No obstante, esto no da derecho a las fuerzas de seguridad a matar deliberadamente a civiles desarmados. Las operaciones de contrainsurgencia no pueden servir nunca de justificación al ejército para ejecutar extrajudicialmente a civiles desarmados. Los numerosos testimonios resumidos en este informe indican que, al contrario de lo que asegura el gobierno, la mayoría de las víctimas de los homicidios cometidos en los últimos meses no son «infiltrados», sino civiles desarmados. Estas muertes constituyen una violación del derecho internacional humanitario, incluido el artículo común 3 de los Convenios de Ginebra.

Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno ruandés para que:

- prohiba las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad ruandesas y garantice la aplicación de los Principios de las Naciones Unidas relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias;

- exprese pública y oficialmente su más enérgica condena cada vez que tenga lugar una ejecución extrajudicial;

- garantice un control estricto de la transmisión de las órdenes en el EPR y dé instrucciones a los jefes militares de todas las graduaciones para que limiten el uso de la fuerza letal a las situaciones en las que sea completamente inevitable a fin de proteger la vida –como se especifica en el artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas– y aún así lo utilicen sólo en la medida en que lo exigan las circunstancias. Se debe hacer saber a los miembros del ejército que tienen el derecho y el deber de negarse a acatar la orden de participar en una ejecución judicial;

- recuerde a los miembros de las fuerzas de seguridad de todas las graduaciones que tienen el deber de proteger a la población civil de Ruanda en su totalidad, sin distinguir entre refugiados que han regresado y personas que no se fueron e independientemente del origen étnico o social de los ciudadanos. La Resolución 34/169 de la Asamblea General de la ONU, aprobada el 17 de diciembre de 1997 con el Código de Conducta para Funcionarios Encargados Hacer Cumplir la Ley, estipula que «al igual que todos los organismos del sistema de justicia penal, todo órgano de aplicación de la ley debe ser representativo de la comunidad en su conjunto, obedecerla y responder ante ella»;

- garantice que todos los miembros de las fuerzas de seguridad reciben una formación que les permita conocer bien las normas internacionales sobre la conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y las Directrices para la Aplicación Efectiva del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley;

- realice investigaciones exhaustivas e independientes sobre los informes de ejecuciones extrajudiciales, haga públicos los resultados y garantice que quienes ordenaron o realizaron las ejecuciones extrajudiciales son relevados inmediatamente de su cargo y llevados ante los tribunales. Hasta la fecha, el gobierno ha prometido o anunciado investigaciones sobre muchos casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, pero según la información de que dispone Amnistía Internacional, no ha publicado los resultados detallados de estas investigaciones;

Amnistía Internacional expresa su satisfacción por el hecho de que se haya detenido a algunas personas en relación con ejecuciones extrajudiciales e insta al gobierno a garantizar que tales medidas se tomarán de manera habitual, no sólo en casos excepcionales. El gobierno debe tomar la siguiente medida básica y revelar la identidad de los soldados del EPR detenidos por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales, así como los detalles de los delitos concretos de los que se les acusa y la marcha de los sumarios abiertos sobre sus casos. Si se presentan cargos contra ellos, los detenidos han de ser sometidos a un juicio público, celebrado conforme a las normas internacionales para juicios justos y sin recurrir a la pena de muerte;

- tome medidas para impedir que civiles armados tutsis cometan homicidios como represalia por ataques de grupos armados hutus, por ejemplo. Los soldados del EPR deben intervenir cuando sea posible para impedir tales homicidios y proteger a la población amenazada.

ii) «Desapariciones»

Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno ruandés para que:

- explique claramente que las «desapariciones» constituyen una violación grave de derechos humanos y que los responsables de ellas serán llevados ante los tribunales ;

- emprenda con prontitud investigaciones completas sobre los casos de «desapariciones» de los que se tiene noticia e informe a las familias de los «desaparecidos» sobre la marcha y los resultados de tales investigaciones;

- si se encuentra muerto al «desparecido», se debe abrir una investigación sobre las causas de la muerte. Su familia ha de tener acceso a la información sobre la muerte y estar representada en la investigación. Si es posible se debe devolver el cadáver a la familia;

- permita el acceso de las organizaciones humanitarias y de derechos humanos a todos los centros de detención civiles y militares para hacer posible una verificación más exacta del paradero de las personas sobre cuya «desaparición» se ha informado y para que resulte más fácil localizarlas. Las autoridades deben llevar registros sistemáticos del paradero de los detenidos, en los que se especifiquen los traslados de centro de detención, para hacer posible su verificación;

