Document - Somalia: International military and policing assistance should be reviewed







Somalia:

HAY QUE REVISAR LA ASISTENCIA INTERNACIONAL MILITAR Y POLICIAL







Publicado originalmente en 2009 por Amnesty International Publications

International Secretariat

Peter Benenson House

1 Easton Street

London WC1X 0DW

Reino Unido

www.amnesty.org


Copyright Amnesty International Publications 2009


Índice: AFR 52/001/2010

Idioma original: Inglés


Edición española a cargo de:

EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI)

Valderribas, 13.

28007 Madrid

España


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Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por 2,2 millones de personas de más de 150 países y territorios, que hacen campaña para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos. Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Llevamos a cabo actividades de investigación, campaña, sensibilización y movilización para poner fin a todos los abusos contra los derechos humanos. Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribuciones de nuestra membresía y con donativos.





ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Este informe contiene información detallada, tanto existente como nueva, sobre suministros de armas, formación y otros tipos de asistencia a las fuerzas de seguridad del Gobierno Federal de Transición (TFG, por sus siglas en inglés) de Somalia. En él se resumen los motivos de preocupación de Amnistía Internacional relativos a la ausencia de normas internacionales de derechos humanos y de una rendición de cuentas efectiva respecto de esta asistencia internacional militar y policial, teniendo en cuenta la grave situación de los derechos humanos en Somalia.1 La organización expresa su inquietud por los siguientes datos:

  • se están transfiriendo armas y munición al TFG somalí sin salvaguardias adecuadas para garantizar que no se utilizarán para cometer abusos contra los derechos humanos;

  • se está impartiendo a las fuerzas de seguridad del TFG formación que no está sometida a mecanismos adecuados de verificación y supervisión;

  • parte de la formación se planifica sin la debida notificación al Comité de Sanciones de la ONU, menoscabando así el embargo de armas impuesto por la ONU a Somalia;

  • no se está impartiendo formación adecuada en derecho internacional humanitario y de derechos humanos.

Desde el nombramiento en enero de 2009 de Sheikh Sharif Sheikh Ahmed como presidente del TFG, el apoyo internacional, prometido y real, al ejército, las fuerzas policiales y otras instituciones del sector de la seguridad de Somalia ha aumentado. Tanto la financiación prometida por los donantes como la entrega directa de formación y armas han aumentado durante 2009, impulsadas por la preocupación internacional que suscita la viabilidad de la nueva administración del TFG, que desde mayo de 2009 afronta una nueva ofensiva militar de los grupos que se le oponen en el sur y el centro del país, y por el temor por la seguridad de la navegación marítima internacional ante la escalada de la piratería armada frente a las costas somalíes.

Sin embargo, la preocupación de los donantes por la viabilidad del TFG y la seguridad de la navegación marítima internacional no ha ido acompañada de la misma atención hacia los derechos humanos del pueblo somalí y la protección de los civiles en el conflicto armado que sigue librándose en Somalia, como exige el derecho internacional y pidió expresamente el Consejo de Seguridad de la ONU. A Amnistía Internacional le preocupa que el suministro de armas, la provisión de formación y la financiación de las fuerzas armadas del TFG se estén llevando a cabo sin que se haya resuelto en gran medida los aspectos de la verificación, la supervisión, la gestión de las armas y el respeto a los derechos humanos por parte de la policía y las fuerzas armadas de Somalia, y cuando se están produciendo continuos cambios en las alianzas entre las fuerzas de seguridad del TFG y sus aliados y los grupos armados de la oposición. Sin unas salvaguardias adecuadas, las transferencias de armas podrían ser una amenaza para los derechos humanos y empeorar la situación humanitaria de la población civil somalí. A menos que se regule y vigile efectivamente, esta asistencia material podría emplearse para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario y proporcionar un apoyo adicional a personas y grupos que presuntamente han cometido, y podrían seguir cometiendo, crímenes de guerra y otros abusos graves contra los derechos humanos. También podría exacerbar el conflicto —que es lo contrario de lo que se pretende lograr con esta asistencia— debido al riesgo de que se desvíe a milicias y grupos armados que apoyan o se oponen al TFG.

Hasta que existan estas salvaguardias, la comunidad internacional debe poner fin a todas las entregas de armas, equipos militares y de seguridad y asistencia económica para la adquisición de armas destinadas al TFG y hacer que se cumpla debidamente el embargo general de armas impuesto a todos los actores del conflicto de Somalia, en vigor desde 1992.

Además, para contribuir a prevenir la repetición de catástrofes de derechos humanos y humanitarias similares a las que padece Somalia, todos los Estados deben apoyar el establecimiento de un Tratado sobre el Comercio de Armas de carácter mundial, tal como se ha acordado en principio en la Asamblea General de la ONU, para regular estrictamente la transferencia de armas convencionales.2 En concreto, como se muestra en este informe, los Estados deberían incluir en el ámbito de aplicación del Tratado las transferencias internacionales de apoyo técnico, logístico y económico esenciales para la transferencia y el uso de estas armas, y la norma básica de que los Estados nunca permitirán transferencias internacionales de armas convencionales y material relacionado cuando exista un riesgo sustancial de que tales artículos sean empleados para contribuir a la comisión de violaciones graves del derecho internacional, especialmente del derecho internacional humanitario y de derechos humanos.



INFORMACIÓN GENERAL



El conflicto armado de Somalia plantea graves amenazas para la seguridad, los derechos y los medios de vida de la población civil somalí. Todas las partes del conflicto han cometido violaciones graves del derecho internacional humanitario y abusos contra los derechos humanos.3 La situación de los derechos humanos y la humanitaria continúan deteriorándose.4 En 2009, los grupos armados de la oposición realizaron ataques indiscriminados y desproporcionados, lanzados a menudo desde zonas habitadas por civiles, a las que las fuerzas alineadas con el TFG han respondido con frecuencia de un modo indiscriminado y desproporcionado.5 Durante el año pasado, los grupos armados de la oposición también han cometido de forma creciente abusos como amputaciones, lapidaciones y ejecuciones públicas en las zonas que están bajo su control.6 El conflicto armado y la inseguridad amenazan también los derechos y la seguridad del personal de ayuda humanitaria y la entrega de esta ayuda, de la que dependen para su supervivencia 3,7 millones de personas (casi la mitad de la población). El año pasado, los grupos armados de la oposición saquearon y cerraron instalaciones de agencias humanitarias e hicieron declaraciones amenazadoras contra el personal de ayuda humanitaria y los activistas de la sociedad civil en el sur y el centro de Somalia, lo que ha limitado aún más la ayuda a los civiles, así como la información sobre la grave situación. Todos estos abusos se han cometido casi con total impunidad.

A pesar del embargo de armas impuesto por la ONU a Somalia, el país está lleno de armas. El Consejo de Seguridad de la ONU impuso un embargo de armas general a Somalia en 1992 y estableció un Comité de Sanciones encargado de su vigilancia. Posteriormente, el Consejo de Seguridad votó a favor de permitir las siguientes excepciones al embargo:7

  • los suministros de equipo militar no letal destinados únicamente a uso humanitario o de protección, siempre que sean aprobados previamente por el Comité de Sanciones, según la resolución 1356 (2001) del Consejo de Seguridad;

  • los suministros de armas y equipo militar y de adiestramiento y asistencia de carácter técnico destinados únicamente al apoyo de, o uso por, la operación de apoyo a la paz de la Unión Africana en Somalia (antes IGASOM, actualmente Misión de la Unión Africana en Somalia, AMISOM);

  • los suministros y la asistencia técnica destinados únicamente a contribuir al desarrollo de instituciones del sector de la seguridad del Gobierno Federal de Transición de Somalia, siempre que el Comité de Sanciones no adopte una decisión en contra en el plazo de cinco días laborables después de recibir la notificación; en virtud de las resoluciones 1744 (2007) y 1772(2007) del Consejo de Seguridad de la ONU, los Estados deben notificar estos suministros por adelantado y caso por caso al Comité de Sanciones;

  • la asistencia técnica destinada a Somalia y a los Estados vecinos para combatir la piratería, que ha de ser eximida del embargo por el Comité de Sanciones;

  • las armas y el equipo militar destinados al uso exclusivo de los Estados Miembros y las organizaciones regionales que implanten medidas contra la piratería y los asaltos a mano armada en el mar en colaboración con el TFG; estos suministros están sometidos a la notificación previa por el TFG al secretario general de la ONU, y las medidas han de ser congruentes con las normas aplicables del derecho internacional humanitario y de derechos humanos, en virtud de la resolución 1851(2008) del Consejo de Seguridad de la ONU.

