REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Guerra contra civiles indefensos

1. Introducción

Desde el 2 de agosto de 1998, los combates en la República Democrática del Congo están poniendo en peligro las vidas de millones de civiles. El conflicto armado se extiende con rapidez, tanto en lo que se refiere al número de gobiernos y grupos armados implicados como en lo relativo al devastador impacto que está teniendo sobre la población local. Iniciado cuando el presidente Laurent-Désiré Kabila expulsó a las tropas ruandesas y extranjeras, en seguida se implicaron en él otros gobiernos regionales, los grupos armados de oposición de la República Democrática del Congo y los grupos armados de los países vecinos que apoyan a uno de los dos principales bandos.

Algunas secciones de las Fuerzas Armadas Congolesas (Forces armées congolaises- FAC), respaldadas por las tropas gubernamentales de Uganda, Ruanda y Burundi(1), se rebelaron contra el gobierno de la República Democrática del Congo el 2 de agosto de 1998 y formaron una coalición conocida como Agrupación Congolesa para la Democracia (Rassemblement congolais pour la démocratie - RCD). Las fuerzas congolesas leales al presidente Laurent-Désiré Kabila siguen recibiendo el apoyo de tropas de Angola, Chad, Namibia, Zimbabue y, al parecer, también de Sudán. Las transferencias de equipos, tecnologías y formación militares han acompañado al suministro de tropas extranjeras a las dos partes del conflicto.

Según informes, los grupos armados que se oponen a los gobiernos de la región también prestan ayuda a uno u otro de los dos bandos y dirimen sus conflictos internos en la República Democrática del Congo. Por ejemplo, las FAC cuentan con el respaldo activo del grupo de oposición ugandés Alianza de Fuerzas Democráticas (ADF), de algunos grupos de oposición ruandeses como la miliciainterahamwey miembros de las antiguas Fuerzas Armadas Ruandesas (ex FAR) que se cree que fueron responsables del genocidio de 1994, así como de grupos armados de oposición burundeses. Los mai-mai, grupo indígena radicado en la región oriental de la República Democrática del Congo, se han unido también a las FAC. Por su parte, parece ser que el grupo armado de oposición angoleño Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola- UNITA), respalda a la RCD, que a su vez afirma contar también con el apoyo de algunas secciones de combatientes mai-mai.(2)

Desde agosto de 1998, Amnistía Internacional ha expresado en reiteradas ocasiones su honda preocupación ante la posibilidad de que esta crisis tenga un impacto devastador sobre la población civil,(3) debido a los abusos masivos contra los derechos humanos que cometen los principales protagonistas. En los últimos tres meses, diversas facciones de ambos bandos del conflicto han cometido violaciones graves de derechos humanos y del derecho humanitario internacional, tales como matanzas a gran escala de civiles indefensos, «desapariciones», torturas —incluidas violaciones sexuales— y detenciones y encarcelamientos arbitrarios. Los combatientes han perpetrado violaciones de derechos humanos como represalia por las pérdidas causadas por sus contrincantes, y esas represalias se han dirigido principalmente contra civiles indefensos que no toman parte activa en el conflicto. Amnistía Internacional siente especial preocupación ante los recientes informes sobre violaciones y otros actos de violencia sexual perpetrados por combatientes de ambos bandos, que al parecer utilizan la violencia sexual como arma de guerra, bien antes de cometer matanzas de civiles o bien mientras las llevan a cabo, y para sembrar el terror entre la población y desestabilizar la identidad de las comunidades. Ante la posibilidad de que la Agrupación Congolesa para la Democracia (RCD) obtuviera victorias militares, algunas autoridades y medios de comunicación congoleses desataron una caza de brujas contra los tutsis que ha desembocado en homicidios de civiles indefensos en Kinshasa, Kisangani, Uvira y otras zonas del país. Los combatientes capturados han sido ejecutados sumariamente (tanto por la RCD como por las FAC), lo que conculca los principios más elementales del derecho humanitario internacional.

Amnistía Internacional publica este informe para dar a conocer estas violaciones a la comunidad internacional. Aunque el conflicto ha atraído cierta atención de los medios de comunicación y de algunos gobiernos extranjeros, muy poco se ha dicho y hecho sobre su dimensión de derechos humanos y sobre las atrocidades infligidas a la población civil indefensa. La organización ha instado a los principales protagonistas, a sus partidarios y a la comunidad internacional a que tomen medidas inmediatas y efectivas para poner fin a estos abusos

Amnistía Internacional ha obtenido la mayor parte de la información contenida en este informe de fuentes locales, incluidas organizaciones de derechos humanos, que han realizado investigaciones en la República Democrática del Congo corriendo un enorme peligro. El compromiso de esas fuentes para con la causa de los derechos humanos y con la situación de las víctimas debe recibir el apoyo y el reconocimiento debidos. Las partes del conflicto deben tomar medidas para impedir que se cometan más abusos contra los derechos humanos y los gobiernos deben hacer que los autores de dichos abusos comparezcan ante la justicia.

Los civiles han pagado el precio más alto en esta guerra. Los miembros armados de las FAC y de la RCD y sus aliados están librando una guerra de hecho contra civiles desarmados e indefensos. Las graves violaciones de derechos humanos que se documentan en este informe representan sólo una fracción de las que se cometen habitualmente en la República Democrática del Congo. Un activista local de derechos humanos declaró, en relación con la situación de los derechos humanos en cierta ciudad:

... no podemos olvidar que, cada hora, una persona es detenida, otra es encarcelada ilegalmente, otra es torturada, otra es violada...»

2. Violaciones de derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas Congolesas (FAC), de carácter gubernamental, y sus partidarios civiles

Amnistía Internacional ve con preocupación los informes sobre matanzas y otros homicidios, a manos de las FAC, de civiles indefensos sospechosos de simpatizar con la RCD. Los civiles partidarios del gobierno también han cometido abusos. En algunos casos, las fuerzas gubernamentales han movilizado formalmente a los civiles; por ejemplo, las FAC movilizaron a los jóvenes conocidos como combattants (combatientes)para «matar a los agresores tutsis». Amnistía Internacional considera que estos grupos forman parte de las estructuras militares oficiales. En otros casos, parece ser que los civiles han cometido abusos fuera de una estructura organizada formal, aunque obedeciendo llamamientos directos de las autoridades congolesas a la población civil para que mataran a «rebeldes» y tutsis. Entre los grupos armados que han cometido abusos contra los derechos humanos junto con las fuerzas gubernamentales de la República Democrática del Congo figuran los que se oponen a los gobiernos de Ruanda y Uganda (véase supra). En muchas ocasiones, los grupos armados de los países vecinos actúan mezclados con los mai-mai, lo que dificulta a los testigos el distinguir unos de otros.

Aunque algunas matanzas se han producido después de enfrentamientos armados con combatientes de la RCD, muchas otras se han cometido al fomentar las autoridades gubernamentales de la República Democrática del Congo y los medios de comunicación locales la violencia étnica mediante la difusión de difamaciones de carácter étnico y los llamamientos a la población para que empuñe las armas. Muchas de las declaraciones públicas realizadas por las autoridades gubernamentales han caracterizado a los simpatizantes de la RCD por su etnia y, en consecuencia, gran parte de estas matanzas se han cometido específicamente contra tutsis o personas que tenían lazos familiares o personales con éstos, en la mayoría de los casos sin que existieran pruebas de su relación con la RCD.

2.1 Incitación al odio y a la violencia étnica

Según observadores extranjeros que siguen las emisiones radiofónicas de la República Democrática del Congo, una autoridad del país afirmó:

El enemigo es como un virus, un mosquito, una inmundicia que hay que aplastar con determinación y decisión.

Como parte de una campaña encaminada a obtener el apoyo y la ayuda de la población civil local para contrarrestar las victorias de la RCD en el campo de batalla, las autoridades congolesas han pronunciado exaltados discursos equivalentes a una incitación al odio étnico, en los que se ha alentado a los ciudadanos corrientes a matar a civiles indefensos y a combatientes capturados. Una incitación similar a la violencia, a cargo del anterior gobierno ruandés, predominantemente hutu, y de los medios de comunicación, fue en parte la causa de la matanza en 1994, en Ruanda, de cientos de miles de tutsis y de opositores hutus, ya fueran presuntos o reales, a manos de las fuerzas gubernamentales y de las milicias.

Algunos observadores extranjeros que escuchan las emisiones radiofónicas de la República Democrática del Congo han informado de que algunos altos cargos congoleses han pedido a los civiles que asesinen y cometan otros abusos para poner fin a lo que calificaban de «aventura absurda de los ruandeses en el Congo». Según informes, en un programa emitido el 8 de agosto en la radio congolesa desde Bunia, en la región oriental de la República Democrática del Congo, un portavoz afirmó: «... la gente debe llevar un machete, una lanza, una flecha, una azada, palas, rastrillos, clavos, porras... , planchas eléctricas, alambre de espino, piedras..., y objetos similares para, estimados oyentes, abatir a los tutsis ruandeses que están actualmente en el distrito de Ituri...». El mismo portavoz pidió a los oyentes que: «... ataquen a las personas de nariz larga, altas y delgadas [en referencia a los tutsis] que quieren dominarnos... Despierten, sean conscientes de nuestro destino para derrotar al enemigo». El 12 de agosto, un portavoz militar declaró en una emisión de radio desde Bunia que «desde hoy, toda la población se ha convertido en una población militar», y añadió: «ustedes detectarán a los enemigos y los matarán sin piedad, la victoria está garantizada». «Sean fieros», proseguía la emisión. «Si encuentran a un enemigo ruandés, no (inaudible) golpéenlo sin piedad».

