Declaración pública

Índice AI: AFR 53/006/00/s Servicio de Noticias 237/00

15 de diciembre del 2000 Documento público

Sudáfrica

Amnistía Internacional desea aclarar los comentarios aparecidos en los medios de comunicación sobre las afirmaciones de la organización relativas a la amplitud con que actualmente se utiliza la tortura en Sudáfrica. Los medios de comunicación del país han publicado unas declaraciones del director general de la policía en las que éste niega unas afirmaciones atribuidas a Amnistía Internacional según las cuales la tortura «reina» en la policía. También se ha informado de que la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía, organismo de supervisión policial, ha emitido un comunicado apoyando las declaraciones del director general.

A Amnistía Internacional, que en ningún momento ha utilizado ese lenguaje para describir el alcance del problema, le preocupa que se esté distrayendo la atención del motivo fundamental de preocupación: el hecho de que sigue existiendo la tortura, una práctica que, sea cual sea su extensión, es inaceptable en virtud de las obligaciones de derechos humanos regionales e internacionales de Sudáfrica.

El 6 de diciembre, la organización publicó un documento en el que afirmaba:

«La probabilidad de repetición aumenta ante el hecho de que en Sudáfrica sigue existiendo la tortura, fundamentalmente en las investigaciones de delitos comunes. Los estudios llevados a cabo en el país por Amnistía Internacional y por organismos legales y organizaciones civiles indican claramente que la policía y el ejército (en su función de vigilancia del cumplimiento de la ley) aún no han superado la herencia del pasado. A pesar de los esfuerzos realizados por los gobiernos posteriores a 1994, con ayuda de algunos gobiernos extranjeros, para reconvertir a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y someterlos a un mayor control, siguen produciéndose incidentes de tortura o malos tratos durante los interrogatorios, en el momento de la detención o en los registros domiciliarios. Hay evidencia probada de la tortura de personas bajo la custodia de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, especialmente de unidades especializadas. Estas torturas consisten en aplicación de descargas eléctricas, asfixia, posturas dolorosas, suspensión de vehículos y helicópteros en movimiento y palizas fuertes y prolongadas» ( SOUTH AFRICA Preserving the gains for human rights in the ‘war against crime’: Memorandum to the South Africa Government and the South African Law Commission on the draft Anti-Terrorism Bill, 2000, noviembre del 2000, Índice AI: AFR 53/04/00).

El 7 de diciembre, en respuesta a una petición del diario The Star de Johanesburgo para que comentáramos más detenidamente el tema, la organización señaló en un fax que se habían hecho esfuerzos gubernamentales para solucionar el problema, entre ellos «la creación de una política oficial contra la tortura y de un programa de formación en derechos humanos para los miembros de la policía sudafricana (SAPS)» y reconoció las presiones que sufre el gobierno «para hacer frente a la proliferación de delitos, a menudo del tipo más violento». No obstante, la organización añadió:

«Constituye un motivo de preocupación constante el hecho de que sigan dándose casos de brutales torturas en diferentes partes del país en los que están implicados agentes de policía y miembros de la Fuerza Sudafricana de Defensa Nacional (SANDF) en el desempeño de sus funciones de vigilancia del cumplimiento de la ley; de que la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía, único organismo que por ley puede y debe investigar de forma independiente estos incidentes, carezca de recursos adecuados y del compromiso oficial necesario para llevar a cabo su delicada tarea; y de que unidades especializadas, como la Unidad de Asesinatos y Robos de Brixton, implicada desde hace años en la aplicación sistemática de torturas, continúe actuando impunemente. El gobierno, que, por ejemplo, ha guiado de forma admirable en todo el mundo los esfuerzos encaminados a la creación de una Corte Penal Internacional para juzgar a los responsables de graves delitos contra los derechos humanos, debe demostrar esa misma determinación férrea para erradicar la tortura en el país.»

En conversación telefónica, el portavoz de la organización afirmó que Amnistía Internacional recibe al año entre 25 y 30 informes de casos graves de torturas y malos tratos, algunos concentrados en determinadas comisarías o unidades de policía. Estas cifras coinciden con las publicadas por la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía según el informe de la Policía Sudafricana del 14 de diciembre del 2000: aproximadamente 152 casos en el periodo de tres años comprendido entre abril de 1997 y marzo del 2000.

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