Durante todos estos años, el embargo de armas ha sido violado continuamente con el suministro de armas a grupos armados de ambos bandos del conflicto. La entrada de armas en Somalia ha exacerbado los abusos graves contra los derechos humanos cometidos por todas las partes del conflicto. Según el Grupo de Supervisión para Somalia, de la ONU, que reúne información sobre las violaciones del embargo de armas, los grupos armados que se oponen al TFG han recibido armas principalmente a través de importaciones comerciales procedentes de Yemen y han recibido asistencia económica de Eritrea, donantes del mundo árabe y la diáspora somalí.8 Amnistía Internacional se opone a las transferencias de armas destinadas a grupos armados de Somalia, pues existen abundantes pruebas de que estos grupos han usado las armas para cometer abusos contra los derechos humanos. Amnistía Internacional solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU la adopción de medidas para reforzar el embargo de armas, que incluían garantizar que el Grupo de Supervisión de la ONU cuenta con los recursos y la capacidad necesarios para desempeñar sus labores, y la imposición de sanciones selectivas, tras un proceso transparente e imparcial, contra las personas y entidades que, violando el embargo, han contribuido a que se cometan violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos. En 2008, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1814, por la que encargó al Comité de Sanciones sobre Somalia que elaborase recomendaciones sobre medidas específicas contra personas o entidades que violaran el embargo de armas y quienes les prestaran apoyo para ello. La resolución 1844 (2008) del Consejo de Seguridad detallaba el tipo de medidas aplicables, que incluyen prohibiciones de viajar y congelación de activos. El Comité de Sanciones sobre Somalia no ha designado aún a ninguna persona o entidad que deba ser sancionada en aplicación de estas resoluciones.

Sin embargo, el 23 de diciembre de 2009, el Consejo de Seguridad impuso un embargo de armas sobre Eritrea por su apoyo a grupos armados que menoscababan la paz y la seguridad en Somalia, y por razones relacionadas con el conflicto fronterizo de Eritrea con Yibuti, en la resolución 1907 (2009). La resolución encomienda al Comité de Sanciones sobre Somalia, con el apoyo del Grupo de Supervisión, la vigilancia del embargo de armas sobre Eritrea. La misma resolución establece que se impondrán restricciones a los viajes y la congelación de activos a las personas, incluidos líderes políticos y militares de Eritrea, que designe el Comité de Sanciones sobre Somalia. La imposición de sanciones a Eritrea confiere al régimen de sanciones una dimensión regional más marcada y exige una mayor coordinación de los esfuerzos, así como la voluntad política de todos los Estados, sobre todo los Estados vecinos, de cumplir sus disposiciones y colaborar en su cumplimiento. Además, la responsabilidad añadida tanto del Comité de Sanciones como del Grupo de Supervisión indica la necesidad de facilitarles recursos adicionales para poder realizar su labor con eficacia.

A la comunidad internacional le preocupa asimismo la piratería armada frente a las costas somalíes, que amenaza la vida y la seguridad de las tripulaciones marítimas y la entrega de ayuda humanitaria a Somalia por mar. La piratería, que es resultado de años de conflicto armado, caos y privaciones económicas tras el hundimiento del Estado somalí en 1991, está alimentada también por el floreciente comercio de armas hacia Somalia y dentro de este país. Según el Grupo de Supervisión para Somalia, los piratas tienen fácil acceso a las armas en Somalia y pueden adquirirlas con el dinero obtenido de secuestros y rescates, y es probable que algunos piratas destacados sean responsables de violaciones del embargo de armas.9 El secretario general de la ONU ha pedido a todos los Estados que respalden un enfoque integrado para abordar las causas de la piratería, que incluyen el conflicto, la ausencia de gobernanza, la quiebra del Estado de derecho y la inexistencia de medios de subsistencia sostenibles e tierra, así como el hecho de que no se esté haciendo cumplir el embargo de armas de la ONU impuesto a Somalia.10

Los líderes del TFG formado tras el acuerdo de paz de Yibuti de 2008, patrocinado por la ONU, han pedido en reiteradas ocasiones asistencia internacional para sus fuerzas de seguridad, pues se enfrentan a grupos armados de la oposición que ya controlan la inmensa mayoría del sur y del centro del país, incluidas las ciudades principales. Hoy, el TFG controla poco más que un puñado de distritos de la capital, Mogadiscio, y sufre constantes ataques de los grupos armados. Muchos observadores creen que sin la AMISOM,11 el TFG no podría mantener su presencia en el país.

Después de 18 años de conflicto armado tras el hundimiento del último gobierno central en 1991, operan en Somalia multitud de grupos armados, entre ellos milicias de clanes, milicias asociadas a caudillos militares, fuerzas armadas afiliadas al TFG, grupos armados que se oponen al TFG y bandas criminales armadas. Estos grupos tienen a menudo elementos comunes, forjan o cambian alianzas, o sufren divisiones. A finales de 2006, la intervención militar de Etiopía en Somalia en apoyo del entonces TFG para desplazar a la Unión de Tribunales Islámicos (coalición de tribunales islámicos que había ampliado su control sobre Mogadiscio y otras áreas) desembocó en el recrudecimiento de las violaciones del derecho internacional humanitario y de los abusos contra los derechos humanos por todas las partes del conflicto. La presencia y el comportamiento de las tropas etíopes también sirvió de catalizador a la oposición armada al TFG. Aunque la Unión de Tribunales Islámicos sufrió primero una derrota militar, los restos de la organización combatieron posteriormente contra el TFG y sus aliados etíopes. Algunos líderes de la Unión formaron la Alianza para la Nueva Liberación de Somalia (ARS, por sus siglas en inglés) y otros se reagruparon en Al Harakat Al Muyahidín Al Shabaab (Movimiento Juvenil, conocido normalmente como Al Shabaab), que había sido el brazo armado de la Unión. En 2008, la ARS se dividió en relación con el proceso de paz de Yibuti patrocinado por la ONU, y uno de los grupos, encabezado por Sheikh Sharif Sheikh Ahmed (ARS-Yibuti) participó en las conversaciones de paz con el TFG y el otro, encabezado por Sheikh Hassan Dahir Aweys (ARS-Asmara), rechazó el proceso.

El proceso de Yibuti desembocó en octubre de 2008 en un acuerdo de paz y un alto el fuego entre el TFG y la ARS-Yibuti,12 una ampliación del Parlamento Federal de Transición para incluir a miembros de la ARS-Yibuti y la elección de un nuevo presidente por los miembros del Parlamento. Las fuerzas de seguridad del actual TFG están teóricamente integradas por miembros de las fuerzas militares, policiales y de los servicios de información del TFG anterior, y miembros de la antigua ARS-Yibuti, cuyo líder, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, es el actual presidente del TFG. Uno de los principales desafíos del actual TFG es establecer un mando unificado, y el control y la disciplina sobre esta disparidad de fuerzas de seguridad y milicias. El TFG también llegó a un acuerdo, en junio de 2009, con un grupo sufí del centro del país, Ahlu Sunna Wal Jamaa, que resurgió y tomó las armas contra Al Shabaab a finales de 2008, cuando este profanó unas tumbas sufíes. Ahlu Sunna Wal Jamaa recibió supuestamente apoyo militar de Etiopía.

La actual oposición armada al TFG incluye a la antigua ARS-Asmara, que ha creado una coalición bajo el nombre de Hizbul Islam con otros tres grupos armados: Ras Camboni, el Frente Islámico Somalí (Jabathul Islamiya o JABISO) y Anole Camp; y Al Shabaab, cuyos comandantes controlan actualmente la mayor parte del sur y del centro de Somalia. Hizbul Islam y Al Shabaab unieron sus fuerzas para lanzar la ofensiva de mayo de 2009 contra el TFG y la AMISOM; sin embargo, durante el segundo semestre de ese año, algunas facciones de Hizbul Islam y de Al Shabaab se enfrentaron por el control de la ciudad y el puerto de Kismayo y de territorio del sur de Somalia, cerca de la frontera con Kenia; estos enfrentamientos podrían indicar futuros cambios en las alianzas y realineamientos. En 2009, algunos dirigentes y miembros de Hizbul Islam se unieron al TFG, mientras que ciertas personas asociadas al TFG desertaron para unirse a Hizbul Islam. Continúan llegando acusaciones de combatientes de uno y otro bando que desertan al contrario, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad del TFG que supuestamente se unen a grupos armados de la oposición por no recibir sus salarios y facciones de grupos armados que se unen al TFG por rencillas con sus antiguos aliados.13

En mayo de 2009, el Consejo de Seguridad instó al TFG a que desarrollase un sector de la seguridad que rindiera cuentas y bien gobernado, que incluyera mecanismos de gobernanza, verificación y supervisión que garantizaran el respeto del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos. El Consejo de Seguridad también encomendó al secretario general que apoyara al TFG en la planificación de una estrategia nacional de seguridad que incluyera planes para combatir el tráfico ilícito de armas, para el desarme, la desmovilización y la reintegración, y servicios judiciales y penitenciarios.14 A Amnistía Internacional le preocupa que, sin los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas necesarios, la asistencia en materia de seguridad actual y prometida destinada al TFG podría ir en detrimento de los esfuerzos para mejorar el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad del TFG. En concreto, existe un riesgo importante de que el envío internacional de armas y de dinero para la adquisición local de armas al TFG se utilice para cometer violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos, como ataques indiscriminados y desproporcionados y ataques directos contra civiles y bienes de carácter civil.



