1. UN FUTURO SEGURO BASADO EN DERECHOS HUMANOS PARA TODAS LAS PERSONAS

2. RECOMENDACIONES A LOS ESTADOS ANTES DE LA QUINTA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Amnistía Internacional es un movimiento global de 2,2 millones de personas de más de 150 países y territorios, que trabajan en favor de los derechos humanos.

Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfruten de todos los derechos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional es independiente de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en buena medida con aportaciones de nuestra membresía y donaciones.

Traducción al español :

Editorial Amnistía Internacional (EDAI)

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Publicado originalmente en inglés en 2009 por

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Índice AI: AMR 01/001/2009

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Imagen de portada: Adaptación de mapa ONU

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UN FUTURO SEGURO BASADO EN
DERECHOS HUMANOS PARA TODAS LAS PERSONAS

RECOMENDACIONES A LOS ESTADOS

ANTES DE LA QUINTA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

En abril de 2009, los jefes de Estado y de gobierno de todos los países de América, a excepción de Cuba, se reunirán en Trinidad y Tobago para la celebración de la Quinta Cumbre de las Américas. La Cumbre, cuyo tema central es “Asegurando el futuro de nuestros ciudadanos”, se centrará, principalmente, en tres ámbitos: la promoción de la prosperidad humana, la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental. Cada uno de estos importantes desafíos repercute en el disfrute de los derechos humanos. Si los derechos humanos no constituyen el elemento preponderante del enfoque de los Estados, no habrá mayor equidad en el crecimiento económico, el desarrollo energético seguirá afectando a las economías y estilos de vida de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas y no se conseguirá la sostenibilidad ambiental.

Amnistía Internacional exhorta a los gobiernos a garantizar que las obligaciones universales de derechos humanos, expuestas en los instrumentos de derechos humanos de la ONU y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), constituyen el núcleo de los compromisos que contraigan en la Declaración de Compromiso de la Cumbre. Pide asimismo a cada uno de los gobiernos que aproveche la ocasión que les brinda la Cumbre para anunciar las medidas que adoptarán en la práctica a fin de aumentar su respaldo al sistema interamericano de derechos humanos.

Amnistía Internacional ha seguido las negociaciones que han dado lugar al proyecto de Declaración de Compromiso de la Cumbre.¹Además de los tres ámbitos fundamentales enumerados supra, en el proyecto de Declaración se abordan una serie de cuestiones, como la seguridad pública y la gobernabilidad democrática, y se remite a principios, tratados e instituciones de derechos humanos a lo largo de sus diversas disposiciones. No obstante, a Amnistía Internacional le preocupa que no se manifieste en él un compromiso claro y firme con respecto a la importancia crucial de los derechos humanos a la hora de abordar los serios problemas objeto de debate. Se debe conceder mayor importancia en el proyecto de Declaración a las obligaciones contraídas por los gobiernos por lo que respecta a los derechos humanos y se las debe respaldar con compromisos concretos. Amnistía Internacional insta a los gobiernos a garantizar que se modifica el proyecto de Declaración al objeto de incluir las siguientes recomendaciones antes de su aprobación definitiva en la Cumbre.

UNA ÉPOCA DE CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL

La Cumbre tiene lugar en un momento de considerable inestabilidad económica tanto en América como en el resto del mundo, lo que hace que sea aún más necesario centrarse firmemente en los derechos humanos. Enfrentados a una crisis financiera que sigue agravándose, muchos gobiernos han tomado medidas con el objeto de reforzar sus economías. Algunos han introducido programas de estímulo económico de cientos de miles de millones de dólares. Se han tomado medidas al objeto de tratar de estabilizar los mercados financieros y prestar un apoyo importante al sector bancario. No obstante, existe una preocupación real cada vez mayor por que se puedan estar dejando de lado los derechos de los miembros más marginados y desvalidos de la sociedad mientras los gobiernos debaten y aprueban nuevas medidas económicas. La Cumbre ofrece a los gobiernos de América la oportunidad de garantizar que a su respuesta a la actual crisis económica mundial la guía un claro compromiso de respetar y cumplir las obligaciones contraídas por lo que respecta a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y que dedican una especial atención a proteger del impacto de la crisis a los sectores más vulnerables de la sociedad.

