Servicio de Noticias 054/99

ÍNDICE AI: AFR 53/02/99/s

19 DE MARZO DE 1999

DECLARACIÓN PÚBLICA

SUDÁFRICA:

DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS - HAY QUE MANTENER LOS LOGROS OBTENIDOS

Ante la conmemoración del Día de los Derechos Humanos en Sudáfrica el 21 de marzo, Amnistía Internacional ha pedido al gobierno, a los parlamentarios y a los líderes de los partidos de la oposición que continúen la búsqueda de soluciones a la violencia común y política dentro del marco de los derechos consagrados en la Constitución y en los importantes tratados internacionales que ha ratificado Sudáfrica.

Amnistía Internacional siente honda preocupación ante el hecho de que muchos sudafricanos piden la restauración de la pena de muerte y otras soluciones contrarias a los derechos humanos, dados los alarmantes y elevados niveles de delincuencia violenta y su traumático efecto sobre las víctimas y comunidades enteras. La organización se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias por considerarla una violación del derecho a la vida y una pena cruel e inhumana.

La organización siente asimismo inquietud ante el hecho de que la pérdida de confianza por parte de los ciudadanos en el Estado de Derecho y en el sistema de justicia penal ha desembocado en incidentes de «justicia callejera» contra delincuentes, reales o presuntos. Aunque estos actos ilegales y violentos son un síntoma del problema, el Estado y los líderes políticos responsables no deben seguir su ejemplo en la búsqueda de soluciones.

Amnistía Internacional pide, por tanto, al gobierno, a los líderes de la oposición y a todos los sectores del sistema judicial, con el respaldo de la comunidad internacional, que introduzcan reformas urgentes en el sistema de justicia penal, y en concreto, que instruyan y equipen de nuevo a los miembros del Servicio de Policía Sudafricana (SAPS) y mejoren sus salarios. Estas medidas son fundamentales para restaurar la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho y aumentar el respeto a los derechos humanos.

Según el Tribunal Constitucional, la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos y las organizaciones sociales, la forma más efectiva de combatir la delincuencia es la mejora del sistema de justicia penal, proporcionando a su personal recursos suficientes y la debida capacitación profesional. En su sentencia de 1995 sobre la pena de muerte, el Tribunal Constitucional subrayó que: «La mejor disuasión frente al delito es la probabilidad de que los infractores sean capturados, condenados y castigados. Eso es lo que no tiene actualmente el sistema de justicia penal [sudafricano]; y es con ello y abordando las causas de la delincuencia como el Estado debe tratar de combatir el desorden».

Amnistía Internacional siente asimismo preocupación ante el aumento del número de actos de violencia de motivación política, algunos de los cuales están relacionados con las elecciones generales del próximo mes de junio, y ante el hecho de que las autoridades no han llevado a sus autores ante los tribunales. La organización ha observado, no obstante, que algunos líderes del gobierno y políticos han pedido recientemente a las comunidades locales que acepten que todos tienen derecho a gozar de la actividad política pacífica y a expresar sus opiniones políticas sin miedo a la intimidación y a la violencia.

Al propio tiempo, Amnistía Internacional insta al gobierno a que acreciente sus esfuerzos para garantizar la investigación efectiva e independiente de los homicidios y otros actos de violencia de motivación política, en especial en KwaZulu Natal y en la zona de Ciudad del Cabo, y haga comparecer a sus autores ante la justicia.

Amnistía Internacional ha mostrado su respaldo a los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de las investigaciones policiales, como la creación de las unidades de la policía especializadas en investigación que trabajan en estrecha coordinación con los abogados de la Fiscalía General.(1) Por tanto, la organización expresó su satisfacción ante la creación, en 1998, de las juntas de investigación sobre la violencia política y la delincuencia organizada, dependientes del director nacional de la Fiscalía General. El fortalecimiento de la capacidad de estas juntas y de otras unidades similares, sumado a la mejora de los programas para la protección de testigos y a los recursos y a la formación destinados a la Policía Sudafricana, por ejemplo, deben recibir el apoyo general.

Estas medidas servirían en parte para abordar los problemas de la violencia política dentro del marco de la Constitución, y no recurrir, por ejemplo, a medidas drásticas como la reclusión sin juicio prevista en la ley antiterrorista. El retorno a un método de investigación tan asociado a la tortura y los malos tratos sistemáticos perpetrados en el pasado y documentados por la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación harían que Sudáfrica infringiera sus obligaciones contraídas en virtud de las leyes internacionales de derechos humanos. También debilitaría los esfuerzos existentes para transformar a la policía en un órgano capaz de investigar los delitos sin recurrir a la violencia.

La importancia de mantener el compromiso con los derechos consagrados en la Constitución es puesta de relieve por las continuas denuncias, dignas de credibilidad, sobre la implicación directa e indirecta de miembros de la policía y el ejército y de agentes de los servicios de información en homicidios de motivación política, palizas, torturas, atentados con bombas y otros actos violentos. El Estado no ha exigido responsabilidades a los autores, miembros de las fuerzas de seguridad, salvo en algunos casos. Las autoridades deben garantizar que se investigan enérgicamente los incidentes de abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad. Cuando las denuncias estén fundadas, los presuntos autores deben ser suspendidos de sus funciones a fin de proteger la integridad de las investigaciones y la seguridad de los testigos. Y de ser condenados por un tribunal, se les deberá prohibir ocupar cualquier puesto con autoridad sobre personas bajo custodia, así como el uso de la fuerza y de armas de fuego.

Al propio tiempo, el gobierno debe respaldar plenamente a los agentes de policía o miembros del ejército que desempeñen sus funciones de una forma profesional y coherente con la ley y la Constitución, o que denuncian las actividades ilegales de sus colegas. Amnistía Internacional considera que el gobierno debe asimismo garantizar la seguridad de los miembros de la sociedad civil que trabajan para denunciar las actividades ilegales de los miembros u oficiales de las fuerzas de seguridad.

(1) Véase, por ejemplo, Amnistía Internacional, SOUTH AFRICA The criminal justice system and the protection of human rights: the role of the prosecution service, febrero de 1998 (AFR 52/01/98).

Si desean concertar una entrevista, llamen a la Sección Sudafricana de Amnistía Internacional, teléfono 27 83 63 522 72, o a Amnistía Internacional en Londres, 44 468 670 247.