- garantice que no se recluye a nadie en centros de detención secretos o no oficiales.

iii) Detenciones y trato a los detenidos

Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno ruandés para que:

- permita el acceso sin restricciones de los familiares, abogados y médicos de los detenidos, así como de las organizaciones locales e internacionales humanitarias y de derechos humanos, a todos los centros de detención civiles y militares;

- ponga fin a la práctica de recluir a civiles en centros de detención militares;

- garantice que se registran con exactitud todas las detenciones y se ponen a disposición pública las listas de los detenidos, especificando en ellas el lugar de detención, la fecha de los traslados a otros centros de detención y el nombre de los funcionarios responsables de la detención y del traslado;

- deje en libertad a las personas sobre cuyo caso no se ha abierto ningún sumario o contra las que no se han presentado acusaciones concretas –promesa que el gobierno ha hecho repetidas veces y todavía no ha cumplido–. Con esta medida no sólo quedarían en libertad las personas inocentes, sino que también se reduciría considerablemente el hacinamiento en las cárceles y mejorarían las condiciones penitenciarias.

- tome medidas para impedir que se efectúen nuevas detenciones arbitrarias e ilegítimas y garantice que sólo se detiene a una persona si existen razones fundadas para creer que ha cometido un delito. No se debe detener a nadie debido simplemente al cargo que tuvo anteriormente, al cargo o a la posición social de miembros de su familia o al hecho de que se marchara de Ruanda en 1994;

- garantice que los funcionarios de prisiones y los guardias de los centros de detención tienen conocimiento de que no se tolerará que sometan a malos tratos o torturen a los detenidos y que si lo hacen serán relevados de su cargo y llevados ante los tribunales. Se debe hacer saber a los funcionarios de prisiones que están obligados a negarse a obedecer la orden de torturar a los detenidos;

- garantice que los detenidos que han sido sometidos deliberadamente a malos tratos o han contraído enfermedades a causa de las malas condiciones penitenciarias o la falta de higiene y de servicios médicos son trasladados de inmediato a un hospital o a un centro médico para que reciban asistencia y que tienen luego acceso a cuidados médicos con regularidad;

- cumpla sin más demora su reiterada promesa de dejar en libertad a los niños, ancianos y enfermos detenidos;

- haga saber a todos los guardias y funcionarios de prisiones que no deben hacer uso de la fuerza letal contra los detenidos y que si éstos intentan huir tienen que hacer todo lo posible para capturarlos sin recurrir a la con frecuencia mortal práctica actual de disparar contra ellos. El principio 4 de los Principios básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley establece: «Los encargados de hacer cumplir la ley en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego.»

- garantice que los funcionarios de prisiones y los guardias de los centros de detención conocen bien y observan las normas internacionales sobre el trato a los detenidos, entre ellas las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y los Procedimientos para la aplicación efectiva de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; las Reglas Mínimas para la protección de menores privados de libertad; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

iv) Libertad de expresión

Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno ruandés para que:

- garantice que los miembros de todos los sectores de la sociedad ruandesa, entre ellos los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los miembros del Parlamento y las autoridades locales, pueden expresar sus opiniones no violentas sin temor a sufrir abusos contra los derechos humanos;

- tome medidas para proteger a las personas que han sido amenazadas o atacadas anteriormente y garantice que la libertad de expresión queda restablecida en Ruanda.

X.2 A los grupos armados de oposición que actúan en Ruanda

Los homicidios deliberados y arbitrarios de civiles desarmados y la toma de rehenes por parte de los grupos armados de oposición no sólo constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario, sino que además sirven de pretexto a las fuerzas de seguridad para lanzar ataques de represalia en los que son ejecutados extrajudicialemtne gran número de civiles desarmados:

Los líderes de los grupos armados de oposición deben:

- dejar de matar a civiles desarmados y explicar claramente a sus fuerzas que no se tolerarán los homicicios deliberados y arbitrarios de civiles desarmados;

- dar instrucciones a sus fuerzas para que respeten los principios básicos del derecho internacional humanitario, tal como se hayan expuestos en el artículo común 3 de los Convenios de Ginebra. En particular deben impedir los homicidios de no combatientes y de personas que no participan directamente en los combates;

- investigar y denunciar los homicidios deliberados y arbitrarios cometidos por sus fuerzas e informar públicamente sobre las medidas adoptadas para impedir que se sigan cometiendo tales homicidios;

- colaborar en las investigaciones iniciadas por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda a fin de identificar y procesar a quienes desempeñaron un papel importante en el genocidio de Ruanda de 1994.