SUMINISTROS INTERNACIONALES DE ARMAS A LAS FUERZAS DEL TFG



Los suministros internacionales de armas a las fuerzas del TFG aumentaron durante el año 2009. El Grupo de Supervisión para Somalia ha informado desde 2006 de que las fuerzas del TFG han recibido armas y munición de tres Estados —Etiopía, Yemen y Uganda— sin que dichos Estados hayan solicitado exenciones al embargo de armas de la ONU al Comité de Sanciones sobre Somalia; y que las fuerzas del TFG también han comprado armas en los mercados particulares de armas existentes en Mogadiscio y sus alrededores, en los que, según informes, todas las partes del conflicto de Somalia adquieren armas.15 Amnistía Internacional no ha podido verificar estos informes previos, pero tiene conocimiento de que desde mayo de 2009 se han enviado suministros importantes de armas financiadas por Estados Unidos desde Uganda a Mogadiscio, destinados a las fuerzas del TFG.

El 6 de agosto de 2009, la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton se comprometió públicamente a enviar apoyo militar al gobierno de Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, y un portavoz del Departamento de Estado declaró que el gobierno estadounidense tenía la intención de suministrar al TFG 40 toneladas de armas y equipos militares, cantidad que podría incrementarse en el futuro.16 Amnistía Internacional ha determinado que el 22 de mayo de 2009, el gobierno de Estados Unidos solicitó al Comité de Sanciones de la ONU exenciones para enviar 19 toneladas de munición al TFG en Mogadiscio desde el aeropuerto de Entebe, en Uganda, durante la última semana de mayo. Este envío incluía munición de 7.62mm (para rifles de asalto), de 12.7mm (para ametralladoras), granadas propulsadas por cohetes RPG-7 y munición de mortero de 81/82mm. El gobierno estadounidense también informó al Comité de Sanciones de la ONU de su intención de hacer otro envío de armas pequeñas y armas ligeras integrado por 48 granadas propulsadas por rifles, 36 ametralladoras PKM de 7.62mm, doce ametralladoras pesadas DShK de 12.7mm y diez morteros de 81/82mm. Amnistía Internacional tiene entendido que Estados Unidos ha presentado por lo menos otras dos solicitudes al Comité de Sanciones para enviar armas al TFG, y uno para el transporte de fuerzas del TFG a Uganda para recibir adiestramiento. La organización entiende asimismo que el Comité de Sanciones sobre Somalia autorizó estas solicitudes y que las armas están almacenadas en Mogadiscio.

Aunque estos tipos de armas y municiones representan el armamento básico de todas las partes del conflicto de Somalia, algunos de ellos suscitan especial preocupación, incluidas las municiones de fuego indirecto, como las bombas de mortero. Desde principios de 2007, Amnistía Internacional ha recibido reiterados informes fidedignos de civiles que huían del conflicto y de la sociedad civil somalí, sobre bombardeos indiscriminados o desproporcionados realizados desde o sobre zonas densamente pobladas por civiles en Mogadiscio con fuego no guiado de mortero y artillería, por todas las partes del conflicto, incluido el TFG. Estos ataques han causado miles de muertos y heridos entre la población civil, la destrucción de innumerables viviendas civiles y el desplazamiento de cientos de miles de personas de la capital. Los ataques indiscriminados y desproporcionados están prohibidos por el derecho internacional humanitario. Los ataques indiscriminados con morteros en zonas densamente pobladas o frecuentadas por civiles, como el mercado de Bakara de Mogadiscio, han aumentado desde que los grupos armados lanzaron una ofensiva contra el TFG, en mayo de 2009.17 Según los informes, tanto las fuerzas del TFG como las tropas de la AMISOM y los grupos armados que se oponen al TFG poseen bombas de mortero.

Amnistía Internacional también cree que el TGF carece de capacidad para prevenir el desvío de cantidades importantes de sus armas y equipo militar a otros grupos armados y a los mercados somalíes de armas, como ha subrayado el Grupo de Vigilancia para Somalia de la ONU. 18 Según el informe de diciembre de 2008, “se ha desviado hasta un 80% de la inversión internacional en el desarrollo de las fuerzas de seguridad del Gobierno Federal de Transición con fines diferentes a los previstos.”19 Los desvíos de armas y de equipo militar documentados por el Grupo de Vigilancia se han debido a defecciones y deserciones; a la venta de armas, uniformes y equipos realizada por miembros de las fuerzas del TFG; a la captura de armas y equipos por parte de los grupos armados de la oposición; y al desvío para fines militares de la ayuda de los donantes internacionales destinada al sector de la seguridad y a la policía. Esta asistencia se ha desviado tanto a las fuerzas armadas del TFG como a los grupos armados, y al mismo tiempo, la propia policía del TFG está cada vez más involucrada en el conflicto armado. Aunque las solicitudes concretas de exenciones del embargo de la ONU antes mencionadas incluían información limitada exigida por el Comité de Sanciones sobre la naturaleza de las armas y las rutas de suministro,20 no contenían suficientes datos sobre las especificaciones técnicas, cantidades y marcado de las armas y la munición que permitiera a los observadores independientes, como el Grupo de Vigilancia para Somalia, detectar la pérdida o el desvío de parte de ellas durante su entrega o después de ella. Se deben continuar, reforzar y normalizar los esfuerzos del Comité de Sanciones sobre Somalia, que ha pedido a todos los países que soliciten exenciones que faciliten detalles sobre la asistencia material que se va a suministrar al TFG, esfuerzos que deberían aplicar también otros Comités de Sanciones que supervisan embargos de armas impuestos por el Consejo de Seguridad.


La rendición de cuentas de las armas suministradas por otros medios al TFG es aún más difícil. Amnistía Internacional tuvo conocimiento de los planes de Estados Unidos de enviar cantidades importantes de dinero en efectivo a las fuerzas del TFG para adquirir armas y suministros logísticos dentro de la propia Somalia. El 14 de mayo de 2009, el gobierno estadounidense solicitó una exención del embargo para enviar un máximo de 2 millones de dólares estadounidenses en efectivo, que se remitirían desde Nairobi a Mogadiscio, para que la Fuerza Nacional de Seguridad del TFG adquiriese armas, munición y suministros logísticos “localmente”, presumiblemente parte de ellos en los mercados de armas somalíes. Amnistía Internacional tiene entendido que el gasto de esta cantidad en efectivo podría ser supervisado por una empresa internacional de contabilidad que firmó un contrato con el TFG en julio de 2009 para actuar como agente de gestión fiduciaria del gobierno en relación con los fondos de donantes internacionales destinados a ayuda humanitaria y para el sector de la seguridad.21 Los detalles de este mecanismo de supervisión no se han hecho públicos. Sin embargo, incluso si este dinero en efectivo no se desviara del destinatario y usuario final designados, la financiación de compras a comerciantes de armas nacionales contribuirá a apoyar los mercados de armas nacionales, florecientes y sin control: esos mismos mercados son, según los informes, la principal fuente de armamento de Al Shabaab y otros grupos armados que se oponen al TFG, acusados de cometer crímenes de guerra y otros abusos graves contra los derechos humanos. Proporcionar ingresos a esos mercados exacerba, por tanto, la inseguridad extrema en el que vive la población civil de Somalia. Equipar a las fuerzas de seguridad del TFG mediante la financiación de compras de armas locales también imposibilita que los donantes internacionales determinen si esas armas están marcadas y registradas con arreglo a las normas internacionales sobre localización de armas,22 lo que obstaculiza seriamente la rendición de cuentas respecto de ellas y dificulta que el TFG o los donantes detecten su desvío a otros grupos armados y a usuarios finales no autorizados.

ADIESTRAMIENTO MILITAR Y POLICIAL



En abril de 2009, en una conferencia internacional de donantes celebrada en Bruselas, los Estados y las organizaciones intergubernamentales prometieron más de 213 millones de dólares en fondos para la AMISOM y las instituciones del sector de la seguridad somalí.23 Varios gobiernos y organizaciones intergubernamentales prometieron —y algunos están proporcionando actualmente— adiestramiento y equipos para las fuerzas armadas y la policía del TFG en el sur y el centro de Somalia, así como a las instituciones del sector de la seguridad de Somalilandia y Puntlandia. Según informes, el 22 de octubre de 2009, el jefe de las fuerzas armadas del TFG declaró que más de 3.000 soldados y policías somalíes estaban recibiendo adiestramiento en Etiopía, Kenia, Yibuti y Uganda.24 Varios países más participan también en el adiestramiento de estas fuerzas o se han comprometido a hacerlo (las tablas 1 y 2 del apéndice de este documento ofrecen más detalles sobre la asistencia en materia de seguridad al TFG).

Se están haciendo algunos esfuerzos para coordinar esta asistencia a través de un Comité Conjunto de Seguridad25 creado en virtud del acuerdo de paz de Yibuti. Sin embargo, gran parte de la asistencia internacional destinada al adiestramiento militar y policial carece de transparencia y no respeta las normas internacionales: algunos Estados han informado al Comité de Sanciones de la ONU del adiestramiento que proporcionan a las fuerzas del TFG cuando dicho adiestramiento ya había finalizado. Varios proveedores de adiestramiento, como Etiopía26 y Kenia, no han solicitado las correspondientes exenciones al Comité de Sanciones de la ONU para Somalia. En su último informe, el Grupo de Supervisión de la ONU expresó su preocupación por el hecho de que el currículo del adiestramiento que impartía Etiopía para las fuerzas armadas y policiales del TFG en 2008 no estaba disponible o contenía una descripción muy general, e incluía referencias a la contrainsurgencia —incluso para las fuerzas policiales, que en teoría no deberían participar en operaciones miliares— y a la lucha antiterrorista. Esto se produjo en un momento en el que las fuerzas armadas etíopes realizaban operaciones militares en Somalia y fueron acusadas de cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario y de derechos humanos, como ataques indiscriminados y desproporcionados, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas.27 En Kenia han surgido denuncias de que en octubre de 2009, refugiados somalíes de los campos de refugiados de Dadaab y ciudadanos kenianos de origen somalí habían sido captados para recibir entrenamiento militar en Kenia y reclutados en las fuerzas del TFG mediante engaño.28 El reclutamiento de personas en campos de refugiados viola los principios según los cuales estos campos deben tener un carácter exclusivamente civil y humanitario.