La premura mostrada por los países ricos a la hora de afrontar la debacle financiera contrasta enormemente con su lentitud y sus promesas incumplidas en materia de ayuda, alivio de la pobreza, derechos humanos y cambio climático. Es demasiado pronto para prever con exactitud las dificultades que sufrirán los países y segmentos de la población más pobres como resultado de la crisis financiera y del consiguiente empeoramiento de la situación económica, pero es evidente que una reducción de la demanda de exportaciones a los países desarrollados y una menor inversión extranjera comportarán un menor crecimiento y una disminución del presupuesto que los gobiernos de los países en desarrollo dedican a protección social y servicios sociales, ya de por si precarios. Para millones de los ciudadanos más pobres de América, se trata literalmente de una cuestión de vida o muerte. En muchos países, a causa de la presión ejercida por las instituciones financieras internacionales, se han desmantelado o se han restringido las redes de protección social, dejando desprotegidas a las personas vulnerables. La situación podría empeorar si los países ricos deciden recortar las ayudas y reducir los intercambios comerciales como parte de su respuesta ante la crisis financiera.

No sólo los derechos económicos y sociales –incluido el derecho a una vivienda y a atención de la salud adecuadas y a la educación– son sometidos a una presión cada vez mayor, sino que existe también el peligro de que se cometan otras violaciones de derechos humanos. A medida que las economías se contraigan, las personas migrantes y refugiadas podrían enfrentarse a un aumento de la discriminación o ser devueltas a situaciones insostenibles. Si las tensiones sociales aumentan, puede que algunos gobiernos decidan reprimir la disidencia e imponer políticas de seguridad pública represivas. La crisis actual podría debilitar aún más a Estados ya de por si débiles y sumirlos de nuevo en la inestabilidad y la violencia.

Amnistía Internacional insta a que en la Declaración de Compromiso:

• Se incluya el compromiso expreso de que los gobiernos, tanto individual como colectivamente, garantizarán que todas las medidas que se tomen en respuesta a la actual crisis económica mundial están en plena consonancia con las obligaciones internacionales e interamericanas de derechos humanos.

PROSPERIDAD Y DERECHOS HUMANOS

La pobreza es una afrenta a la dignidad humana y la peor crisis de derechos humanos del mundo. Existe en todos los países, desarrollados y en desarrollo, y es probable que empeore debido a la recesión económica y, con el paso del tiempo, al cambio climático. No se trata únicamente de una cuestión de falta de recursos, sino que se debe a las decisiones y elecciones de quienes están en el poder.

En el proyecto de Declaración se señala que en América siguen existiendo desigualdades profundas y persistentes, especialmente, por lo que se refiere a la educación, los niveles de renta, la salud y el estado de nutrición, la exposición a la violencia y al delito y el acceso a los servicios básicos. En virtud de las disposiciones que figuran en este apartado del proyecto de Declaración, los gobiernos se comprometen a impulsar medidas en una amplia variedad de cuestiones, como las condiciones laborales, el crecimiento económico, la protección de mujeres, niños y niñas contra la explotación económica, la seguridad alimentaria, el acceso a los servicios básicos de salud, la propagación del VIH/sida, el acceso a la educación, la brecha tecnológica y el respeto a la diversidad cultural.

No obstante, en el proyecto de Declaración no se abordan adecuadamente la mortalidad prevenible derivada de la maternidad ni la privación que sufren las personas que viven en asentamientos precarios –dos claros ejemplos de incumplimiento de las obligaciones de derechos humanos–.

