Vol. 5 Nº 1 Enero - Junio de 2001

En primera línea

Red de Acción Regional sobre Defensores de los Derechos Humanos

Miembros de la organización Jamaicanos por la Justicia se manifiestan contra los abusos de la policia en Kingston, Jamaica. © Jamaican Observer

En primera línea Enero - Junio 2001

Público Amnistía Internacional, AMR 01/007/2001/s

JAMAICA: Defensores de los derechos humanos sufren hostigamiento e intimidación por revelar homicidios policiales

ÍNDICE

Jamaica 1

Consulta Latinoamericana de

Defensores de DerechosHumanos 2

La representante especial sobre los

defensores de los derechos humanos presenta su informe 3

20 años de FEDEFAM 5

Resolución de la OEA sobre los

defensores de los derechos humanos 7

Casos de llamamiento:

Nicaragua 8

Argentina 9

Noticias 10

Activistas de derechos humanos y abogados que representan a víctimas de presuntos abusos contra dichos derechos siguen siendo objeto de amenazas e intimidaciones en Jamaica. Miembros de la organización de derechos humanos Jamaicanos por la Justicia (Jamaicans for Justice) reciben todavía amenazas de muerte a causa de su labor para el esclarecimiento de violaciones de derechos humanos. La abogada Dahlia Allen abandonó Jamaica en agosto del 2000 tras denunciar intimidaciones y hostigamientos, incluidas amenazas de muerte. Dahlia Allen había representado a varias de las personas sin hogar que fueron maltratadas por la policía cuando ésta las desalojó de Montego Bay en junio de 1999, así como a varios presos maltratados durante los incidentes en la prisión de St. Catherine, en mayo del 2000.

En una reunión con Amnistía Internacional, en septiembre de 2000, el primer ministro Patterson (la única persona que puede autorizar las escuchas telefónicas en Jamaica) negó tajantemente las acusaciones de que el teléfono de la señora Allen había sido intervenido y de que ésta había sido objeto de intimidaciones. Sin embargo, los medios de comunicación informaron de que en octubre se habían llevado a cabo varias escuchas telefónicas sin el consentimiento o conocimiento del primer ministro. Otros miembros de organizaciones de derechos humanos también han informado que se vigilan sus actividades y se intervienen sus teléfonos.

En marzo de 2001, Jamaicanos por la Justicia recibió otra serie de amenazas de muerte telefónicas, aparentemente debido a su trabajo para pedir justicia en el caso de siete jóvenes a quienes la policía dio muerte el 14 de marzo de 2001, en Braeton, cerca de Kingston. Según la versión policial, los hombres dispararon sobre los agentes cuando éstos los conminaron a rendirse. También según la policía, los siete murieron cuando los agentes abrieron fuego para contestar a los disparos. Sin embargo, vecinos de la zona dicen que oyeron a los hombres suplicar a los agentes que no los mataran antes de ser llevados, uno a uno, al interior de la casa y ser ejecutados. La amenaza más inquietante contra Jamaicanos por la Justicia tuvo lugar durante una manifestación que organizó contra estos homicidios el 23 de marzo de 2001. Un miembro del personal de la oficina atendió una llamada de un hombre diciendo que iba a presentarse armado allí para matar a todo el mundo, y que después iba a matar a Carolyn Gomes, directora de la organización. Las amenazas de muerte contra la organización continuaron en mayo de 2001.

Defensores de derechos humanos procedentes de Ecuador, Paraguay, Colombia, El Salvador, Argentina, Brasil y Panamá en la reunión de Ciudad de México en junio de 2001 © AI

Las autoridades han hecho varios comentarios claramente desdeñosos sobre el trabajo de los defensores de los derechos humanos. Por ejemplo, el presidente de la Federación de la Policía sugirió que existían vínculos entre una organización nacional de derechos humanos y criminales armados. Semejantes comentarios sin corroborar están claramente dirigidos a desacreditar y acallar las revelaciones de los defensores de los derechos humanos sobre la implicación de agentes del Estado en abusos. Estos comentarios pueden conducir a más hostigamiento contra los defensores, a sofocar la libertad de expresión y el derecho a observar y criticar abiertamente las actividades de los agentes del Estado en relación con los derechos humanos.

