AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: AFR 62/006/2006 (público)

Servicio de Noticias: 045/2006

22 de febrero de 2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR620062006

República Democrática del Congo (RDC): Es hora de poner fin a las amenazas contra los defensores de derechos humanos

Amnistía Internacional ha pedido hoy al gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) que adopte medidas concretas para identificar y enjuiciar a todas las personas, incluidos funcionarios del Estado, responsables de amenazar a los activistas congoleses de derechos humanos.

La organización ha expresado su preocupación por las diversas amenazas y ataques que han sufrido defensores de derechos humanos de todo el país en los últimos meses, incluida una campaña de intimidación aparentemente concertada contra una de las organizaciones independientes de derechos humanos más destacadas del país, Periodistas en peligro (Journalistes en danger, JED).

El 18 de febrero entró en vigor una nueva Constitución nacional, ratificada por el pueblo congolés en un referéndum celebrado en diciembre de 2005. La Constitución garantiza el respeto a los derechos humanos fundamentales, incluidas la libertad de expresión y de información. "Al aprobar la nueva Constitución, el pueblo de la RDC ha expresado su anhelo por que se ponga fin a los años de violencia, inseguridad y prácticas ilegítimas del Estado. Las autoridades de la RDC deben garantizar ahora que lo estipulado en la Constitución se aplica en la práctica y pone fin a la conducta de los agentes de la seguridad del Estado que violan los derechos humanos", ha declarado Amnistía Internacional.

El 10 de diciembre de 2005, varios miembros de JED recibieron mensajes de texto anónimos en sus teléfonos móviles en los que los amenazaban con "hacerles desaparecer uno a uno" a menos que JED cesara sus actividades en diez días. Los informes señalan que los mensajes fueron enviados desde un número de teléfono recién creado que, según la operadora de telefonía móvil, no había sido asignado aún, lo que indica, según algunos, que los servicios de seguridad del Estado estaban detrás de las amenazas de muerte. Las amenazas parecían guardar relación con las peticiones de JED de que se abriera una investigación independiente y efectiva sobre los asesinatos del periodista político de Kinshasa Franck Ngyke Kangundu y de su esposa, Hélène Paka, cometidos la noche del 2 al 3 de noviembre.

La intimidación ha continuado. Cuando JED dio a conocer detalles de sus investigaciones sobre el doble asesinato en una entrevista publicada el 8 de febrero de 2006 en un diario de Kinshasa, miembros de la organización recibieron nuevas amenazas telefónicas. Después de que JED publicó su propio informe sobre las muertes, el 14 de febrero de 2006, que revelaba posibles motivos políticos de los asesinatos, el presidente de la organización, Donat M'baya Tshimanga, fue citado en las dependencias de la Dirección de Información General y Servicios Especiales de la policía (Direction des renseignements généraux et services spéciaux,DRGS). Donat M'baya Tshimanga está actualmente oculto.

"La legítima labor de los activistas de derechos humanos y de los periodistas de denuncia de abusos contra los derechos humanos y de incidentes de mala administración y corrupción tiene una importancia vital, especialmente ahora que la RDC se acerca a las elecciones nacionales que se van a celebrar este año –ha declarado Amnistía Internacional–. El Estado congolés debe hacer valer los derechos de estas personas y organizaciones a trabajar sin problemas y sin temor."

Amnistía Internacional recuerda que, en virtud de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU, el Estado "garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria" derivada del ejercicio legítimo de sus derechos humanos.

Amnistía Internacional pide al gobierno de la RDC que emprenda investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre las amenazas contra defensores de derechos humanos, incluidas las enviadas a JED, y que enjuicie a sus autores con arreglo a las normas internacionales sobre imparcialidad procesal.

La organización insta también a la comunidad internacional a que exprese ante los máximos niveles del gobierno de la RDC su preocupación por la seguridad de los activistas de derechos humanos en el periodo previo a las elecciones.

Información complementaria

Los defensores de derechos humanos de la RDC trabajan a menudo en condiciones de peligro extremo. Los activistas congoleses han sido víctimas de tortura, ejecución extrajudicial y detención arbitraria. En la mayoría de las zonas del país, las autoridades políticas y militares locales son hostiles hacia las actividades de las ONG locales, porque temen que denuncien su implicación en violaciones de derechos humanos. Las autoridades suelen citar a los activistas para interrogarlos o para resolver lo que denominan "asuntos administrativos", lo que en realidad son actos de intimidación apenas velados; además, sus oficinas son objeto de visitas arbitrarias sin previo aviso de agentes de los servicios de seguridad. En algunos casos se ha amenazado de muerte a activistas de derechos humanos a punta de pistola. El 31 de julio de 2005, el activista de derechos humanos Pascal Kabungulu Kibembi, secretario general de Herederos de la Justicia(Héritiers de la Justice), destacada organización de derechos humanos, fue asesinado en su domicilio, en la ciudad oriental de Bukavu, presuntamente a manos de soldados.

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