Cada minuto muere una mujer en el mundo por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto, lo que supone una tragedia desde el punto de vista de los derechos humanos.En los países en desarrollo, las complicaciones relacionadas con el embarazo son la principal causa de muerte de niñas de edades comprendidas entre los 15 y 19 años y de mujeres.²Tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, las probabilidades de muerte o lesión evitables durante el embarazo o el parto son considerablemente mayores entre las mujeres y las niñas que viven en la pobreza, y la discriminación por motivos de género, raza, grupo étnico, pertenencia a una comunidad indígena, religión u otras condiciones aumenta el riesgo de mortalidad y morbilidad maternas evitables.

En este momento, el proyecto de Declaración señala simplemente que ha habido un progreso significativo en la reducción de la mortalidad materna en América. Aunque, según los informes disponibles, la región ha experimentado algunos avances en este sentido, tal afirmación puede inducir a error. Muchas mujeres que mueren por causas relacionadas con el embarazo viven en zonas rurales aisladas, mientras que otras muchas mueren tras abortos practicados en condiciones de riesgo. No se suele informar de estas muertes. El nivel de acceso a información y servicios adecuados de salud sexual y reproductiva y de salud materna en general es todavía alarmantemente bajo entre las mujeres pobres y las que viven en zonas rurales de la región. Existen asimismo importantes barreras sociales y culturales que restringen el acceso de las mujeres a los servicios de salud materna y que tienden a afectar de forma desproporcionada a las mujeres que viven en la pobreza, las mujeres indígenas y las mujeres que habitan en zonas rurales.³

Preocupa de igual manera que en el proyecto de Declaración no se haga mención alguna de la cuestión, cada vez más apremiante, del derecho a la vivienda y las desigualdades urbanas, que sigue siendo un problema persistente en la región tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Según el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), las ciudades del mundo con mayores desigualdades están en la región de América. En América Latina y el Caribe, el 27 por ciento de la población urbana vivía en 2005 en lo que la ONU clasifica como asentamientos precarios.⁴

Si la pobreza constituye la peor crisis de derechos humanos del mundo, los asentamientos precarios son su manifestación más evidente y el escenario de múltiples violaciones de los derechos humanos. Las personas que habitan en asentamientos precarios soportan una privación evidente de recursos y bienes, así como elevados niveles de inseguridad a causa de la constante amenaza de la violencia ejercida por la policía o las bandas criminales y del temor a sufrir un desalojo forzoso con un mínimo preaviso o sin él. A las personas que viven en asentamientos precarios no sólo se les niega claramente el derecho a una vivienda adecuada, sino que también se las priva de otros servicios básicos, como agua no contaminada, servicios de saneamiento, atención médica y educación. También se les niega de forma sistemática el acceso a la justicia a causa de la discriminación y la criminalización de la pobreza. Además, a las personas que habitan en asentamientos precarios se les impide sistemáticamente que expresen su opinión sobre los procesos y decisiones que afectan a sus vidas. Por ejemplo, no se las consulta ni se les permite participar en los procesos de toma de decisiones sobre la mejora de sus casas o vivienda alternativa cuando se proyecta llevar a cabo un desalojo forzoso.

A Amnistía Internacional le preocupa que en las disposiciones del proyecto de Declaración que tratan sobre el comercio, las inversiones y el crecimiento económico no se incorpore un enfoque basado en los derechos humanos. En el proyecto de Declaración se afirma que las políticas de libre comercio son esenciales para lograr el crecimiento económico que se necesita para mejorar el nivel de vida. Amnistía Internacional ha puesto de relieve de forma reiterada que en toda América se han emprendido políticas en materia de comercio, proyectos de inversión y operaciones empresariales que no han tenido en cuenta los derechos humanos y han causado o han contribuido a que se cometieran graves violaciones de derechos humanos. Existen algunos sectores de la sociedad que han estado expuestos especialmente a estas violaciones, como es el caso de los pueblos indígenas, las mujeres y los trabajadores y trabajadoras migrantes. Los acuerdos y las políticas en materia de comercio e inversiones deben ser compatibles con las obligaciones de derechos humanos contraídas por los Estados.

