Document - República Democrática del Congo: Amnistía Internacional pide el fin de las intimidaciones a activistas de los derechos humanos
AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA
Índice AI: AFR 62/018/2009
1 de octubre de 2009
República Democrática del Congo: Amnistía Internacional pide el
fin de las intimidaciones a activistas de los derechos
humanos
Amnistía Internacional lamenta la sentencia condenatoria dictada
contra el activista de los derechos humanos Golden Misabiko por
considerarla una violación del derecho a la libertad de expresión y
del derecho de los defensores de los derechos humanos a desarrollar
legalmente sus actividades. La organización hace un llamamiento a
las autoridades de la República Democrática del Congo para que
anulen la sentencia y la condena de prisión de Golden Misabiko.
El 21 de septiembre, el tribunal de primera instancia de Lubumbashi
declaró a Golden Misabiko culpable de “difundir información falsa,
causante de alarma en la población local” y lo condenó a un año de
cárcel con suspensión de ocho meses, lo que supone que deberá pasar
cuatro meses en prisión. Golden Misabiko no se encontraba en la
sala cuando se dictó la sentencia. Sus abogados han presentado un
recurso de apelación contra ella.
La detención y la sentencia condenatoria de Golden Misabiko son
totalmente incompatibles con la obligación del gobierno de la
República Democrática del Congo de hacer respetar la Declaración de
la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, incluido el
derecho de toda persona a, individualmente y con otras, “publicar,
impartir o difundir libremente a terceros” información relativa a
los derechos humanos y las libertades fundamentales y a señalar a
la atención del público la cuestión de “si esos derechos y
libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la
práctica” (Declaración de la ONU sobre el derecho y el deber de los
individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger
los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente
reconocidos, artículo 6).
Amnistía Internacional considera también motivo de gran
preocupación las amenazas de muerte que están recibiendo otros
cuatro activistas de los derechos humanos de Lubumbashi que han
hecho campaña en contra del procesamiento de Golden Misabiko.
Grégoire Mulamba, Timothée Mbuya, Emmanuel Umpula y Dominique
Munongoestán recibiendo mensajes de texto con estas amenazas desde
el 16 de septiembre. Una de ellas rezaba: “Os creéis muy listos.
Sabed que esto no ha acabado. Ya veremos, cuando estéis todos
muertos […] si seguís haciendo marchas”. (“Vous pensez être plus
malin. Saches que ce ne pas fini. On verra quand vous serez tous
mort … si vous ferez encore des marches”).
Los activistas se han visto obligados a ocultarse, pero las
amenazas continúan. En la última, del 29 de septiembre, se decía:
“Da igual dónde estéis; nuestros servicios están informados y os
vamos a perseguir por todo el territorio” (“Même là ou vous
êtes, nos services sont informés, nous allons vous poursuivre
partout sur notre territoire").
Amnistía Internacional pide a las autoridades congolesas que
investiguen las amenazas de muerte y pongan a los responsables a
disposición judicial, que garanticen que los activistas están
protegidos contra nuevas amenazas y posibles agresiones y que
pongan fin a los actos de intimidación y a la detención arbitraria
de activistas de los derechos humanos.
Información complementaria
Golden Misabiko, presidente en la provincia de Kananga de la
organización de derechos humanos Association Africaine de défense
des Droits de l'Homme (ASADHO/Katanga), fue detenido el 24 de julio
y acusado de “atentar contar la seguridad del Estado" (“atteinte
à la sûreté de l’Etat”). Quedó en libertad bajo fianza el 30 de
agosto y está mal de salud a causa de su reclusión.
La detención y procesamiento de Golden Misabiko
tienen su origen en un informe publicado por ASADHO/Katanga el 12
de julio, en el que se denunciaba la corrupción de funcionarios del
Estado que estaban explotando artesanalmente una mina de uranio de
Shinkolobwe cerrada por el gobierno en enero de 2004 por razones de
seguridad pública y nacional. Según el informe, las autoridades no
habían hecho lo suficiente para garantizar la seguridad en la mina.
También se criticaba en él la falta de transparencia de un acuerdo
del 26 de marzo de 2009 entre el gobierno y la empresa francesa de
energía nuclear AREVA sobre derechos de prospección y explotación
de uranio en la República Democrática del Congo.
Para más información, véanse las Acciones Urgentes de Amnistía
Internacional sobre este asunto del 30 de julio, el 17 de agosto y
el 22 de septiembre (AU 208/09, AFR 62/013/2009 y su actualización,
AFR 62/014/2009, y AU 249/09, AFR 62/017/2009).
FIN/