Según informes, un alto cargo del gobierno regional de Kinshasa declaró en un discurso que «cualquier congolés patriota y nacionalista debe matar a su tutsi». En Kinshasa, los civiles quemaron vivos a civiles indefensos acusados de apoyar a la RCD y a combatientes capturados, algunos de los cuales eran tutsis, aunque también había entre ellos muchos miembros de otros grupos étnicos. Al parecer, en el distrito de Masina un joven civil declaró el 27 de agosto a un periodista de Radio France International (RFI), en relación con los incidentes: «Es la gente. No fueron los soldados, somos nosotros mismos, nosotros mismos quemamos a los tutsis. Cuando vemos a un tutsi, yo mismo cuando veo a uno, lo quemo...»

La consigna «Dejar marchar a la serpiente, pero matar al ruandés» fue coreada por los civiles en una manifestación oficial de protesta organizada el 10 de agosto en Kisangani, capital de la provincia Oriental, en el norte de la República Democrática del Congo. Al parecer, un ex alto cargo del gobierno regional de Kisangani, que huyó antes de que la ciudad cayera en manos de la RCD, apareció en televisión pidiendo a la población civil que matara a los tutsis con machetes.

Amnistía Internacional considera que estas formas de incitación por parte de las autoridades gubernamentales son uno de los principales factores que han contribuido a que algunos civiles hayan matado a otros civiles que no tomaban parte activa en las hostilidades.

2.2 Homicidios de civiles indefensos

Se ha informado de la aparición en Lutendele, a 18 kilómetros al suroeste de Kinshasa, de fosas comunes que contienen hasta quinientos cadáveres. Algunas fuentes afirman que los cuerpos pertenecen a civiles tutsis muertos a principios de agosto, mientras que otras mantienen que son soldados que perdieron la vida durante los combates entre las tropas que se oponían al presidente Kabila y las que lo apoyaban. Amnistía Internacional no ha podido verificar la información, y ha pedido a las autoridades de la República Democrática del Congo que garanticen la apertura de una investigación independiente para establecer la verdad sobre las presuntas fosas comunes de Lutendele.

En Kinshasa se han producido homicidios de civiles después de una serie de exaltadas emisiones radiofónicas. Desde principios de agosto de 1998 se viene informando de homicidios de tutsis y de otras personas consideradas simpatizantes de la RCD. Cuando los combatientes de la RCD se aproximaban a Kinshasa, hacia el 26 de agosto, las autoridades de la República Democrática del Congo alentaron a la población civil a buscar a los «rebeldes» que se ocultaban en Kinshasa y a todas las personas que se creía que apoyaban a la RCD. Además de las personas de aspecto físico tutsi, también fueron víctimas de ataques algunos enfermos mentales de los que se rumoreaba que eran rebeldes disfrazados. Por ejemplo, el 27 de agosto, un enfermo mental que vivía en la intersección de las calles Kasaï y Usoke, en la comuna de Barumbu, Kinshasa, fue acribillado a balazos en el mercado central de Kinshasa. Otras víctimas, muchas de las cuales murieron, eran personas que llevaban en los zapatos o botas barro rojo (que supuestamente no existe en los alrededores de Kinshasa) o que vestían ropa deportiva. Unos pescadores de la localidad vieron cadáveres quemados flotando en el río Congo; otros cadáveres fueron arrojados al río Ndjili. Al parecer, en los distritos de Kintambo y Masina, en Kinshasa, fueron enterradas vivas personas acusadas de ser rebeldes. Según informes, también se cometieron homicidios en los distritos de Lingwala, Ndjili y Kimbanseke. El 4 de agosto, Giresse Nkolay otro estudiante fueron abatidos a tiros por soldados del cuartel militar de CampTshatshi.

Una fuente local contó en Kinshasa 89 cadáveres —de los que 78 pertenecían, al parecer, a personas de origen ruandés— de individuos que habían muerto entre el 3 y el 24 de agosto a manos de asaltantes que se cree que eran simpatizantes del gobierno o pertenecían a las fuerzas gubernamentales. Según los informes, los días 5 y 7 de agosto, en Kintambo, fueron enterrados cuatro cargamentos de cadáveres en unas fosas comunes que se abrieron con excavadoras el 11 de agosto. No está claro si esas fosas contienen cuerpos de soldados muertos durante las operaciones militares o de civiles ejecutados extrajudicialmente por su presunto apoyo a la RCD.

En Uvira y Fizi, grupos armados locales perpetraron matanzas a principios de agosto. Según informes, las FAC movilizaron a las juventudes locales conocidas como «les combattants»(combatientes), para que mataran a los «agresores tutsis». Entre el 2 y el 3 de agosto, los «combatientes» mataron hasta a 250 civiles indefensos, entre los que se encontraban Mugabo Mwafrika, agente de aduanas de Uvira, y Zebedée Munyamahoro, empleado de UGEAFI-Minembwe/Fizi cuya madre, dos hermanos menores y un primo murieron también. Otras víctimas fueron Amedée Mukiza,el pastor Mudakikwa y un tal Tharcisssey su familia. En la carretera que se dirige al distrito de Biens-mal-acquis, en Uvira, fueron hallados diez cuerpos no identificados.

Hacia el 27 de agosto, cuando algunos elementos de la RCD habían llegado a las afueras de Kinshasa, numerosos presuntos combatientes de la RCD fueron quemados vivos con gasolina o con neumáticos ardiendo que les colgaron alrededor del cuello. Un joven sospechoso de ser un combatiente de la RCD fue atacado por un grupo de habitantes locales, que le abrieron el cráneo a golpes de machete y luego arrojaron su cadáver a la calle, donde lo quemaron.

Según informes, las tropas de Zimbabue y Angola mataron a civiles a finales de agosto, durante un bombardeo indiscriminado de los suburbios de Kinshasa, especialmente de los populosos distritos de Masina, Kimbanseke, Ndjili, Kingasani y Mikonga. Se han recibido informes según los cuales en otras ciudades como Kisangani hubo bombardeos indiscriminados similares que provocaron numerosos muertos entre la población civil.

Al parecer, en Kisangani muchos civiles indefensos murieron a manos de las FAC antes de que la RCD tomara el control de la ciudad el 23 de agosto. Por ejemplo, algunas fuentes afirman que, el 5 de agosto, Protais Ndayitwayeko, estudiante de psicología de la Universidad de Kisangani, murió debido a una paliza que le propinaron unos soldados de las FAC en su residencia, en el distrito de Kilima ya Bahindi. Faustin Ibanda, agente de las líneas aéreas Sun Air, murió por disparos de las FAC el 8 de agosto. Otras víctimas perdieron la vida a manos de civiles, con la aquiescencia de las autoridades locales. Por ejemplo, el director de la escuela primaria de Kole y su hijo murieron el 20 de agosto, a unos ciento ochenta kilómetros de Kisangani, a manos de un grupo de civiles de la localidad, presuntamente alentados por los soldados. Al parecer, los autores creían que las víctimas eran tutsis.

Según informes, los soldados de las FAC ejecutaron a varios civiles en los distritos de Bangboka y Simi Simi, en Kisangani. Parece ser que la mayoría de las víctimas fueron obligadas a ponerse un uniforme militar antes de ser ejecutadas, para aparentar que murieron en el curso de operaciones militares. A principios de septiembre, la RCD anunció que había descubierto los cadáveres de al menos ciento cincuenta civiles tutsis muertos a manos de las FAC los días previos a que la RCD se hiciera con el control de la zona. Otras fuentes afirman que algunas de las víctimas eran miembros de los grupos étnicos nande o hema y otras etnias de la región oriental de la República Democrática del Congo.

Al menos 77 civiles tutsis indefensos murieron en Kalémie, provincia de Katanga, a mediados de agosto, y otros 100 en la aldea de Viura, cerca de Moba, a manos de soldados gubernamentales y grupos armados entre los que al parecer había miembros de la milicia ruandesa interahamweque se retiraban de la zona. Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales las fuerzas de seguridad practicaron cientos de detenciones ilegítimas de tutsis en algunas partes de la provincia de Katanga, especialmente en su capital, Lubumbashi. Según estos informes, al menos ochenta detenidos tutsis murieron a manos de civiles armados aliados de las FAC.

Según informes, el 12 de septiembre, en el curso de un ataque contra la ciudad de Goma, bastión de la RCD en Kivu del Norte, un grupo de aliados de las FAC, entre los que al parecer había mai-mai, interahamwe ruandeses y otros grupos armados, atacaron un campamento para desplazados internos y provocaron la muerte de al menos a 12 civiles tutsis desarmados e indefensos. Las víctimas eran tutsis que habían sobrevivido a matanzas anteriores perpetradas en Kisangani justo antes de que la ciudad cayera en manos de la RCD, el 23 de agosto.

2.3 Ejecuciones sumarias de combatientes

Según informes, a principios de agosto el gobierno de la República Democrática del Congo hizo públicas unas declaraciones en las que afirmaba que ejecutaría sumariamente a cualquier tutsi a quien se hallase con un arma. Al parecer, las FAC ejecutaron a algunos tutsis y a otros presuntos simpatizantes de la RCD en Kinshasa y sus alrededores en agosto, aunque se desconoce con exactitud el número de víctimas. Algunas fuentes afirman que, el 6 de agosto, en el cuartel militar de Ketele, en Kisangani, dos soldados de las FAC sospechosos de estar relacionados con la RCD fueron ejecutados sumariamente por sus compañeros. Según informes, el 7 de agosto unos soldados de las FAC que habían llegado desde Kinshasa como refuerzo de las tropas leales al presidente Kabila ejecutaron sumariamente a dos soldados tutsis de las mismas FAC en Isangi, cerca de Kisangani.