Amnistía Internacional insta a que en la Declaración de Compromiso:

• Se reconozca que las medidas destinadas a mejorar la prosperidad humana deben ser compatibles con el disfrute de todos los derechos humanos y promoverlo y se asuma el compromiso de desarrollar estrategias pertinentes con la participación activa de las personas afectadas, de forma que se garantice el acceso a la protección de los derechos humanos y la rendición de cuentas por los abusos cometidos contra los derechos humanos.

• Se asuma el compromiso de reducir la tasa de mortalidad materna, garantizando que las cuotas de usuario y otros costes no impiden el acceso a la atención primaria y otros servicios fundamentales de salud y que hay servicios obstétricos de urgencia a disposición de todas las mujeres.

• Se asuma el compromiso de prohibir, prevenir y poner fin a los desalojos forzosos; de garantizar que las personas que viven en asentamientos precarios tienen acceso igualitario a servicios públicos como atención de la salud, educación, agua, saneamiento y servicio policial, y de garantizar la participación activa de las personas que habitan en asentamientos precarios en el desarrollo y la aplicación de soluciones que aseguren una vivienda adecuada.

• Se asuma el compromiso de analizar anticipativamente las posibles repercusiones de las políticas en materia de comercio e inversiones y de actuar de forma apropiada a fin de corregir cualquier efecto negativo.

SEGURIDAD ENERGÉTICA Y DERECHOS HUMANOS

Las políticas energéticas afectan a los derechos humanos de muy distintas maneras. Dado que, a menudo, la energía es cara o su disponibilidad es inestable e impredecible, las personas que viven en la pobreza tienen con frecuencia muchas dificultades para acceder a la energía. Los proyectos energéticos repercuten a menudo de forma negativa en el medio ambiente, provocando deforestación, daños en las vías fluviales y contaminación debida a gases y sustancias químicas tóxicas, que, a su vez, pueden afectar al disfrute del derecho a la atención de la salud y a una vivienda adecuadas y al sustento. La producción de nuevas fuentes de energía, como los biocombustibles, puede repercutir negativamente en la disponibilidad de fuentes de alimento y al acceso a ellas. Los pueblos indígenas y las personas que habitan en zonas rurales pueden verse expulsados de sus tierras para dejar vía libre a la construcción de embalses, oleoductos, gaseoductos, minas o plantaciones de biocombustibles. No se pueden pasar por alto estas y otras preocupaciones en materia de derechos humanos. Antes de ser aprobados, todos los proyectos energéticos importantes que se vayan a llevar a cabo en América deben ser evaluados rigurosamente a fin de calibrar la repercusión que tendrán sobre los derechos humanos.

En toda América, las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas son especialmente vulnerables a graves violaciones de derechos humanos asociadas a proyectos energéticos, como la prospección y producción de petróleo, gaseoductos de gas natural y la construcción de obras hidroeléctricas que embalsan ríos e inundan tierras tradicionales. Estos proyectos a menudo siguen adelante pese a constituir una violación del derecho de los pueblos indígenas a la tierra y a los recursos y sin que se haga el más mínimo esfuerzo por conseguir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos afectados. En el proyecto de Declaración se reafirman los compromisos contraídos por los gobiernos en otras conferencias internacionales, especialmente, las Cumbres Mundiales sobre Desarrollo Sostenible, celebradas en 1992 y 2002, y la Declaración de Santa Cruz de la Sierra de 1996 y su Declaración de seguimiento de 2006.⁵En estas Declaraciones se incluyeron disposiciones estrictas por lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas. En la Declaración acordada en esta Cumbre, se deben incluir de forma explícita compromisos similares.

