Sierra Leona: Un retroceso catastrófico para los derechos humanos

Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997 Índice AI: AFR 51/05/97/s

Índice AI: AFR 51/05/97/s Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997

SIERRA LEONA

Un retroceso catastrófico para los derechos humanos

Introducción

Desde que, el 25 de mayo de 1997, un golpe de Estado militar derrocó al gobierno del presidente Ahmad Tejan Kabbah, el estado de derecho está completamente colapsado en Sierra Leona. Las esperanzas y aspiraciones a la protección y respeto de los derechos humanos en Sierra Leona, generadas por el restablecimiento del gobierno civil tras las elecciones de febrero de 1996 y la conclusión de un acuerdo de paz entre el gobierno y el Frente Unido Revolucionario en noviembre de 1996, han recibido un golpe devastador.

Los militares crearon el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, presidido por el comandante Johnny Paul Koroma. Desde el golpe de Estado, los soldados, junto con los miembros del Frente Unido Revolucionario que se les han unido, cometen graves violaciones de derechos humanos. Aunque el comandante Johnny Paul Koroma ha pedido a los soldados que no cometan actos ilegales, la inexistencia de un control efectivo tanto de los soldados como del Frente Unido Revolucionario ha tenido como consecuencia que las violaciones de derechos humanos se cometan con impunidad. Cientos de personas han sido detenidas y encarceladas arbitrariamente; muchas han sufrido torturas y malos tratos. Son habituales las agresiones físicas a civiles, equivalentes a malos tratos, perpetradas por soldados y miembros del Frente Unido Revolucionario. También se han recibido informes de ejecuciones extrajudiciales de algunos presuntos opositores del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas.

El golpe de Estado trajo la violencia y la inseguridad, tanto a la capital, Freetown, como a otras zonas del país. El día del golpe y en los inmediatamente posteriores, murieron en Freetown hasta un centenar de personas a causa de la violencia y muchas otras resultaron heridas. Asimismo, fueron numerosos los incidentes de violación y saqueo. El presidente Ahmad Tejan Kabbah huyó a la vecina Guinea el mismo día del golpe, junto con otros miembros de su gobierno. En los meses siguientes, el mantenimiento del orden público se colapsó. Entre las miles de personas que huyeron de Sierra Leona y buscaron refugio en otros países de la región se contaban muchos jueces, abogados y altos cargos de la policía. Hay un gran número de casos pendientes de resolución ante los tribunales penales, que han dejado de funcionar casi totalmente. El Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas anunció la creación de Tribunales Revolucionarios Populares, integrados por personas sin formación jurídica. Según informes, en Freetown siguen cometiéndose asesinatos, robos y violaciones a un nivel que no tiene precedentes; es frecuente la implicación de soldados y miembros del Frente Unido Revolucionario en estos delitos.

Casi todos los sectores sociales de Sierra Leona, incluidos sindicatos, grupos religiosos, abogados, grupos de mujeres, profesores, estudiantes y periodistas, se han opuesto al golpe de Estado. Un gran número de funcionarios civiles, profesores y otros trabajadores del sector público se ha negado a trabajar como protesta por el golpe, pese a las amenazas de despido del Consejo Revolucionario.

La comunidad internacional ha condenado el derrocamiento del presidente Ahmad Tejan Kabbah, y exigido el restablecimiento del orden constitucional en Sierra Leona. Las negociaciones con el Consejo Revolucionario han sido titubeantes, se ha impuesto un embargo económico global y los países de la región han considerado seriamente la posibilidad de otra intervención militar en Sierra Leona en el caso de que fracasen el diálogo y las sanciones.

Los intentos de las tropas de África Occidental, sobre todo nigerianas, con base en Freetown, de hacer frente al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas poco después del golpe de Estado, y los posteriores enfrentamientos entre soldados y fuerzas del Frente Unido Revolucionario, de un lado, y tropas del África Occidental de otro, en Freetown y sus alrededores, han provocado varias muertes entre la población civil. También se ha informado de la muerte de civiles a consecuencia de los intentos de las fuerzas de África Occidental de llevar a efecto el embargo impidiendo la entrada de barcos en el puerto de Freetown. Fuera de la capital, se han intensificado los choques entre soldados y fuerzas del Frente Unido Revolucionario, y los miembros de una milicia civil integrada por cazadores locales del grupo étnico mende, conocidos como los kamajors, que han provocado numerosas víctimas mortales, entre las que se cuentan asimismo civiles atrapados en los combates. Éstos han sido especialmente intensos en torno a Kenema, en la Provincia Oriental, y Bo, Moyamba y Zimmi, en la Provincia Meridional. Los kamajors, que habían luchado contra el Frente Unido Revolucionario durante el conflicto armado interno de Sierra Leona, mantienen su lealtad al presidente Ahmad Tejan Kabbah. En el norte del país, en el distrito de Tonkolili, se han producido enfrentamientos entre los kapras, una milicia civil de la etnia temne, y fuerzas del Frente Unido Revolucionario.

Con la extensión de la violencia y la inseguridad por todo el país, están cometiéndose de nuevo las graves violaciones de derechos humanos, que incluían torturas, malos tratos y el homicidio deliberado y arbitrario de civiles desarmados, que habían caracterizado el conflicto armado interno entre 1991 y 1996.Para más información sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto armado interno de Sierra Leona, véanse Sierra Leone: Human rights abuses in a war against civilians (Índice AI: AFR 51/05/95), publicado por Amnistía Internacional el 13 de septiembre de 1995, y Sierra Leone: Towards a future founded on human rights(Índice AI: AFR 51/05/96), publicado por Amnistía Internacional el 25 de septiembre de 1996.

Los principales acontecimientos políticos de 1996 Sla restauración de un gobierno civil tras las elecciones parlamentarias y presidenciales, y el acuerdo de paz para poner fin al conflicto armado internoSofrecieron una ocasión única para acabar con las violaciones de derechos humanos. El nuevo gobierno del presidente Ahmad Tejan Kabbah declaró su compromiso con la protección y el respeto de los derechos humanos y, por otro lado, el acuerdo de paz contenía el compromiso de ambos bandos de adherirse a las normas internacionales de derechos humanos.Para más información, véase Sierra Leone: Towards a future founded on human rights(Índice AI: 51/05/96), publicado por Amnistía Internacional el 25 de septiembre de 1996.En agosto de 1996, el gobierno se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El golpe de Estado del 25 de mayo de 1997 ha supuesto, por tanto, un importante retroceso, ya que se ha vuelto a la brutalidad que había caracterizado los años del conflicto armado interno; las bases que se establecieron durante 1996 para la protección y el respeto de los derechos humanos han quedado gravemente dañadas.

Amnistía Internacional pide al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas que tome medidas inmediatas para poner fin a las violaciones de derechos humanos. El Consejo debe cumplir estrictamente las obligaciones contraídas por Sierra Leona en virtud de las leyes internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta Africana)Sierra Leona ratificó la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en 1984.y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.Sierra Leona firmó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 1985, aunque aún no la ha ratificado. Con la firma de la Convención, el gobierno de Sierra Leona se comprometía a respetar los principios consagrados en ella. El Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas está vinculado por las normas que Sierra Leona se ha comprometido a respetar. Estas obligaciones incluyen garantizar el derecho a la vida; el derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a no sufrir detenciones arbitrarias; el derecho a recibir un juicio justo y público ante un tribunal competente, independiente e imparcial constituido según la ley y, en caso de ser condenado, a que la declaración de culpabilidad y la condena sean revisadas por un tribunal superior; y el derecho a la libertad de expresión y de asociación.

La comunidad internacional, a través de entidades como las Naciones Unidas (ONU), la Organización de la Unidad Africana (OUA), la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS)La ECOWAS es una organización intergubernamental compuesta por 16 Estados (Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo) y con sede en Nigeria. Su objetivo es promover la cooperación y el desarrollo y mejorar las relaciones entre los Estados miembros., la Comunidad de Naciones (Commonwealth)y la Unión Europea (UE), ha dedicado una considerable atención y esfuerzo a resolver la crisis política de Sierra Leona y restablecer en el poder al gobierno elegido. Amnistía Internacional pide que la protección de los derechos humanos sea una prioridad en los esfuerzos de la comunidad internacional para poner fin a la crisis, y que todas sus decisiones y actuaciones garanticen el respeto a los derechos humanos fundamentales en Sierra Leona.

El golpe de Estado militar del 25 de mayo de 1997

El 25 de mayo de 1997, un grupo de oficiales de baja graduación del ejército de Sierra Leona derrocó al gobierno del presidente Ahmad Tejan Kabbah. Éste había llegado al poder en marzo de 1996, tras unas elecciones parlamentarias y presidenciales que pusieron fin a los cuatro años de régimen militar del Consejo Nacional Provisional, que había alcanzado a su vez el poder tras un golpe de Estado en abril de 1992.

El Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas está presidido por el comandante Johnny Paul Koroma, a quien los soldados liberaron el día del golpe de la Prisión Central, en Pademba Road, Freetown. Koroma formaba parte de un grupo de nueve militares encarcelados pendientes de juicio, procesados por conspiración para derrocar al gobierno del presidente Kabbah en septiembre de 1996. A su llegada al poder, el Consejo suspendió la Constitución y prohibió los partidos políticos y todas las manifestaciones. Asimismo, se confirió a sí mismo amplias facultades de encarcelamiento; cualquier persona podía ser detenida «en interés de la seguridad pública» sin garantía alguna frente a la detención arbitraria o el encarcelamiento indefinido sin cargos ni juicio. Según informes, los militares detuvieron y encarcelaron a miembros del gobierno del presidente Kabbah o de su partido político, el Partido Popular de Sierra Leona, así como a personas estrechamente vinculadas al gobierno, y anunciaron la disolución de los kamajors.

El Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas declaró que había derrocado al gobierno porque éste no había logrado consolidar la paz en Sierra Leona tras el acuerdo alcanzado en noviembre de 1996. También manifestó que el gobierno no era democrático y que había fomentado la rivalidad entre las tribus al nombrar sobre todo a personas del grupo étnico mende, del sur y el este del país, para ocupar puestos destacados. Una queja importante era la percepción de que el gobierno había asignado pocos recursos a las fuerzas armadas del país y favorecido, en cambio, a los kamajors. El presidente Ahmad Tejan Kabbah, miembros de su gobierno y sus partidarios negaron enérgicamente estas acusaciones. El Consejo Revolucionario exigió también la liberación y el retorno del líder del Frente Unido Revolucionario, Foday Sankoh, encarcelado en Nigeria. Poco después de consumado el golpe, el Consejo declaró su intención de permanecer en el poder 18 meses. El comandante Johnny Paul Koroma juró su cargo como jefe del Estado el 17 de junio de 1997; manifestó que estaba comprometido con la paz y que nombraría un gobierno de base amplia en el que tendrían cabida todos los grupos étnicos del país.

Foday Sankoh permaneció bajo arresto domiciliario en Abuja, Nigeria. Las autoridades nigerianas lo habían encarcelado a su llegada a Nigeria el 2 de marzo de 1997, aparentemente por posesión de armas y munición. Desde Nigeria, Foday Sankoh anunció su apoyo al golpe de Estado. Las fuerzas del Frente Unido Revolucionario se unieron a las fuerzas armadas de Sierra Leona, formando el Ejército Popular. Un gran número de miembros del Frente Unido Revolucionario llegaron a Freetown. Foday Sankoh fue nombrado vicepresidente del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, a cuya junta de gobierno se incorporaron otros miembros destacados del Frente Unido Revolucionario.

Las negociaciones entre el gobierno de Sierra Leona y el Frente Unido Revolucionario para poner fin a los cinco años de conflicto armado interno del país habían culminado en la firma del acuerdo de paz de Abiyán, Costa de Marfil, en noviembre de 1996. Dicho acuerdo disponía el cese inmediato de las hostilidades y un calendario para el desarme, la desmovilización y la reconstrucción, así como la creación de un Grupo Neutral de Vigilancia de la comunidad internacional como organismo responsable de supervisar el cumplimiento del acuerdo. Sin embargo, se produjeron importantes retrocesos y demoras en dicho cumplimiento y, en las semanas previas al golpe de Estado, el acuerdo parecía haber fracasado, al reanudarse las hostilidades, especialmente en el norte del país. La ruptura del alto el fuego y la reanudación de las hostilidades conllevaron nuevos informes de violaciones graves de derechos humanos. Desde el golpe de Estado, ha sido imposible seguir avanzando hacia el cumplimiento de este acuerdo de paz alcanzado en Abiyán en noviembre de 1996.

Tras el golpe de Estado, la violencia, materializada en asesinatos y violaciones, así como en saqueos generalizados, como los padecidos por la ONU y las organizaciones humanitarias, se extendió en Freetown. Cientos de presos fueron liberados de la prisión de Pademba Road; muchos de ellos recibieron armas y uniformes del ejército. La situación empeoró con la llegada a la capital de un gran número de efectivos del Frente Unido Revolucionario, que no recibían un salario regular y que abusaban flagrantemente de su poder.

Las reservas de alimentos y medicinas de las organizaciones humanitarias fueron robadas y la agitación política y la posterior generalización de los disturbios civiles han agravado una situación alimentaria ya precaria. La actividad agrícola está gravemente paralizada. Existe una severa escasez de comida y el precio del arroz y otros productos básicos ha subido de forma vertiginosa. Las organizaciones de ayuda prevén una situación grave de emergencia humanitaria. Muchos empleados del sector público siguen negándose a trabajar como protesta por el golpe de Estado y algunos bancos continúan cerrados. Los cortes del suministro eléctrico son frecuentes en Freetown, a medida que escasea el combustible. Tanto en Freetown como en otras zonas del país, los civiles afrontan serias penalidades y una situación de inseguridad.

Inmediatamente después del golpe de Estado, las fuerzas nigerianas que ya estaban presentes en Sierra Leona merced a un acuerdo de defensa entre ambos países se reforzaron de forma significativa, incorporándose a ellas incluso fuerzas del Grupo de Vigilancia del Alto el Fuego de la ECOWAS, conocido como ECOMOG, que dicho organismo tenía desplegadas en la vecina Liberia desde 1990 y a las que se unieron las fuerzas de otros Estados de África Occidental, como Guinea y Ghana. El 2 de junio de 1997, navíos nigerianos bombardearon objetivos militares en Freetown, tras lo cual se produjeron combates entre soldados nigerianos y sierraleoneses, a quienes se habían unido las fuerzas del Frente Unido Revolucionario. Los esfuerzos realizados en septiembre y octubre de 1997 para hacer efectivo el embargo económico impuesto por la ECOWAS tuvieron como consecuencia nuevos bombardeos en Freetown.

Aunque parece que las hostilidades entre soldados y fuerzas del Frente Unido Revolucionario cesaron en las semanas inmediatamente posteriores al golpe de Estado, se han producido desde entonces violentos enfrentamientos entre los kamajors,leales al presidente Ahmad Tejan Kabbah, por una parte, y los soldados y fuerzas del Frente Unido Revolucionario por otra, especialmente en las provincias Meridional y Oriental. También ha habido choques entre los soldados y las tropas de la ECOWAS, sobre todo en el aeropuerto internacional de Lungi y también en torno al de Hastings y en Jui, al este de Freetown.

La población civil está atrapada en medio de los combates y los bombardeos. Según informes, hasta cien personas murieron y muchas más resultaron heridas el 2 de junio de 1997 en Freetown, durante el bombardeo realizado desde buques nigerianos y en los combates que siguieron.

Los esfuerzos de la comunidad internacional para resolver la crisis política de Sierra Leona vienen centrándose en la condena del golpe de Estado, el aislamiento internacional del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas y los llamamientos a que éste devuelva el poder al gobierno del presidente Ahmad Tejan Kabbah. Al tiempo que se sigue una estrategia de diálogo y sanciones, no se descarta el recurso a la intervención militar para expulsar al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas del poder en el caso de que estas medidas fracasen.

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La reacción internacional ante la crisis de Sierra Leona

El golpe de Estado de Sierra Leona del 25 de mayo de 1997 recibió la condena inmediata de la comunidad internacional, representada por organismos como la ONU, la ECOWAS, la Comunidad de Naciones (Commonwealth) y la Unión Europea. Ningún gobierno ha reconocido al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas. También se ha condenado la violencia y las pérdidas de vidas derivadas del golpe. En las semanas siguientes a éste, hubo una intensa actividad diplomática para tratar de encontrar una solución pacífica a la crisis política y alejar la amenaza de una intervención militar.

Esta posibilidad se ha considerado seriamente como respuesta a la crisis política en Sierra Leona. En junio de 1997, la ECOWAS, a la que la OUA ya había encomendado tomar las medidas oportunas para restablecer el orden constitucional en Sierra Leona, decidió resolver la crisis mediante el diálogo, las sanciones y, en caso necesario, el uso de la fuerza, medida esta última que no ha respaldado el Consejo de Seguridad de la ONU.

Amnistía Internacional no se manifiesta a favor ni en contra de la intervención militar. Sin embargo, le preocupa que, en el caso de que la comunidad internacional autorice una intervención de este carácter, las fuerzas militares respeten estrictamente las normas internacionales humanitarias y de derechos humanos en todo momento. Todos los países que envíen tropas como parte de una eventual intervención militar tienen la obligación de garantizar que no se cometen homicidios deliberados o indiscriminados, ni otras violaciones de derechos humanos prohibidas por las normas internacionales humanitarias y de derechos humanos.

La Organización de la Unidad Africana (OUA)

Inmediatamente después del golpe de Estado, el secretario general de la OUA, Salim Ahmed Salim, lo condenó como algo «inaceptable para el continente». El 26 de mayo de 1997, el Órgano Central del Mecanismo para la Prevención, Gestión y Resolución de Conflictos de la OUA condenó asimismo y de forma inequívoca el golpe y pidió el restablecimiento inmediato del orden constitucional. Además, pidió a los líderes de los Estados de la ECOWAS que ayudaran al pueblo de Sierra Leona a restablecer el orden constitucional, y a la comunidad internacional que respaldase dichos esfuerzos.

La 33ª Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA, reunida en Harare, Zimbabue, a principios de junio de 1996, encargó a la ECOWAS que tomara todas las medidas necesarias para restablecer la legalidad y la constitucionalidad en Sierra Leona, dejando al arbitrio de esta organización las medidas concretas que adoptase. Por su parte, en la 20ª Cumbre de la ECOWAS celebrada en Abuja a finales de agosto de 1997, el secretario general de la OUA reiteró el enérgico apoyo de esta organización a las iniciativas de la ECOWAS para llevar la paz, la seguridad y la estabilidad a Sierra Leona.

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS)

El 26 de junio de 1997, los ministros de Asuntos Exteriores de 14 Estados de la ECOWAS se reunieron en Conakry, capital de Guinea, y acordaron intentar la restauración lo antes posible del presidente Ahmad Tejan Kabbah en el poder, el restablecimiento de la paz y de la seguridad, y la resolución de varias cuestiones relativas a los refugiados y desplazados. Asimismo, reafirmaron el apoyo de la ECOWAS al acuerdo de paz firmado en Abiyán en noviembre de 1996. Los asistentes a la reunión decidieron realizar esfuerzos para la restauración del gobierno elegido, mediante una combinación de diálogo, la imposición de sanciones, la implantación de un embargo y, en caso necesario, el uso de la fuerza. Los ministros de Asuntos Exteriores de la ECOWAS crearon también un comité integrado por los ministros de Exteriores de Costa de Marfil, Chana, Guinea y Nigeria, más un representante de la OUA, para vigilar la situación en Sierra Leona y llevar a la práctica las medidas adoptadas.