X.3 A los gobiernos extranjeros y las organizaciones intergubernamentales

Los gobiernos extranjeros y las organizaciones intergubernamentales tienen la obligación de intentar impedir que la situación de los derechos humanos en Ruanda continúe empeorando, pidiendo al gobierno ruandés que tome medidas para impedir que se cometan nuevas violaciones de derechos humanos y apoyando de manera positiva y concreta proyectos que contribuyan a proteger y promover los derechos humanos.

Dado que la mayoría de los ruandeses tienen demasiado miedo para hablar, es imprescindible que la comunidad internacional ofrezca un informe público y exacto de la situación existente actualmente en Ruanda y que las decisiones internacionales que se tomen sobre política estén basadas en este informe.

Como mínimo, los gobiernos extranjeros deben:

- condenar públicamente los abusos generalizados que se comenten en Ruanda contra los derechos humanos;

- ejercer la influencia que puedan sobre el gobierno, las fuerzas de seguridad y los grupos armados de oposición de Ruanda para que respeten las normas internacionales sobre derechos humanos y el derecho internacional humanitario y pongan en práctica las recomendaciones expuestas en este informe;

- solicitar al gobierno ruandés que ofrezca regularmente información actualizada sobre las medidas tomadas para impedir que se cometan más violaciones de derechos humanos, en particular ejecuciones extrajudiciales y «desapariciones». Tal información ha de incluir detalles sobre la marcha de las investigaciones y de las medidas tomadas para llevar a los responsables a los tribunales.

Transferencias militares, de seguridad y policiales

sa0 - Hasta que se haya restablecido en todo el país el respeto a los derechos humanos, los gobiernos no deben suministrar armas ligeras ni ningún otro tipo de material militar, de seguridad o policial a Ruanda si puede ser utilizado por las fuerzas de seguridad o por otros grupos armados para cometer abusos contra los derechos humanos. Deben reconocer que, dada la pauta de homicidios arbitrarios de civiles desarmados expuesta en este informe, tal material puede contribuir directamente a que se sigan cometiendo abusos contra los derechos humanos. Amnistía Internacional insta a los gobiernos a tener en cuenta los datos indicativos de que la mayoría de las víctimas de los homicidios cometidos durante las operaciones de contrainsurgencia emprendidas en Ruanda en 1996 y 1997 han sido civiles desarmados, muchos de ellos mujeres y niños.

- Los gobiernos que tengan intención de transferir material o entrenamiento militar, de seguridad o policial a Ruanda deben insistir antes de hacerlo en pedir garantías, verificables por observadores independientes, de que las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario han cesado y el material no será utilizado contra civiles desarmados.

- Los gobiernos han de tener en cuenta que el material clasificado como «no letal» (como los equipos de comunicaciones y los vehículos militares) puede servir también para cometer abusos contra los derechos humanos, en especial en zonas remotas.

- Los gobiernos que tengan intención de hacer transferencias militares a Ruanda deben tener en cuenta también que tal material puede ir a parar a países vecinos, como Burundi o la República Democrática del Congo, donde también continúan cometiéndose abusos generalizados contra los derechos –incluso por tropas del EPR en el caso de la República Democrática del Congo–. Está demostrado que las fuerzas de seguridad y los grupos armados de oposición de estos tres países mantienen estrechas relaciones.

Algunas medias positivas de ayuda a Ruanda que contribuirían a la protección de los derechos humanos son:

- ofrecer formación en materia de derechos humanos a los miembros del ejército, la policía y el sistema penitenciario ruandeses. En tal formación se han de incluir las normas internacionales para la conducta de las fuerzas de seguridad y los funcionarios de prisiones y para la aplicación práctica de estas normas. Es preciso apoyar esta formación a fin de crear un sistema eficaz de rendición de cuentas en materia de derechos humanos aplicable al personal del ejército, la policía y el sistema penitenciario;

- continuar ayudando al poder judicial y facilitar el proceso de celebración de juicios justos en Ruanda proporcionando recursos materiales y humanos, incluidos expertos en todos los niveles del sistema judicial (en particular abogados defensores), y ayudando a crear un cuerpo de abogados defensores ruandeses dispuestos a asistir a los acusados de participar en el genocidio de 1994;

- prestar asistencia al sistema penitenciario, directamente o a través de organizaciones humanitarias no gubernamentales, a fin de mejorar las condiciones de detención y garantizar que los detenidos tienen acceso en todo momento a la debida atención médica.