Las instituciones financieras nacionales e internacionales tienen la obligación de garantizar que su participación en proyectos energéticos no ocasiona ni contribuye a que se cometan violaciones de derechos humanos. Organismos de financiación como el Banco Interamericano y el Banco Mundial,entidades nacionales de crédito a la exportación y otros organismos financieros participan en la financiación y respaldo de los principales proyectos energéticos, por lo que deben asegurarse de que su intervención vela por el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos.

Las operaciones de empresas que invierten en proyectos energéticos pueden llevar fácilmente a la comisión de graves violaciones de derechos humanos. Pese a ello, la legislación que aborda las obligaciones de derechos humanos de las empresas es, por lo general, laxa o inexistente. Las empresas y los gobiernos han hecho oídos sordos a los llamamientos para que se lleve a cabo una reforma legislativa, abogando por enfoques que animen a las empresas a mejorar voluntariamente su actuación en materia de derechos humanos. El proyecto de Declaración respalda este punto de vista, exhortando a los gobiernos a que sigan “apoyando el desarrollo e implementación de prácticas óptimas voluntarias de responsabilidad social empresarial en el sector energético”.⁶

Los enfoques voluntarios son insuficientes. Es necesario contar con marcos jurídicos y normativos nacionales e internacionales más estrictos, que obliguen a las empresas a rendir cuentas de sus repercusiones negativas en los derechos humanos. Se debe incluir una mayor vigilancia por parte del Estado a nivel nacional, una regulación más estricta por lo que se refiere a las operaciones de las empresas en el extranjero y una mayor cooperación internacional entre Estados para garantizar la rendición de cuentas. Además, las personas y los pueblos cuyos derechos lesionan las empresas deben poder interponer recursos y conseguir resarcimiento, si procede, en el Estado de origen de la empresa.

Amnistía Internacional insta a que en la Declaración de Compromiso:

• Se incluya el compromiso de evaluar de forma independiente el impacto de los proyectos energéticos importantes sobre los derechos humanos antes de llevarlos a cabo y abordar con transparencia las preocupaciones que surjan de tales evaluaciones antes de aprobar los proyectos.

• Se reconozca la estrecha relación de los pueblos indígenas con sus tierras, consideradas como la base fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad, supervivencia económica y conservación y transmisión a las generaciones futuras, y se asuma el compromiso de garantizar que el desarrollo energético no afecta negativamente a los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo, al derecho al consentimiento libre, previo e informado.

• Se pida a los organismos de financiación, como el Banco Interamericano, la Corporación Financiera Internacional, el Banco Mundial y las entidades nacionales de crédito a la exportación, que evalúen los proyectos energéticos importantes mediante un marco de derechos humanos y aborden las deficiencias antes de autorizar la financiación.

• Se asuma el compromiso de aprobar leyes y políticas que a) eviten, mediante una regulación efectiva, que las empresas dañen los derechos humanos, b) hagan rendir cuentas a las corporaciones y entidades empresariales por sus repercusiones negativas en los derechos humanos y c) garanticen que las víctimas de violaciones de derechos humanos relacionadas con la actividad empresarial tengan acceso a la justicia.

PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL MEDIANTE UN MARCO DE DERECHOS HUMANOS

En el proyecto de Declaración, los gobiernos se comprometen a tomar medidas a fin de afrontar la cuestión del cambio climático. Éste representa un grave peligro para el disfrute de muchos derechos humanos, como el derecho a la alimentación, al agua, a una vivienda y a atención de salud adecuadas, a la cultura, al sustento y a la vida. En resumen, es esencial para la protección de los derechos humanos que los gobiernos tomen medidas concretas para prevenir el cambio climático irreversible. Las medidas que se tomen para abordar la cuestión del cambio climático deben ajustarse a las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas por los gobiernos.