Este comité de cuatro ministros de Asuntos Exteriores mantuvo con los representantes del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas dos rondas de conversaciones en Abiyán. La primera, celebrada los días 17 y 18 de julio de 1997, se suspendió tras acordar el establecimiento inmediato de un alto el fuego en toda Sierra Leona. La segunda ronda de negociaciones, celebrada los días 29 y 30 de julio, desembocó en el fracaso. La delegación del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas no cumplió el acuerdo alcanzado en la reunión anterior de presentar sus propuestas sobre modalidades para restablecer cuanto antes el orden constitucional en Sierra Leona, incluyendo la restitución del poder al gobierno del presidente Ahmad Tejan Kabbah. En su lugar, la delegación del Consejo Revolucionario rechazó el regreso del presidente Ahmad Tejan Kabbah, exigió la retirada de las fuerzas de África Occidental de Sierra Leona e insistió en pedir la libertad del líder del Frente Unido Revolucionario, Foday Sankoh, para que participase en las conversaciones. El 30 de julio de 1997, el comandante Johnny Paul Koroma anunció que la Constitución seguiría suspendida y que el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas continuaría en el poder cuatro años más, hasta el año 2001, lo que provocó la indignación de la comunidad internacional. El comandante Johnny Paul Koroma afirmó posteriormente que el Consejo Revolucionario seguía estando dispuesto a negociar una solución a la crisis política.

En la 20ª Cumbre de la ECOWAS celebrada en Abuja los días 29 y 30 de agosto, los jefes de Estado y de gobierno de la ECOWAS solicitaron que continuase y se intensificase el embargo contra Sierra Leona y acordaron pedir la ayuda del Consejo de Seguridad de la ONU para que las sanciones fueran globales y preceptivas, de conformidad con la Carta de la ONU. Asimismo, expresaron su determinación de hacer todo lo posible para alcanzar una solución pacífica a la crisis de Sierra Leona. La reunión amplió el mandato de las fuerzas del ECOMOG para que supervisase el alto el fuego, aplicase las sanciones y el embargo, y garantizase la paz en Sierra Leona.

A principios de septiembre de 1997, se intensificaron los ataques militares de las fuerzas de la ECOWAS, que trataban de implantar el embargo por tierra, mar y aire. La noche del 3 al 4 de septiembre de 1997, fuerzas de la ECOWAS con base en Lungi atacaron un buque que se encontraba frente a la costa de Freetown. El Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas declaró que a consecuencia de la operación de la ECOWAS, habían perdido la vida en la capital más de 50 civiles, al haber resultado alcanzadas zonas residenciales. Muchos otros resultaron heridos. Tanto el comandante del ECOMOG en Liberia, el general de división Victor Malu, como el presidente Ahmad Tejan Kabbah negaron que estas muertes fueran producto de la operación de la ECOWAS y declararon que las fuerzas del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas situadas en el Colegio Universitario de Fourah Bay, en una colina desde la que se domina Freetown, habían realizado abundantes disparos. Asimismo, testigos presenciales afirmaron haber visto disparos desde las posiciones del Consejo Revolucionario en el Colegio Universitario de Fourah Bay. Otras fuentes sugieren también que las muertes fueron causadas por disparos de la artillería y de los lanzagranadas procedentes de las posiciones del Consejo. No se ha podido determinar el número de muertos ni las circunstancias exactas en que fallecieron.

El 8 de octubre de 1997, aviones nigerianos bombardearon el cuartel de Cockerill, en Freetown. Las fuerzas del ECOMOG declararon que el objetivo era destruir un helicóptero de combate utilizado para atacar sus fuerzas. Según informes, murieron seis personas, dos de ellas civiles, y 40 resultaron heridas. El 15 de octubre, los aviones nigerianos atacaron un centro de comunicaciones externas de Freetown. Al día siguiente, bombardearon la zona situada alrededor del transmisor de radio estatal, en el oeste de Freetown, cerca de un cuartel militar, así como otras áreas de la ciudad. Al parecer, murieron trece civiles y 20 resultaron heridos.

El Consejo de Seguridad de la ONU

En una declaración hecha pública el 11 de julio de 1997, tras una reunión con los cuatro ministros de Asuntos Exteriores de la ECOWAS, el Consejo de Seguridad de la ONU reiteró su opinión de que el derrocamiento del gobierno del presidente Ahmed Tejan Kabbah era inaceptable, y pidió el restablecimiento inmediato e incondicional del orden constitucional en Sierra Leona. El Consejo de Seguridad de la ONU expresó asimismo su preocupación por las graves consecuencias humanitarias de la crisis de Sierra Leona, y por la amenaza para la estabilidad regional. Además, manifestó su total respaldo a los esfuerzos de la ECOWAS. El 31 de julio de 1997, el Consejo de Seguridad expresó su honda inquietud ante el fracaso de las conversaciones entre los representantes de la ECOWAS y del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas.

El 6 de agosto, el Consejo de Seguridad de la ONU reiteró su condena del derrocamiento del gobierno democráticamente elegido del presidente Ahmad Tejan Kabbah, y pidió al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas que tomara medidas inmediatas para su restauración incondicional. El Consejo de Seguridad declaró además que, si no recibía una respuesta satisfactoria, estaba dispuesto a tomar las medidas oportunas para restaurar al gobierno en el poder. También pidió al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas que reanudara las negociaciones con el comité de cuatro ministros de Asuntos Exteriores de la ECOWAS. Por otra parte, condenó la violencia y las amenazas de violencia continuas del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas a la población civil, los ciudadanos extranjeros y el personal del grupo de vigilancia de la ECOWAS.

A principios de septiembre de 1997, el secretario general de la ONU nombró a Francis Okelo, ex jefe adjunto de la Misión Especial de la ONU para Afganistán, enviado especial del secretario general en Sierra Leona.

Tras la cumbre de la ECOWAS celebrada en Abuja a finales de agosto de 1997, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió aplazar nuevas acciones en relación con el embargo impuesto por la ECOWAS hasta debatir la cuestión con más detalle con el grupo de cinco ministros de Exteriores de la ECOWAS Slos de Costa de Marfil, Ghana, Guinea y Nigeria, al que se incorporó más tarde el de LiberiaS. El 8 de octubre de 1997, el Consejo de Seguridad decidió imponer un embargo global de petróleo, armas y desplazamientos contra Sierra Leona, a fin de apoyar los esfuerzos de la ECOWAS y aumentar la presión para que el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas entregara el poder. Las sanciones internacionales permanecerán en vigor hasta que se restablezca el gobierno del presidente Ahmad Tejan Kabbah y se restaure el orden constitucional. La resolución prevé excepciones al embargo de petróleo por motivos humanitarios. El Consejo de Seguridad pidió también a las instituciones financieras internacionales y a los Estados miembros de la ONU que proporcionasen ayuda a los países de la región para atender a los refugiados de Sierra Leona. La resolución concedió asimismo autorización internacional a la ECOWAS para implantar el embargo de petróleo y armas e impedir la entrada de barcos en Sierra Leona.

La Comunidad de Naciones (Commonwealth)

El 11 de julio de 1997, el Grupo de Acción Ministerial sobre la Declaración de Harare, de la Comunidad de Naciones, integrado por los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá, Ghana, Jamaica, Malaisia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica y Zimbabue, condenó el golpe de Estado de Sierra Leona y pidió el restablecimiento inmediato e incondicional del gobierno democráticamente elegido del presidente Ahmad Tejan Kabbah. Asimismo, instó a la comunidad internacional a que siguiera negando su reconocimiento al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas y decidió que, hasta que no se restableciera el gobierno elegido del presidente Ahmad Tejan Kabbah, se suspendiera la participación de Sierra Leona en las reuniones de la Comunidad de Naciones. El Grupo expresó asimismo su satisfacción por los esfuerzos de la ECOWAS, señalando que tales esfuerzos se estaban realizando de conformidad con la decisión adoptada por la OUA y en coordinación con la ONU.

El 31 de julio de 1997, el secretario general de la Comunidad de Naciones, Chief Emeka Anyaoku, anunció que «cualquier demora en la transferencia inmediata de poderes de la junta al gobierno civil Sno digamos un aplazamiento hasta el 2001Ssupondría un importante revés no sólo para Sierra Leona y la región de África Occidental, sino para todo el continente africano en su conjunto».

Según informes, el Grupo de Acción Ministerial de la Comunidad de Naciones, que se reunió en septiembre de 1997, decidió recomendar a la reunión de jefes de gobierno de la Comunidad de Naciones que iba a celebrarse en Edimburgo, Reino Unido, en octubre de 1997, la suspensión de la pertenencia de Sierra Leona a la Comunidad. En una declaración hecha pública el 12 de septiembre de 1997, el Grupo expresó su satisfacción por la decisión de los jefes de Estado y de gobierno de la ECOWAS de tomar nuevas medidas contra el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la decisión de la OUA y en coordinación con la ONU. El Grupo respaldó los esfuerzos del comité de cinco ministros de Exteriores para lograr una solución pacífica a la crisis de Sierra Leona, e instó a la comunidad internacional a que apoyase los objetivos de estos esfuerzos, pidiendo al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas que cooperase con la ECOWAS.

La Unión Europea (UE)

En sendas declaraciones realizadas el 28 de mayo y el 20 de junio de 1997, la Unión Europea condenó el golpe de Estado de Sierra Leona, y el 10 de julio de 1997, la presidencia de la Unión hizo pública una declaración en la que expresaba su satisfacción ante los esfuerzos de la ECOWAS para resolver la crisis en Sierra Leona. También manifestó que, mientras no se produjese el regreso del gobierno elegido a Sierra Leona, no podía continuar el envío de ayuda para el desarrollo.

Violaciones de derechos humanos desde el golpe de Estado del 25 de mayo de 1997

El golpe de Estado del 25 de mayo de 1997 ha provocado el hundimiento del estado de derecho, lo que, a su vez, ha derivado en graves violaciones de derechos humanos, cometidas tanto por soldados como por miembros del Frente Unido Revolucionario. Pese a los llamamientos del comandante Johnny Paul Koroma a los soldados para que evitaran las actividades ilegales, los abusos han continuado. El Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas no ejerce un control efectivo ni la cadena de mando sobre los soldados, que junto con las fuerzas del Frente Unido Revolucionario, integran actualmente el Ejército Popular.

Detención y encarcelamiento de opositores políticos

Desde el golpe de Estado del 25 de mayo de 1997, muchas personas relacionadas con el gobierno del presidente Ahmad Tejan Kabbah o presuntos opositores del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas han sido detenidas y encarceladas. Entre las víctimas figuran tanto miembros del gobierno del presidente Kabbah, como personas estrechamente vinculadas al mismo o al Partido Popular de Sierra Leona, así como periodistas, estudiantes y activistas de derechos humanos. Sin embargo, con el hundimiento total del estado de derecho, toda la población civil de Sierra Leona corre el riesgo de sufrir detención o encarcelamiento arbitrario.

