PÚBlLICO Índice AI: AFR 54/001/2007

10 de enero de 2007

AU 10/07 Pena de muerte

SUDÁN Paul John Kaw

Fathi Adam Mohammed Ahmad Dahab

Idris Adam Alyas

Nasr-al-Din Ahmad Ali

Sulayman Jum'a Timbal

Badawi Hasan Ibrahim

Abd-al-Rahim Ali

Los siete hombres cuyos nombres figuran más arriba fueron condenados a muerte el 23 de noviembre de 2006 por el asesinato de 13 agentes de policía que murieron en unos disturbios ocurridos en mayo de 2005 en un campo de desplazados internos. Al parecer se los torturó para obligarlos a confesar. Fueron condenados a muerte después de que los familiares de los agentes muertos se negaran a perdonarles la vida a cambio del pago de la diya (“dinero de sangre”).

El 18 de mayo de 2005 se registraron disturbios en el campo de Soba Aradi, situado a 30 kilómetros al sur de Jartum, cuando los residentes opusieron resistencia al intento de las autoridades de desalojarlos a todos por la fuerza. El gobierno afirmó que el desalojo formaba parte de un proceso de “reordenación” general, encaminado a reasentar a los desplazados internos de la ciudad en asentamientos legales. Se produjeron violentos enfrentamientos, y 13 policías y unos 30 residentes, incluidos menores, resultaron muertos. El 24 de mayo, las fuerzas de seguridad acordonaron la zona y no permitieron que entrara ni saliera nadie, mientras irrumpían en las casas y en las chozas de los residentes, acción que se saldó con la detención de unas 640 personas. Las personas detenidas fueron recluidas en varias comisarías de policía y la mayoría de ellas golpeadas brutalmente durante las semanas siguientes. Al menos una murió bajo custodia en circunstancias en que la tortura parece haber sido la causa de la muerte.

Los siete hombres condenados a muerte fueron torturados para obligarlos a confesar. Las torturas incluyeron brutales palizas. Los hombres no tuvieron acceso a asistencia letrada hasta octubre de 2005, cuando llevaban bajo custodia cinco meses. Tres miembros de la familia de Fathi Adam Mohammed Ahmad Dahab, entre ellos su madre de 70 años y su hermano de 15, fueron detenidos y recluidos durante tres días para obligarlo a entregarse.

La mayoría de las personas detenidas quedaron en libertad en junio de 2005, pero unas 250 fueron encarceladas. Un total de 59 personas fueron acusadas de causar disturbios en julio de 2005; 31 fueron declaradas culpables, incluidos 6 menores, y condenadas a 20 latigazos cada una de ellas. El 9 de marzo de 2006, otros 137 residentes de Soba Aradi comparecieron en juicio ante el Tribunal Penal de Jartum Sur por cargos entre los que figuraba el de asesinato. Los defendió un equipo de 23 abogados. En junio y julio, 62 personas detenidas fueron absueltas por falta de pruebas, y en agosto todas, salvo 16, quedaron en libertad bajo fianza.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La mayoría de los residentes de Soba Aradi son del sur de Sudán, aunque entre ellos figuran muchas personas desplazadas de otras partes del país, como Darfur, que han huido del conflicto y de las penurias económicas en sus zonas de origen. La ONU ha criticado frecuentemente la política del gobierno del estado, consistente en realojar a estas personas en los alrededores de Jartum sin consultarlas plenamente, a menudo por la fuerza y sin ofrecerles alternativas adecuadas en materia de alojamiento y servicios básicos.

El municipio de Jartum lleva tiempo practicando una política de “realojamiento” y ha desalojado por la fuerza a las personas desplazadas que se han asentado en lugares informales situados en el interior o en los alrededores de la capital. Las personas desplazadas se ven empujadas sin cesar cada vez más lejos de Jartum, por lo que les resulta casi imposible trabajar en la ciudad. Los terrenos desalojados se utilizan para proyectos agrícolas, de edificación y de desarrollo industrial.

ACCIÓN RECOMENDADA: Envíen sus llamamientos de modo que lleguen lo antes posible, en árabe o en su propio idioma:

- expresando su preocupación por que los siete hombres (especificando el nombre de cada uno de ellos) hayan sido condenados a muerte;

- expresando su preocupación por las denuncias según las cuales fueron torturados y estuvieron detenidos en régimen de incomunicación durante cinco meses, sin acceso a abogados, y pidiendo a las autoridades que investiguen a los responsables y los pongan a disposición judicial;

- reconociendo que todos los Estados tienen el derecho y la responsabilidad de llevar ante la justicia a todas las personas acusadas de asesinato y otros delitos, pero señalando que la pena de muerte es la máxima forma de trato cruel, inhumano y degradante;

- pidiendo al gobierno que conmute las penas de muerte impuestas a estos hombres, si se confirman en la apelación;

- pidiendo a las autoridades que pongan fin a la práctica de los desalojos forzosos de personas desplazadas, que a menudo tienen lugar sin advertencia previa y comportan violencia policial, como en Soba Aradi.

LLAMAMIENTOS A: (Puede resultar difícil comunicar por fax. Insistan.)

Presidente de la República de Sudán

His Excellency Lieutenant General Omar Hassan al-Bashir

President of the Republic of Sudan

President' s Palace

PO Box 281, Khartoum

Sudán

Fax: + 249 183 771651

+ 249 183 787676

+ 249 183 783223

Tratamiento: Your Excellency / Señor Presidente

Ministro de Justicia

Mr Ali Mohammed Ali al-Mardi

Minister of Justice

Ministry of Justice

PO Box 302, Khartoum

Sudán

Fax: +249 183 770883

Gobernador del estado de Jartum

Mr Abdel Halim Mut’afi

Governor of Khartoum State

Khartoum State

Sudán

Fax: + 249 183 770143

Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador

COPIA A:

Relator del Consejo Asesor de Derechos Humanos

Dr Abdel Moneim Osman Taha

Rapporteur, Advisory Council for Human Rights

Khartoum

Sudán

Correo-e: human_rights_sudan@hotmail.com

y a los representantes diplomáticos de Sudán acreditados en su país.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 21 de febrero de 2007.