Los gobiernos donantes y las organizaciones intergubernamentales que facilitan fondos para estas actividades de adiestramiento y asistencia o las realizan directamente, deben asegurarse de que toda esta asistencia lleva aparejadas medidas prácticas para respetar unas normas coherentes con el derecho internacional humanitario y de derechos humanos y no conlleva un riesgo sustancial de contribuir a que se cometan violaciones de derechos humanos. De lo contrario, se podría incurrir en la comisión de un hecho internacionalmente ilícito.29 Amnistía Internacional cree que los donantes deben ayudar al TFG a desarrollar estructuras y prácticas en el seno de sus instituciones de seguridad destinadas a prevenir que se cometan violaciones de derechos humanos y garantizar una rendición de cuentas y una supervisión efectivas, independientes e imparciales. Los donantes deben asegurarse, por ejemplo, de que no fomentan, ni siquiera inadvertidamente, ningún uso de la fuerza indiscriminada o excesiva, ni ningún reclutamiento en las fuerzas del TFG que sea contrario a las normas y las leyes internacionales, como parece haber ocurrido recientemente en Kenia, y de que no se presta asistencia alguna a fuerzas armadas que reclutan o usan a niños y niñas soldados. La ONU ha informado de la presencia de niños y niñas soldados en milicias aliadas del TFG en 2008.30 El 20 de noviembre de 2009 el TFG se comprometió a ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño; sin embargo, no existe ningún mecanismo efectivo para garantizar que las fuerzas que combaten en nombre del TFG no utilizan a niños y niñas soldados.

A Amnistía Internacional le preocupa también la posibilidad de que las personas que reciben adiestramiento y los reclutas no hayan sido seleccionados adecuadamente para impedir la incorporación en el ejército y la policía somalíes de presuntos autores de abusos contra los derechos humanos y que de hecho se les dote de más capacidad militar. Al parecer, algunos gobiernos que han ofrecido adiestramiento al TGF no aplican ningún criterio para la participación en sus programas. Estados Unidos, Francia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sí incorporan ciertos criterios para la participación de miembros del TFG en el adiestramiento que ofrecen, pero estos criterios no siempre se aplican de forma independiente para excluir a las personas culpables de violaciones graves de derechos humanos. La imposibilidad de los Estados y las agencias que proporcionan adiestramiento para seleccionar de forma independiente a los agentes de policía inscritos en sus programas de adiestramiento, debida a la inseguridad y a la falta de acceso al sur y el centro de Somalia de los funcionarios del PNUD,31 pone seriamente en duda su capacidad para excluir de la fuerza policial reconstituida del TFG a policías presuntos autores de abusos contra los derechos humanos. La selección de las personas que reciben adiestramiento en Somalia sigue estando en manos del TFG o del director general de la Policía del TFG,32 en el caso del adiestramiento policial que imparte el PNUD.

Además, a Amnistía Internacional le preocupa que parte del adiestramiento que se imparte al personal policial somalí, que en teoría no debería participar en operaciones militares, podría tener por objeto disponer con rapidez de efectivos sobre el terreno para combatir a los grupos armados de la oposición, en lugar de proporcionar las aptitudes, principios y capacidades necesarios para las operaciones destinadas a hacer cumplir la ley. Es innegable la necesidad de unos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de unas fuerzas militares adecuadamente adiestrados para proteger a la población civil en Somalia. Pero la intención expresada por la comunidad internacional de adiestrar a 6.000 soldados del TFG, así como a 10.000 agentes de policía del TFG antes de final de 201033 (en ciclos de adiestramiento de tres meses para 2.000 nuevos policías cada ciclo) apenas permite que haya tiempo y recursos necesarios para garantizar la incorporación del respeto a los derechos humanos y su protección en las prácticas de las fuerzas de seguridad somalíes.

Amnistía Internacional se congratula por la reciente adición por el PNUD de varios módulos de formación policial concebidos para incluir normas de derechos humanos y para distinguir los criterios de la práctica policial de los que rigen las operaciones militares de las fuerzas armadas, que incluyen módulos de formación sobre política sobre actuación policial y el uso de la fuerza, técnicas de defensa personal sin armas; cooperación con las fuerzas militares, explicando la función de la policía en la protección de los civiles y las diferencias con las funciones de combate y apoyo al combate; y principios sobre igualdad de género.34 Sin embargo, la formación y la asistencia destinadas a las fuerzas de seguridad somalíes no deben limitarse a describir las obligaciones que han de cumplir las fuerzas de seguridad en virtud de las leyes y normas internacionales humanitarias y de derechos humanos, y las normas internacionales de buena práctica policial. También deben incorporar las normas del derecho internacional de derechos humanos y de derechos humanos en los procedimientos operativos normales y en los manuales que emplean las fuerzas de seguridad. La formación y la asistencia deben incluir asimismo tiempo suficiente para realizar ejercicios de formación práctica rigurosos para todo el personal en los que se refleje la realidad de las condiciones de la actuación policial, haciendo hincapié en la aplicación práctica del derecho internacional humanitario y de derechos humanos y de las normas internacionales de buena práctica.

Amnistía Internacional también se congratula por los esfuerzos realizados, en circunstancias difíciles, para instituir algunos mecanismos para la rendición de cuentas independiente y la supervisión del sector de la seguridad, como el apoyo internacional al desarrollo de los comités consultivos de la policía integrados por líderes comunitarios somalíes que realizan visitas a centros de detención y comisarías de policía bajo control del TFG en Mogadiscio, muchas veces con considerable riesgo para su seguridad. Sin embargo, estas iniciativas siguen estando circunscritas a las comisarías de policía y son limitadas debido a la inseguridad reinante.

Según informaciones publicadas por la prensa e informes de la sociedad civil, en octubre de 2009 el TFG creó asimismo un tribunal militar para juzgar a los miembros de sus fuerzas de seguridad acusados de delitos cometidos contra civiles, incluyendo homicidios, robos y extorsiones. Esto podría indicar la voluntad política de abordar las quejas que desde hace tiempo expresan los civiles sobre la conducta impropia de las fuerzas del TFG. No obstante, las normas de derechos humanos exigen que la jurisdicción de los tribunales militares se limite a las infracciones de carácter exclusivamente militar cometidas por personal militar35 y los órganos independientes de derechos humanos han expresado preocupación porque muchos juicios de personal militar ante tribunales militares por delitos comunes y violaciones de derechos humanos no han sido imparciales y han desembocado en la impunidad del infractor.

Por último, a Amnistía Internacional le preocupa enormemente que parte de la formación destinada a personal militar y policial del TFG se esté impartiendo por fuerzas de seguridad de otros países, como Etiopía, que a su vez han sido acusadas de cometer reiteradas violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos en Somalia, como ejecuciones extrajudiciales, homicidios ilegítimos y ataques indiscriminados y desproporcionados.36 Además de la ausencia de información detallada sobre la naturaleza, el alcance y los currículos de la formación que imparte Etiopía a las fuerzas de seguridad del TFG, a Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que esta formación no incluye salvaguardias adecuadas para garantizar el respeto al derecho internacional humanitario y de derechos humanos y a las normas internacionales de buena práctica.

Por otra parte, Amnistía Internacional insta a la AMISOM, que está impartiendo formación a 6.000 soldados del TFG y adiestramiento en armas pequeñas a nuevos miembros de la policía, a que no incluya en sus equipos de formación a ningún miembro de la AMISOM sobre quien existan sospechas razonables de que ha cometido violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos u ordenado su comisión. A tal fin, deben realizarse investigaciones independientes e imparciales sobre las denuncias de que tropas de la AMISOM han realizado disparos y bombardeos indiscriminados en zonas pobladas o frecuentadas por civiles.37

RECOMENDACIONES

El conflicto armado de Somalia y la debilidad de las instituciones del TFG plantean desafíos difíciles para la comunidad internacional. Amnistía Internacional cree que la situación humanitaria y de los derechos humanos no puede mejorar si las partes del conflicto de Somalia continúan violando el derecho internacional humanitario y de derechos humanos con impunidad.