Grupos marginados, como los pueblos indígenas, las comunidades rurales y las personas que viven en la pobreza, podrían ser especialmente vulnerables no sólo a las consecuencias del cambio climático en sí, sino también a los efectos de las medidas de paliación y adaptación a él. Los programas de conservación de los bosques y de biocombustibles, por poner un ejemplo, se deben evaluar de antemano para calibrar sus posibles repercusiones sobre los derechos humanos. Si se prevé que determinadas políticas en materia de cambio climático podrían llevar a que se cometieran violaciones de derechos humanos, puede que sea necesario modificarlas o desestimarlas.

En el proyecto de Declaración se pide una “revisión completa de los impactos potenciales que tendría el cambio climático en cada una de las naciones de las Américas” y la formulación de “Planes de Acción para el manejo y la adaptación a estos impactos, con especial atención a las necesidades de las personas que podrían ser desplazadas o perder sus medios de subsistencia”.⁷Toda revisión y planes de acción de esa índole deben prestar especial atención al impacto del cambio climático sobre los derechos humanos.

Amnistía Internacional insta a que en la Declaración de Compromiso:

• Se incluya un enfoque firme basado en los derechos humanos para la revisión completa de los impactos potenciales que tendría el cambio climático en cada una de las naciones de América y se exhorte a los Estados a tomar medidas concretas para afrontar estas consecuencias y prevenir el cambio climático irreversible.

TRAZAR UN CAMINO HACIA LA SEGURIDAD PÚBLICA BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS

El enfoque adoptado por muchos gobiernos de América hacia la protección de la seguridad pública ha llevado, directa o indirectamente, a que se cometan graves violaciones de derechos humanos, entre otras, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, detención arbitraria y juicios sin las debidas garantías procesales. Estas cuestiones se han puesto intensamente de manifiesto durante los últimos siete años a causa de las violaciones generalizadas de derechos humanos asociadas a la respuesta del gobierno estadounidense ante los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. No obstante, los motivos de preocupación no se limitan, de ninguna manera, al gobierno de Estados Unidos ni a las medidas que adoptan los gobiernos para luchar contra las amenazas terroristas.

Gobiernos de todo el hemisferio sostienen que las medidas que adoptan son necesarias para combatir el terrorismo, hacer frente a los grupos guerrilleros o responder a la violencia de las bandas y de la delincuencia organizada. Amnistía Internacional ha destacado, sin embargo, que los esfuerzos por reforzar la seguridad pública, independientemente de la índole de las amenazas a las que se tiene que enfrentar un gobierno, deben respetar el derecho internacional. Cometer o permitir que se cometan violaciones de derechos humanos en nombre de la seguridad contribuye a que, a la larga, aumente la inseguridad.

La Cumbre se celebrará en un momento de cambio importante por lo que respecta a estas preocupaciones. En Estados Unidos, el presidente Barack Obama ha señalado que abordará muchas de las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido como parte de la denominada “guerra contra el terror”. Se ha comprometido a clausurar el tristemente célebre centro de detención de Guantánamo y se ha opuesto a que los funcionarios estadounidenses hagan uso de la tortura. Estos cambios deben impulsar a otros gobiernos a garantizar que no se tratará de conseguir la seguridad ciudadana a costa de los derechos humanos.

En el proyecto de Declaración se señala que los esfuerzos para prevenir y combatir el terrorismo deben respetar “el derecho internacional, incluidos el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados”.⁸Asimismo, en un párrafo propuesto que trata sobre “el problema mundial de las drogas” se reconoce que estos esfuerzos deben llevarse a cabo “en el marco del respeto a los derechos humanos”.⁹No obstante, en una propuesta de párrafo sobre la delincuencia organizada transnacional no se reconocen explícitamente las obligaciones de derechos humanos. Debe reconocerse de forma sistemática que las leyes y políticas en materia de seguridad pública deben respetar plenamente las obligaciones de derechos humanos. Los gobiernos deben adoptar en el plano regional y nacional medidas concretas que fortalezcan la protección de los derechos humanos en sus leyes y prácticas en materia de seguridad pública, sobre todo, garantizando la plena rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas.