Aunque muchos de los detenidos están encarcelados en la prisión de Pademba Road, otros están repartidos entre el cuartel militar de Cockerill, la sede del Departamento de Investigación Criminal y las comisarías de policía de Freetown. No se sabe el número exacto de personas detenidas y encarceladas desde el 25 de mayo de 1997. Pese a que gran parte de los detenidos fueron puestos en libertad al poco tiempo, otros han permanecido recluidos sin cargos ni juicio durante días, semanas o meses. Resulta difícil evaluar con cierta precisión el número de presos debido a las continuas detenciones y excarcelaciones y a la falta de acceso a los centros de detención. Los reclusos de la prisión de Pademba Road pueden recibir visitas de sus familias y también de los representantes de una organización no gubernamental local, Prison Watch. No obstante, según informes, en octubre de 1997, las autoridades carcelarias no permitieron nuevas visitas de esta organización. Es probable que haya varios centenares de detenidos y presos de forma arbitraria.

La mayoría de las personas encarceladas en la prisión de Pademba Road desde el 25 de mayo de 1997 están en régimen de reclusión administrativa sin cargos ni juicio, en de la categoría de personas «bajo custodia militar de seguridad». Al parecer, su encarcelamiento no se basa en ningún fundamento legal, por lo que de hecho están recluidas de forma arbitraria, aparentemente por orden de los militares. Tampoco se ha abierto ninguna investigación sustancial sobre los motivos de su reclusión, ni está previsto que los tribunales revisen estos casos. Mientras a finales de julio de 1997 había más de 70 personas bajo reclusión administrativa en la prisión de Pademba Road, a finales de septiembre esta cifra se había duplicado. Según los informes, siguen practicándose detenciones arbitrarias a diario.

Personas relacionadas con el gobierno del presidente Ahmad Tejan Kabbah

Según informes, en los días inmediatamente posteriores al golpe de Estado se ordenó a todos los altos cargos políticos y oficiales militares que se presentaran en el cuartel de Cockerill, donde varios miembros del gobierno del presidente Ahmad Tejan Kabbah y altos mandos del ejército sufrieron breves periodos de reclusión. No se ofreció ninguna explicación de las detenciones de políticos que, al parecer, se debieron únicamente a su pertenencia al gobierno.

Otras personas estrechamente relacionadas con el gobierno del Partido Popular de Sierra Leona permanecieron en peligro de sufrir detención y encarcelamiento arbitrarios. Al parecer, al menos 15 personas Socho oficiales de alta graduación y siete civiles, entre ellos varios miembros destacados del Partido Popular de Sierra LeonaSfueron detenidas el 16 de junio de 1997, bajo la acusación de conspirar para derrocar al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas. En los días siguientes fueron detenidas otras personas, entre ellas el destacado político, médico y ecologista doctor Sama S. Banya; el coronel K.E.S. Boyah; Dauda Bundeh; el coronel Tom Carew; el comandante Francis Gottor; el teniente coronel John Ade Oluwole Jah-Tucker; el doctor B.M. Kobba, médico; Abu Aiah Koroma, ex ministro de Asuntos Parlamentarios y Políticos; el coronel R.Y. Koroma; Ansu Morseray, alumno del Colegio Universitario de Njala; el capitán John Massaquoi; Vandy Morseray, alumno del Instituto de Administración y Gestión Públicas; el capitán Daniel Musa; Abdullai Mustapha; Brima Senesie; y el comandante Vandi Turay.

Los detenidos estuvieron recluidos primero en cuarteles del ejército, siendo después trasladados a la prisión de Pademba Road. Aunque inicialmente se les negaron las visitas de familiares, médicos y abogados, posteriormente se les permitió recibir visitas y que sus familiares les llevaran productos de primera necesidad, como colchones y mantas. La salud de varios de los presos suscitó cierta preocupación.

El Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas declaró que un tribunal militar juzgaría a los detenidos. Aunque acusados de conspirar contra el gobierno, al parecer la mayoría de ellos, si no todos, estaban en prisión sólo por su oposición al golpe de Estado que llevó al poder al Consejo y por su falta de cooperación con éste. Ninguno de los encarcelados fue acusado formalmente de delito alguno. La mayor parte quedaron en libertad en las semanas siguientes; según informes, varios oficiales del ejército fueron excarcelados el 6 de julio de 1997, y los dos estudiantes, cinco semanas después. Sin embargo, el doctor Sama S. Banya, Dauda Bundeh, los doctores Abdul Jalloh y B.M. Kobba, Abdullai Mustapha y Brima Senesie no salieron en libertad hasta el 29 de julio de 1997, y permanecieron después bajo arresto domiciliario hasta el 7 de octubre de 1997.

Posteriormente, muchas personas más fueron detenidas de forma arbitraria por su presunto apoyo al gobierno del presidente Ahmad Tejan Kabbah y su oposición al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Entre ellas figura Raymond Dorwie, jefe de seguridad de la Autoridad Portuaria de Freetown, detenido en torno al 10 de julio de 1997 y encarcelado en la prisión de Pademba Road hasta principios de octubre de 1997. Juliet Hagan, profesora; Christopher Sawyer, estudiante; Momodu Bah, comerciante, y otras dos personas fueron detenidos el 6 de agosto de 1997. Según informes, Joan Tucker, profesora de la YWCA en Freetown, fue detenida el 11 de agosto de 1997. Todos estuvieron recluidos en la prisión de Pademba Road hasta el 16 de agosto de 1997.

En julio de 1997 comenzó a emitir una emisora de radio que transmitía mensajes del presidente Ahmad Tejan Kabbah y facilitaba información sobre las actividades de su gobierno en Conakry, Guinea. Posteriormente, soldados y miembros del Frente Unido Revolucionario practicaron varias detenciones, acusando a los detenidos de saber de dónde procedían las emisiones radiofónicas o de facilitar información a la emisora. El Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas creía que las emisiones se hacían desde el aeropuerto internacional de Lungi, bajo control de las tropas nigerianas desde el golpe de Estado del 25 de mayo de 1997. Los soldados y miembros del Frente Unido Revolucionario agredieron y detuvieron a muchas personas, entre ellas a quienes se desplazaban entre Lungi y Freetown, como sospechosas de estar relacionadas con la emisora de radio.

A principios de septiembre de 1997, Goba, ayudante personal del presidente Ahmad Tejan Kabbah, fue detenido y llevado al cuartel de Cockerill. Según informes, no lo encerraron en ningún edificio, sino en un contenedor de carga situado dentro del recinto militar. Su estado físico se deterioró gravemente a consecuencia de las condiciones de reclusión. A mediados de octubre de 1997 seguía detenido. Al parecer, los militares encerraron también en el contenedor a otros detenidos.

Según informes, el 3 de octubre de 1997, fue detenido un profesor del Colegio Universitario de Fourah Bay, aparentemente por su presunta relación con el presidente Ahmad Tejan Kabahh. Tras recibir una fuerte paliza, ingresó en un hospital. Otros informes hablan de la detención, practicada alrededor del 8 de octubre de 1997, de Mohamed B. Sesay, viceministro de Recursos Marinos del gobierno del presidente Ahmad Tejan Kabbah, al parecer acusado de implicación en actividades subversivas, al que recluyeron en la sede del Departamento de Investigación Criminal, en Freetown. Entre las demás personas detenidas a principios de octubre de 1997 bajo acusaciones similares, había un líder tradicional temne y varios miembros de su familia.

Además de las personas sospechosas de tener relación directa con el gobierno del presidente Ahmad Tejan Kabbah, los militares detuvieron también a otras por su presunto apoyo a los kamajors, leales al presidente depuesto. Según informes, el 16 de septiembre de 1997, soldados y fuerzas del Frente Unido Revolucionario atacaron la población de Bonthe, en la isla de Sherbro, en la Provincia Meridional, donde según el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, los kamajors tenían bases y centros de entrenamiento militar. Muchos civiles huyeron de ella, cuyas propiedades destruyeron y saquearon los atacantes, y se dirigieron a Freetown. Más de 60 fueron detenidos y llevados a la ciudad de Moyamba, para ser interrogados, aparentemente como presuntos simpatizantes de los kamajors. Se desconoce cuánto tiempo permanecieron detenidos exactamente y si alguno de ellos fue trasladado después a Freetown.

Periodistas

Poco después del golpe de Estado del 25 de mayo, el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas expresó su intención de garantizar la libertad de prensa sin restricciones. Además, criticó la legislación promulgada a principios de mayo de 1997, que exigía la inscripción de los periódicos en un registro y que sus directores tuvieran titulación académica y una amplia experiencia profesional previa. Sin embargo, no respetó mucho tiempo este compromiso.

Al igual que otros críticos del golpe de Estado y del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, los periodistas se convirtieron pronto en blanco de amenazas, malos tratos, detenciones y encarcelamiento. El 3 de julio de 1997, la Asociación de Periodistas de Sierra Leona hizo pública una declaración en la que afirmaba su compromiso con el restablecimiento de las normas democráticas y constitucionales y la rápida restauración del gobierno elegido de Sierra Leona. Ese mismo mes, la Asociación condenó al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas por el hostigamiento y la intimidación sin precedentes a que sometía a los periodistas. En septiembre de 1997, el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas anunció que los periódicos deberían obtener autorización para poder publicar. Asimismo, citando la Ley de Prensa de 1980, concedió un plazo de seis meses para que todos los periódicos se inscribieran en un registro oficial, so pena de dejar de publicarse. Posteriormente permitió que los periódicos que se habían registrado legalmente antes del 25 de mayo de 1997 continuaran publicándose hasta final de año.

Según informes, la semana del 9 de junio de 1997, unos quince días después del golpe de Estado, Ojukutu Macaulay, director del diario The Quill, y presentador del programa radiofónico en directo «Buenos días, Freetown», decidió ocultarse tras tener un enfrentamiento con un grupo de soldados. Al parecer, unas horas antes había mantenido una conversación con otro periodista, en la que dijo que no apoyaba ni pensaba apoyar el golpe de Estado. Cuando regresó a su casa, un grupo de soldados le hizo frente y le amenazó con matarlo si seguía denunciando el golpe de Estado. También a principios de junio de 1997, los periodistas que trabajaban para el diario For di Peoplerecibieron amenazas, después de que éste publicara unos artículos que criticaban al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Según informes, el corresponsal de la British Broadcasting Corporation(BBC) SylvesterRogers, residente en Makeni, Provincia Septentrional, decidió asimismo ocultarse en junio de 1997, después de que los soldados tratasen de localizarlo por haber enviado informaciones críticas hacia el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Al parecer, unos meses después, a principios de octubre de 1997, los militares lo detuvieron y lo golpearon brutalmente, y le retiraron el pasaporte.