Amnistía Internacional recomienda que todos los Estados y organizaciones intergubernamentales que proporcionan o estudian la posibilidad de proporcionar asistencia en materia de seguridad al TFG:



  • pongan fin a todos los envíos de armas, equipos militares y de seguridad, y asistencia económica para la adquisición de armas destinados al TFG hasta que existan mecanismos efectivos para prevenir que esta asistencia material se emplee para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario y de derechos humanos;

  • respeten el embargo de armas impuesto por la ONU a Somalia, incluyendo la obligación de solicitar exenciones previas al Comité de Sanciones sobre Somalia para proporcionar cualquier asistencia al sector de la seguridad al TFG; todos los Estados deben adoptar leyes u otras medidas legales, si no lo han hecho ya, que incorporen sus obligaciones contraídas en virtud de los embargos de armas impuestos por la ONU y tipifiquen la violación de estas obligaciones como delito, tal como ha pedido expresamente el Consejo de Seguridad de la ONU.

  • faciliten al Comité de Sanciones detalles completos de todo equipo militar y de seguridad y del adiestramiento que se vaya a suministrar al TFG, incluyendo tipos y especificaciones técnicas del equipo que se va a enviar, sus proveedores, medios de transporte, rutas y puertos de entrada, y el destinatario y usuario final designados; si se han obtenido exenciones para el suministro de equipos o de adiestramiento, deberán hacer todo lo posible para realizar comprobaciones en ruta y comprobaciones regulares tras la entrega a fin de garantizar que el equipo no es desviado, y llevar a cabo labores de supervisión y evaluación tanto durante la formación como después de ella para garantizar que no se le da un uso inapropiado, e informar de estas comprobaciones al Comité de Sanciones sobre Somalia y al Grupo de Vigilancia para Somalia;

  • garanticen que sus arsenales, incluidos los de armas pequeñas y armas ligeras, están marcados de forma única, tal como exige el Instrumento internacional de localización adoptado por la Asamblea General de la ONU en 2005; las cajas y envíos de munición también deberán estar marcados de forma única con números de serie y otras características para la identificación, y se mantendrán registros de la marcación única tanto de las armas como de la munición;

  • proporcionen adiestramiento a las fuerzas del TFG sobre gestión responsable y almacenamiento seguro de armas, con arreglo a las normas y principios internacionales de buena práctica. Estas deberán incluir:

    • las buenas prácticas en gestión de arsenales de armas y seguridad establecidas en el Manual de mejores prácticas en materia de armas pequeñas y armas ligeras de la OSCE (2003), que incluyen el mantenimiento adecuado de registros, la auditoría de dichos registros, lugares de almacenamiento seguro y un plan de seguridad adecuado para el transporte y el almacenamiento de armas pequeñas y armas ligeras;

    • las medidas para la gestión, rendición de cuentas, inspección, almacenamiento y seguridad de los arsenales de munición convencional recomendadas en el Informe del Grupo de expertos gubernamentales establecido de conformidad con la resolución 61/72 de la Asamblea General para examinar la adopción de medidas adicionales para intensificar la cooperación en relación con la cuestión del exceso de existencias de municiones convencionales (A/63/182).

  • pongan fin a las transferencias de armas y material relacionado a Estados y entidades extranjeras cuando exista un riesgo sustancial de que sean desviadas, directa o indirectamente, a entidades armadas, incluido el TFG, en Somalia, reforzando así la eficacia del embargo de armas impuesto por la ONU a Somalia;

  • colaboren plenamente, lo que incluye facilitando toda la información requerida, con el Grupo de Vigilancia y el Comité de Sanciones de la ONU, y proporcionen apoyo político al Grupo de Vigilancia de la ONU para mejorar el cumplimiento del embargo de armas de la ONU sobre Somalia, reducir la entrada de armas en Somalia y prevenir nuevos abusos contra los derechos humanos. En concreto, los Estados vecinos de Somalia y Eritrea deben colaborar con el Grupo de Vigilancia y el Comité de Sanciones de la ONU y garantizar que se aplica y se cumple totalmente en sus territorios el embargo de armas impuesto por la ONU a Somalia.

  • garanticen que el adiestramiento impartido a las fuerzas del TFG respeta plenamente el derecho internacional humanitario y de derechos humanos y que se verifica el personal que impartirá la formación a fin de garantizar que no está implicado en abusos contra los derechos humanos;

  • proporcionen formación práctica general a las fuerzas armadas del TFG en la aplicación de los principios del derecho internacional humanitario y de derechos humanos, incluida la obligación de adoptar todas las precauciones necesarias para proteger a los civiles y los bienes de carácter civil;

  • presionen a favor de, y proporcionen asistencia técnica y económica para, el establecimiento de mecanismos efectivos, independientes e imparciales de rendición de cuentas y supervisión para todas las fuerzas militares, de seguridad y policiales del TFG y milicias afiliadas; estos mecanismos deben incluir la mejora de la vigilancia, documentación e información pública de presuntas violaciones graves del derecho internacional humanitario y de derechos humanos por las fuerzas de seguridad del TFG o fuerzas que están a favor del TFG, y la consolidación de capacidades para que el TFG realice investigaciones independientes sobre estas violaciones;

  • promuevan y proporcionen asistencia técnica y económica a las fuerzas de seguridad del TFG para el establecimiento y gestión de un mecanismo imparcial de selección o verificación como parte de los procedimientos de reclutamiento, a fin de garantizar que las nuevas fuerzas de seguridad no reclutan a personas sobre quienes existan sospechas razonables de que han cometido violaciones graves del derecho internacional humanitario o abusos contra los derechos humanos hasta que se realicen investigaciones independientes e imparciales;

  • condenen públicamente todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos cometidas en Somalia, incluidas las cometidas por el TFG, y presionen para que se rindan cuentas tanto de estas violaciones como de las cometidas en el pasado;

  • presionen al TFG para que suspenda inmediatamente de las fuerzas del TFG a todo miembro de su personal sobre quien existan sospechas razonables de que ha cometido violaciones graves del derecho internacional humanitario y de derechos humanos u ordenado su comisión, hasta que se realicen unas investigaciones fidedignas, y hagan comparecer ante la justicia a cualquier persona a la que se halle responsable de estas violaciones, en juicios imparciales y en los que se excluya la aplicación de la pena de muerte;

  • respalden medidas concretas para poner fin a la impunidad en Somalia, incluido el establecimiento de una comisión de investigación independiente e imparcial o mecanismo similar para investigar y analizar delitos tipificados en el derecho internacional y recomendar más medidas sobre rendición de cuentas.

Amnistía Internacional recomienda que el Consejo de Seguridad de la ONU y el Comité de Sanciones de la ONU sobre Somalia:



  • garanticen que no se autorizan exenciones al embargo de armas sobre Somalia si las solicitudes de exención implican el suministro de armas, financiación o adiestramiento que puedan facilitar violaciones graves del derecho internacional humanitario y de derechos humanos; se nieguen a autorizar el envío de armas y de otro tipo de asistencia si no se facilita suficiente información sobre el destinatario exacto de esta asistencia en materia de seguridad y sobre su naturaleza, rutas de suministro y las especificaciones y marcado precisos de las armas que permita que el Grupo de Vigilancia de la ONU y los gobiernos proveedores detecten su posterior desvío o uso incorrecto;

  • informen públicamente de la naturaleza, número, origen y destinatario de las exenciones del embargo de armas de las que han recibido notificación, y de si han sido autorizadas, incluso en sus informes anuales públicos de actividades;

  • identifiquen a las personas y entidades sospechosas de violar el embargo de armas de la ONU, con arreglo a un procedimiento transparente e imparcial, basado en criterios claros y unas normas sobre pruebas aplicadas con uniformidad, con el fin de recomendar la imposición de sanciones específicas.

Amnistía Internacional recomienda que la Unión Africana, y en concreto, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana:



  • garantice que las reglas de intervención de la AMISOM son plenamente congruentes con el derecho internacional humanitario y de derechos humanos en todas sus operaciones en Somalia;

  • instituya un mecanismo de investigación para realizar investigaciones rápidas, independientes e imparciales sobre todas las denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos cometidas por personal de la AMISOM, incluidas las denuncias de ataques indiscriminados o desproporcionados, como los realizados con morteros o los bombardeos en zonas densamente pobladas; este mecanismo deberá garantizar la confidencialidad y la seguridad de los posibles denunciantes y testigos, informar públicamente de sus conclusiones y recomendar medidas disciplinarias y la iniciación de actuaciones penales contra toda persona a la que se halle responsable de estas violaciones;

  • garantice que todos los Estados Miembros de la Unión Africana respetan el embargo de armas de la ONU, incluida la obligación de solicitar al Comité de Sanciones sobre Somalia de la ONU exenciones para suministrar cualquier asistencia al sector de la seguridad del TFG; en concreto, los Estados vecinos de Somalia y Eritrea deben cooperar con el Grupo de Vigilancia y el Comité de Sanciones de la ONU;

  • garantice que toda formación y asistencia en materia de seguridad que faciliten los Estados Miembros de la Unión Africana a las fuerzas de seguridad del TFG exige rigurosos ejercicios prácticos y normas operativas destinados a garantizar el pleno respeto al derecho internacional humanitario y de derechos humanos, y que todo el personal que imparta formación sea sometido a verificación a fin de garantizar que no está implicado en abusos contra los derechos humanos.