Al parecer, el 3 de septiembre, varios miembros de las FAC y algunos jóvenes civiles pertenecientes a bandas capturaron y quemaron vivos a un número indeterminado de combatientes de la RCD cerca de un repetidor de televisión en Kalémie. Según las fuentes, muchas de las víctimas eran ex miembros de las Fuerzas Armadas Zaireñas (ex FAZ), del ex presidente Mobutu Sese Seko. Durante los ataques que se lanzaron como represalia después de que las FAC huyeron de Kalémie, los combatientes de la RCD mataron, según los informes, a decenas de civiles indefensos en la ciudad (véase el apartado 3.1).

2.4 «Desapariciones»

A principios de octubre, se desconocía el paradero de muchas de las personas sospechosas de estar relacionadas con la RCD a las que las FAC habían detenido a partir de agosto de 1998. Las FAC se llevaron a numerosas personas de los distritos de Gombe, Binza, Ma Compagne, Ozone y Pigeon, en Kinshasa, así como de la zona de los alrededores del Instituto Pedagógico Nacional; se desconoce el paradero actual de todos ellos. Por ejemplo, el 7 de agosto, los soldados de las FAC detuvieron al doctor Beza Bimamisanaen la Clínica Universitaria de Kinshasa, donde trabajaba. No se lo ha vuelto a ver desde entonces.

Amnistía Internacional siente asimismo preocupación por la seguridad de varias personas detenidas por los soldados gubernamentales en Kisangani antes de que la ciudad fuese ocupada por la RCD y sus aliados. Fuentes de Kinshasa afirman que no tienen ningún dato que indique que estas personas están recluidas en la ciudad, y las autoridades no han reconocido su detención ni revelado su paradero. Entre los «desaparecidos» figura Jean-Marie Lisasi, que fue visto por última vez el 8 de agosto en el aeropuerto militar de Kisangani, donde los soldados lo escoltaron hasta un avión que se dirigía a Kinshasa. Al parecer, entre el 2 y el 23 de agosto, las fuerzas gubernamentales detuvieron en Kisangani a varias decenas de civiles más, sospechosos de apoyar a la RCD o a sus aliados de Uganda y Ruanda; no se los ha vuelto a ver. Entre ellos figuran Jean Chihasha y su hijo Francis, procedentes de Bushi (Kivu del Sur), y Katabirora y François Buchana, agentes de las líneas aéreas Sun Air. También «desaparecieron» Sengi Sibobana, tesorero del partido gobernante Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo (Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo - AFDL) y responsable de las relaciones con organizaciones no gubernamentales en Kisangani, Guy Rongorongo, miembro de la Agencia Nacional de Información (Agence nationale des renseignements- ANI), y Vianney Bigega, empleado de la compañía eléctrica estatal SNEL y residente en el distrito de Regideso, comuna de Mangobo. Un tal Sande, comerciante de diamantes, y Rwakabuba«desaparecieron» de la comuna de Makiso, mientras que Patrick Ndayambajey Sebera Wangu«desaparecieron» de la de Kabondo. También han «desaparecido» muchos estudiantes, como Bedely Elmase,de la Universidad de Kisangani, Moise Muhire, estudiante de la IFA, yJean-Baptiste Kanyamuzani, alumno del Instituto Superior de Comercio. Por su parte, Norbert Gasana, Midigudu Kalinda, Fidèle Rugabo y Hemedi«desaparecieron» de diversos distritos de Kisangani y sus alrededores.

2.5 Detención de presos de conciencia y torturas, incluidas violaciones sexuales

Amnistía Internacional siente preocupación por el gran número de detenciones arbitrarias, basadas aparentemente en la filiación étnica o política, realizadas por las fuerzas de seguridad de la República Democrática del Congo. Muchos civiles han sido detenidos acusados sin fundamento de pertenecer a la RCD o de apoyarla. Los ejemplos más claros ocurrieron en Kinshasa, donde se detuvo a personas que tenían las botas manchadas de barro rojo o que mostraban síntomas de enfermedad mental, a tutsis y a personas relacionadas con tutsis, por considerarlas sospechosas de apoyar a la RCD sin ninguna otra prueba de que fueran cómplices de la rebelión. Aunque las autoridades afirman que muchas de estas personas están recluidas por su propia seguridad, los detenidos permanecen en condiciones que en absoluto cabe considerar seguras, pues se han recibido informes de torturas, incluidas violaciones sexuales, así como de muertes bajo custodia. Las autoridades tampoco han especificado qué ley han aplicado para recluir a los detenidos.

El número oficial de civiles tutsis recluidos sin cargos en el cuartel militar de Kokolo, en Kinshasa, desde el 19 de agosto es de 185, aunque se cree que la cifra real es muy superior. Según informes, también hay detenidos en el cuartel militar de Camp Tshatshi y en diferentes centros de detención de los servicios de seguridad, como la ANI y la Detección Militar de Actividades Antipatrióticas (Détection militaire des activités anti-patrie- DEMIAP) en el distrito de Kintambo, Kinshasa, y en el centro de detención de Kin Mazière de Gombe, Kinshasa. Al parecer, más de trescientos tutsis están recluidos en un convento de Lubumbashi, capital de la provincia de Katanga. Según informes, en dicha provincia hay hasta mil tutsis recluidos en Likasi y unos setecientos en Kolwezi. Amnistía Internacional siente también preocupación por los informes de torturas y malos tratos en el cuartel de Tshatshi.

Las FAC torturaron a numerosas personas detenidas en Kisangani antes de que la RCD se hiciera con el control de la ciudad. Entre las víctimas figuran Jean-Marie Lisasi, detenido a principios de agosto, torturado y «desaparecido» el 6 de agosto. Según los informes, Dieudonné Ngwashi, abogado, fue golpeado con asiduidad mientras permaneció detenido en la sede de la Policía de Intervención Rápida (Police d'intervention rapide- PIR), hasta que logró huir, a mediados de agosto. Al parecer, a André Rwabihama, médico, lo flagelaron periódicamente mientras estuvo bajo custodia. Fue puesto en libertad antes de que la RCD capturase Kisangani.

Amnistía Internacional ha recibido información que indica que, en agosto, los soldados de las FAC violaron al menos a cien mujeres y niñas en Kinshasa y sus alrededores. Al parecer, las mujeres y las niñas, detenidas en el curso de numerosas operaciones de búsqueda de simpatizantes de la RCD en Kinshasa, fueron violadas por soldados de las FAC antes de ser trasladadas a centros de detención. Según los informes, algunas de las víctimas de violación y de otras formas de violencia sexual fueron después asesinadas. No parece que las autoridades hayan tomado ninguna medida para impedir la violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad ni hayan adoptado iniciativa alguna contra los responsables de tales hechos.

2.6 Intimidación a testigos

En un intento de controlar el acceso a la información e impedir que las denuncias de abusos contra los derechos humanos lleguen a oídos de la comunidad internacional, las autoridades de la República Democrática del Congo han hostigado, amenazado y detenido a periodistas y activistas de derechos humanos en las zonas que controlan. Las personas que han hablado con periodistas y activistas de derechos humanos también han sufrido represalias. Al parecer, un portavoz del presidente Kabila acusó a los periodistas de «no ser mejores que los delincuentes comunes» y los tachó de «ciegos, inmorales, no profesionales» y, a algunos, de «monstruos del mal».

Desde agosto de 1998, las fuerzas de seguridad han detenido a periodistas y fotógrafos extranjeros, como los de la cadena de televisión World Television Network (WTN) y los de las agencias Associated Press y Reuters; a algunos de ellos los golpearon. El 20 de agosto, varios soldados de las FAC detuvieron en el puesto fronterizo de Kasumbalesa, en la frontera con Zambia a dos corresponsales de la agencia AFP, acusándolos de espías, y los llevaron a Lubumbashi, donde los interrogaron. El 22 de agosto los devolvieron a la frontera y los expulsaron. El 25 de agosto, también en Kasumbalesa, los soldados de las FAC amenazaron a unos periodistas de la cadena sudafricana South African Broadcasting Corporation (SABC) con agredirlos y les negaron la entrada en la República Democrática del Congo a pesar de que llevaban visados válidos.

El 9 de septiembre, siete periodistas locales de la emisora oficial de radio congolesa La Voix du peuple(La Voz del Pueblo) acusados de estar relacionados con la RCD fueron detenidos y llevados a la jefatura de policía del distrito de Lingwala, Kinshasa. Estos periodistas, entre los cuales figuraban Semy Dieye, Lokota, Nkuku Mengui, Delo Demazouy Pronto, fueron puestos en libertad al cabo de unos días, aparentemente después de una intervención del ministro de Información. El 18 de septiembre fueron detenidos de nuevo y permanecieron recluidos en la DEMIAP hasta el 28 de septiembre, fecha en que fueron liberados.

El 13 de octubre, en Kinshasa, la policía detuvo en sus casas a Albert Tumba, director del diario Alerte,y a su colega Belly Bosange. Al parecer, los acusaron de publicar un artículo en el que se afirmaba que el ministro del Interior, Gaetan Kakudji, que estaba en Bélgica, se había pasado a la RCD. A mediados de noviembre seguían detenidos en un lugar desconocido. Otro periodista de Alerte, Jean-Marie Nkanku, fue detenido el 30 de octubre por agentes de la DEMIAP, después de que el diario publicó una fotografía del ministro del Interior, Gaetan Kakudji, junto con un líder de la RCD. El 5 de noviembre, tres periodistas del diario Le Soft, entre ellos su director, Awozi Kharomon, fueron detenidos por la Policía de Intervención Rápida y recluidos en las dependencias del Consejo de Seguridad Nacional en Kinshasa. El periódico, propiedad de un miembro de la RCD, había publicado un artículo en el que se insinuaba que el gobierno estadounidense había aconsejado al presidente Kabila que negociase con la oposición armada o abandonase la escena política de la República Democrática del Congo. Los tres periodistas salieron en libertad sin cargos el 7 de noviembre.