En América y en el resto del mundo, una grave amenaza a la seguridad pública y a la protección de los derechos humanos es constituye el comercio no regulado de armas pequeñas y ligeras. Conjuntamente con organizaciones de todas las partes de América y del resto del mundo, Amnistía Internacional ha pedido a los gobiernos que elaboren un tratado efectivo y aplicable a nivel mundial que regule este comercio letal, con disposiciones en las que se prohíban las transferencias de armas o municiones, equipamiento militar o asistencia técnica a lugares donde exista un riesgo importante de que se usen para cometer graves violaciones del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos o para agravar la pobreza, socavar el desarrollo sostenible o contribuir a que la violencia armada se extienda por todas partes. Se han hecho progresos importantes hacia la consecución de este objetivo. El Grupo de Trabajo de Composición Abierta de la ONU sobre el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas debe seguir trabajando en pro de un tratado efectivo y de aplicación mundial que respete plenamente el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

Amnistía Internacional insta a que en la Declaración de Compromiso:

• Se exhorte a los gobiernos a revisar todas las leyes y políticas en materia de seguridad pública para identificar las reformas que es necesario realizar a fin de garantizar que cumplen plenamente las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

• Se pida a los gobiernos que pongan a disposición judicial a las personas acusadas de cometer violaciones de derechos humanos como parte de operaciones de seguridad pública.

• Se garantice que el Grupo de Trabajo de Composición Abierta de la ONU sobre el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas hace progresos importantes hacia la negociación de un Tratado sobre el Comercio de Armas efectivo y de aplicación mundial que respete plenamente el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA REFORZADA

En el proyecto de Declaración se señala que todas “nuestras aspiraciones y metas para las Américas dependen de democracias sólidas, la buena gestión pública, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.¹⁰Sin embargo, en toda América, garantizar el respeto a los derechos humanos sigue siendo un desafío importante. Todavía queda un largo camino por recorrer por lo que respecta a la lucha para proteger a las mujeres contra la violencia y la discriminación. El racismo sigue siendo un problema manifiesto en todos los países de América. En muchos lugares de América, las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero son objeto de hostigamiento, violencia y otras formas de discriminación, que sigue estando institucionalizada en la ley o justificada en la práctica por muchos países. La intensificación de la pobreza sigue incitando a la comisión de violaciones de derechos humanos, y las instituciones y legislaciones nacionales para la protección de los derechos son, a menudo, inexistentes o inadecuadas. En demasiados países, las personas que comenten violaciones de derechos humanos no rinden cuentas de sus crímenes. Por todo el hemisferio, las personas que están en primera línea para promover la protección de los derechos humanos, los defensores y defensoras de los derechos humanos, siguen afrontando violencia, amenazas y humillaciones.

Los gobiernos deben comprometerse a tomar medidas significativas a fin de promover y garantizar el respeto por los derechos humanos en América. Ninguno de los tratados de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha sido aprobado por todos los Estados de la región, y en general son pocos los países que los han ratificado. Sólo dos tratados regionales –la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención que trata sobre la violencia contra la mujer– han sido ratificados por más de la mitad de los miembros de la OEA.

La integral Convención Americana sobre Derechos Humanos no ha sido ratificada por nueve de los Estados miembros y un décimo se ha retractado de su ratificación. Estos mismos países se cuentan entre los 13 que no reconocen la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.¹¹

Canadá y Estados Unidos no han ratificado ninguno de los siete tratados y protocolos interamericanos sobre derechos humanos fundamentales, a saber, los que tratan sobre los derechos económicos, sociales y culturales, la pena de muerte, la tortura, las desapariciones forzadas y la discapacidad, más la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es el único tratado del mundo que aborda específicamente la cuestión de la violencia contra la mujer.