Amnistía Internacional recomienda que el Gobierno Federal de Transición de Somalia:



  • ordene públicamente a sus fuerzas de seguridad y a otros grupos afiliados a ellas que no cometan ataques ilegítimos, incluidos los ataques contra civiles, aquellos en los que no se intenta distinguir entre objetivos militares y civiles o bienes de carácter civil, y aquellos que, aunque están dirigidos contra un objetivo militar legítimo, tienen un impacto desproporcionado sobre la población civil o bienes de carácter civil; y emitan instrucciones claras que prohíban los arrestos y detenciones arbitrarios; la tortura y otros malos tratos, incluida la violencia sexual; los homicidios extrajudiciales y el saqueo de bienes de propiedad civil;

  • suspenda inmediatamente de sus funciones a todo miembro de sus fuerzas de seguridad sobre quien existan sospechas razonables de que ha cometido violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos hasta que se realicen investigaciones independientes y efectivas;

  • establezca procedimientos efectivos e imparciales de verificación para garantizar que en las fuerzas armadas y la policía del TFG no hay personas menores de 18 años y que las personas sobre quienes existan sospechas razonables de que han cometido violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos son suspendidas o no son reclutadas en las nuevas fuerzas de seguridad hasta que se realicen investigaciones independientes e imparciales; y pida asistencia internacional sobre normas y buenas prácticas en el establecimiento de procedimientos de verificación para las fuerzas de seguridad;

  • pida la asistencia internacional para garantizar que todas las fuerzas de seguridad del TFG, incluidos los jefes de compañía, reciben una formación rigurosa en normas operativas para cumplir sus obligaciones con arreglo a los principios del derecho internacional humanitario y de derechos humanos y las normas internacionales de buena práctica;

  • regule y controle el almacenamiento y la entrega de armas de fuego y de otras armas y munición a las fuerzas de seguridad, con arreglo a las normas internacionales sobre gestión responsable y almacenamiento seguro de armas;

  • garantice investigaciones rápidas, efectivas, independientes e imparciales sobre todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos y ataques ilegítimos, y haga que los responsables comparezcan ante la justicia en juicios imparciales en los que se excluya la aplicación de la pena de muerte;

  • garantice que las víctimas de violaciones de derechos humanos o sus familiares pueden obtener una reparación efectiva que incluya restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

APÉNDICE

TABLA 1: PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA INSTITUCIONES DEL SECTOR DE LA SEGURIDAD SOMALÍ EN CURSO Y PROMETIDOS



Proveedor

Receptor

Lugar donde se imparte

Detalles

Selección de alumnos

Entrega de equipo militar, de seguridad o policial

EE. UU.

Fuerzas armadas del TGF

No se conocen todos los datos; Uganda y Yibuti incluidos

Se desconoce todo el alcance de la asistencia estadounidense. Amnistía Internacional entiende que parte de la formación se imparte a través de la AMISOM, las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda en Uganda y el gobierno de Yibuti. EE. UU. transportó a 750 reclutas del TFG a Uganda para un programa de formación de nueve meses.38

Se desconocen todos los detalles. Según funcionarios estadounidenses, se aplicaron las disposiciones de la “Ley Leahy” a batallones, aunque no se sabe si se ha excluido a reclutas en potencia.39


Sí (véase supra)

Francia

Fuerzas de seguridad nacionales” del TFG

Yibuti

Más de 60040 miembros de las “fuerzas de seguridad” del TFG completaron la formación impartida por personal francés en Yibuti durante 2009, que costó 1,5 millones de euros. El 9 de octubre de 2009 el gobierno francés ofreció adiestrar a 3.000 soldados más.41

Incluye adiestramiento militar básico, sesiones sobre relaciones con la población civil, sesiones sobre la naturaleza de las misiones para el mantenimiento de la paz y formación básica en derechos humanos.

Los alumnos son reclutados directamente por el TFG. El gobierno francés estableció tres criterios:

(i) Los reclutas deben ser mayores de 18 años

(ii) Se selecciona a los reclutas aplicando la “fórmula 4,5 clanes” de la Constitución somalí, con representación de los diferentes clanes

(iii) Los reclutas no deben tener experiencia en combate, ni en fuerzas militares ni en milicias (evaluado por formadores que observan las habilidades militares de los reclutas y su destreza en el manejo de armas)

Según el gobierno francés, se ha excluido a algunos reclutas debido a estos criterios.


Federación Rusa

Fuerzas de seguridad del TGF42

Plan para apoyar la formación impartida por Francia en Yibuti o participar en ella




AMISOM/

Uganda

Fuerzas armadas del TFG



Fuerzas policiales, centro y sur de Somalia

Uganda y Mogadiscio (Somalia)

Al final de 2010 se habrá adiestrado a 6.000 soldados. Será financiado por la Unión Europea (60 millones de euros).

La AMISOM también está dando adiestramiento a la policía en armas pequeñas.43


Sí (véase supra)

PNUD

Policía, centro y sur de Somalia

Unidad Especial de Protección de la policía, Somalilandia

Unidad Especial de Protección de la policía, Puntlandia

Uganda.

Somalia (por formadores de la policía somalí, formados a su vez en Uganda)

También se están rehabilitando actualmente academias de policía de Mogadiscio para impartir formación en el futuro.

A finales de 2010 se habrá adiestrado a 10.000 policías del TFG, según la conferencia del Grupo de Contacto Internacional sobre Somalia celebrada en Bruselas. La formación se imparte en ciclos de tres meses para grupos de 2.000 reclutas cada ciclo.

El currículum abarca orden público, uso de la fuerza/armas de fuego (que entregará posteriormente la AMISOM), técnicas de defensa personal sin armas, habilidades básicas para la vida y alfabetización, política sobre uso de la fuerza; mando, gestión y organización de la policía; actuación policial en la comunidad; normas legales somalíes e internacionales sobre la actuación policial; derechos humanos e igualdad de género.44

Además, se pagan estipendios a alrededor de 2.000 agentes de servicio (actualmente se abonan a cada agente a través de un servicio de transferencia de dinero; se comprueba la identidad de los destinatarios por medio de sus fotografías, firmas y documentos de identidad).

Formación (incluida formación en gestión/manejo y seguridad de las armas). Rehabilitación de comisaría de policía para Unidades Especiales de Protección en Somalilandia y Puntlandia (incluye la construcción de armerías para el almacenamiento seguro de armas).

Los alumnos son seleccionados por el director general de la Policía del TFG. Según informes, la ARS-Yibuti seleccionó alumnos de sus propias fuerzas. Los nombres y datos de los candidatos facilitados al PNUD se comprueban en una base de datos de personas de quienes se sabe que han cometido abusos contra los derechos humanos.




Vehículos (antes de 2009)

Kenia

Policía del TFG

Fuerzas armadas del TFG

Está previsto que se imparta en Kenia

En octubre de 2008, el ministro keniano de Asuntos Exteriores anunció un plan para ayudar en la formación de entre 6.000 y 10.000 miembros de las fuerzas de seguridad somalíes.45 Un año después, funcionarios del TFG y kenianos reconocieron que se había llevado a cabo el adiestramiento de fuerzas de seguridad somalíes en Kenia.46

Se desconocen todos los datos. Sin embargo, Human Rights Watch documentó una campaña de reclutamiento de refugiados somalíes y ciudadanos kenianos en torno al campo de refugiados de Dadaab, en el norte de Kenia, a cargo de reclutadores somalíes con la participación del gobierno keniano. Los reclutados serían trasladados en camiones del gobierno a un centro de entrenamiento militar próximo a Mombasa. El gobierno keniano negó su implicación en el reclutamiento de personas en su territorio.47


Unión Europea (UE)

Fuerzas de seguridad del TFG”

Está previsto que se realice en Uganda.

No se conocen todos los datos. La intención es que la formación se lleve a cabo en coordinación con la AMISOM y el Comité Conjunto de Vigilancia, con un componente de derechos humanos y un posible seguimiento a cargo de mentores, con entrega de equipos y pagos.

En julio de 2009, la UE anunció su intención de enviar un equipo de planificación a Somalia para planificar el adiestramiento en la lucha contra la piratería para las fuerzas de seguridad somalíes.48 Se desconoce si este adiestramiento se ha llevado a cabo.

El 17de noviembre de 2009, el Consejo de la Unión Europea aprobó planes para contribuir al adiestramiento de las fuerzas de seguridad del TFG.49

No se conocen todos los detalles.


Etiopía
















Fuerzas armadas del TGF

Policía del TFG

Etiopía

Adiestramiento de las fuerzas armadas del TFG desde 2007 hasta 2008.50

Adiestramiento de la policía del TFG desde 2007 hasta 2009.

Además, en diciembre de 2009 estaba previsto que comenzara el adiestramiento de hasta 1.000 nuevos miembros de la policía del TFG, con dos cursos de tres meses cada uno, que financiaría Alemania. Italia dijo que financiaría otro programa de adiestramiento en Etiopía.

Se desconoce






Según el Grupo de Supervisión de la ONU, durante 2007 y 2008 se adiestró a agentes de policía y se entregaron uniformes y armas individuales.51

El Grupo de Supervisión de la ONU también informa de suministros en curso a las fuerzas del TFG y a mercados de armas somalíes realizados por soldados etíopes durante 2008.52

Alemania e Italia

Fuerzas policiales del TFG

Etiopía

Plan para financiar el adiestramiento de fuerzas policiales del TFG en Etiopía que empezaría en diciembre de 2009. Según informes, se ha aplazado.