Algunos periodistas han sido detenidos por publicar artículos en los que se criticaba a autoridades del gobierno aunque, en general, éstas no han explicado los motivos oficiales de la detención. El 29 de octubre, Gustave Kalengay Bayard Kabango Mbaya, del diario La Flamme du Congo, fueron detenidos por la ANI cuando el periódico publicó un artículo en el que se decía que el jefe de gabinete del presidente Kabila estaba implicado en un soborno. A mediados de noviembre aún seguían detenidos. Ese mismo día, Baya Mukotso, del diario La Destinée, de Kananga, capital de la provincia de Kasai Occidental, fue detenido después de que su periódico publicó un artículo en el que se criticaba al gobernador de la provincia. Se cree que a mediados de noviembre seguía detenido.

En Lubumbashi, Gordon Masibiro, miembro de la Asociación Africana para la Defensa de los Derechos Humanos (Association africaine de défénse des droits de l'homme- ASADHO), fue detenido el 14 de agosto por miembros de la ANI, que lo acusaron de enviar información fuera del país. Permaneció detenido un día. ASADHO es el nuevo nombre de la antigua Asociación Zaireña para la Defensa de los Derechos Humanos (Association zairoise de défénse des droits de l'homme- AZADHO), que las autoridades de la República Democrática del Congo prohibieron en abril de 1998. Según informes, hacia las 3 de la madrugada del 5 de octubre, en Kinshasa, varios soldados armados visitaron el domicilio de Jean-Marie Mutombo Kabamba, miembro del grupo de derechos humanos denominado Liga de Electores (Ligue des électeurs), y lo amenazaron de muerte. La víctima huyó posteriormente del país.

3. Abusos contra los derechos humanos cometidos por la Agrupación Congolesa para la Democracia (RCD)

Los miembros de la Agrupación Congolesa para la Democracia (RCD) y sus aliados, concretamente los soldados del Ejército Patriótico Ruandés (EPR), han cometido homicidios deliberados y arbitrarios de civiles indefensos y han ejecutado a oponentes armados capturados. También han secuestrado, detenido de forma ilegal y maltratado a civiles. Algunas de las víctimas son mujeres que, según informes, fueron violadas o sometidas a otras formas de violencia sexual.

3.1 Homicidios de civiles indefensos

La RCD es responsable de varias matanzas cometidas en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur antes y después de que este grupo se hiciera con el control de algunas zonas de la región oriental de la República Democrática del Congo. Algunas de estas matanzas fueron ordenadas, al parecer, por comandantes de la RCD para vengar la muerte de combatientes de la Agrupación. Otras se produjeron cuando la RCD descubrió las matanzas de civiles tutsis cometidas anteriormente por las FAC y los grupos armados locales. Al parecer, otros homicidios fueron cometidos u ordenados por comandantes que pretendían reprimir la disidencia pública u otros actos que cuestionaban su autoridad.

Después de que Uvira cayó en manos de la RCD, el 6 de agosto, hubo muchas matanzas que algunas fuentes califican de actos de represalia por los homicidios de tutsis cometidos previamente por grupos armados locales y soldados de las FAC. Por ejemplo, según informes, el 25 de agosto la RCD mató a unos doscientos civiles indefensos en Kivovo (Makobola), a unos veintitrés kilómetros de Uvira. En Kasenga, el 31 de agosto fueron encontrados 630 cadáveres que según algunas fuentes corresponden a personas asesinadas por la RCD.

Al parecer, el 24 de agosto y durante varios días después, un gran grupo de combatientes de la RCD mató a más de ochocientos cincuenta civiles indefensos en la parroquia católica de Kasika y zonas vecinas de Kilungutwe, Kalama y Zokwe, en la provincia de Kivu del Sur. Según informes, estas matanzas fueron una represalia por la muerte de unos treinta combatientes de la RCD y soldados del EPR que habían caído en una emboscada de los mai-mai, aliados del gobierno de la República Democrática del Congo, cerca de la parroquia. Parece ser que los combatientes de la RCD acusaron a la población civil de apoyar a los mai-mai.

En la parroquia de Kasika, las matanzas comenzaron el 24 de agosto, cuando un sacerdote de la localidad, el padre Stanislas Wabulakombe, iniciaba la misa. Los combatientes de la RCD bloquearon las salidas de la iglesia. Según los informes, aunque el padre Wabulakombe abrió la puerta de la sacristía para que la gente pudiera huir, pocos lo lograron, ya que la RCD abrió fuego en seguida dentro de la iglesia. El padre Stanislas Wabulakombe, 3 monjas y 37 feligreses murieron allí mismo. Se encontraron muchos cadáveres más alrededor del edificio de la parroquia. Los combatientes desnudaron a todas las víctimas.

En relación con estas represalias, el jefe tradicional local (mwami) François Naluindi Mubeza IIImurió el 24 de agosto cerca de la parroquia de Kasika, al parecer a manos de combatientes de la RCD. Según informes, los autores de su muerte le arrancaron el corazón. Su esposa, Yvette Nyange Mukulumanya, murió a consecuencia de varios golpes de machete recibidos en el cuello. En la vivienda del mwamise encontraron 26 cadáveres, todos ellos desnudos. Una mujer embarazada tenía el vientre abierto desde los genitales hasta el estómago. Otra mujer tenía un gran palo clavado en los genitales. Según algunos testigos, los asaltantes tomaron a los niños de los pies y les golpearon la cabeza contra las paredes; a muchos de ellos los arrojaron a las letrinas.

Los combatientes se dirigieron después desde Kasika hasta Zokwe (a cinco kilómetros de distancia). Cuando se marcharon, dejaron tras de sí 43 cadáveres y, al parecer, quemaron vivas a otras 50 personas en una casa. En la vecina ciudad de Kalama se encontraron 95 cadáveres calcinados tras la retirada de la RCD.

Según informes, en Kilungutwe los combatientes de la RCD abrieron fuego contra la población reunida en el mercado principal, y mataron como mínimo a 173 civiles indefensos. Después ordenaron a los demás que se reagruparan (50 personas por casa) y los mataron. Un superviviente de 32 años dijo a un activista local de derechos humanos:

Después de matar a todos los que estaban en el mercado, nos dijeron que nos reagrupásemos. En esta casa estábamos 54 personas. Fueron matando de dos en dos. Nos obligaron a desnudarnos al entrar y utilizaron nuestra ropa para atarnos los brazos. Una parte la usaron para taparnos los ojos. Así es como mataron a más de doscientas personas.

En nuestra prisión, un niño lloraba, preguntando qué habíamos hecho, y lo estrangularon delante de nosotros. Estoy vivo de milagro. Es más, me pregunto si estoy vivo.

Según un grupo local de derechos humanos, el número de muertes registrado en Kilungutwe fue de 373, otras 385 personas murieron en la parroquia de Kasika y sus alrededores, 43 en Zokwe y 95 en Kalama. Los activistas de derechos humanos de Kivu del Sur han especificado que este cómputo excluye a los que murieron quemados. Al parecer, también perdieron la vida en estos incidentes las hermanas Adrienne Kagarabi,Germaine Lugoloy Germaine Nyagira, nueve bebés de entre uno y tres años, seis miembros de la familia Kugabula, dos miembros de la familia Kage, siete miembros de la familia del pastor metodista Kalama, Mateso Lukamba, Wasso Lubula, Shabani Ngenge, Yango Mundjo,Wangoyi Ndjuma, Masudi Itulamya, Ilenge Lukele, Placide Bafuni, Ikobya Lubula, Ndainga Kadawi, Malinga Nawezay Ombene Kokela. Muchas otras personas, como Yuda Ileke, sufrieron heridas graves.

Según informes, el 31 de agosto, el comandante militar de la RCD Jean-Pierre Ondekane se dirigió a los ancianos de Bukavu y reconoció la implicación de la RCD en las matanzas de Kasika y las aldeas de los alrededores. Declaró que las matanzas se investigarían exhaustivamente y que los autores comparecerían ante la justicia. En septiembre, altos mandos de la RCD anunciaron la creación de una comisión de investigación que indagaría los homicidios cometidos en Kasika y sus alrededores. A principios de octubre seguía sin estar claro si se había creado la comisión y, de ser así, si se había realizado alguna investigación.

Los activistas de derechos humanos y otros testigos de Kivu del Sur, algunos de los cuales huyeron posteriormente de la República Democrática del Congo, han informado de que los combatientes de la RCD perpetraron varias matanzas de civiles como actos de represalia. Al parecer, los combatientes mataron a civiles por su presunta complicidad con sus oponentes armados. Por ejemplo, el 27 de agosto, en la ciudad de Kazimia, en la zona de Fizi, en el sureste de la República Democrática del Congo, los combatientes de la RCD y los miembros de las fuerzas armadas de Burundi dieron muerte a más de trescientos civiles indefensos. Entre las víctimas figuran Mulilo Bosoka, Umbe Bushiri, Elema Loochi,Gueshoom Susten, Asende Esengya, Choloko Esengyay Bikye Esengya. Según informes, esta matanza de civiles se produjo cuando ya habían cesado los combates entre la RCD y las FAC. El 1 de septiembre, en torno a la ciudad de Mboko, murieron hasta 344 civiles a manos de combatientes de la RCD, aparentemente como represalia por las pérdidas sufridas durante un ataque anterior lanzado por los mai-maien la zona. El 6 de septiembre, en Cirunga, en la ciudad de Kabare, la RCD dio muerte deliberada y arbitrariamente a 152 civiles tras un ataque de los mai-mai contra las posiciones de la Agrupación. Según informes, los civiles que sobrevivieron huyeron de la ciudad. Al parecer, una delegación de líderes políticos y militares de la RCD visitó la zona el 28 de septiembre para intentar convencer a los aterrorizados habitantes de que regresaran.