La doctora Carolyn Gomes, directora de Jamaicanos por la Justicia, al analizar el trabajo de la organización el año pasado dijo a un periódico jamaicano: «Pienso que nuestro trabajo ha tenido un impacto enorme. Pienso que ahora parte del diálogo social tiene que ver con los derechos humanos». Dijo que la organización estaba convencida de que «cada vez más gente está cobrando conciencia del hecho de que, en parte, nuestro fracaso como nación radica en no tratar a todos nuestros ciudadanos con justicia, imparcialidad y sin favoritismos». Esta organización cree que los jamaicanos están cobrando conciencia gradualmente de los peligros de los excesos de la policía, del hecho de que no deben tolerarse y de que los sistemas en vigor no funcionan adecuadamente. La doctora Gomes afirmó que la organización «seguirá trabajando en favor de la justicia para los jamaicanos».

Consulta Latinoamericana de Defensores de Derechos Humanos

El siguiente comunicado de prensa fue publicado por los participantes en la Consulta Latinoamericana de Defensores de Derechos Humanos que se celebró en Ciudad de México del 13 al 15 de junio de 2001. Más detalles sobre las conclusiones de la reunión, incluyendo los planes de acción desarrollados y las intervenciones de Hina Jilani, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, se darán a conocer en breve a través del Programa de Defensores de los Derechos Humanosen Latinoamérica.

La lucha de los derechos humanos en las Américas sigue entrañando un grave riesgo para su vida, libertad e integridad. La seguridad de los defensores y defensoras se ha deteriorado en diversos países. Al inicio de esta Consulta Latinoamericana de Defensores de Derechos Humamos, dos días atrás, se contabilizaban en 46 el universo de activistas sindicales asesinados en Colombia desde inicios del 2001. Al término de la misma esta cifra se ha elevado a 52. En toda la región miles de defensores de derechos humanos continúan sufriendo campañas de difamación, hostigamientos, coartación de su libertad de asociación, amenazas, ataques, la pérdida de la libertad, y graves violaciones de derechos humanos por su lucha a favor de los derechos universalmente reconocidos. Esta grave situación pone en serio entredicho el compromiso de los Estados de nuestra región de proteger y promover los derechos humanos y conlleva un grave y creciente riesgo para la vigencia de nuestras frágiles democracias, ya que la democracia no podrá consolidarse sin un movimiento de derechos humanos fuerte y respetado. Urge por ello atender y resolver de manera efectiva la situación constatada y asegurar las plenas garantías para el movimiento de derechos humanos en la región. 

Por ello, aplaudimos la disposición y el compromiso de la Representante Especial del Secretario General de UN para Defensores de asistir a esta Consulta Latinoamericana de Defensores de Derechos Humanos para mejorar la protección de defensores en esta región y urgimos a los Estados a seguir su ejemplo y cumplir con sus obligaciones en la materia.

Comité organizador de la Consulta Latinoamericana de Defensores de Derechos Humanos:Comité de Defensa de Defensores, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todos», México; Comité Ad-Hoc para Defensores, Colombia; Amnistía Internacional; y Oficina de los Defensores de los Derechos Humanos, del Servicio Internacional para los Derechos Humanos, Suiza.

Hina Jilani, representante especial del secretario general de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. ©AI

Ciudad de México, 15 de junio de 2001

La representanteespecial delsecretario general de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos presenta su informe

Hina Jilani, nombrada el año pasado representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, presentó su primer informe a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 57 periodo de sesiones en abril de 2001 (Documento de la ONU E/CN.4/2001/94). A continuación transcribimos algunos de los comentarios finales de su informe.

En los últimos años se han hecho avances importantes en la creación o el fortalecimiento de marcos jurídicos y normativos para la protección de los defensores de los derechos humanos en muchas partes del mundo. Sin embargo, la falta de normas de ese tipo, o su aplicación ineficiente en la práctica, siguen siendo un problema frecuente. La Representante Especial desea muy especialmente establecer sólidas relaciones de trabajo con los mecanismos creados a nivel nacional y subregional para promover y proteger los derechos humanos. Asimismo, procurará estudiar la legislación y la jurisprudencia de los Estados miembros para definir progresivamente un conjunto de ''buenas experiencias o prácticas'', que compartirá con sus interlocutores gubernamentales y no gubernamentales. Por último, buscará establecer formas innovadoras de cooperación para promover los derechos de los defensores de los derechos humanos, inclusive en la esfera de la difusión de información y la toma de conciencia.