En el seno de la OEA se está trabajando en la elaboración de una serie de nuevos e importantes instrumentos de derechos humanos. El proyecto de Declaración da su respaldo a los esfuerzos que se están realizando a fin de concluir la Carta Social de las Américas,¹²la Convención Interamericana contra el Racismo¹³y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.¹⁴No se hace mención, sin embargo, de la iniciativa relativa a una declaración sobre los derechos humanos de las personas detenidas y recluidas.

Asimismo, muchos Estados de América han tardado en dar su respaldo a una serie de instrumentos de derechos humanos de la ONU, especialmente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que no han ratificado aún 13 Estados de la región,¹⁵y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se aprobó con la oposición de Canadá y Estados Unidos y la abstención de Colombia.

En diciembre de 2008, la ONU aprobó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que permite a las personas interponer denuncias en el plano internacional por violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto. El Protocolo Facultativo estará pronto abierto a la firma, y en esta Cumbre se debe hacer un llamamiento vehemente a los gobiernos para que lo ratifiquen.

Los gobiernos pueden hacer muchas cosas a fin de mejorar el sistema interamericano de derechos humanos. Se debe respaldar la positiva propuesta que figura en el proyecto de Declaración de crear el Fondo de Asistencia Legal.¹⁶También se incluye en él el compromiso de fortalecer el mecanismo establecido para garantizar la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.¹⁷No obstante, no se hace referencia al grupo de trabajo establecido para analizar los informes periódicos de los Estados Partes en el Protocolo de San Salvador. Además, se debe reforzar el papel de la sociedad civil en estos dos órganos. Existe también una necesidad apremiante de que los gobiernos pongan en práctica estrategias concretas para promover la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos y garantizar su seguridad.

En el proyecto de Declaración figura el importante compromiso de integrar una perspectiva de género en las leyes y políticas regionales y nacionales.¹⁸Amnistía Internacional ha puesto de relieve los alarmantes niveles de violencia y discriminación a los que se enfrentan las mujeres en la región. En el proyecto de Declaración se deben reconocer las amenazas específicas a la vida y la seguridad de las mujeres en toda América.

Amnistía Internacional insta a que en la Declaración de Compromiso:

• Se exhorte a los gobiernos a ratificar todos los tratados interamericanos de derechos humanos y a fijarse como objetivo la ratificación universal antes de la celebración de la próxima Cumbre de las Américas.

• Se exhorte a los gobiernos a ratificar los principales tratados de la ONU de derechos humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y a aplicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

• Se reconozca que las mujeres indígenas de América afrontan elevados niveles de violencia y discriminación y se incluya el compromiso de trabajar con las organizaciones indígenas de mujeres a fin de diseñar estrategias nacionales para promover y respetar los derechos de las mujeres indígenas.

• Se exhorte a los gobiernos a revisar y revocar o reformar toda ley que pueda dar lugar a discriminación, procesamiento y sanción de personas a causa, únicamente, de su orientación sexual o su identidad de género, entre otras las leyes que tipifiquen explícitamente como delito las conductas sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, leyes discriminatorias relativas a la edad de consentimiento y las disposiciones y leyes en materia de orden público que prohíban la “promoción” de la homosexualidad.

• Se asuma el compromiso de fortalecer la participación efectiva de la sociedad civil en el mecanismo de seguimiento de la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y en el Grupo de Trabajo para analizar los informes periódicos de los Estados Partes en el Protocolo de San Salvador.

• Se exhorte a los gobiernos a ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y a promulgar leyes para su aplicación.

• Se inste a los gobiernos a reconocer la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a aprobar leyes y políticas que garanticen el pleno acatamiento de las decisiones de la Corte.

• Se asuma el compromiso de iniciar negociaciones que conduzcan a la elaboración de la Declaración Interamericana sobre los derechos, deberes y la atención de las personas sometidas a cualquier forma de detención y reclusión.

• Se exhorte a los gobiernos a aprobar planes de acción nacionales para impulsar la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos, respaldados por estrategias concretas para garantizar su protección.