En las semanas siguientes, fueron detenidos y encarcelados un número creciente de periodistas, aparentemente sólo por ejercer su profesión y su derecho a la libertad de expresión. Cuatro periódicos que criticaban al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas cerraron después de recibir amenazas.

El 8 de julio de 1997, un grupo de soldados que buscaban la emisora de radio clandestina favorable al gobierno del presidente Ahmed Tejan Kabbah detuvieron a cuatro trabajadores del periódico The Democrat y a otras tres personas que estaban en aquel momento en sus dependencias y los llevaron al cuartel de Cockerill. Aunque cuatro de ellos quedaron en libertad cuatro días después, Jeff Bowley Williams, Salomon ContehyFatmata Kamara fueron trasladados a la prisión de Pademba Road, donde permanecieron sin cargos ni juicio hasta el 19 de julio de 1997. Otros periodistas que, según informes, fueron detenidos y encarcelados durante breves periodos de tiempo y sin cargos en julio de 1997 por sus informaciones sobre los sucesos en el país son Hilton Fyle, que trabaja en una emisora de radio independiente; Bundu Hayes, director del diario The Point;yMartins I. Martins, periodista del diario Business News.

El 26 de julio de 1997, los soldados detuvieron a cuatro trabajadores del periódico Unity Now, después de que éste publicara un artículo que criticaba al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Según los informes, los detenidos eran Dominic Lamine, vicedirector; Sahr Mbayoh, redactor jefe de noticias, y otras dos empleadas de la publicación. Todos fueron recluidos en el cuartel de Cockerill, donde se les prohibió recibir visitas. Las dos mujeres y Sahr Mbayoh fueron puestos en libertad el 30 de julio de 1997, y Dominic Lamine, tres días después. El director del periódico, Frank Kposowa, presidente de la Asociación de Periodistas de Sierra Leona, estuvo un tiempo oculto.

Según informes, dos días después, el 28 de julio de 1997, fue detenido y encarcelado brevemente Suliman Janger, director de producción del periódico The New Tablet, también por publicar un artículo que criticaba al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Ese día fueron detenidos asimismo cinco vendedores de The New Tablet; dos de ellos quedaron recluidos en la prisión de Pademba Road.

El 18 de agosto de 1997, los militares detuvieron a dos periodistas y el conductor de su vehículo, que se dirigían a informar sobre una manifestación de estudiantes que protestaban contra el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, y se los llevaron al cuartel de Cockerill. Según los informes, los soldados, con la parte roma de la hoja de los machetes y las culatas de sus fusiles, propinaron una brutal paliza a Kelvin Lewis, al parecer corresponsal de Radio France Internationale y de La Voz de América, y a Ojukutu Macaulay, que ya había sido detenido en junio de 1997. También se dice que los amenazaron de muerte. Ojukutu Macaulay sufrió lesiones en la cabeza que requirieron varios puntos de sutura. Tanto los dos periodistas como su conductor fueron puestos en libertad al día siguiente.

Según informes, el 10 de octubre, Abdul Salam Timbo, periodista por cuenta propia, fue detenido por su presunta participación en actividades subversivas. Ese mismo día detuvieron también al director del periódico Punch, David Tam Baryoh, que permaneció recluido 72 horas en la sede del Departamento de Investigación Criminal, acusado de facilitar información al presidente Ahmed Tejan Kabbah y a los embajadores de Sierra Leona ante la ONU y Estados Unidos. Al día siguiente, los soldados detuvieron aJohn Foray, director en funciones del periódico The Democrat, y a Abdul Kposowa, periodista por cuenta propia, a quienes llevaron a la prisión de Pademba Road. Ambos sufrieron golpes en el momento de la detención..

Estudiantes

Muchos estudiantes, que han manifestado abiertamente su oposición al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, han sido víctimas de detenciones y encarcelamiento arbitrarios.

En los días inmediatamente posteriores al golpe de Estado, un alumno del Colegio Universitario de Educación Milton Margai, Abdulai Musa, fue detenido después de que lo oyeran decir que el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas sólo estaría en el poder unos días. Permaneció encarcelado casi un mes en la prisión de Pademba Road. Según informes, acababa de ser operado y durante el tiempo que estuvo recluido le negaron el acceso a un médico.

Al parecer, a principios de junio de 1997, un destacado miembro del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas sometió a graves malos tratos a Ansu Bockarie, miembro del comité ejecutivo de la Unión Nacional de Estudiantes de Sierra Leona, al encontrarlo en posesión del carnet de esta organización (véase más abajo).

Más de 120 personas, en su mayoría estudiantes, fueron detenidas los días 18 y 19 de agosto de 1997, después de que los estudiantes intentaran manifestarse Sen una marcha a favor de la democraciaScomo protesta contra el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Las autoridades habían prohibido el acto; sin embargo, los estudiantes y personas de otros sectores sociales, como sindicalistas y vendedoras ambulantes, hicieron caso omiso de la prohibición. Las fuerzas de seguridad obligaron a dispersarse a quienes trataron de manifestarse con disparos y gases lacrimógenos. En los incidentes murieron al menos seis estudiantes y muchos otros resultaron heridos de gravedad a consecuencia de los malos tratos (véase más abajo).

Entre quienes, según los informes, fueron detenidos el 18 de agosto de 1997, figuraban Brima Ali; Miranda Hanciles, alumna del Colegio Universitario de Educación Milton Margai; Sahr Kortequee, estudiante de medicina; Mohamed Mansaray, alumno del Colegio Universitario de Fourah Bay; Albert Massaquoi, alumno del Colegio Universitario de Njala; Imran Mohamed Silla, estudiante; James Tucker, alumno del Colegio Universitario de Fourah Bay; Lewis Tucker, alumno del Colegio Universitario de Njala; y Sheik Turay, profesor.

Ochenta y seis estudiantes, nueve mujeres entre ellos, fueron llevados a la prisión de Pademba Road, otros 35 al cuartel de Cockerill, y un número desconocido a la sede del Departamento de Investigación Criminal de Freetown. Los detenidos del primer grupo permanecieron encarcelados 12 días. Según informes, en octubre de 1997, algunos estudiantes seguían encarcelados en otros centros, como el cuartel de Cockerill. Fue imposible determinar el número exacto de encarcelados; algunas fuentes dicen que son al menos 37. Según informes, muchos estudiantes están en paradero desconocido, y sus familias temen preguntar a las autoridades; uno de ellos es una mujer llamada Juliet Jones.

Desde los sucesos del 18 de agosto de 1997, los estudiantes y sus familias han seguido sufriendo actos de intimidación y recibiendo amenazas, y se les ha advertido que no hablen con los medios de comunicación ni con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

Activistas de derechos humanos

Las personas que han denunciado las violaciones de derechos humanos cometidas por el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas han sufrido detenciones y encarcelamientos arbitrarios, torturas y malos tratos. Algunos miembros de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos se han visto obligados a salir de Sierra Leona; las actividades de quienes permanecen en el país están sometidas a severas limitaciones debido a las graves amenazas para su integridad física.

A principios de julio de 1997, la organización no gubernamental de derechos humanos Congreso de las Libertades Civiles condenó el aumento de las violaciones de derechos humanos desde el golpe de Estado, incluidas las ejecuciones sumarias a manos de soldados y miembros del Frente Unido Revolucionario de personas sorprendidas saqueando o sospechosas de saqueo (véase más abajo). El 13 de agosto de 1997, el presidente del Congreso de las Libertades Civiles, Soulaiman Banja Tejan-Sie, pidió públicamente a los ciudadanos de Sierra Leona que se manifestasen en protesta contra el Consejo Nacional de las Fuerzas Armadas. Posteriormente envió una carta al inspector general de la Policía, comunicando su intención de manifestarse solo. Tras recibir varias llamadas telefónicas amenazadoras, el 17 de agosto de 1997, víspera de la manifestación, un grupo de soldados que buscaban a Soulaiman Banja Tejan-Sie detuvieron a tres personas estrechamente vinculadas a él, dos de las cuales eran Mohamed Bash Kamaray Abu Rahman. Los tres detenidos fueron golpeados. Soulaiman Banja Tejan-Sie fue detenido el 18 de agosto. Primero lo llevaron al cuartel de Cockerill, donde lo torturaron (véase más abajo) y después lo obligaron a punta de pistola a comparecer en la televisión nacional y pedir a los estudiantes que no siguieran adelante con las manifestaciones previstas ese día. Posteriormente lo trasladaron a la prisión de Pademba Road, donde permaneció recluido sin cargos hasta el 28 de agosto de 1997, y luego estuvo sometido a vigilancia hasta que huyó del país, a principios de octubre de 1997.

Ciudadanos nigerianos

Según informes, los ciudadanos nigerianos se han convertido en blanco deliberado de hostigamiento, malos tratos, detención y encarcelamiento debido al destacado papel que viene desempeñando Nigeria en los intentos de los Estados de África Occidental de obligar al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas a abandonar el poder.

Tras los intentos, a principios de septiembre de 1997, del contingente nigeriano de las fuerzas de la ECOWAS en Sierra Leona de aplicar de forma más estricta el embargo impuesto por la cumbre de la ECOWAS a finales de agosto de 1997, creció la hostilidad de los soldados, las fuerzas del Frente Unido Revolucionario y algunos civiles hacia los nigerianos residentes en Sierra Leona, que ya se había fomentado a principios de junio de 1997, cuando parecía inminente una nueva intervención militar de las tropas nigerianas. El Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas afirmó que en el bombardeo efectuado por aviones nigerianos contra un buque que trataba de entrar en el puerto de Freetown la noche del 3 al 4 de septiembre de 1997, perdieron la vida más de 50 civiles residentes en la zona portuaria. Sin embargo, algunas fuentes indican que el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas tuvo intervención en esas muertes, y no está claro ni el número de víctimas mortales ni quién fue el responsable de los fallecimientos (véase más arriba).