Según informes, en una campaña que ha sembrado el terror entre la población de Uvira, los combatientes de la RCD mataron a muchos civiles en circunstancias ajenas al conflicto armado. Entre las víctimas figurabaCléophas Munyampara, que murió el 10 de agosto junto con su familia en su casa del distrito de Kalundu. Pierre Munyongemurió por disparos en la carretera, a manos de tropas de la RCD que atravesaban el distrito de Kalundu, y Désiré Mutabaziperdió la vida cuando abrió la puerta de su casa para ver a la gente que merodeaba fuera. En el distrito de Mulongwe, Muhivway su sobrina murieron el 11 de agosto. Otras dos niñas murieron a manos de combatientes de la RCD cuando pidieron que les pagaran las cervezas que habían consumido los soldados. El 13 de agosto se encontraron diez cadáveres en la playa de Mulongwe, cerca del mercado conocido como Soko zairois, y el 19 de agosto el hijo de Duga, un empresario de Mulongwe, murió junto con uno de sus trabajadores al negarse a dar alojamiento a un combatiente de la RCD. Según informes, en el distrito de Lemera, cuatro pastores pentecostales llamados Matoto, Kazera, Evaristey Kinyotamurieron el 15 de agosto, mientras oraban. Pierre Muhunga, pastor pentecostal de la parroquia de Kasenga, murió el 17 de agosto cuando regresaba del funeral de los cuatro pastores de Lemera. Un tal Muzani, empresario, murió a manos de combatientes de la RCD al negarse a darles artículos que los soldados no iban a pagar. Al parecer, a consecuencia de la inseguridad imperante en Uvira, muchos civiles se han ocultado.

En Bukavu, el 9 de agosto, un tal Kibombo, comerciante del mercado de Nguba, murió a manos de combatientes de la RCD, aparentemente por negarse a entregarles su vehículo. El 10 de agosto se encontraron diez cadáveres en el distrito de Gihamba, entre ellos los de Charles Ntimbuka, del distrito de Muhungo, y Lwaboshi Badesire. Según informes, Jean-Jacques Badesire, gerente de una plantación del distrito de Walungu, murió a manos de combatientes de la RCD por no darles gasóleo. Los informes indican también que, en Kisangani, el 6 de agosto, unos soldados, al parecer miembros del EPR, dieron muerte a Crispin Mbomro Mujanien su casa. También se ha informado de homicidios de civiles cometidos por miembros de la RCD en Rukobero, Kigoma y Sange.

Según informes, como represalia porque, el 3 de septiembre, algunos combatientes de la RCD habían muerto quemados a manos de soldados de las FAC y de bandas de jóvenes civiles, en torno a los días 4 y 5 del mismo mes varios miembros de la RCD mataron a decenas de civiles indefensos en la ciudad de Kalémie. Al parecer, algunas de las víctimas fueron mutiladas y abandonadas para que murieran. Según las fuentes, familias enteras fueron diezmadas. Entre las víctimas había 16 empresarios de Uvira, Kivu del Sur, como un tal Dédéy un tal Mulolo, que estaban alojados en un hotel conocido como Kanamu. También murieron varios empleados y ex empleados de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles del Congo (Société nationale des chemins de fer du Congo- SNCC) y sus familias. Entre los nombrados figuran el doctorOkitakola, Mwamba Mwechenie y BezomberoyAlbert Djamba, ambos jubilados de la empresa, Adalbert Kahenga,auxiliar médico de la SNCC cuyo cuerpo apareció al parecer mutilado, y los maquinistas Achille Mashanta, Rigobert Mujangay Mukendi.

3.2 Ejecuciones sumarias de combatientes

Según informes, el 3 de agosto, en el aeropuerto de Kavumu, cerca de Bukavu, más de doscientos soldados de las FAC leales al presidente Kabila fueron ejecutados sumariamente por orden de un comandante que se había pasado a la RCD. Al parecer, el comandante ordenó primero a los soldados de las FAC que vigilasen el aeropuerto, donde esperaba la llegada de refuerzos y armas. Poco después, las tropas de la RCD rodearon y desarmaron a los soldados de las FAC y los separaron en tres grupos: uno de oficiales, otro de ex miembros de las Fuerzas Armadas Zaireñas (ex FAZ)(4) y otro de niños soldados, conocidos como kadogos.Los informes indican que primero fueron ejecutados los 67 oficiales y después los 147 soldados de las ex FAZ. Según parece, luego obligaron a los kadogosa enterrar a las víctimas.

Según informes, el 14 de agosto, un comandante de las FAC de Kasai que estaba hospitalizado en Uvira fue asesinado por combatientes de la RCD que lo acusaban de haber matado a unos treinta tutsis. Al parecer, el 27 de agosto, tres soldados de las FAC que estaban ingresados en el hospital general de Bukavu fueron asimismo ejecutados por combatientes de la RCD.

3.3 Secuestros

La RCD ha sido también responsable de una serie de secuestros cometidos en la región oriental de la República Democrática del Congo. Al parecer, muchas de las víctimas eran civiles hutus. Fuentes locales han expresado su preocupación por la posibilidad de que algunos de los secuestrados hayan sido llevados por la fuerza a Ruanda. Sigue sin esclarecerse el paradero de la mayoría de estas personas.

En Bukavu, el 3 de agosto, la RCD se llevó de su centro de trabajo al propietario del Hotel Orchidée, en el distrito de Muhumba, a un tal Moroy a su cocinero, rumbo a un destino desconocido. A principios de noviembre no se sabía nada de ellos. El jefe tradicional Mwami Ntambukafue secuestrado por la RCD el 23 de agosto y, aunque fue visto cuando estaba en un centro de detención de Muhumba, en Bukavu, en noviembre seguía sin conocerse su paradero. El 14 de septiembre, unos treinta jefes tradicionales, entre los que se encontraban Nakalonge, de Kalonge, Muganga,de Burhinyi, y el jefe de Kalehe, fueron detenidos junto con otros civiles. Aunque se desconoce su paradero actual, se teme que puedan estar recluidos en Ruanda.

Según informes, Panda wa Makulu, ex director de la Sociedad de Cooperativas para el Desarrollo de Fizi (Société de coopératives pour le développement de Fizi,SOCOODEFI), «desapareció» en Kazimia, Fizi. Al parecer, el 18 de agosto, Migombano, miembro del comité de desarrollo de la aldea de Kigongo, fue detenido por combatientes de la RCD y a comienzos de noviembre se desconocía aún su paradero. El 19 de agosto, el jefe de la aldea de Runingo fue secuestrado y llevado a un lugar desconocido. Ese mismo mes, la RCD se llevó del distrito de Makobola a 16 jóvenes de los que no se ha vuelto a saber nada.

Fuentes próximas a los activistas de derechos humanos de Bukavu informaron en octubre de que la RCD estaba secuestrando en la ciudad hasta a dos docenas de personas al día. Al parecer, entre los secuestrados, muchos de ellos hutus congoleses, hay incluso niños de tres años. Por ejemplo, según informes, en la última semana de septiembre la RCD secuestró hasta a 27 hutus, 13 niños entre ellos, en el barrio de Panzi de la comuna de Ibanda. Uno de ellos era un tal Rumwarindi,y también estaban sus cuatro hijos. Hay informes que dicen que este grupo de hutus fue visto en el cuartel militar de Saio y que fue ejecutado posteriormente por la RCD. Ese mismo día, el pastor Mangambo, su esposa y sus cinco hijos fueron secuestrados, según los informes, en la comuna de Bagira, en Bukavu; no se ha vuelto a tener noticia de ellos. Según algunas fuentes, el 24 de septiembre varios combatientes de la RCD secuestraron a Phili Kompanyi, jefe del barrio de Chimpunda, después de que éste planteó a un alto cargo de la Agrupación una cuestión que criticaba a la RCD. A mediados de octubre no se sabía nada de su paradero ni del de al menos otras diez personas de etnia no hutu, secuestradas a finales de septiembre.

Según informes, el 14 de septiembre unos soldados del EPR detuvieron a Hamuli Nzabonimpa, Semagongi Habimanay Nturiza Bahati, hutus del territorio Masisi, Kivu del Norte, en el distrito de Birere, en Goma. El 19 de septiembre, en el mismo distrito, Jean Pierre Ilunga, miembro de la ANI, fue detenido por combatientes de la RCD como sospechoso de haberse comunicado con las fuerzas leales al presidente Kabila. Se desconoce su paradero.

3.4 Detención de presos de conciencia y torturas, incluidas violaciones sexuales

Se han recibido informes sobre numerosas detenciones practicadas por las fuerzas de la RCD en Bukavu, donde se han creado centros de reclusión secretos para albergar a los detenidos. Al parecer, éstos permanecen en la sala de oficiales de la fiscalía, en la residencia oficial del gobernador de Bukavu y en la antigua residencia presidencial, que sirve actualmente de cuartel general de la Agencia Nacional de Información (ANI) de la RCD en Bukavu. Según informes, en Bukavu se ha detenido a personas descritas como sucias o vendedores de gallinas, a las que se ha acusado de ser combatientes mai-mai. También se ha acusado a personas que vestían ropa deportiva de ser desertores de la RCD; en el mercado de Kadutu fueron detenidas cuatro personas de estas características. Al parecer, algunos miembros de los grupos armados que se oponen a la RCD llevan ropa deportiva a modo de uniforme.

El 5 de agosto, Willy Mudwengu, estudiante que vive en el distrito de Nyawera, en Bukavu, fue detenido por combatientes de la RCD cuando hablaba con un periodista de la televisión belga. Permaneció detenido siete días en un centro de reclusión secreto donde, al parecer, sufrió malos tratos; entre otras cosas lo obligaron a beberse su propia orina. Su hermano menor, que hizo averiguaciones para localizarlo, también sufrió una breve detención. El 10 de agosto, Michel Bashizi, estudiante de la Universidad Católica de Bukavu, fue detenido, aparentemente por no poder localizar a un inquilino a quien buscaba la RCD. Estuvo detenido seis días, durante los cuales, según los informes, recibió 100 latigazos cada mañana.

