Document - Senegal: terror en Casamancia
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FECHA DE EMBARGO: 10:30 HORAS GMT DEL MARTES 17 DE FEBRERO
Senegal: terror en Casamancia
París.‒ «Los gendarmes le cortaron los labios y le dijeron que se los comiera... Empezó a manar sangre y me ordenaron que me la bebiera... Luego me desnudaron y derramaron sobre mí una mezcla de plástico derretido y gasolina».
Este es uno de los numerosos testimonios recabados por Amnistía Internacional que describe el horror de la tortura en Casamancia, Senegal, de la que no se han librado ni siquiera los ancianos y las mujeres.
En su nuevo informe titulado «Senegal: clima de terror en Casamancia, la organización expone cómo en los últimos 15 años, los civiles de Casamancia han sido las víctimas impotentes del conflicto y de las negociaciones entre el gobierno senegalés y el Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamancia.1Un conflicto en el que ambas partes han decidido de forma consciente aterrorizar a los civiles.
«No pueden explicarse violaciones masivas de derechos humanos como “errores lamentables”, dado que todo el mundo considera al ejército senegalés como una organización bien estructurada y disciplinada ‒ha declarado Amnistía Internacional‒. Estas violaciones señalan claramente la responsabilidad de las máximas autoridades del Estado».
Al recibir a una delegación de Amnistía Internacional el pasado año, el presidente senegalés Abdou Diouf afirmó que estaba comprometido con el estado de derecho. Pero diez meses después de recibir un informe en el que se detallaban casos de tortura, de ejecuciones ilegales y de «desapariciones», el gobierno no ha respondido y las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en Casamancia han aumentado.
Ciento veinte personas detenidas en abril de 1995 siguen recluidas sin juicio y sin que se hayan formulado cargos graves contra la mayoría de ellas. Muchos presos, en su mayor parte presos de conciencia, han sufrido torturas para obligarlos a firmar declaraciones judiciales; a muchos analfabetos no se les han leído estas declaraciones. Basándose en ellas, a todos ellos se les ha «acusado de amenazar la seguridad del Estado y la integridad de la nación».
«En Casamancia, muchas detenciones o excarcelaciones no son consecuencia de decisiones judiciales, sino que pueden basarse sólo en motivos de estrategia política: para servir como moneda de cambio en las conversaciones que mantiene el gobierno senegalés con el Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamancia», ha declarado Amnistía Internacional.
En Casamancia, se tortura de forma sistemática a los detenidos, tanto durante el periodo de reclusión en régimen de incomunicación, como durante su traslado en barco desde la prisión de Ziguinchor a la de Dakar. Muchos han sido torturados en sus propias casas, delante de sus familias, antes de que se les formulara siquiera una pregunta.
Las detenciones arbitrarias y la tortura se han convertido en una forma de abordar la crisis. Para humillar a los sospechosos y obtener por la fuerza confesiones de todos ellos, incluidas mujeres y ancianos, el ejército y la Gendarmería han utilizado una enorme gama de técnicas:
«Los gendarmes nos pegaron por todo el cuerpo y la corriente eléctrica nos sacudía los corazones y los oídos»; «los gendarmes nos obligaron a golpearnos entre nosotros, y la sangre manaba de los oídos de algunos presos»; «la corriente eléctrica me llegó hasta el corazón; me dolían los oídos y no podía oír nada. Me dolía tanto que me arranqué los cables».
Decenas de estos testimonios y pruebas materiales recabadas por Amnistía Internacional muestran un elevado grado de crueldad e inhumanidad. En el conflicto, varios testigos han mencionado el papel de los médicos militares que han tratado a las víctimas de la tortura sin oponerse a su práctica.
Parece que los ancianos se han convertido en un blanco especial, y que las mujeres detenidas han sufrido salvajes palizas. En la gendarmería de Nema, en Ziguinchor, a una mujer le desgarraron la ropa golpeándola con una rama de mango y después la dejaron desnuda delante de los demás presos. Otras se han convertido en rehenes de los gendarmes cuando éstos no encontraban a la persona a la que buscaban.
Amnistía Internacional siente especial inquietud por la «desaparición» de personas detenidas por las fuerzas de seguridad y cuya suerte se desconoce, y por el fenómeno recurrente de las ejecuciones ilegales, que se han reanudado en julio de 1997. La organización teme que la mayoría de estas personas haya sido asesinada y enterrada en fosas comunes. De ser ello cierto, al negarse a reconocer la muerte de las víctimas, las autoridades están negando a sus familias la posibilidad de desarrollar el proceso natural de duelo que sigue a la muerte de un ser querido.
Desde 1990, el Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamancia ha sido también responsable de dar muerte a personas que se han negado a darles comida o dinero o a quienes consideraban presuntos colaboradores de las autoridades senegalesas. Algunos homicidios parecen haberse cometido siguiendo criterios étnicos. La noche del 7 al 8 de septiembre de 1997, combatientes del Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamancia irrumpieron en el centro juvenil de la aldea de Djibanar, en el departamento de Sédhiou, y mataron a unos 10 niños.
Amnistía Internacional viene denunciando desde hace muchos años los abusos que comete el Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamancia con total impunidad contra civiles desarmados. Los líderes políticos de esa organización aseguran periódicamente a Amnistía Internacional que sus combatientes reciben instrucciones por escrito para que pongan fin a sus abusos contra civiles, sin que ello haya dado resultado alguno.
Amnistía Internacional expresa su satisfacción por el llamamiento a la paz realizado en enero por el principal líder del Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamancia, el padre Diamacoune, pero subraya que mientras permanezcan impunes estos abusos contra los derechos humanos y no se haga nada para impedir que sigan produciéndose, no puede albergarse una esperanza seria de que mejore el respeto a los derechos humanos.
1Grupo armado de la oposición que reclama la independencia de esta región, situada al sur del país.