La Representante Especial está hondamente preocupada por las muchas denuncias que ha recibido de violaciones graves que afectan a los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. En particular, le inquieta que persistan una serie de tendencias, medidas y prácticas represivas que amenazan la libertad de acción de los defensores de los derechos humanos. Ninguna región está exenta de esas tendencias. Mientras que las instancias de apoyo a los defensores de los derechos humanos tardan en aparecer, los sectores de los que emanan las amenazas aumentan con rapidez. El hecho de que los Estados no ofrezcan garantías efectivas contra la violación de los derechos fundamentales confiere una dimensión más crítica a las cuestiones de la seguridad humana. Las disparidades en cuanto a la habilitación económica, social y política ponen de relieve la necesidad de grupos e individuos que procuren facilitar el ejercicio de los derechos por parte de otros. Lamentablemente, es una realidad que en muchas partes del mundo el papel de los defensores de los derechos humanos no está reconocido ni aceptado por los gobiernos. Aún se recurre al aparato estatal, a leyes opresivas y a otros instrumentos de represión para impedir que los defensores prosigan su valiosa labor de promoción de los derechos humanos. [...]

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria notificó los casos de 15 defensores de los derechos humanos en ocho países [...]. El Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados expresó su preocupación por la información recibida de 34 casos de violación de los derechos de defensores de los derechos humanos en 16 países [..]. El Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión manifestó su inquietud por 18 casos de este tipo en ocho países [...]. Los informes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias contenían información sobre los casos de 13 defensores en siete países [...]. La Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias informó de la violencia y las amenazas de violencia de que fueran objeto 21 defensores de derechos humanos en 11 países [...]. El Relator Especial sobre la tortura notificó los casos de 61 defensores en 21 países [...].

Estos eran los casos que esos procedimientos especiales habían podido examinar en el marco de sus mandatos. Hay otros, no incluidos en esos mandatos, en los que sistemáticamente se aplican prácticas opresivas, con graves consecuencias para las perspectivas de promoción y protección de los derechos humanos en muchas partes del mundo.

El éxito de la labor de la Representante Especial se medirá en función del grado de seguridad que este mecanismo inspire a quienes trabajan en favor de la promoción y protección de los derechos humanos. La Representante Especial considera que, para alcanzar el objetivo del mandato, deberá prestar atención especial a los asuntos siguientes:

0 a) Las actividades de los grupos armados, ya sea patrocinados por el Estado o independientes, y las de los grupos de seguridad militares, paramilitares o de otra naturaleza se han convertido en una importante amenaza para el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Tales grupos ponen en grave peligro la seguridad de los defensores de los derechos humanos, y directa o indirectamente socavan o comprometen su trabajo. Este conocido factor deberá considerarse específicamente en el marco de este mandato particular. La experiencia adquirida por otros procedimientos especiales, por órganos convencionales o por la presencia de la ACNUDH sobre el terreno (véase E/CN.4/2000/11) será de gran ayuda para identificar los principales asuntos que se han de abordar, los objetivos a los que la Representante Especial puede aspirar razonablemente y las estrategias específicas que deberán adoptarse para su consecución.

b) Como se mencionó anteriormente, los derechos a la libertad de asociación, reunión y circulación no están incluidos como tales en ningún mandato temático particular. Debe realizarse cuanto antes un examen completo de la aplicación de la Declaración en esta esfera, deteniéndose, según corresponda, en la investigación de casos individuales.

c) Una de las principales características de la Declaración es que considera a los defensores en su condición de grupo y también como individuos con derechos y libertades específicos. Es importante estudiar las medidas represivas de que son víctimas los defensores colectivamente, y también los riesgos que afronta cada uno de ellos en su labor de promoción y protección de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.

d) La Representante Especial tiene el propósito de prestar particular atención a la elaboración de estrategias apropiadas para aplicar las disposiciones de la Declaración relativas a la protección de los activistas de los derechos humanos que tratan de conseguir una transformación democrática y que, por medios pacíficos, reaccionan contra los actos que dan lugar a violaciones de los derechos humanos, o se oponen a ellos. Véase el artículo 18 de la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos:

1. Toda persona tiene deberes respecto de la comunidad y dentro de ella, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

2. A los individuos, los grupos, las instituciones y las organizaciones no gubernamentales les corresponde una importante función y una responsabilidad en la protección de la democracia, la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la contribución al fomento y progreso de las sociedades, instituciones y procesos democráticos.

