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ÍNDICE AI: AFR 62/21/97/s

16 DE JULIO DE 1997

República Democrática del Congo: La investigación de la ONU sobre las matanzas no debe basarse en concesiones al gobierno

Los intentos de las Naciones Unidas por apaciguar al gobierno de la República Democrática del Congo pueden poner en peligro la calidad y la independencia de las investigaciones sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el país, según ha declarado hoy Amnistía Internacional.

La organización de derechos humanos ha afirmado: «La ONU no debe permitir que el gobierno de la República Democrática del Congo dicte la composición, los términos de referencia y el mandato de cualquier misión encargada de investigar las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el país. Cualquier investigación que se lleve a cabo sobre las matanzas presuntamente cometidas debe ser independiente e imparcial».

Según los informes, desde septiembre de 1996 los combatientes armados han dado muerte de forma deliberada y arbitraria a miles, y posiblemente decenas de miles, de refugiados ruandeses hutus y otros civiles desarmados, entre los que se encuentran ciudadanos del Congo (el antiguo Zaire) y refugiados hutus de Burundi. En junio de 1997 todavía se seguían produciendo informes sobre homicidios.

Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que el Secretario General de la ONU tiene intención de reemplazar la Misión de Investigación Conjunta ‒nombrada por la Comisión de Derechos Humanos en abril de 1997 «para investigar las denuncias de matanzas y otras cuestiones que afectan a los derechos humanos derivadas de la situación existente en el este de Zaire (ahora República Democrática del Congo) desde septiembre de 1996»‒ por su propia misión. Fuentes de la ONU han indicado que algunos Estados miembros de las Naciones Unidas están presionando para que la ONU se muestre «flexible» respecto a la investigación.

Amnistía Internacional ha declarado: «Confiamos en que los intentos del Secretario General de la ONU por garantizar que se lleva a cabo una investigación en el este de la República Democrática del Congo no minan la autoridad ni la eficacia de la Comisión o de sus Relatores Especiales».

«Nos preocupa enormemente que los Estados miembros de la ONU, a la vez que manifiestan públicamente su preocupación por las matanzas de miles de refugiados ruandeses y otros civiles desarmados, pidan a escondidas a la ONU que comprometa sus principios de derechos humanos accediendo a las demandas de la República Democrática del Congo».

Las conversaciones mantenidas a fines de junio de 1997 entre un Equipo de Avance de la ONU y el gobierno de la República Democrática del Congo sobre las modalidades prácticas necesarias para que la investigación cumpla sus objetivos no consiguieron resolver las principales cuestiones que impiden seguir adelante con la investigación. El Equipo de Avance visitó la República Democrática del Congo después de que el gobierno indicara, a principios de junio de 1997, que estaba dispuesto a permitir que la Misión Conjunta llevara a cabo la investigación. Aunque las autoridades del Congo han manifestado públicamente su voluntad de colaborar con cualquier investigación de la ONU, lo cierto es que han ido poniendo constantes obstáculos a la investigación en curso.

Amnistía Internacional ha declarado: «Nos preguntamos si el gobierno de la República Democrática del Congo está realmente comprometido con estas investigaciones, e instamos a los Estados miembros de la ONU a apoyar a las Naciones Unidas y a presionar a las autoridades del Congo para garantizar que se llevan a cabo investigaciones efectivas e imparciales».

Fuentes cercanas a la ONU y al gobierno de la República Democrática del Congo han revelado que todavía sigue habiendo importantes obstáculos que impiden llevar a cabo una investigación exhaustiva, competente, independiente e imparcial. Estos obstáculos se suman a la objeción manifestada públicamente por las autoridades del Congo a que Roberto Garreton, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo, participe en la investigación, y a la exigencia del gobierno de que la investigación abarque el período desde marzo de 1993.

Según los informes, el gobierno del Congo ha rechazado la inclusión de agentes de seguridad de la ONU en el equipo de investigación de las Naciones Unidas y ha insistido en su derecho a rechazar a miembros de la misión designada por la ONU.

Amnistía Internacional ha declarado: «El equipo de investigación tiene que poder trabajar en un entorno razonablemente seguro para que su tarea se lleve a cabo de acuerdo con los niveles máximos de independencia, imparcialidad y objetividad que se esperan de la ONU - y que podrían utilizarse para llevar a los responsables ante los tribunales. Cualquier compromiso sobre la independencia y la seguridad de la investigación afectaría seriamente a la calidad de sus conclusiones».

Entre los obstáculos puestos también por las autoridades del Congo para impedir una investigación efectiva se encuentra su insistencia en que no aceptará ninguna responsabilidad por los abusos contra los derechos humanos cometidos antes de su llegada al poder, el 17 de mayo de 1997. A Amnistía Internacional le preocupa la posibilidad de que el nuevo gobierno intente evadirse de su responsabilidad de llevar ante los tribunales a los miembros de la Alianza de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Congo-Zaire (AFDL) que cometieron abusos antes del 17 de mayo.

Según los informes, las autoridades gubernamentales de la República Democrática del Congo han manifestado al Equipo de Avance de la ONU que el nuevo gobierno no es Estado parte de los tratados internacionales ratificados por su predecesor o a los que éste se hubiera adherido. Las leyes internacionales hacen claramente responsable al gobierno de sucesión del presidente Laurent-Désiré Kabila de cumplir los tratados ratificados por el gobierno anterior, a menos que decida renunciar a dicha ratificación.

Amnistía Internacional pide que las investigaciones sobre las matanzas que al parecer han tenido lugar en la República Democrática del Congo se lleven a cabo urgentemente para impedir que se eliminen pruebas, ya que hay informes que indican que en diversas partes del país los cadáveres de las víctimas están siendo quemados o arrojados a los ríos. Además, el informe sobre esta investigación debe hacerse público poco después de que dicha investigación se haya completado.

La organización insta también a la ONU a garantizar que se facilitan los recursos necesarios para que se pongan en práctica plenamente todas las recomendaciones del equipo de investigación, especialmente las relativas a llevar ante los tribunales a los sospechosos de haber cometido violaciones de derechos humanos.