Protección de los refugiados

- Los gobiernos deben observar en todo momento el principio de no devolución. Ninguna persona debe ser devuelta a Ruanda si está expuesta a sufrir allí graves violaciones de derechos humanos. Este principio, además de ser una norma del derecho consuetudinario internacional, de obligado cumplimiento, por tanto, para todos los Estados, se encuentra recogido en varios tratados internacionales, entre ellos la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y la Convención de 1969 de la Organización de la Unidad Africana que Regula los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África.

- Dados los persistentes y graves abusos que se comenten en Ruanda contra los derechos humanos, y dado que entre las víctimas de estos abusos figuran muchos de los refugiados que han regresado, los gobiernos extranjeros y las organizaciones intergubernamentales deben reconocer que no se puede considerar seguro para los refugiados regresar al país. A la luz de los abrumadores datos indicativos de que en las actuales circunstancias el regreso no resulta seguro, no se debe formentar su repatriación. Los gobiernos y los organismos que la propugnan deben informar públicamente de los riesgos que corren quienes regresen y no coaccionar ni presionar en absoluto a los refugiados para que vuelvan a Ruanda.

- Repatriar a los refugiados a ciertas partes de Ruanda y no a otras, según los riesgos observables en materia de seguridad, no puede ser considerado una solución adecuada, ya que muchas de las personas que regresan se acaban viendo obligadas a volver a su zona de origen. Además, aunque la mayoría de los homicidios se han cometido en las prefecturas del noreste, también han tenido lugar graves abusos contra los derechos humanos en otras partes del país, incluidas las consideradas «seguras»; de hecho, las violaciones de derechos humanos relacionadas con las condiciones penitenciarias, los malos tratos y las detenciones son comunes a todo el país.

- La comunidad internacional debe acordar un mecanismo de evalucación exhaustiva y constante de la situación de los derechos humanos en Ruanda teniendo en cuenta toda la información disponible. Tal evaluación ha de ser independiente e imparcial. El gobierno de Ruanda debe colaborar plenamente con quienes se encarguen de llevarla a cabo y garantizarles el acceso a todas las zonas del país. Sólo se debe fomentar la repatriación si, basándose en esta evalucación, se llega a la conclusión de que la situación de los derechos humanos en Ruanda ha mejorado de manera fundamental y duradera. Asimismo, antes de propugnar de nuevo la repatriación, el gobierno de Ruanda debe ofrecer garantías verificables de que quienes regresen no serán sometidos a abusos contra los derechos humanos.

- Todo procedimiento de selección que se establezca para examinar las solicitudes de asilo de los refugiados ruandeses debe ser justo y satisfactorio, y se debe ajustar a las normas fundamentales para la determinación de la condición de refugiado establecidas en el Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado, de la oficina del ACNUR, así como en los Principios básicos para la protección de los refugiados, de Amnistía Internacional. En particular, el organismo encargado de la selección ha de ser completamente independiente e imparcial.

- Se debe ofrecer a los países que acogen a refugiados de Ruanda la asistencia internacional necesaria para garantizar que los refugiados reciben protección contra los abusos que se cometen en esos países, así como la debida ayuda humanitaria. Los gobiernos extranjeros deben considerar la posibilidad de porporcionar un cuerpo de policía civil internacional para ayudar a garantizar la seguridad de los refugiados en los países de acogida si las autoridades de éstos no pueden o quieren protegerlos.

- La comunidad internacional debe ayudar a los países de acogida a identificar entre los refugiados a los individuos acusados de participar en el genocidio de 1994 e iniciar con prontitud investigaciones independientes sobre tales acusaciones para decidir si deben ser procesados. En tal caso, esos individuos han de ser sometidos a un juicio justo, en el que no se recurra a la pena de muerte, ante el Tribunal Penal Internacional de Arusha, si resulta conveniente, o ante un tribunal pertinente del país de acogida.