3. Análogamente, les corresponde el importante papel y responsabilidad de contribuir, como sea pertinente, a la promoción del derecho de toda persona a un orden social e internacional en el que los derechos y libertades enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos puedan tener una aplicación plena.

e) Las medidas contra los defensores de los derechos humanos pueden asumir muchas formas diferentes, entre ellas la promulgación de leyes que castiguen con sanciones penales ciertos aspectos de la actividad relativa a los derechos humanos, o el ejercicio de las libertades de asociación, reunión, información y circulación. Pueden imponerse marcos normativos para limitar la libertad de asociación de los defensores o restringir el alcance de las actividades de las organizaciones no gubernamentales. Esta amenaza estructural a las actividades de los defensores de los derechos humanos deberá ser objeto de atención específica por parte de la Representante Especial, quien, en consecuencia, coordinará y recopilará toda la legislación y los marcos normativos que existan a ese respecto con el fin de sacar conclusiones y formular recomendaciones apropiadas para subsanar sus consecuencias negativas en el disfrute de los derechos establecidos en la Declaración.

f) La situación de los defensores de los derechos humanos procesados o sujetos a investigación judicial en virtud de esas leyes y condenados en juicios no imparciales será objeto de gran atención por parte de la Representante Especial. Particular importancia revestirá la determinación de las medidas o disposiciones que debería adoptar la Representante Especial en cooperación con los Estados Miembros para estudiar la materia, sacar conclusiones concretas y recomendar medidas correctivas a las autoridades interesadas, con inclusión de formas de indemnización.

g) Los defensores de los derechos de determinados grupos corren riesgos más graves, porque su trabajo compromete las estructuras sociales, las prácticas tradicionales y las interpretaciones de los preceptos religiosos que pueden haber servido durante mucho tiempo para condonar y justificar la violación de los derechos humanos de los miembros de esos grupos. De especial importancia son los grupos que defienden los derechos humanos de la mujer, y los que se ocupan de cuestiones relacionadas con la sexualidad, especialmente los derechos relativos a la orientación sexual y la reproducción. Con frecuencia, esos grupos están muy expuestos a prejuicios, a la marginación y al repudio público, no sólo por las fuerzas del Estado sino también por otros agentes sociales. La Representante Especial emprenderá o promoverá estudios de todos esos fenómenos con vistas a elaborar un compendio de posibles medidas para reforzar la protección de los defensores de esos derechos.

h) Como quedó claro en el contexto de la adopción de la Declaración y el establecimiento de este mandato, puede ocurrir que se tomen represalias y medidas represivas contra las personas y grupos que notifican presuntas violaciones de los derechos humanos a órganos internacionales, incluidos los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. La Representante Especial tiene la intención de estudiar esos asuntos más a fondo, ya que la existencia de violaciones de ese tipo es perjudicial para las actividades de los procedimientos que constituyen el núcleo de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Familiares de detenidos-desaparecidos hacen campaña por la justicia en Argentina © AI

i) Por último, la Representante Especial se ocupará del persistente problema de los estados de excepción y de la impunidad a que dan lugar, en la medida en que afecte a las actividades de los defensores de los derechos humanos. Algunos países pueden tener desde hace tiempo una legislación adecuada en materia de derechos humanos, sin haber llegado nunca a aplicarla debidamente a causa del mantenimiento casi ininterrumpido del estado de excepción. Habrá que estudiar con atención en qué medida esa legislación puede ser de interés para el examen de los derechos de los defensores de los derechos humanos. [...]

20 aniversario de la FEDEFAM: las «desapariciones» y el proyecto para una convención

Durante su 57 periodo de sesiones, en abril de 2001, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó por consenso una resolución para establecer, en su próximo periodo de sesiones, un Grupo de Trabajo encargado de estudiar el proyecto de Convención Internacional sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El proyecto introduce avances sustanciales en la protección internacional de las víctimas de «desapariciones». El establecimiento del Grupo de Trabajo significa un logro muy importante para los grupos de derechos humanos que, durante muchos años, han pugnado por una convención de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas. Uno de los grupos a la vanguardia de esta campaña ha sido la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), que este año celebra su vigésimo aniversario. A continuación publicamos un resumen de una intervención que hizo la presidenta de FEDEFAM, Marta Ocampo de Vásquez, en vísperas de aprobarse la resolución que establece el Grupo de Trabajo.

