Servicio de Noticias 111/97

ÍNDICE AI: AFR 63/06/97/s

9 DE JULIO DE 1997

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS EN ZAMBIA

Amnistía Internacional tiene tres áreas principales de preocupación en relación con el respeto a los derechos humanos en Zambia. En cada área, los gobiernos donantes que se reúnen en París mañana han de ser conscientes de dichas preocupaciones y utilizar las conversaciones para pedir mejoras.

Hostigamiento a la oposición

Pocos días después de las elecciones presidenciales de noviembre de 1996, la policía interrogó a un dirigente político de la oposición en relación con unas declaraciones públicas, en las que advertía de la posibilidad de un golpe de Estado militar de continuar la relación política entre oposición y gobierno en un callejón sin salida. Posteriormente, efectivos paramilitares de la policía armada irrumpieron y registraron su domicilio en busca de material sedicioso. Un mes después, la policía citó también para interrogarlo a otro líder de la oposición.

Desde diciembre de 1994, las autoridades zambesas amenazan con la expulsión del país al ex presidente Kenneth Kaunda, alegando que en realidad es ciudadano de Malawi. En marzo de 1997, Kaunda sufrió otro ataque contra su nacionalidad en los tribunales, al formalizarse una denuncia al respecto. El demandante principal en el pleito es el ex ministro de Asuntos Exteriores, a quien el presidente Frederick Chiluba designó, en 1996, miembro de la Junta de Ciudadanía, organismo oficial. Se cree que las actuaciones procesales tienen por objeto expulsar a Kaunda del país por no ser nacional de Zambia, y excluirlo así de la vida pública activa.

Varios políticos de la oposición y líderes de organizaciones no gubernamentales (ONG) han denunciado asimismo que las autoridades de inmigración están investigando su ciudadanía, al parecer, debido a sus opiniones políticas. Esta politización de la nacionalidad en Zambia lleva una amenaza implícita: la expulsión del país.

Dos casos que desde hace tiempo están por resolver son los de los políticos de la oposición William Banda y John Chinula, que luchan por volver a Zambia después de haber sido presuntamente drogados y expulsados forzosamente a Malawi en 1994. Ambos permanecen en ese país, pese a que en 1995 el Tribunal Superior de Malawi dictó una resolución en la que «se establecía definitivamente» que ninguno de ellos es ciudadano de Malawi, que se los expulsó involuntariamente a dicho país y que el gobierno de Malawi no estaba dispuesto a mantenerlos por más tiempo. Amnistía Internacional considera que su expulsión constituye exilio forzoso y que está motivada por sus opiniones y actividades políticas.

Limitaciones a la libertad de prensa

Los diarios independientes The Post y The Chronicle han sido acusados de cometer delitos tipificados penalmente. En febrero, un director y periodista de The Chronicle fue acusado de «desacato al Parlamento», la misma acusación por la que se encarceló en 1996 a los directores del Post Fred M’membe y Bright Mwape. A ambos se les acusó de publicar noticias falsas y de difamación en relación con los artículos que habían publicado. Otro periodista del Chronicle fue acusado de violación de la intimidad en febrero, después de haber sido detenido en diciembre de 1996. Al parecer, todas estas acusaciones carecen de fundamento y no son más que un intento de limitar el legítimo ejercicio por los periodistas de su derecho a la libertad de expresión.

En abril de 1997, el gobierno propuso, y luego retiró, un proyecto de ley para un Consejo de Medios de Comunicación de Zambia, medida que constituía, aparentemente, una importante amenaza a la libertad de expresión. De haber sido aprobada, la ley habría creado un consejo, nombrado por el Estado, con facultades para imponer multas, suspensiones y penas de prisión a los periodistas que no respetaran sus normas, así como para exigir licencias a todos los periodistas que trabajasen en Zambia. Amnistía Internacional consideraba que este Consejo de Medios de Comunicación era un intento de instituir el control gubernamental sobre la libertad de expresión de los periodistas y se opuso al proyecto legislativo. Tras multitudinarias protestas de los trabajadores de los medios de comunicación, el proyecto se retiró provisionalmente, aunque un alto cargo ministerial ha afirmado que volverá a presentarse este mismo año.

El director de Proyectos Especiales de The Post, Masautso Phiri, cumplió dos meses de una condena de tres meses de prisión en febrero y marzo de 1997, impuesta por el Tribunal Supremo de Zambia, por un delito de desacato al tribunal. El periodista había publicado, en diciembre de 1996, un artículo en el que denunciaba que el presidente Chiluba había ofrecido un soborno al Tribunal Supremo. Amnistía Internacional adoptó a Masautso Phiri como preso de conciencia, dado que había sido encarcelado por la expresión no violenta de sus opiniones políticas.

Hostigamiento a las ONG

Pocos días después de las elecciones de noviembre de 1996, algunos grupos de observación de los comicios los criticaron públicamente por considerarlos «carentes de libertad e imparcialidad». La reacción del gobierno fue rápida. La policía irrumpió en las oficinas del Equipo de Observadores Independientes de Zambia, el Comité por una Campaña Limpia y la Red Interafricana por los Derechos Humanos y el Desarrollo (AFRONET) y se llevó expedientes, documentación contable, disquetes informáticos y folletos. Ngande Mwanajiti, presidente del Comité por una Campaña Limpia y director de AFRONET, y Alfred Zulu, presidente del Equipo de observadores independiente, sufrieron breves periodos de detención.

Una semana después, la policía acusó a Mwanajiti y a Zulu de «recibir fondos de países extranjeros», en virtud de una ley promulgada 30 días antes que prohíbe que las ONG reciban fondos de fuentes extranjeras sin la autorización por escrito del presidente. Fuentes jurídicas afirman que nunca se había aplicado la ley hasta entonces. Las acusaciones siguen pendientes de juicio y, pese a una orden judicial, el gobierno no ha devuelto los objetos que incautó la policía a dichas organizaciones.

En una conferencia de prensa celebrada en diciembre de 1996, el presidente Frederick Chiluba acusó a algunas ONG de trabajar contra el país, sólo en interés de sus fuentes de financiación extranjeras, en detrimento de Zambia. «Debemos disponer de sistemas reguladores para asegurar que Zambia no se convierte en un criadero de “mercenarios” ‒dijo Chiluba‒. Tenemos que saber quién financia a estas ONG para garantizar nuestra seguridad interna».

En enero de 1997, cuando se inauguró el Parlamento, Chiluba anunció que los observadores de las elecciones nacionales que habían cuestionado la legitimidad de su reelección eran «antipatrióticos» y que se iba a promulgar una nueva ley para que el Estado regulase la actividad de los grupos de observación de elecciones y de las ONG