Según informes, Italia planeaba adiestrar a una fuerza policial paramilitar especial, similar a los Carabineros italianos.

Se desconocen todos los detalles. El TFG seleccionará a los alumnos.


Egipto

Policía y fuerzas de seguridad del TFG

Egipto

Número desconocido de policías y miembros de las fuerzas de seguridad somalíes que recibirán adiestramiento en la Academia de Seguridad Mubarak y en otras instituciones de seguridad y militares de Egipto.

Se desconoce.

10.000 uniformes de policía

Reino Unido

Fuerzas de seguridad del TFG

Se desconoce

Ofrecimiento de asesoramiento estratégico a nivel ministerial sobre gobernanza, y mando y control del sector de la seguridad. Se desconoce si se ha llevado a cabo.

Según informes, desarrollo de un programa normalizado de instrucción para reclutas de infantería básica en colaboración con la AMISOM. El programa no ha sido aprobado aún por el TFG.


No implica adiestramiento individual. Según el gobierno británico, esta asistencia prevista está en línea con las responsabilidades y obligaciones del Reino Unido en materia de derechos humanos, pero no incluye un contenido específico de derechos humanos.


Sudán

Fuerzas armadas del TFG

Se desconoce

Formación de 120 escoltas 53

Se desconoce




TABLA 2: OTROS FONDOS PROMETIDOS POR LOS DONANTES AL SECTOR DE LA SEGURIDAD DE SOMALIA, ABRIL DE 2009



País/institución

Contribución

Detalles

Liga Árabe

18 millones de dólares estadounidenses

Se abonarán directamente al TFG para sus fuerzas de seguridad durante un periodo de 6 meses.

Bélgica

500.000 euros


Unión Europea

72 millones de euros para seguridad en Somalia

60 millones de euros para 6.000 soldados de la AMISOM,54

12 millones de euros para las fuerzas policiales en virtud del programa en pro del Estado de Derecho y la seguridad gestionado por el PNUD en Somalia, que incluye adiestramiento policial y la consolidación de la capacidad de las instituciones en el sur y el centro del país.

Italia

4 millones de euros


Países Bajos

1,5 millones de dólares

Adiestramiento para la AMISOM

España

6 millones de euros




NOTAS



1 Amnistía Internacional ha consultado información disponible públicamente sobre asistencia multilateral y bilateral a las fuerzas de seguridad de Somalia, y ha solicitado más detalles sobre dicha asistencia a funcionarios gubernamentales y a organizaciones intergubernamentales. La organización no ha podido realizar investigaciones sobre el terreno en relación con los derechos humanos en el sur y el centro del país debido a los riesgos para la seguridad de las personas con las que se habría entrevistado y para la de su propio personal. Sin embargo, Amnistía Internacional ha entrevistado a numerosos refugiados somalíes en Kenia y Yibuti en marzo y abril de 2009, y mantiene contacto regular con activistas de la sociedad civil en Somalia.

2 Véase la resolución A/Res/64/48 de la Asamblea General de la ONU, de 2 de diciembre de 2009, respaldada por 151 Estados Miembros.

3 Véanse los siguientes documentos de Amnistía Internacional: Somalia: Journalists under attack (AFR 52/001/2008, de 3 de marzo de 2008); Somalia: La población civil, blanco habitual de ataques (AFR 52/006/2008, de 6 de mayo de 2008); Inseguridad mortal: Ataques contra personal de ayuda humanitaria y defensores y defensoras de los derechos humanos en Somalia (AFR 52/016/2008,de 6 de noviembre de 2008).

4 Véanse ONU, Informe del Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Somalia, Shamsul Bari (A/HRC/12/44, de 17 de septiembre de 2009) y el comunicado de prensa de la ONU: International Community fails Somali displaced, UN Representative says (de 21 de octubre de 2009, disponible en: http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/E16D50453D3903E3C1257656004AE0ED?opendocument ).

5 Véanse las declaraciones públicas de Amnistía Internacional Somalia: Los civiles pagan el precio de los intensos combates en Mogadiscio (AFR 52/002/2009, 4 de marzo de 2009); Somalia: Pongan fin a los bombardeos indiscriminados en Mogadiscio (AFR 52/005/2009, 19 de junio de 2009).

6 Véanse el comunicado de prensa de Amnistía Internacional Somalia: Las amputaciones son deplorables, 25 de junio de 2009, y la declaración pública Somalia: Homicidios ilegítimos y torturas demuestran el desprecio de Al Shabaab hacia la vida de los civiles (AFR 52/009/2009, de 24 de noviembre de 2009)

7 La Unión Europea también impuso un embargo de armas a Somalia en diciembre de 2002, modificado en febrero de 2009 para exceptuar el suministro de armas, material relacionado y asesoramiento técnico destinados a la AMISOM, así como las armas, material relacionado y ayuda técnica destinados únicamente a ayudar a desarrollar instituciones del sector de la seguridad somalí, con arreglo a los procedimientos establecidos por el Consejo de Seguridad de la ONU. Véase Posición Común del Consejo de Europa 2009/138/CFSP, de 16 de febrero de 2009, sobre medidas restrictivas contra Somalia y por la que se deroga la Posición Común 2009/960/CFSP.

8 Véase ONU, Informe del Grupo de Supervisión para Somalia presentado en cumplimiento de la resolución 1811 (2008) del Consejo de Seguridad , S/2008/769, de 10 de diciembre de 2008.

9 Ibíd.

10 Véase ONU, Informe del Secretario general presentado de conformidad con la resolución 1846 (2008) del Consejo de Seguridad, 13 de noviembre de 2009.

11 La AMISOM está integrada por alrededor de 5.217 soldados de Uganda y Burundi. Su mandato, expuesto en detalle en la resolución 1744 (2007) del Consejo de Seguridad de la ONU, incluye adoptar todas las medidas necesarias para: “a) Apoyar el diálogo y la reconciliación en Somalia prestando asistencia en cuanto a la libertad de movimiento, el paso en condiciones de seguridad y la protección de todos los que participen en el proceso de diálogo al que se hace referencia en los párrafos 1, 2 y 3; b) Proporcionar, según proceda, protección a las instituciones federales de transición a fin de ayudarlas a desempeñar sus funciones de gobierno, y seguridad para la infraestructura esencial; c) Prestar asistencia, en la medida de sus posibilidades y en coordinación con otras partes, en la aplicación del Plan de Estabilización y Seguridad Nacional, en particular en el restablecimiento efectivo y el adiestramiento de las fuerzas de seguridad inclusivas de Somalia; d) Contribuir, cuando se le solicite y en la medida de sus posibilidades, a crear las condiciones de seguridad necesarias para el suministro de asistencia humanitaria; e) Proteger a su personal, servicios, instalaciones, equipo y misión, y garantizar la seguridad y libertad de desplazamiento de su personal”.

Además , en virtud de los acuerdos de alto el fuego firmados en Yibuti por el TFG y la ARS-Yibuti, la AMISOM es responsable de la seguridad tras la retirada de las tropas etíopes de Somalia. En 2009, la AMISON ha sido blanco creciente de ataques de los grupos armados que se oponen al TFG y parece que se ha visto involucrada en el conflicto armado interno, pues se reciben denuncias periódicas de que cuando las tropas de la AMISOM son atacadas en Mogadiscio, responden con disparos o bombardeos.

12 El proceso de Yibuti y el acuerdo y el alto el fuego resultantes fueron rechazados por otros grupos armados de la oposición, como Al Shabaab y la ARS-Asmara.

13 Si desean más información, consulten, por ejemplo, Institute for Security Studies, Paula Cristina Roque, The battle for Mogadishu: Revealing Somalia’s fluid loyalties and identities, disponible en: http://www.issafrica.org/dynamic/administration/file_manager/file_links/18NO3ROQUE.PDF?link_id=14&slink_id=8291&link_type=12&slink_type=13&tmpl_id=3

14 Resolución 1872 del Consejo de Seguridad de la ONU (26 de mayo de 2009)

15Véanse informes del Grupo de Supervisión para Somalia del Consejo de Seguridad de la ONU S/2006/913; S/2007/436 y S/2008/274.

16Comunicado de prensa del mando estadounidense para África de 7 de agosto de 2009. (http://www.africom.mil/getArticle.asp?art=3270&lang=); Robert Wood (US State Department deputy spokesperson), sesión informativa diaria, 6 de agosto de 2009 (transcripción en http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/aug/126950.htm)

17Amnistía Internacional, Somalia: Amnistía Internacional insta a rendir cuentas y establecer salvaguardias sobre las transferencias de armas al Gobierno Federal de Transición de Somalia (AFR 52/006/2009, de 11 de agosto de 2009)

18Informe del Grupo de Supervisión para Somalia en cumplimiento de la resolución 1766 (2007) del Consejo de Seguridad (S/2008/274, 24 de abril de 2008), párrafos 178 y 182.

19Informe del Grupo de Supervisión para Somalia presentado en cumplimiento de la resolución 1811 (2008) del Consejo de Seguridad (S/2008/769, 10 de diciembre de 2008), párrafo 173.

