Índice AI: AFR 51/006/2002/s (Público)

Servicio de Noticias 78/02

1 de mayo de 2002

Sierra Leona: La comunidad internacional no debe desentenderse de la situación tras las elecciones

«Las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (ONU), las fuerzas de seguridad sierraleonesas y los observadores internacionales deben garantizar que los civiles de todo el territorio sierraleonés están protegidos de la violencia durante las próximas elecciones», ha manifestado hoy una delegación de Amnistía Internacional de visita en Sierra Leona.

El 14 de mayo del 2002 se celebrarán elecciones presidenciales y parlamentarias en Sierra Leona por primera vez desde 1996. En un país, Sierra Leona, devastado por más de una década de conflicto armado interno, la celebración transparente y pacífica de comicios constituirá un gran paso hacia la construcción de un futuro basado en el respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho.

El conflicto entre las fuerzas gubernamentales y el grupo armado de oposición Frente Revolucionario Unido se declaró oficialmente concluido en enero del 2002 y desde entonces se ha avanzado significativamente en la labor de acabar con los abusos contra los derechos humanos y de facilitar protección y ayuda a la población civil.

«En el período posterior al conflicto, la comunidad internacional debe mantener un nivel elevado de inversiones a largo plazo en Sierra Leona, a fin de consolidar los progresos ya alcanzados —ha subrayado Amnistía Internacional—. En concreto, se deberá dedicar más atención y recursos a la reconstrucción y fortalecimiento del sistema de justicia sierraleonés».

Una delegación de Amnistía Internacional de visita en Sierra Leona está evaluando las necesidades del sistema de justicia, incluida la participación de la fuerza policial, los servicios de fiscalía, los tribunales nacionales y los lugares de detención. A causa del conflicto prolongado, el sistema judicial se ha desmembrado y las instituciones encargadas de administrar justicia, tanto civiles como penales, apenas prestan servicios. En todo el país, el sistema carece del respaldo económico necesario, de material y de personal con formación adecuada en derecho penal internacional, e incluso de jueces, fiscales y abogados.

«Es vital que se restablezca la confianza en el Estado de derecho y el sistema de justicia en todo el país para lograr una reconciliación y una paz duradera, acabar con los abusos contra los derechos humanos y conseguir que se haga justicia con las víctimas», ha declarado la organización.

El elevado índice de casos de violencia sexual, cuya comisión por parte de todos los bandos enfrentados en los conflictos en Guinea, Liberia y Sierra Leona ha sido ampliamente reconocida, ha llevado a que la población civil de la región tolere en gran medida tales actos de violencia. La mejora de la situación de la seguridad y de los derechos humanos durante los últimos meses brinda la oportunidad de abordar la cultura de impunidad que rodea a la cuestión de la violencia sexual ejercida contra las mujeres y las niñas. El respeto de la integridad física y psíquica de la población femenina debe constituir una prioridad en estos momentos.

A fin de restablecer la confianza pública en el Estado de derecho, el sistema nacional de justicia debe ser eficaz, imparcial e independiente. Se debe juzgar a los presuntos delincuentes de conformidad con las normas internacionales de justicia procesal, dentro de un plazo razonable de tiempo y sin que quepa la posibilidad de que se les imponga la pena de muerte. Los jueces, abogados y demás personal de justicia deben contar con una formación integral en materia de justicia de menores, derechos de la mujer y estar sensibilizados sobre cuestiones relativas al género al objeto de abordar los casos de forma adecuada y ética. Se deben ofrecer garantías de protección a las víctimas y posibles testigos que teman sufrir represalias en caso de que se procese a los presuntos autores de los delitos.

Existe asimismo una necesidad imperiosa de garantizar que todos los abusos contra los derechos humanos, incluso los cometidos durante el conflicto, son investigados y que sus autores rinden cuentas. Por consiguiente, el gobierno sierraleonés debe revocar de inmediato la amnistía ilegal concedida a los autores de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en las disposiciones del acuerdo de paz firmado en Lomé en 1999. De forma sistemática los gobiernos y la comunidad internacional han eludido abordar con eficacia los abusos contra los derechos humanos cometidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona durante la pasada década. La prolongación del conflicto armado en la región es un claro y trágico ejemplo de las consecuencias que acarrea permitir que sigan sin responder de sus actos quienes han cometido abusos contra los derechos humanos.

«Hasta que la comunidad internacional no adopte medidas concretas para abordar la situación de los derechos humanos en Liberia, la situación en Sierra Leona seguirá siendo precaria», ha manifestado la organización.

Amnistía Internacional ha hecho campaña sistemáticamente en favor de que todos los presuntos autores de abusos contra los derechos humanos sean llevados ante la justicia y del establecimiento sin demora del Tribunal Especial para Sierra Leona. No obstante, dicho Tribunal Especial sólo tendrá jurisdicción para procesar a un número limitado de personas que han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad. La Comisión de Verdad y Reconciliación cumplirá asimismo una función importante a la hora de revelar la verdad sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto, aunque no se trata de un mecanismo judicial.

«Ni el Tribunal Especial para Sierra Leona ni la Comisión de Verdad y Reconciliación pueden reemplazar al enjuiciamiento por el sistema judicial nacional de todos los presuntos autores de abusos contra los derechos humanos», ha señalado Amnistía Internacional.

Documento público

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