Tras estos hechos, la situación de los nigerianos en Sierra Leona se hizo cada vez más precaria. El 4 de septiembre de 1997, un miembro del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas pidió a los manifestantes que no tomaran represalias contra los nigerianos, dado que no habían estado implicados personalmente en las acciones de las fuerzas nigerianas en Sierra Leona. Según los informes, al menos 20 nigerianos fueron detenidos poco después del 4 de septiembre de 1997 y recluidos en el cuartel de Cockerill. Alrededor del 18 de septiembre de 1997, otros seis nigerianos fueron presuntamente detenidos cuando se dirigían desde Freetown hacia el interior del país. Se desconoce su paradero; al parecer, no están ni en la prisión de Pademba Road ni en el cuartel de Cockerill. Aunque algunos de los primeros detenidos fueron acusados de espionaje, no se han podido aclarar ni las circunstancias exactas ni los motivos de estas detenciones.

Al parecer, el 9 de septiembre de 1997, un grupo de hombres armados Ssoldados o miembros del Frente Unido RevolucionarioSmataron a dos ciudadanos nigerianos en Freetown (véase más abajo).

Encarcelamiento de miembros del Frente Unido Revolucionario

El 29 de marzo de 1997, miembros del Frente Unido Revolucionario secuestraron al menos a cinco de sus compañeros de grupo, a un diplomático de Sierra Leona y a algunos integrantes de las fuerzas de seguridad guineanas en el distrito de Kailahun, en la Provincia Oriental. Dos semanas antes, destacados miembros del Frente Unido Revolucionario habían anunciado la destitución del cargo de su líder, Foday Sankoh, por obstruir deliberadamente el proceso de paz en Sierra Leona. Las autoridades nigerianas habían detenido a Foday Sankoh a su llegada a Lagos, el 2 de marzo de 1997, aparentemente por posesión de armas y munición y posteriormente lo trasladaron a Abuja; actualmente está bajo arresto domiciliario. Cuando un grupo de miembros de la nueva dirección del Frente Unido Revolucionario se desplazó al distrito de Kailahun, cerca de la frontera con Guinea, para reunirse con las fuerzas del Frente, sus integrantes fueron secuestrados junto con el teniente coronel Mohamed Diaby, embajador de Sierra Leona en Guinea. Inicialmente, los miembros del Frente Unido Revolucionario pidieron la liberación de Foday Sankoh en Nigeria como condición para poner en libertad a sus rehenes.

Dos de los secuestrados, Fayia Musae Ibrahim Deen-Jalloh, habían sido nombrados representantes del Frente Unido Revolucionario en la Comisión para la Consolidación de la Paz creada en virtud del acuerdo de paz firmado por el gobierno de Sierra Leona y el Frente Unido Revolucionario en noviembre de 1996 con la misión de supervisar y vigilar el cumplimiento del acuerdo.

El teniente coronel Mohamed Diaby fue liberado poco después del golpe de Estado, cuando las fuerzas del Frente Unido Revolucionario se unieron al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, tanto Fayia Musa como Ibrahim Deen-Jalloh, así como otro ex líder del Frente Unido Revolucionario, Philip Palmer, y posiblemente otras personas, seguían en poder del Frente en el distrito de Kailahun en octubre de 1997. La organización declaró que los miembros capturados de ésta estaban detenidos por haber conspirado contra el líder legítimo del Frente Unido Revolucionario.

Dado que los miembros del Frente Unido Revolucionario se han incorporado a las fuerzas armadas de Sierra Leona para formar el Ejército Popular, y que esta organización está representada en la junta de gobierno del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, cuyo vicepresidente es el propio Foday Sankoh, el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas no puede eludir su responsabilidad en el hecho de que continúen privados de libertad Fayia Musa, Ibrahim Deen-Jalloh, Philip Palmer y cualquier otra persona afectada.

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Tortura y malos tratos

Desde que se produjo el golpe de Estado del 25 de mayo de 1997, tanto los soldados como las fuerzas del Frente Unido Revolucionario integradas en el Ejército Popular cometen de forma generalizada torturas y malos tratos, infringiendo así el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 5 de la Carta Africana. Mediante la firma de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Sierra Leona se ha comprometido también a adherirse a los principios de dicha Convención. Los soldados y miembros del Frente Unido Revolucionario actúan con total impunidad y han creado un clima de temor e intimidación en Freetown.

Según informes, muchas de las personas capturadas o buscadas por los soldados en los días siguientes al golpe de Estado han sufrido malos tratos. Al parecer, los soldados agredieron a varios ministros del gobierno en sus casas o tras su detención. Emmanuel Grant, ex ministro de Obras y Mantenimiento Técnico, sufrió presuntamente varias lesiones producidas por los golpes que recibió en el momento de la detención. Los soldados agredieron también a David Quee, ex ministro de Asuntos Internos, Gobierno Local y Desarrollo Comunitario, cuando acudieron a su domicilio.

Según informes, al menos dos de las 15 personas detenidas el 16 de junio de 1997 y acusadas de conspirar para derrocar al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas sufrieron agresiones físicas de los soldados en el momento de su detención.

Al parecer, en la madrugada del 4 de junio de 1997, dos hombres armados vestidos con uniforme de combate irrumpieron en el domicilio de Philip Neville, director gerente del diario Standard Times, y lo agredieron. Al principio, lo acusaron de ocultar en su casa a un ministro del gobierno y exigieron saber dónde estaba. Cuando Neville lo negó, los agresores le pidieron dinero. Neville rehusó dárselo, y entonces lo golpearon en la cabeza con la culata de un fusil. Posteriormente ingresó en un hospital para recibir tratamiento de sus lesiones. Al parecer, Philip Neville ha recibido varias llamadas telefónicas anónimas en las que se amenazaba con matar a los trabajadores del Standard Timessi el periódico seguía publicando artículos criticando al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Según informes, Neville decidió finalmente ocultarse después de que, el 30 de julio de 1997, los soldados confiscaran varios ejemplares del Standard Timesen las oficinas del diario. Al parecer, el 21 de septiembre de 1997, los soldados golpearon a varios periodistas en dichas oficinas.

Cuando el líder estudiantil Ansu Bockarie fue hallado en posesión de su carnet del sindicato estudiantil, a principios de junio de 1997, un destacado miembro del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas lo golpeó y le hirió con una cuchilla de afeitar. Los soldados maltrataron y torturaron en el momento de la detención a muchos de los estudiantes detenidos cuando intentaban manifestarse el 18 de agosto de 1997. Algunos sufrieron heridas de machete o de bayoneta; otros recibieron brutales palizas. Muchos necesitaron tratamiento hospitalario para sus graves lesiones, entre ellas, fracturas múltiples.

Según informes, algunas de las estudiantes detenidas fueron llevadas directamente a las residencias de varios miembros del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, en especial en el barrio de Hill Station de Freetown, donde sufrieron agresiones sexuales. Se cree que algunas de ellas permanecían en estas residencias en octubre de 1997, aparentemente bajo coacción.

A Soulaiman Banja Tejan-Sie, presidente del Congreso de las Libertades Civiles, detenido el 18 de agosto de 1997, lo golpearon con cascos militares y culatas de fusiles. Luego le ataron los brazos fuertemente con una cuerda de nylon y lo introdujeron en el maletero del automóvil de un miembro del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas. A consecuencia de ello, sufrió heridas en los brazos. Después de permanecer varias horas encerrado en el vehículo, lo llevaron al cuartel de Cockerill, donde lo interrogaron y lo volvieron a golpear. Posteriormente lo trasladaron a la prisión de Pademba Road, donde permaneció cinco días en la sección reservada a presos condenados a muerte y donde le impidieron asearse y atender otras necesidades. Asimismo, en los primeros tres días de los once que permaneció detenido no recibió alimentos.

Según informes, la mañana del 20 de septiembre de 1997, las fuerzas de seguridad entraron en la Mezquita Central de Mende, de Freetown, pidieron información sobre la emisora de radio partidaria del presidente Ahmad Tejan Kabbah y golpearon a varias personas allí reunidas.

El 2 de octubre de 1997, torturaron a un hombre a quien los soldados acusaban de robo. Según informes, tres soldados y un miembro del Frente Unido Revolucionario acudieron a casa de Olu Jones, en Lumley, Freetown. Lo ataron, y luego lo golpearon y lo acuchillaron con una bayoneta en ambas orejas. Estuvieron golpeándolo durante toda la noche y después se lo llevaron, sangrando abundantemente por ambos oídos, al cuartel de Cockerill.

David Tam Baryoh, director del periódico Punch, permaneció tres días detenido en la sede del Departamento de Investigación Criminal, desde el 10 de octubre de 1997. En ese tiempo, un grupo de hombres armados acudió a casa de su cuñada, donde creían que la esposa de David Tam Baryoh había llevado algunas de las pertenencias de éste. Al parecer, cuando su cuñada negó tenerlas, la violaron a ella y a su hija.

Según informes, el 11 de octubre de 1997, un grupo de soldados disparó en la pierna y torturó a otro periodista, Umaru Fofanah, que hacía trabajos para el diario The Vision, y corresponsal de la BBC, de quien sospechaban que facilitaba información a la emisora de radio clandestina que apoyaba al presidente Ahmad Tejan Kabbah. Fofanah recibió tratamiento en un hospital militar antes de ser puesto en libertad.

También se han recibido informes sobre torturas y malos tratos a civiles en varias regiones del país, en especial alrededor de Zimmi y Kenema, donde los soldados y las fuerzas del Frente Unido Revolucionario combatían contra los kamajors. Según estos informes, soldados y miembros del Frente Unido Revolucionario entraban en las aldeas acusando a sus habitantes de apoyar a los kamajors. Varias personas que huyeron a Liberia desde la región situada en torno a Gofo, cerca de Zimmi, durante los intensos combates producidos a mediados de agosto de 1997, denunciaron malos tratos brutales. Los agresores propinaron palizas a civiles, a quienes ataban las manos con fuerza a la espalda, causándoles graves lesiones, y violaron y sometieron a esclavitud sexual a mujeres y niñas.