Thierry Bagalwa, de la zona de Bien-aimé, en el distrito de Kadutu, fue detenido por la RCD el 10 de agosto, aparentemente por no poder localizar a su hermano mayor, Claude. Según fuentes locales, Claude era buscado por haber formulado una pregunta considerada embarazosa durante una reunión en Bukavu en la que pronunció un discurso el presidente de la RCD. Según informes, al mismo tiempo, su hermana de 16 años, de nombre Sifa, fue violada por seis soldados del EPR que la llevaron a un lugar desconocido. Al parecer, sus familiares temen que la hayan matado.

Pascal Nyamulinduka, del distrito de Nyawera, fue detenido el 10 de agosto, al parecer porque su padre, conocido empresario, fue visto en la televisión nacional hablando con un ministro del gobierno de la República Democrática del Congo. Según informes, lo llevaron a un centro de reclusión secreto, donde lo torturaron; sufrió fracturas en la pierna y el brazo derechos.

Los informes indican que, en Goma, Kivu del Norte, Maombi, enfermera del dispensario de Kacha, fue acusada de atender a combatientes mai-mai heridos y fue detenida el 14 de septiembre por unos soldados anglófonos que se cree que eran ugandeses. Ese mismo día, Gangi, un carnicero del distrito de Magengo, fue detenido y llevado, al parecer, a un centro de reclusión de Rugerero, en la prefectura ruandesa de Gisenyi. Algunas fuentes afirman que Murefu Mpabuka, Nzabonimpa Byatetey Bizimana Nzabondora, todos ellos hutus originarios del territorio Masisi, en Kivu del Norte, fueron detenidos el 15 de septiembre y llevados al centro de reclusión de Rugerero por soldados del EPR. Un tal Mbarushimana, aparentemente acusado de robar alubias, fue detenido brevemente y golpeado por combatientes de la RCD en el distrito de Karisimbi, Goma, el 15 de septiembre. En ese mismo distrito, una tal Dominique fue detenida y, al parecer, brutalmente golpeada por combatientes de la RCD el 16 de septiembre.

Algunas mujeres han perdido la vida de una forma especialmente atroz, como algunas de las que fueron asesinadas en los alrededores de la parroquia de Kasika, una de las cuales tenía un largo palo clavado en los genitales. Parece ser que muchas mujeres y niñas fueron violadas antes de ser asesinadas, y otras fueron violadas mientras estaban detenidas y fueron puestas en libertad después. Los cadáveres de muchas víctimas —tanto mujeres como hombres— estaban desnudos.

Al parecer, la RCD utiliza la violación como arma de guerra desde agosto, cuando capturó Bukavu y otras ciudades de la región oriental de la República Democrática del Congo. Según informes, por ejemplo, un comandante de la RCD ordenó a sus soldados que violaran a las mujeres de la ciudad. Se denunciaron siete casos en Essence, dos en Kibonge, entre ellos el de una niña de 14 años que fue agredida por cuatro soldados, y catorce en Kadutu. Una empleada del Programa Mundial de Alimentos en Bukavu fue detenida en su residencia el 3 de agosto, en el distrito de Nyawera, porque no pudo revelar a la RCD el paradero de su esposo. Estuvo cinco días en un centro clandestino y, al parecer, los soldados del EPR la violaron hasta que un oficial de la RCD intervino en su favor.

El 1 de septiembre, se decretó un toque de queda en Bukavu y la RCD inició una operación de registro en el distrito de Kadutu para localizar a miembros del mai-maiy de las FAC. En la operación fueron detenidas al menos 57 mujeres y niñas, a las que llevaron a un lugar clandestino donde, al parecer, las violaron. Entre las víctimas se encuentran Jeannine Fazili, de 18 años, Yvette Mushengezi,de la misma edad, Gode Murebwa, de 16 años, Cibalonza, también de 16 años, Francine Kapapa, de 17 años, Yvette Kaseko, de 20 años. Chantal Muderwa, de 21, Mamy Mushengezi, de 22, Rosette Kabazimya, también de 22, y Caryne Mudosa, de 21. Jeannine Chishugi, que al parecer trató de resistirse a la violación, fue obligada a desnudarse delante de sus hermanos y de sus padres. Muchas de las víctimas fueron llevadas posteriormente por su familia a un hospital para que fueran atendidas.

Según informes, el 12 de agosto, Colette Ndazina, de nacionalidad burundesa, fue violada y asesinada por soldados de la RCD en el distrito de Biens-mal-acquis, en la ciudad de Uvira. Su cadáver apareció más tarde en la playa del lago Tanganika. En Uvira, el 20 de agosto fue detenida una tal Roda, del distrito de Kalundu, que permaneció recluida en un centro secreto durante siete días. Al parecer, los soldados de la RCD la violaron por lo menos dos veces al día y, a finales de septiembre, su estado de salud era precario.

3.5 Intimidación de testigos

En agosto, casi todas las organizaciones humanitarias internacionales y locales, incluidos los organismos de las Naciones Unidas, que trabajan fuera de Goma y Bukavu fueron obligadas a entregar sus equipos de comunicaciones a las autoridades de la RCD. Esta táctica fue utilizada por la coalición de la Alianza Democrática para la Liberación del Congo (AFDL) durante la guerra de 1996-97 para derrocar al ex presidente Mobutu, a fin de impedir que la información sobre los abusos contra los derechos humanos llegase al mundo exterior. A pesar de estas limitaciones, se calcula que los miembros de la AFDL y el EPR mataron como mínimo a doscientos mil civiles indefensos, en su mayoría refugiados hutus ruandeses.

Desde el 2 de agosto de 1998, la RCD, en las zonas bajo su control, persigue a los miembros de las organizaciones de derechos humanos debido a la labor que realizan; varios de ellos han tenido que huir del país u ocultarse. Un activista de derechos humanos, el pastor Jacques Semurongo, miembro de Herederos de la Justicia Héritiers de la Justice, organización de derechos humanos con sede en Bukavu, murió a manos de soldados de la RCD el 6 de agosto en Lemera. Al parecer, los agresores dijeron después a su esposa que el pastor había estado pasando información a organizaciones extranjeras de derechos humanos. Sus colegas Jean-Bosco Bahatiy el pastor Babunga Bujiriri,recibieron amenazas y huyeron en septiembre. Jean-Paul Bengehya, de la misma organización, fue detenido el 9 de agosto. A principios de noviembre no estaba claro si seguía recluido. Desde el 23 de agosto, su oficina ha estado bajo la vigilancia de miembros armados de la RCD. Un funcionario de inmigración conocido como Chenyangefue detenido en Bukavu, aparentemente como sospechoso de ayudar a salir del país a activistas de derechos humanos. También han recibido amenazas varios miembros del Colectivo de Organizaciones Juveniles de Kivu del Sur (Collectif des organisations des jeunes du Sud-Kivu -COJESKI).

Después de que, al parecer, algunos estudiantes desafiaron verbalmente a Ernest Wamba dia Wamba, el líder político de la RCD, durante un acto público celebrado en Bukavu, se han clausurado muchos campus universitarios y numerosos estudiantes han recibido amenazas. Entre los estudiantes buscados por la RCD figura Donix Bahige, de la Universidad Evangélica Africana, que vivía en el distrito de Muhungu. Al parecer, al no encontrarlo, los miembros de la RCD amenazaron de muerte a sus padres, por lo que éstos se han ocultado. La RCD también busca a Edouard Wasso, alumno del Instituto Superior de Desarrollo Rural (Institut supérieur de développement rural- ISDR) y residente en el distrito de Kadutu; al no encontrarlo, los miembros de la Agrupación amenazaron de muerte a su tía.

4. Agravamiento de la situación de los derechos humanos

Existen muchos factores que han contribuido al estallido del conflicto que azota actualmente la República Democrática del Congo. Estos factores, muchos de los cuales han sido abordados en anteriores informes de Amnistía Internacional(5), eran ya bastante graves cuando comenzaron los combates en agosto de 1998; ahora se les han unido otros nuevos que han empeorado aún más el conflicto y han fomentado los abusos masivos.

Van a entregarse armas a decenas de miles de personas para que defiendan su país y defiendan su soberanía —declaró el presidente Kabila en la radio nacional congolesa el 11 de agosto—. Apoyo plenamente la decisión adoptada por los jóvenes, que piden armas. Se las daremos.

El hecho de que el gobierno congolés armase a los civiles con pistolas y otras armas con la única orden de defender su patria, sin impartir formación alguna sobre los principios fundamentales del derecho humanitario internacional y sin que existiera una cadena de mando que impidiera que se cometiesen abusos contra los derechos humanos está propiciando una catástrofe para los derechos humanos y ya ha desembocado en el homicidio deliberado de civiles especialmente vulnerables.

Tanto las FAC como la RCD han reclutado a niños, algunos de tan sólo 10 años, lo que conculca el artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que dispone:

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño.

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades.

3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más edad.

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.

La RCD, las FAC y el EPR han realizado reclutamientos forzosos de personas, muchas de las cuales son niños. Según informes, la RCD ha obligado a alistarse en Goma a niños de entre 10 y 12 años, lo que viola el derecho internacional.

Al parecer, en varios campamentos de la región, las FAC han reclutado a refugiados hutus ruandeses, lo que conculca la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de la ONU, así como la Convención de la OUA que Regula los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África, y agrava las tensiones étnicas de la región.

La lista de gobiernos tanto del continente africano como de otros continentes que siguen prestando apoyo a alguna de las dos partes del conflicto no ha hecho más que aumentar desde agosto de 1998. Amnistía Internacional ve con preocupación la posibilidad de que, dado el terrible comportamiento de todas las partes del conflicto respecto de los derechos humanos, todo apoyo militar que se les preste exacerbe los abusos que contra estos derechos se cometen en la República Democrática del Congo. Entre los gobiernos que apoyan activamente a las FAC mediante el suministro de tropas, equipo militar y formación figuran los de Angola, Zimbabue, Namibia, el Chad y, al parecer, también el de Sudán.