Amnistía Internacional se opone incondicionalmente al empleo la pena de muerte. Como en Ruanda se condena a muerte a los individuos considerados responsables en gran medida del genocidio de 1994, Amnistía Internacional hace un llamamiento a los gobiernos para que no extraditen a Ruanda a ninguna persona que pueda se considerada así.

INTERNO (sólo para miembros de AI) Índice AI: AFR 47/32/97/s

Distr : SC/CC/CO/GR

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Amnistía Internacional

Secretariado Internacional

1 Easton Street

Londres WC1X 8DJ

Reino Unido

SEPAREN ESTA HOJA DEL DOCUMENTO PRINCIPAL

ANTES DE COPIARLO O DISTRIBUIRLO

PARA USO EXTERNO

RUANDA

Poner fin al silencio

RESUMEN

El documento adjunto, que será publicado por Amnistía Internacional el 25 de septiembre de 1997, se centra en las preocupaciones de la organización en relación con las matanzas de civiles desarmados cometidas en Ruanda desde enero de 1997, pero también se exponen en él sus preocupaciones acerca de otras violaciones de derechos humanos, entre ellas «desapariciones» y malos tratos. Amnistía Internacional publica este informe para poner de manifiesto la rapidez con que está empeorando la ya grave situación de los derechos humanos en el país y para hacer un llamamiento a las autoridades de Ruanda y a la comunidad internacional a fin de que tomen de inmediato medidas para salvar la vida de millares de civiles ruandeses más.

Los Grupos y las Secciones deben saber que, en relación con este documento, se prepararán también un documento externo sobre casos de llamamiento(AFR 47/31/97/s) y una hoja de pedido de fotografías(AFR 47/35/97/s).En todo trabajo que se realice sobre el documento se debe aprovechar completamente este material.

ACCIONES RECOMENDADAS

Asegúrense de que reciben una copia del documento todos los miembros de su Sección que trabajan sobre Ruanda o sobre la región de los Grandes Lagos, así como otras personas pertinentes, y de que el documento queda debidamente archivado para futuras consultas. Asimismo, emprendan el mayor número posible de las acciones recomendadas a continuación.

Los Grupos y Secciones que participen en la acción emprendida en relación con este documento (AFR 47/34/97/s, acción de Sección y acción de la CAFRAN 10/97) deben consultar también las acciones recomendadas en esa circular.

• Se pide a las Secciones donde no haya Grupo de coordinación sobre Ruanda que envíen una copia del documento a los representantes diplomáticos de Ruanda acreditados en su país para su información y para solicitar sus comentarios.

• Se pide a los coordinadores de campaña que se aseguren de que tienen acceso al documento y al material de acción las redes y Grupos pertinentes de su Sección no incluidos en la lista de distribución del apartado siguiente.

• Se pide a los encargados de prensaque impulsen este informe dando la máxima publicidad a su publicación y al comunicado de prensa que lo acompaña.

• Se pide a los encargados de la captación de apoyos en el propio gobierno y en organizaciones intergubernamentelesque realicen su trabajo basándose en las recomendaciones expuestas al final del documento.

• Se pide a los coordinadores de trabajo sectorialque distribuyan ampliamente el documento (y los casos de llamamiento si es posible) entre las organizaciones no gubernamentales y demás sectores interesados en Ruanda, en la región de los Grandes Lagos o en otras preocupaciones relacionadas con este documento, así como entre los miembros del público interesados en estos asuntos.

• Se pide a los coordinadores de refugiadosque hagan el mayor uso posible del documento en cualquier trabajo sobre Ruanda, particularmente en el relacionado con la campaña sobre refugiados y con los casos de refugiados ruandeses acogidos en su país. (Consulten tambien la carta abierta a los gobiernos que acogen a refugiados de la región de los Grandes Lagos, publicada en septiembre de 1997, Índice AI: AFR 02/24/97).

DISTRIBUCIÓN POR EL SI

EL SI ha enviado directamente este documento a:

Todas las Secciones

Coordinadores de campaña de las Secciones participantes

Coordinadores de la CAFRAN

Coordinadores de Ruanda

A todos los incluidos en esta lista se les enviará también el material complementario del informe, a saber: circular de acción, documento externo sobre casos de llamamiento y hoja de pedido de fotografías.

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(1) Extracto de una declaración anónima obtenida en Ruanda, marzo de 1997.

(2) La cifra de 6.000 corresponde a los casos de los se informó a Amnistía Internacional a lo largo de este periodo, pero no incluye los homicidios sobre los que se carecía de datos substanciales, ni tampoco muchos más de los que es muy problable que no se informara.