Ejecuciones extrajudiciales

Con el derrumbamiento del estado de derecho en Sierra Leona desde el golpe de Estado, las fuerzas armadas del país, junto con miembros del Frente Unido Revolucionario, han sido asimismo responsables de ejecuciones extrajudiciales. Mientras numerosos civiles han muerto a consecuencia de la situación general de violencia e inseguridad, especialmente en el periodo inmediatamente posterior al golpe de Estado, los soldados y miembros del Frente Unido Revolucionario han matado deliberadamente a otros por motivos políticos. Estos homicidios conculcan las obligaciones contraídas por Sierra Leona en virtud del derecho internacional, como el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 4 de la Carta Africana, que garantizan el derecho a la vida y prohíben la privación arbitraria de este derecho.

El 26 de junio de 1997, los soldados mataron por disparos a Albert Sandy Demby, líder tradicional conocido como Jefe Supremo, y padre del doctor Albert J.E. Demby, vicepresidente del gobierno hasta el golpe de Estado del 25 de mayo de 1997, en su casa de Gerihun, distrito de Bo, Provincia Meridional. Al parecer, los soldados buscaban kamajors. La familia de Albert Sandy Demby huyó al bosque; cuando regresaron, lo encontraron muerto. Al parecer, los soldados que registraban la zona de los alrededores de Bo en busca de kamajorsmataron asimismo a unas 25 personas en las aldeas de Telu Bongor y Sembehun, al sur de Bo.

Los combates entre soldados y miembros del Frente Unido Revolucionario de un lado y kamajors de otro continuaron, y fueron especialmente intensos en torno a Zimmi a mediados de agosto de 1997. Los soldados y los miembros del Frente Unido Revolucionario entraron en las aldeas y mataron a civiles desarmados, acusados de apoyar a los kamajors. Los atacantes disparaban indiscriminadamente y entraban en las casas, disparando contra los civiles y saqueando sus propiedades. Al menos cinco civiles murieron de forma deliberada y arbitraria en la aldea de Gofo, cerca de Zimmi, a mediados de agosto de 1997. Se denunciaron homicidios similares en otras aldeas de la zona de Zimmi. Según informes, en los combates entre soldados y kamajorsproducidos alrededor de las poblaciones de Panguma y Dodo, en el distrito de Kenema, hacia el 23 de septiembre de 1997, los soldados ejecutaron sumariamente a los kamajors que capturaron.

El 27 de junio de 1997, un grupo de hombres armados, que se cree pertenecían al Frente Unido Revolucionario, atacó la ciudad de Moyamba, en la Provincia Meridional. Según los informes, los atacantes mataron deliberada y arbitrariamente a más de 10 personas, entre las que había mujeres y niños. Al parecer, una de las víctimas, Sheku Kabbah, estudiante de contabilidad en el Instituto de Administración y Gestión Públicas, y destacado activista del movimiento estudiantil, fue torturado en público antes de matarlo; le sacaron los ojos y le cortaron las orejas y después lo degollaron.

Según informes, a finales de agosto de 1997, fueron ejecutadas extrajudicialmente seis personas sospechosas de estar implicadas en las emisiones de radio en apoyo al presidente Ahmad Tejan Kabbah. Las fuentes indican que unos siete hombres fueron detenidos cuando llegaban en barco desde Lungi a un muelle de Freetown. Llevados al cuartel de Cockerill, uno de ellos salió en libertad posteriormente, pero los otros seis murieron por disparos.

El 18 de agosto de 1997, las fuerzas de seguridad que perseguían a los estudiantes que trataban de manifestarse en protesta contra el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, mataron al menos a seis estudiantes. Morie Momoh, alumno de la Escuela de Enfermería, murió a tiros cuando los soldados entraron en su habitación, en la residencia de la escuela de enfermería de la calle Lightfoot Boston, en el centro de Freetown. Vassie Konneh, alumno del Colegio Universitario de Njala, murió asimismo por disparos en la Escuela de Enfermería. Según informes, al menos otros cuatro estudiantes, entre ellos Edward Gbapie, murieron en la zona de Kissy Road, de Freetown. Muchos estudiantes están en paradero desconocido desde los incidentes del 18 de agosto de 1997 y el número de fallecidos podría ser muy superior.

Según informes, el 9 de septiembre de 1997, un grupo de hombres armados Ssoldados o miembros del Frente Unido RevolucionarioSmataron a dos nigerianos, identificados como Ifeanyi y Okechukwu, en la zona de Ross Road, de Freetown, una semana después de que las fuerzas nigerianas bombardearan un barco que se aproximaba al puerto de Freetown. Más tarde, el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas negó públicamente estas muertes. Sin embargo, parece ser que un portavoz del Consejo reconoció después el fallecimiento de dos nigerianos, aunque a consecuencia de un accidente, y sin que mediara intervención alguna de los soldados. Siguen sin aclararse las circunstancias exactas en que se produjeron estas muertes.

Tras el golpe de Estado del 25 de mayo de 1997, se supo que los soldados habían disparado y matado a varias personas en operaciones de prevención y disuasión de saqueos en Freetown. Estas muertes infringen las obligaciones internacionales contraídas por Sierra Leona en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana, así como las normas reconocidas internacionalmente sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Éstos siguieron una orden dictada por el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas poco después del golpe de Estado y reiterada públicamente en los días y semanas siguientes, en el sentido de que debían disparar automáticamente contra todos los sospechosos de saqueo.

Aunque los gobiernos tienen la obligación de prevenir y castigar el delito, si las medidas empleadas son de por sí ilegales, fomentan las violaciones de derechos humanos y menoscaban aún más el estado de derecho.

Según las normas internacionales, y, en concreto, los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, éstos deberán, en lo posible, utilizar medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y de las armas de fuego. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no deben utilizar armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otros frente a un riesgo inminente de muerte o lesión grave, para impedir que se cometa un delito especialmente grave que implique una amenaza grave para la vida, para detener a una persona que represente ese peligro y se resista a la autoridad o impedir su huida, y sólo cuando otras medidas menos extremas sean insuficientes para alcanzar estos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá recurrir al uso intencionado y letal de las armas de fuego cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida.

El Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas ha ordenado a sus fuerzas que hagan caso omiso directamente de estas normas y de las obligaciones contraídas por Sierra Leona en virtud del derecho internacional.

Según informes, a principios de junio de 1997, cuatro soldados murieron por disparos al ser sorprendidos cuando trataban de saquear los locales de una agencia de ayuda humanitaria en Freetown. Al parecer, los días 8 y 9 de junio fueron ejecutadas sumariamente cinco personas en Kissy, Freetown. Hubo informes de más homicidios el 13 de junio de 1997, fecha en que murieron tres personas, y de nuevo el 16 de junio de 1997, día en que perdieron la vida dos personas. Los informes recibidos en junio de 1997 hacen referencia a la muerte de 15 personas en Freetown, de al menos cinco en Kenema y de otras dos en Bo, todas ellas ejecutadas sumariamente por saqueo y robo. Se cree que continúan cometiéndose homicidios similares.

El presidente del Congreso de las Libertades Civiles, Soulaiman Banja Tejan-Sie, condenó los homicidios y el modo brutal en que se cometían, que incluía el desmembramiento de los cuerpos.

Refugiados y desplazados

Tras el acuerdo de paz firmado por el presidente Ahmad Tejan Kabbah y el Frente Unido Revolucionario en noviembre de 1996, se pusieron en marcha amplios programas para el reasentamiento y la rehabilitación en Sierra Leona de los centenares de miles de refugiados y desplazados Scasi la mitad de la poblaciónSque regresaban al país. Desde principios de 1997, un gran número de sierraleoneses había regresado a sus hogares. Sin embargo, la reanudación de los ataques de las fuerzas del Frente Unido Revolucionario antes del golpe de Estado, y la violencia y la inseguridad que se extendieron a partir de éste obligaron a miles de sierraleoneses a huir de nuevo de sus casas. Los proyectos de reasentamiento y rehabilitación se han suspendido.

Cientos de personas huyeron de Freetown para escapar de la violencia y la inseguridad, temiendo también la intervención militar de las fuerzas de África Occidental. Según informes, varios centenares de residentes de la zona situada en torno al puerto de Freetown abandonaron sus casas a mediados de septiembre de 1997, después de que las fuerzas de la ECOWAS intensificaran los esfuerzos para imponer el bloqueo económico mediante el bombardeo de los barcos que llegaban al puerto de Freetown. Sin embargo, al menos mil personas se refugiaron en Freetown cuando los combates entre soldados y fuerzas de la ECOWAS se intensificaron a partir del 9 de octubre de 1997 alrededor de una base militar en manos de estas últimas, en Jui, en las afueras de la capital. Además, los primeros combates entre tropas nigerianas y soldados y fuerzas del Frente Unido Revolucionario, en junio de 1997, obligaron a trasladar a los refugiados liberianos que habían huido del conflicto interno de su país y que vivían en un campamento en Jui.

También huyeron habitantes de las provincias Septentrional, Meridional y Oriental a causa de la inseguridad y de los combates que siguieron al golpe de Estado.

Los refugiados se dirigieron principalmente a Guinea y Liberia, pero también a otros países de la región, como Gambia, Ghana y Nigeria. Según informes, en las semanas inmediatamente posteriores al golpe de Estado, cruzaron la frontera de Pamélap, hacia Guinea, entre 500 y 800 personas al día. En julio de 1997, se calculaba que unas 30.000 personas habían huido a Guinea, otras 7.000 se habían registrado en Bo-Waterside, en Liberia, y había casi 50.000 desplazados internos. Miles de desplazados llegaron a las ciudades de Bo, en el sur, Kenema en el este, y Makeni y Kambia en el norte. En septiembre de 1997, se calculaba que había más de 92.000 desplazados en Sierra Leona a consecuencia de la violencia y la inseguridad crecientes. A principios de septiembre de 1997, se informó que cientos de sierraleoneses intentaban huir hacia Liberia.