Entre los gobiernos que respaldan activamente a la RCD con el suministro de tropas, equipo militar y logística figuran los de Ruanda, Uganda y Burundi. Este último niega categóricamente tener tropas en la República Democrática del Congo. El gobierno de Uganda, por su parte, ha reconocido que tiene desplegados en ese país a miembros de sus Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (FDPU), dirigidos por el jefe del Estado Mayor James Kazini y que controlan una serie de aeropuertos de la región oriental de la República Democrática del Congo, pero por el momento niega que estén participando en los combates. Fuentes de la región oriental de la República Democrática del Congo informaron en septiembre que había soldados de las FDPU, entre los que se contaban soldados ya desmovilizados, también conocidos como veteranos, que manejaban baterías antiaéreas.

Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que, a lo largo de los meses de agosto y septiembre de 1998, el EPR ha aumentado el reclutamiento de nuevos soldados. Se ha visto entrar a diario en la República Democrática del Congo a numerosos camiones con soldados de este Ejército. Muchos ruandeses se han incorporado como voluntarios al EPR y combaten en la República Democrática del Congo. Sin embargo, otros fueron reclutados por la fuerza. En varias regiones, incluida la capital, Kigali, se han realizado en las calles redadas masivas en las que se han llevado a varones y jóvenes a quienes han obligado a realizar instrucción militar. Al parecer, los nuevos reclutas reciben una formación muy básica, que habitualmente dura entre cuatro días y dos semanas. Según informes, muchos de ellos son enviados después a la República Democrática del Congo para combatir junto con las tropas de la RCD y del EPR.

Entre las personas reclutadas por la fuerza figuran muchos jóvenes, especialmente estudiantes, algunos de ellos de 15 ó 16 años. En muchos casos, sus familias no tienen noticias de su paradero y temen por su seguridad. Por ejemplo, según algunos ex reclutas, el 14 de septiembre, un estudiante de 17 años y un amigo suyo fueron detenidos en la calle, en Kigali, por dos soldados armados vestidos de civil que les ordenaron que los siguieran hasta un lugar situado en el distrito de Gikondo, en Kigali, donde encontraron a muchos jóvenes más que también habían sido conducidos allí para recibir instrucción militar. La mayoría tenían menos de 20 años. La instrucción duró cuatro días. Las condiciones físicas eran sumamente duras y las raciones de comida insuficientes. Según las mismas fuentes, quienes no podían soportar físicamente las condiciones o trataban de resistirse eran golpeados. A algunos reclutas les rompieron la tarjeta de identidad (documento que debe mostrarse a las autoridades siempre que lo pidan y sin el que algunas personas podrían ser sospechosas de pertenecer a grupos armados de oposición) y les prometieron que recibirían nuevas tarjetas de identidad de la República Democrática del Congo una vez que pasaran la frontera. Cuatro días después, los reclutas fueron introducidos en camiones militares por la noche y llevados hasta la República Democrática del Congo. Les habían dicho que los enviaban al campamento de Rumangabo, cerca de Rutshuru, en la región oriental de la República Democrática del Congo, para recibir instrucción adicional. El estudiante y su amigo lograron huir y ocultarse.

En algunos casos, la instrucción se imparte en el campamento de adiestramiento militar del EPR en Gabiro, en la región oriental de Ruanda. Al parecer, un gran número de personas recibieron instrucción allí en la segunda quincena de septiembre. Al parecer, entre quienes impartían instrucción en Gabiro había expertos militares que, según fuentes ruandesas, podrían ser estadounidenses. No está claro si el gobierno estadounidense conoce la presencia de estos expertos ni si éstos tienen vínculos con él. El gobierno de Estados Unidos afirmó en agosto de 1998 que había retirado a todo su personal militar de Ruanda cuando estalló la guerra en la República Democrática del Congo el 2 de agosto.

Fuentes de la región oriental de la República Democrática del Congo informaron a Amnistía Internacional de que, en septiembre, todos los días aterrizaban hasta veinte aviones sin identificar en el aeropuerto de Goma; llevaban equipo militar para la RCD, incluidos tanques y armas pesadas, así como tropas procedentes de Ruanda y Uganda, a diversos aeropuertos de la región oriental de la República Democrática del Congo. En noviembre seguían llegando vuelos similares. Al parecer, casi todos los pilotos eran blancos, aunque las fuentes no han podido determinar su procedencia ni quién les pagaba por efectuar los vuelos.

5. Conclusiones

Amnistía Internacional teme por la seguridad de miles de civiles perseguidos por su origen étnico y por su afiliación política, real o presunta. Esta persecución ha aumentado en los últimos meses, en parte alimentada por las exaltadas declaraciones contra los tutsis realizadas por algunas autoridades del gobierno de la República Democrática del Congo. En 1996, cientos de tutsis murieron a manos de las fuerzas leales al ex presidente Mobutu y, en 1996 y 1997, decenas de miles de hutus y de otros civiles murieron en la antigua Zaire a manos de los combatientes dirigidos por los tutsis. Las investigaciones del equipo de investigación del secretario general de la ONU (UNSGIT) sobre estos homicidios y otras denuncias de violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario internacional fueron obstaculizados por el gobierno de la República Democrática del Congo. El secretario general retiró al equipo en abril de 1998.

En todo Kivu del Norte y del Sur, miles de civiles que temen la persecución y las detenciones se han ocultado en los bosques, intentando huir de los combates. Las aldeas se han quedado vacías y los campos están sin atender. Se ha informado de escenas similares en Kinshasa y Kisangani, donde en las diferentes fases del conflicto grandes barriadas han quedado vacías tras el desplazamiento de cientos de miles de personas. Algunas han huido del país, aunque la mayoría están desplazadas dentro de sus fronteras.

Es imperativa una acción efectiva y urgente de todas las partes del conflicto, de todos los que respaldan a los diferentes bandos y de la comunidad internacional en su conjunto para garantizar la plena protección de la población civil.

Amnistía Internacional considera que, aunque la actual situación en la República Democrática del Congo es crítica, existe aún una oportunidad de impedir que se cometan más abusos contra civiles indefensos. Algunas potencias extranjeras y otras entidades han proporcionado armas o fondos para comprarlas a las partes implicadas en el conflicto armado. La abundancia de armas que reciben todas las partes ha contribuido a crear un clima de violencia e impunidad en el que es habitual que personas indefensas sufran malos tratos o la muerte. Sin embargo, ninguno de los países que han proporcionado armas a alguna de las partes del conflicto ha tomado medida alguna para garantizar que sus armas no se utilizan para cometer abusos contra los derechos humanos. Tampoco han reconocido el papel que han desempeñado esas armas al permitir que las fuerzas armadas de la región de los Grandes Lagos cometan dichos abusos.

Amnistía Internacional cree que todos los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar que las armas y la formación que proporcionan, ellos o personas o entidades que están bajo su jurisdicción, no se utilizan para cometer abusos contra los derechos humanos. La organización se opone, por principio, a las transferencias militares, de seguridad o policiales a gobiernos y grupos armados de oposición cuando sea razonable suponer que contribuirán a que se cometan abusos tales como homicidios deliberados y arbitrarios, torturas y otras formas de malos tratos. Estas transferencias incluyen a veces equipo, personal o formación, así como apoyo económico y logístico. En la situación actual, en la que se han documentado ampliamente abusos contra los derechos humanos, no es suficiente que los gobiernos supongan que dichas transferencias no contribuirán a que se cometan abusos. Es necesario que esos gobiernos establezcan mecanismos claros para supervisar cómo se utilizan sus transferencias. Los gobiernos deben prohibir las transferencias a cualquier parte del conflicto de la República Democrática del Congo, a menos que pueda demostrarse razonablemente que no contribuirán a que se cometan abusos contra los derechos humanos.

6. Recomendaciones

Al gobierno de la República Democrática del Congo

# Impartir a todos sus combatientes y simpatizantes instrucciones públicas que dejen claro que no se tolerarán los abusos contra los derechos humanos y que se tomarán medidas contra quienes los cometan.

# Dar instrucciones a todos los combatientes para que respeten el derecho humanitario internacional, y en concreto lo dispuesto en los Convenios de Ginebra de 1949, que prohíben específicamente atacar a personas que no toman parte activa en las hostilidades, y prohíben también la tortura, incluida la violación sexual, y la toma de rehenes.

# Anunciar e implantar medidas concretas para impedir las violaciones de derechos humanos; entre otras cosas, deben crearse organismos de derechos humanos competentes, independientes e imparciales ante los que las víctimas y testigos puedan formular denuncias de violaciones de derechos humanos, también debe garantizarse que los responsables comparecen ante la justicia.

# Permitir a los miembros de las organizaciones congolesas de derechos humanos y a otros observadores independientes de derechos humanos que investiguen las denuncias de violaciones de estos derechos e informen de ellas, y garantizar que los investigadores tienen acceso libre y seguro a todas las zonas controladas por el gobierno de la República Democrática del Congo.

# Impedir toda incitación a la violencia, la discriminación o el odio contra cualquier grupo o persona y garantizar su protección frente a las violaciones de derechos humanos, con independencia de su origen étnico y de su filiación política o de otro tipo.

# Comprometerse públicamente a aplicar las recomendaciones formuladas por el equipo de investigación del secretario general de la ONU, incluida la cooperación con una investigación de seguimiento de la ONU sobre las atrocidades cometidas en la República Democrática del Congo desde 1993, una vez que se establezca; garantizar que los responsables comparecerán ante la justicia en juicios que sean conformes con las normas internacionales relativas a juicios con las debidas garantías y que excluyan el uso de la pena de muerte.

