Índice AI: AFR 62/006/2001/s Servicio de Noticias 56/01

Embargado hasta las 13:00 horas GMT del 28 de marzo de 2001 Documento público

República Democrática del Congo: El gobierno debe dejar de torturar y matar a sus detractores

Amnistía Internacional ha instado hoy al nuevo presidente del Congo, Joseph Kabila, a demostrar públicamente su compromiso para con los derechos humanos y el Estado de derecho poniendo fin inmediatamente a la tortura y el homicidio de detractores de su gobierno y dando cuenta de los presuntos detractores que, según los informes, fueron ejecutados a finales del 2000 o cuyo paradero se desconoce.

En Deadly Conspiracies, un nuevo informe sobre la República Democrática del Congo publicado hoy, Amnistía Internacional ha declarado que actualmente hay más de 100 personas de la región de Kivu, en el este del país, recluidas en régimen de incomunicación y en peligro de ser torturadas o ejecutadas. De estas personas, la mayoría llevan detenidas sin cargos desde finales del 2000 en relación con un presunto golpe de Estado. Varias decenas más fueron detenidas tras el asesinato del presidente Laurent Désiré Kabila en enero del 2001. Amnistía Internacional teme que algunas de estas personas hayan sido detenidas de forma arbitraria exclusivamente por ser de la región de Kivu.

La organización de derechos humanos ha añadido: «La confirmación de que 11 ciudadanos libaneses murieron a manos de miembros no identificados de los servicios de seguridad hacia el 20 de enero del 2001 pone de manifiesto hasta qué punto se está burlando el Estado de derecho en la República Democrática del Congo».

Entre las víctimas destacadas de estas brutales tácticas se encuentra un supuesto cabecilla de la presunta conspiración de golpe de Estado, Anselme Masasu Nindaga, ex miembro de la coalición de grupos armados que llevó al presidente Laurent Désiré Kabila al poder en 1997. Según los informes, tras haberlo negado con anterioridad, recientemente el gobierno confirmó que Anselme Masasu Nindaga ha sido ejecutado, pero no dio más detalles al respecto. Otras fuentes mantienen que Masasu y otros siete hombres, aproximadamente, fueron ejecutados hacia finales de noviembre del 2000 en la provincia de Katanga, posiblemente tras un juicio sumario celebrado ante el Tribunal del Orden Militar (Cour d’ordre militaire).

Varios altos mandatarios del país parecen haber, como mínimo, permitido, y quizá instigado activamente, algunas de estas ejecuciones, al parecer como medio de eliminar a los presuntos detractores de su gobierno.

Amnistía Internacional ha declarado: «El homicidio de los detractores se convirtió en una herramienta de gobierno durante el régimen del ex presidente Laurent Désiré Kabila. La tortura de detenidos, tanto para extraer información como para infligir castigos arbitrarios, pasó a ser una práctica habitual».

La organización de derechos humanos ha dicho también: «Aunque reconocemos el derecho del gobierno a procesar a los presuntos delincuentes, tememos que los detenidos en relación con el presunto golpe de Estado o con el asesinato del presidente Laurent Désiré Kabila no puedan esperar un juicio justo si son juzgados por el Tribunal del Orden Militar».

Desde su creación en 1997, el Tribunal del Orden Militar se ha ganado una triste fama por impartir una justicia arbitraria sin tener en cuenta las normas internacionales sobre la celebración de juicios con las debidas garantías. Más de 200 presos condenados a muerte por este tribunal han sido ejecutados desde octubre de 1997. Al menos 25 personas, entre ellas civiles, fueron condenadas a muerte durante el 2000 por el Tribunal del Orden Militar, y se sabe que al menos 35 fueron ejecutadas durante el año, algunas tan sólo horas después de ser juzgadas. Ninguna de ellas tuvo oportunidad de apelar contra su sentencia. «Instamos una vez más al gobierno a reformar el Tribunal del Orden Militar o a sustituirlo por un tribunal que respete las normas internacionales de justicia procesal».

Para salvaguardar la integridad física de estos detenidos, Amnistía Internacional insta al gobierno a hacer públicos inmediatamente el nombre y el paradero de quienes se encuentran detenidos en régimen de incomunicación en relación con la presunta conspiración de golpe de Estado o con el asesinato del presidente, y a permitir a los detenidos el acceso inmediato a familiares, abogados y médicos. Aunque algunos detenidos que «desaparecieron» de su lugar de detención inicial han reaparecido recientemente (entre ellos se encuentran Aimée Ntabarusha Mungu y su hijo, David Mulume) y ahora permanecen recluidos en la prisión principal de Kinshasa, a la organización de derechos humanos le preocupa el hecho de que siga sin saberse nada de muchos de los «desaparecidos».

Todas las denuncias de tortura y ejecución extrajudicial deben investigarse de forma exhaustiva e imparcial, los presuntos responsables deben comparecer ante la justicia y las víctimas y sus familiares deben recibir una reparación. Las investigaciones, según ha declarado Amnistía Internacional, deben incluir los informes sobre la ejecución extrajudicial de 11 ciudadanos libaneses llevada a cabo en Kinshasa a mediados de enero.

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