El gran número de personas procedentes de Sierra Leona que entraban en Guinea suscitó una creciente preocupación entre las autoridades de este país. El 8 de junio de 1997, 120 personas de varios países de África Occidental, la mitad de ellas de Sierra Leona, tuvieron que permanecer a bordo del barco que les había llevado a Guinea al denegárseles la autorización para desembarcar. Las autoridades guineanas, alegando motivos de seguridad interna, amenazaron con negar la entrada a más barcos procedentes de Freetown con refugiados. Al parecer, en los controles de la carretera que une Forécariah y Conakry se impidió que los refugiados sierraleoneses que habían llegado a Forécariah, en Guinea, entraran en Conakry. A mediados de junio de 1997, las autoridades guineanas impidieron la entrada de unos 3.000 refugiados sierraleoneses que intentaban cruzar la frontera hacia Guinea en Guékédou.

La mayoría de los varios centenares de sierraleoneses que huyeron a Gambia pudieron desembarcar y solicitar asilo. Sin embargo, en junio de 1997, las autoridades gambianas negaron la autorización para desembarcar en la capital, Banjul, a 29 sierraleoneses, al parecer todos ellos varones de más de 15 años. Los afectados no pudieron entrar en Gambia durante varios días y permanecieron en el mar, en el barco con el que habían llegado desde Freetown, en condiciones eran peligrosas: la escasez de agua dulce y alimentos, así como los insuficientes servicios higiénicos aumentaban el riesgo de contraer enfermedades.

Todos los países deben respetar sus compromisos contraídos en virtud del derecho internacional sobre refugiados, como la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados y la Convención de la OUA que regula los aspectos concretos de los problemas de los refugiados en África, y permitir la entrada de todos los solicitantes de asilo en su territorio, facilitarles una protección adecuada y respetar el principio de prohibición de expulsión y de devolución. La Convención de la OUA establece en su artículo II, párrafo 3, que «Nadie será sometido por un Estado miembro a medidas como el rechazo en la frontera, la devolución o la expulsión, que le obliguen a regresar a ... un territorio donde corran peligro su vida, su integridad física o su libertad» (la traducción de la cita es de EDAI). Gambia, Guinea y Liberia son partes tanto de la Convención de la ONU como de la Convención de la OUA.

Por su parte, la conclusión núm. 22 del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) establece como principio internacional que «en situaciones de afluencia a gran escala, debe admitirse a las personas en busca de asilo en el Estado donde buscaron refugio en primera lugar, y si ese Estado no puede admitirlos durante un tiempo prolongado, al menos debe admitirlos temporalmente... Debe admitírseles sin discriminación alguna por motivos de raza, opinión política, nacionalidad, país de origen o incapacidad física».

Recomendaciones

Al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas

Amnistía Internacional pide al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas que tome medidas inmediatas para adecuar su actuación a las obligaciones contraídas por Sierra Leona en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y poner fin a las violaciones de derechos humanos en Sierra Leona. En concreto:

Sierra Leona: Un retroceso catastrófico para los derechos humanos

Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997 Índice AI: AFR 51/05/97/s

Índice AI: AFR 51/05/97/s Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997

C deben instruir con claridad a todos los funcionarios en el sentido de que deberá cesar de inmediato la detención y encarcelamiento arbitrarios de las personas que presuntamente se oponen al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas;

Sierra Leona: Un retroceso catastrófico para los derechos humanos

Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997 Índice AI: AFR 51/05/97/s

Índice AI: AFR 51/05/97/s Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997

C deben poner en libertad inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia;

Sierra Leona: Un retroceso catastrófico para los derechos humanos

Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997 Índice AI: AFR 51/05/97/s

Índice AI: AFR 51/05/97/s Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997

C el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas debe condenar oficialmente la tortura, los malos tratos y las ejecuciones extrajudiciales, y expresar con claridad a todos los miembros de las fuerzas de seguridad y del Frente Unido Revolucionario que no se tolerarán violaciones de derechos humanos en ninguna circunstancia;

Sierra Leona: Un retroceso catastrófico para los derechos humanos

Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997 Índice AI: AFR 51/05/97/s

Índice AI: AFR 51/05/97/s Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997

C deben imponer un estricto control de la cadena de mando sobre las fuerzas de seguridad y miembros del Frente Unido Revolucionario a fin de garantizar que no cometen violaciones de derechos humanos como torturas, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales;

Sierra Leona: Un retroceso catastrófico para los derechos humanos

Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997 Índice AI: AFR 51/05/97/s

Índice AI: AFR 51/05/97/s Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997

C los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sólo deberán emplear la fuerza cuando sea estrictamente necesario y únicamente en la medida mínima necesaria que exijan las circunstancias. No deberá utilizarse la fuerza letal salvo cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida;

Sierra Leona: Un retroceso catastrófico para los derechos humanos

Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997 Índice AI: AFR 51/05/97/s

Índice AI: AFR 51/05/97/s Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997

C todas las denuncias de tortura, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales deberán investigarse con rapidez, imparcialidad y efectividad, conforme a las normas internacionales, y los responsables deberán comparecer ante la justicia en un proceso acorde con las normas internacionales de justicia procesal;

Sierra Leona: Un retroceso catastrófico para los derechos humanos

Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997 Índice AI: AFR 51/05/97/s

Índice AI: AFR 51/05/97/s Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997

C debe permitirse que el sistema judicial actúe con independencia, imparcialidad y efectividad, de conformidad con los Principios Básicos de la ONU relativos a la Independencia de la Judicatura;

Sierra Leona: Un retroceso catastrófico para los derechos humanos

Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997 Índice AI: AFR 51/05/97/s

Índice AI: AFR 51/05/97/s Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997

C deben tomarse medidas efectivas para garantizar que los organismos humanitarios pueden actuar sin riesgo para su seguridad.

A la comunidad internacional

Amnistía Internacional expresa su satisfacción por la seria atención que viene prestando la comunidad internacional, representada, entre otros organismos, por las Naciones Unidas, la Organización de la Unidad Africana, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y la Comunidad de Naciones (Commonwealth), a la crisis política y humanitaria de Sierra Leona, y pide a dicha comunidad internacional que haga uso también de su influencia para poner fin a las violaciones de derechos humanos en Sierra Leona. En concreto:

ONU, OUA y ECOWAS

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Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997 Índice AI: AFR 51/05/97/s

Índice AI: AFR 51/05/97/s Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997

C la protección y respeto de los derechos humanos en Sierra Leona debe ocupar un lugar destacado en todas las decisiones que se adopten en el marco de los esfuerzos de la comunidad internacional para encontrar una solución a la actual crisis política de Sierra Leona;

Sierra Leona: Un retroceso catastrófico para los derechos humanos

Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997 Índice AI: AFR 51/05/97/s

Índice AI: AFR 51/05/97/s Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997

C la comunidad internacional debe mantener la presión sobre el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas para poner fin a las violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad oficiales y de quienes actúan bajo su autoridad;

ECOWAS

Sierra Leona: Un retroceso catastrófico para los derechos humanos

Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997 Índice AI: AFR 51/05/97/s

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C La ECOWAS debe garantizar que, si se autoriza una intervención armada en Sierra Leona, todas las fuerzas militares que actúen con su autorización respetan plenamente y en todo momento las normas internacionales humanitarias y de derechos humanos;

Sierra Leona: Un retroceso catastrófico para los derechos humanos

Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997 Índice AI: AFR 51/05/97/s

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C en el caso de que se produzca una intervención armada, la fuerza de la ECOWAS deberá incluir un elemento de derechos humanos para garantizar que sus fuerzas respetan el derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos. También deberá haber un mecanismo para vigilar las violaciones de derechos humanos, evaluar la situación de estos derechos y sentar las bases para su protección y la prevención de abusos;Para más información, consulte Peace-keeping and human rights (Índice AI: IOR 40/01/94), publicado por Amnistía Internacional en enero de 1994.

Comunidad de Naciones (Commonwealth)

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Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997 Índice AI: AFR 51/05/97/s

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C el Grupo de Acción Ministerial sobre la Declaración de Harare deberá considerar la posibilidad de enviar una delegación a Sierra Leona para investigar las violaciones de derechos humanos;

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y gobiernos de África Occidental

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Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997 Índice AI: AFR 51/05/97/s

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C deberán tomar todas las medidas para garantizar la protección de los refugiados. No se deberá fomentar ni alentar su regreso a Sierra Leona sin que exista una evaluación independiente e imparcial de que no correrán el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos en Sierra Leona. Asimismo, deberá haber una supervisión efectiva de su seguridad.

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Amnistía Internacional, 20 de octubre de 1997 Índice AI: AFR 51/05/97/s

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Un retroceso catastrófico para los derechos humanos

ACCIONES RECOMENDADAS

Rogamos se aseguren de que todas las personas pertinentes de la Sección reciben una copia del documento y de que éste se guarda en el archivo central para futuras consultas. Además, rogamos realicen las siguientes acciones recomendadas.

Encargados de prensa de la Sección

Rogamos den publicidad al documento y lo distribuyan lo más ampliamente posible. No tiene fecha de embargo. Asimismo, rogamos hagan un seguimiento del interés que puedan haber suscitado las publicaciones y acciones anteriores de Amnistía Internacional sobre Sierra Leona.

Previa consulta, en su caso, con el Grupo de coordinación de África Occidental de su Sección, rogamos envíen el documento a todos los periodistas especialmente interesados por Sierra Leona en particular, o por África en general.

Encargados de la captación de apoyos ante el propio gobierno/Grupos de coordinación de África Occidental de la Sección

Rogamos entreguen una copia del documento a los funcionarios pertinentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de su país. Tras el golpe de Estado militar de mayo de 1997, todos los representantes diplomáticos en Sierra Leona salieron del país.

Este documento debe distribuirse también entre los parlamentarios y otras personalidades políticas de su país, con el ruego de que expongan los motivos de preocupación de Amnistía Internacional ante el ministro de Asuntos Exteriores de su gobierno, así como en los contactos bilaterales que puedan mantener con funcionarios del gobierno de Sierra Leona.

Grupos de coordinación de África Occidental y coordinadores de la Red de Acción Regional de África Occidental (WARAN)

Está previsto emitir una acción WARAN para acompañar a este documento, en el que se reflejarán las recomendaciones contenidas en el documento.

Secciones y Grupos de África Occidental

Rogamos tomen nota de que las recomendaciones concretas para las acciones de Secciones y Grupos en África Occidental se incluirán en la acción WARAN.

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C todas las Secciones

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C Grupos de coordinación de África Occidental

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C Coordinadores de la Red de Acción Regional de África Occidental (WARAN)