# Excarcelar a todos los detenidos recluidos ilegalmente, impedir las detenciones arbitrarias y garantizar que las organizaciones humanitarias, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, tienen acceso a los detenidos de todos los centros de reclusión y pueden prestarles asistencia.

# Impartir instrucciones públicas claras a los comandantes de las fuerzas armadas para que no recluten a niños y excluyan de sus filas a los niños que ya hayan sido reclutados. Los civiles no deben sufrir violaciones de derechos humanos si se niegan a participar en el conflicto.

A la RCD y otros grupos armados que participan en el conflicto

# Impartir a todos sus combatientes y simpatizantes instrucciones públicas que indiquen que no se tolerarán los abusos contra los derechos humanos y que se tomarán medidas contra quienes los cometan.

# Ordenar a todos los combatientes que respeten el derecho humanitario internacional, en concreto las disposiciones de los Convenios de Ginebra de 1949, que prohíben específicamente atacar a personas que no toman parte activa en las hostilidades, y prohíban también la tortura, incluida la violación sexual, y la toma de rehenes.

# Anunciar e implantar medidas concretas para impedir los abusos contra los derechos humanos; esas medidas deben incluir la creación de organismos de derechos humanos competentes, independientes e imparciales ante los que las víctimas y testigos puedan denunciar los abusos contra estos derechos.

# Permitir que los miembros de las organizaciones congolesas de derechos humanos y otros observadores independientes de derechos humanos investiguen las denuncias de abusos contra dichos derechos en las zonas bajo su control e informen de ellas; garantizar que los investigadores tienen acceso libre y seguro a todas esas zonas.

# Impedir la detención arbitraria de personas sólo por su origen étnico o por otros motivos discriminatorios, y garantizar que las organizaciones humanitarias, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, tienen acceso a los detenidos de todos los centros de reclusión y pueden prestarles asistencia.

# Impartir instrucciones públicas claras a los comandantes de las fuerzas armadas para que no recluten a niños y excluyan de sus filas a los niños que ya hayan sido reclutados. Los civiles no deben ser sometidos a abusos contra los derechos humanos si se niegan a participar en el conflicto.

A los gobiernos de Angola, Chad, Namibia, Zimbabue, Sudán, Ruanda, Burundi y Uganda

# Impartir a todos los combatientes instrucciones públicas que indiquen que no se tolerarán las violaciones de derechos humanos y que quienes las cometan comparecerán ante la justicia.

# Ordenar a todos los combatientes que respeten el derecho humanitario internacional, en concreto el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949, que prohíbe específicamente a todas las partes de un conflicto atacar a personas que no toman parte activa en las hostilidades; también deben respetar los principios que prohíben los actos de violencia y tortura, incluida la violación sexual, contra los no combatientes, así como la toma de rehenes.

# Garantizar que sus ejércitos nacionales respetan los Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo Adicional I. Estas normas incluyen la exigencia de proteger la vida de los civiles, así como el principio de distinción entre objetivos militares y civiles. La población civil no será blanco de ataque. Están prohibidos los ataques indiscriminados, así como los ataques de represalia contra civiles.

# Los Estados no deberán proporcionar armas ligeras ni otros tipos de material militar, de seguridad o policial que las partes del conflicto o sus aliados puedan utilizar para cometer abusos contra los derechos humanos.

# Anunciar e implantar medidas concretas para impedir las violaciones de derechos humanos; esas medidas deben incluir la creación de organismos de derechos humanos competentes, independientes e imparciales ante los cuales las víctimas y los testigos puedan denunciar las violaciones de estos derechos; garantizar que los responsables de esas violaciones comparecen ante la justicia.

# Permitir a los miembros de las organizaciones congolesas de derechos humanos y a otros observadores independientes de derechos humanos que investiguen las denuncias de violaciones de dichos derechos e informen de ellas; garantizar que los investigadores tienen acceso libre y seguro a todas las zonas controladas por las fuerzas de estos gobiernos.

# Excarcelar a todos los detenidos recluidos ilegalmente, impedir las detenciones arbitrarias y garantizar que las organizaciones humanitarias, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, tienen acceso a los detenidos de todos los centros de reclusión y pueden prestarles asistencia.

# Impartir instrucciones públicas y claras a los comandantes de las fuerzas armadas para que no recluten a niños y excluyan de sus filas a los niños que ya hayan sido reclutados. Los civiles no deben ser sometidos a violaciones de derechos humanos si se niegan a participar en el conflicto.

A otros gobiernos

# Condenar públicamente todos los abusos contra los derechos humanos que se han cometido y se están cometiendo en la República Democrática del Congo, con independencia de la identidad de los autores y de las víctimas.

# Los Estados no deben proporcionar a gobiernos y grupos armados implicados en la guerra de la República Democrática del Congo armas ligeras ni otros tipos de material militar, de seguridad o policial que puedan ser utilizados por las partes del conflicto para cometer abusos contra los derechos humanos. Teniendo en cuenta los reiterados, persistentes y bien documentados abusos contra los derechos humanos cometidos contra civiles indefensos por las principales partes del conflicto de la región de los Grandes Lagos, es razonable suponer que, en la situación actual, estas transferencias contribuirán de forma directa a que se cometan nuevos abusos.

# Respaldar el trabajo de la Comisión de Investigación de la ONU sobre transferencias de armas a las antiguas fuerzas armadas ruandesas e instar al Consejo de Seguridad de la ONU a que amplíe el mandato de dicha Comisión para abarcar todas las transferencias de armas que se están empleando para cometer violaciones graves del derecho humanitario internacional y de las normas de derechos humanos en la República Democrática del Congo.

# Para garantizar que los autores de estas violaciones comparecen ante la justicia, las investigaciones deberán proseguir hasta que el Consejo de Seguridad de la ONU cree un organismo de investigación competente, independiente e imparcial. Este organismo deberá continuar la labor realizada por el equipo de investigación del secretario general de la ONU (UNSGIT). El Consejo de Seguridad deberá garantizar que el organismo de investigación tiene acceso sin trabas a la República Democrática del Congo; en el caso de que le sea denegado el acceso, el organismo deberá recabar testimonios de víctimas, testigos y otras fuentes en el exterior de la República Democrática del Congo.

# La ONU deberá pedir que se garantice la seguridad de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos en la República Democrática del Congo y deberá reforzar dicha oficina para que informe de la situación de los derechos humanos en el país.

# Proporcionar apoyo al mandato de los tres expertos de la Comisión de Derechos Humanos sobre la República Democrática del Congo, Ruanda y Burundi y reafirmar su importancia. Los expertos deben recibir apoyo político y material para realizar una visita a la República Democrática del Congo con el fin de informar sobre la situación de los derechos humanos en el país.

# Solicitar a la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos que convoque otra reunión de coordinación extraordinaria de los expertos en derechos humanos de la ONU sobre la región de los Grandes Lagos, como seguimiento de la convocada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1996; en ella se formularán recomendaciones destinadas a impedir el deterioro de la situación de los derechos humanos en la región. La reunión deberá recibir también aportaciones de organismos de la ONU y de los organismos de tratados pertinentes, así como de otros organismos intergubernamentales y no gubernamentales que tengan experiencia en el asunto, para abordar la actual crisis de derechos humanos. El informe que se realice con sus conclusiones y recomendaciones deberá debatirse en la Asamblea General de la ONU en su próximo periodo de sesiones, a fin de permitir que este órgano formule recomendaciones concretas para abordar la actual situación de los derechos humanos.

# Pedir que se refuerce en la región de los Grandes Lagos la presencia sobre el terreno de los mecanismos de derechos humanos de la ONU; entre otras cosas, debe llevarse a cabo un despliegue de observadores de derechos humanos en la República Democrática del Congo.

# La Organización de la Unidad Africana y la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral deben expresar su compromiso y determinación de garantizar que se pone fin de una vez por todas a la impunidad en la región, con el objeto de asegurar una protección duradera a los ciudadanos del África central frente a los abusos contra los derechos humanos. Estas organizaciones intergubernamentales deben recomendar medidas que deberán ser adoptadas por el gobierno de la República Democrática del Congo y la comunidad internacional para abordar la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado e impedir que se cometan nuevos abusos en la República Democrática del Congo.

****

(1) Uganda ha reconocido haber desplegado en la República Democrática del Congo a miembros de sus Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda para combatir a los grupos armados ugandeses, especialmente a la Alianza de Fuerzas Democráticas, en la región oriental de la República Democrática del Congo, y también controla varios aeropuertos de la zona. Sin embargo, sigue negando que sus tropas estén auxiliando a las de la República Democrática del Congo en los combates. Después de desmentir durante tres meses la presencia de tropas ruandesas en la República Democrática del Congo, el vicepresidente de Ruanda, Paul Kagame, reconoció el 6 de noviembre que los soldados gubernamentales ruandeses ayudaban a la República Democrática del Congo. El 10 de noviembre se informó de que Ruanda y Uganda habían creado un mando militar conjunto para coordinar sus fuerzas en la República Democrática del Congo. Burundi niega su participación en la guerra.

(2) Las dimensiones regionales de este conflicto se abordan con más detalle en el informe de Amnistía Internacional titulado Democratic Republic of Congo: A long-standing crisis spinning out of control, Índice AI: AFR 62/33/98, publicado el 3 de septiembre de 1998.

(3) Véase el informe de AI titulado Democratic Republic of Congo: A long-standing crisis spinning out of control(Índice AI: AFR 62/33/98), publicado el 3 de septiembre de 1998, íbidem.

(4) Miembros de las fuerzas armadas del ex presidente Mobutu Sese Seko que se integraron en las FAC; algunos de ellos se unieron a la RCD.

(5) Véase el informe de Amnistía Internacional DRC: A long-standing crisis spinning out of controlÍndice AI: AFR 62/33/98, de 3 de septiembre de 1998.