20 Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 744 (1992) relativa a Somalia, Directrices del Comité para la conducción de sus trabajos (consolidadas, revisadas y aprobadas por el Comité el 11 de mayo de 2009) (http://157.150.195.10/spanish/sc/committees/751/guidelines.shtml)

21 Véase ONU, Informe del Secretario General sobre la situación en Somalia (S/2009/373, 20 de julio de 2009), párrafo 19; “Somalia appoints accountancy firm”, BBC News, 7 de julio de 2009.

22 Estas normas se especifican en el Instrumento internacional de localización adoptado por la Asamblea General de la ONU en 2005.

23 Comunicado final de la Conferencia Internacional en apoyo de las instituciones de seguridad de Somalia y la Misión de la Unión Africana en Somalia, Bruselas, 23 de abril 2009. Según el Informe del Secretario General sobre Somalia presentado en virtud de la resolución 1872 (2009) del Consejo de Seguridad (S/2009/503) el 2 de octubre de 2009, “el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la AMISOM recibió 24,6 millones de dólares. Los donantes desembolsaron aproximadamente 1,5 millones de dólares directamente al Gobierno Federal de Transición, mientras que la Unión Africana recibió unos 6,7 millones de dólares.”

24 Según el gobierno somalí, más de 3.000 soldados reciben adiestramiento en países vecinos, Puntlandpost, 22 de octubre de 2009.

25 El Comité Conjunto de Seguridad, establecido en virtud del Acuerdo de Paz de Yibuti, está presidido por la ONU e integrado por ministros del TFG, la UA, la UE, la Liga Árabe y otros observadores. Su finalidad es supervisar y coordinar las instituciones del sector de la seguridad del TFG. El Comité se reunió tres veces en 2009.

26 Informe del Grupo de Supervisión para Somalia presentado en cumplimiento de la resolución 1811 (2008) del Consejo de Seguridad (S/2008/769, 10 de diciembre de 2008), párrafo 168.

27 Véase Amnistía Internacional, Somalia: La población civil, blanco habitual de ataques (AFR 52/006/2008, de 6 de mayo de 2008).

28 Human Rights Watch, Kenya: Stop recruitment of Somalis in refugee camps, 22 de octubre de 2009.

29 Esta responsabilidad está consagrada en el artículo 16 de los Artículos sobre la Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos, de la Comisión de Derecho Internacional, que establece: “El Estado que presta ayuda o asistencia a otro Estado en la comisión por este último de un hecho internacionalmente ilícito es responsable internacionalmente por prestar esa ayuda o asistencia si: a) Lo hace conociendo las circunstancias del hecho internacionalmente ilícito; y b) El hecho sería internacionalmente ilícito si fuese cometido por el Estado que presta la ayuda o asistencia.

30 Véase Consejo de Seguridad de la ONU, Informe del Secretario general sobre los niños y el conflicto armado en Somalia (S/2008/352), junio de 2008; Consejo de Seguridad de la ONU, Grupo de Trabajo sobre los niños y los conflictos armados, Conclusiones sobre los niños y el conflicto armado en Somalia (S/AC.51/2008/14), 5 de diciembre de 2008.

31 Para más información sobre abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del TFG, véanse las siguientes publicaciones de Amnistía Internacional: Somalia: Journalists under attack (AFR 52/001/2008, de marzo de 2008), Somalia: La población civil, blanco habitual de ataques (AFR 52/006/2008, de 6 de mayo de 2008), Inseguridad mortal: Ataques contra personal de ayuda humanitaria y defensores y defensoras de los derechos humanos en Somalia (AFR 52/016/2008, 6 de noviembre de 2008).

32 El director general de la Policía del TFG, Abdi Hassan Awale Qeybdiid, que ocupaba el cargo desde 2007, fue sustituido por Ali Mohamed Hassan el 6 de diciembre de 2009.

33 Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia, International Conference in support of the Somalia Security Institutions and the African Union Mission in Somalia (AMISOM) on 23 April 2009 in Brussels, 17 de abril de 2009, disponible en: http://www.reliefweb.int/rwarchive/rwb.nsf/db900sid/EGUA-7R7KTB?

34 Currículo Básico para Nuevos Miembros del Servicio de Policía de Somalia 2009, fechado en septiembre de 2009, archivos de Amnistía Internacional.

35 Véanse los Principios y Directrices sobre el Derecho a un Juicio Justo y a Asistencia Letrada Gratuita en África, adoptados por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (en inglés): http://www.achpr.org/english/declarations/Guidelines_Trial_en.html

36 Amnistía Internacional, Somalia: La población civil, blanco habitual de ataques (AFR 52/006/2008, 6 de mayo de 2008).

37 Véase Amnistía Internacional, Somalia: Hay que investigar las denuncias de disparos de la fuerza de la UA contra civiles (comunicado de prensa, 5 de febrero de 2009); desde entonces, se han recibido más denuncias según las cuales la AMISOM ha disparado indiscriminadamente morteros y artillería en zonas frecuentadas por civiles en respuesta a ataques de grupos armados contra la misión. La AMISOM lo ha negado.

38Informe del Secretario General sobre Somalia presentado en virtud de la resolución 1872 (2009) del Consejo de Seguridad, S/2009/503.

39 La “disposición Leahy” incluida en las leyes anuales estadounidenses sobre Consignaciones para Operaciones Exteriores prohíbe desde 1997 al gobierno de Estados Unidos que financie asistencia a ninguna unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero si el secretario de Estado tiene pruebas fehacientes de que esta unidad ha cometido violaciones graves de derechos humanos, salvo que el secretario determine que el gobierno de dicho país está adoptando medidas efectivas para hacer que los miembros de las fuerzas de seguridad responsables comparezcan ante la justicia e informe en consecuencia a los Comités sobre Consignaciones. En otras circunstancias, el Departamento de Estado ha considerado que una “unidad” militar es la unidad operativa más pequeña que ha cometido una infracción. En algunos otros casos, el Departamento de Estado ha interpretado que esta unidad es una brigada (conjunto de batallones): véase Human Rights Watch, The "Sixth Division": Military-Paramilitary Ties and U.S. Policy in Colombia (septiembre de 2001), fn. 303. Al parecer, en el caso de la ayuda destinada al TFG se ha utilizado una unidad militar más pequeña como base para las exclusiones.

40 Informe del Secretario General sobre Somalia presentado en virtud de la resolución 1872 (2009) del Consejo de Seguridad, S/2009/503.

41Agence France-Presse, France offers more training for Somali forces, 9 de octubre de 2009.

42Declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores francés, Bernard Kouchner, citadas en “Russia to help France train Somali soldiers”, Agence France Presse, 7 de octubre de 2009.

43 Currículo Básico para Nuevos Miembros del Servicio de Policía de Somalia 2009, fechado en septiembre de 2009.

44Currículo Básico para Nuevos Miembros del Servicio de Policía de Somalia 2009, fechado en septiembre de 2009.

45http://allafrica.com/stories/200810100272.html

46 Véase, por ejemplo, Daily Nation, “Kenya admits to secret police training for Somalia”, 24 de octubre de 2009, http://www.nation.co.ke/News/-/1056/676620/-/item/0/-/5xeqd5/-/index.html

47 Human Rights Watch, Kenya: Stop recruitment of Somalis in refugee camps, 22 de octubre de 2009 (http://www.hrw.org/en/news/2009/10/22/kenya-stop-recruitment-somalis-refugee-camps ); Voice of America, “Somali General confirms Kenya recruiting soldiers”, 23 de octubre de 2009 (http://www.reliefweb.int/rwarchive/rwb.nsf/db900sid/DKAN-7X4Q2L? )

48 “EU to train Somali piracy force”, BBC News, 28 de julio de 2009 (http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8171922.stm).

49 Consejo de la Unión Europea, Política Europea de Seguridad y Defensa - Conclusiones del Consejo, Sesión n.º 2974 del Consejo, Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, Bruselas, 17 de noviembre de 2009 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/gena/111987.pdf).

50Informe del Grupo de Supervisión para Somalia en cumplimiento de la resolución 1766 (2007) del Consejo de Seguridad (S/2008/274, 24 de abril de 2008).

51 Informe del Grupo de Supervisión para Somalia presentado en cumplimiento de la resolución 1811 (2008) del Consejo de Seguridad , S/2008/769, de 10 de diciembre de 2008, párrafo 171.

52Informe del Grupo de Supervisión para Somalia en cumplimiento de la resolución 1766 (2007) del Consejo de Seguridad (S/2008/274, 24 de abril de 2008).

53 Según el Informe del Secretario General sobre la situación en Somalia (S/2009/684, 31 de diciembre de 2009).

54El 2 de octubre de 2009, medios de comunicación ugandeses informaron de unas declaraciones realizadas por el ministro de Defensa de Uganda en las que afirmaba que el Consejo Europeo había suspendido la financiación de tropas de la AMISOM en Somalia debido a su preocupación por la rendición de cuentas respecto de los fondos entregados con anterioridad. Un funcionario de la Secretaría del Consejo europeo negó a Amnistía Internacional que se hubiera suspendido esta financiación, aunque declaró que a los funcionarios del Consejo les preocupa este asunto.

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