El 7 de agosto de 1997, en un comunicado de prensa titulado Ruanda: Se intensifican las matanzas de civiles(Índice AI: AFR 47/27/97/s), Amnistía Internacional informó de que entre mayo y julio de 1997 habían matado al menos a 2.300 personas. Los datos proporcionados por diversas fuentes desde esa fecha indican que el número de homicidios cometidos durante esos tres meses fue considerablemente mayor.

(3) Véase el informe de Amnistía InternacionalRuanda: Se olvidan los derechos humanos en la repatriación de los refugiados(Índice AI: AFR 47/02/97/s), 14 de enero de 1997.

(4) Ruanda está dividida en 12 prefecturas (préfectures), subdividas en comunas (communes), las cuales están divididas a su vez en sectores (secteurs) formados por unidades aún más pequeñas llamadas células (cellules).

(5) Las preocupaciones de Amnistía Internacional en relación con los primeros juicios celebrados en Ruanda se exponen en el informe Ruanda: Juicios injustos: justicia denegada(Índice AI: AFR 47/08/97/s), 8 de abril de 1997.

(6) Véase el informe de Amnistía Internacional Ruanda: Alarmante reanudación de los homicidios(ÍndiceAI: AFR 47/13/96/s), 12 de agosto de 1996.

(7) Véase el informe de la Operación de Derechos Humanos en Ruanda (ODHR) de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Ruanda y sobre sus actividades, mayo-junio de 1997.

(8) Véase el informe de la ODHR Public extrajudicial executions of two alleged murder accomplices by members of the Rwandese Patriotic Army in Karengera commune, Cyangugu préfecture, on 24 January 1997, 27 de febrero de 1997.

(9) Véase el informe de la ODHRPublic extrajudicial executions of four murder suspects by members of the Rwandese Patriotic Army, 24 de enero de 1997.

(10) Para más información sobre estos casos, véase la Acción Urgente 199/96 (8 de agosto de 1996) de Amnistía Internacional, así como sus actualizaciones del 15 de agosto de 1996, 13 de septiembre de 1996, 30 de abril de 1997, 16 de mayo de 1997 y 30 de junio de 1997.

(11) Según la ODHR, el jefe del departamento de investigaciones criminales dijo que no había más información sobre el paradero de Innocent Murengezi y que su departamento no estaba investigando ya el caso (véase el informe de la ODHR sobre la situación de los derechos humanos en Ruanda y sobre sus actividades, de mayo-junio de 1997).

(12) Para más información sobre este caso, véase la Acción Urgente 155/97 (Indíce AI: AFR 47/18/97/s) de Amnistía Internacional.

(13) Véase, por ejemplo, el informe de Amnistía InternacionalRuanda: Se olvidan los derechos humanos en la repatriación de los refugiados(Índice AI: AFR 47/02/97/s), enero de 1997.

(14) Para más información sobre esta matanza, véase el informe de Amnistía InternacionalRuanda y Burundi: Regreso de los refugiados: rumores y realidades(Índice AI: AFR 02/01/96/s), febrero de 1996.

(15) Véase el informe de AFP del 16 de julio de 1997.

(16) Véase la Acción Urgente 115/97 (índice AI: AFR 36/04/97/s) de Amnistía Internacional, del 18 de agosto de 1997, así como su actualización del 9 de septiembre de 1997 (Índice AI: AFR 36/06/97/s).

(17) Véase el informe de Amnistía Internacional Ruanda: Armas para los autores del genocidio(Índice AI: AFR 02/14/95/s), junio de 1995.

(18) Véase el artículo del servicio de noticias del 4 de noviembre de 1996Amnistia Internacional solicita medidas eficaces para detener la entrada de armamento a la region africana de los Grandes Lagos(Índice AI: AFR 62/24/96/s).

(19) En otros países, las fuerzas de seguridad han utilizado vehículos blindados para secuestrar y hacer «desaparecer» civiles y para realizar operaciones de vigilancia en zona remotas en las que se han cometido homicidios arbitrarios e indiscriminados.

(20) Véase Investigations in Eastern Congo and Western Rwanda: A Report by Physicians for Human Rights, 16 de julio de 1997.

(21) Véase «US military role in Rwanda greater than disclosed», enThe Washington Post, 16 de agosto de 1997.