Como representante de las Madres de Plaza de Mayo tuve el privilegio de asistir, en enero de 1981 en Costa Rica, a una reunión que congregó, por primera vez, a representantes de asociaciones de familiares de detenidos-desaparecidos de Latinoamérica y el Caribe. El lema del congreso fue «No hay dolor inútil». Este dolor nos unió y nos dio fuerzas para empezar la lucha para reunirnos con nuestros hijos y familiares. En Argentina, mi país, empezamos esta lucha hace 24 años. La FEDEFAM se creó hace ahora 20 años.

En nuestro segundo congreso empezamos a hablar sobre « crímenes de lesa humanidad» y sobre «la necesidad de una convención». Una vez creada la FEDEFAM, regresamos a nuestros países con una perspectiva nueva en nuestra lucha para defender los derechos humanos. Nos expandimos por Latinoamérica porque cada año surgían nuevos países donde el terrorismo de Estado introducía la práctica de las «desapariciones».

Hoy día, la FEDEFAM se compone de 17 asociaciones que representan a 11 países. Podemos declarar abiertamente que la prioridad de la federación es Colombia, donde nuestros amigos tienen que soportar, a diario, «desapariciones», tortura, asesinatos, matanzas y desplazamientos internos de la población civil.

En otros países, como Guatemala, México y Honduras, continúan la persecución y las amenazas contra familiares de detenidos-desaparecidos y defensores de los derechos humanos. En algunos países, como Guatemala y El Salvador, se han firmado acuerdos de paz. Los familiares de «desaparecidos» condenan públicamente la falta de aplicación de los acuerdos, señalan deficiencias en algunos de éstos y alertan a aquellos de nosotros en otros países que, en el futuro, podríamos encontrarnos en una situación similar.

La represión estatal, fundamentada en la doctrina de la seguridad nacional y llevada a la práctica en Latinoamérica tanto por dictaduras como por gobiernos democráticos, se ha cobrado 100.000 víctimas. Los homicidas, los represores y ejecutores de este plan han operado, y todavía lo hacen, casi con impunidad completa.

La impunidad sigue afianzada en nuestros países y la consecuencia es que, hoy día, se violan todavía pricipios fundamentales, como el derecho a la vida. El respeto por la dignidad de la persona, por la verdad y la justicia son los principios éticos sobre los que reposa la sociedad. La impunidad ataca esos pilares hasta que los destruye. En la medida que aumenta la impunidad, aumenta la fragilidad del sistema democrático e, inversamente, con la justicia y el esclarecimiento de responsabilidades viene una mayor garantía de integración democrática.

El primer proyecto de FEDEFAM para una convención surgió en nuestro segundo congreso, en noviembre de 1981 en Caracas. El proyecto, que reflejaba las aspiraciones de los familiares, fue aprobado en el tercer congreso, en Lima, en 1982, y se presentó a las Naciones Unidas en febrero de 1983.

La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada en diciembre de 1992, fue un logro, pero ha sido insuficiente porque no es un instrumento vinculante. Como consecuencia, los Estados no cumplen con su obligación de adoptar medidas esenciales para terminar con las «desapariciones» y para que la paz, la verdad, la justicia, la solidaridad, la libertad y la igualdad para todos puedan convertirse en realidad.

Éste es el deseo de todos los familiares y ONG reunidos aquí, y esperamos que en su 57 periodo de sesiones la Comisión de Derechos Humanos cree un grupo de trabajo que se ocupe del proyecto de Convención aprobado por la subcomisión en agosto de 1998.

Debemos reconocer varios cambios importantes en esta larga lucha por la defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional y nacional. Los juicios que se han celebrado en España, Italia, Francia, Alemania y ahora en Suecia y la detención de Pinochet en Inglaterra, con su posterior regreso a su país, son acontecimientos que señalan una toma de conciencia en la lucha en favor de los derechos humanos en el ámbito internacional. En varios países, las sentencias que condenan a prisión a los represores o los juicios que se han iniciado para descubrir la verdad han abierto un nuevo panorama de luz y esperanza para todos los familiares del continente, donde no hay ahora un solo país en el que la práctica de la «desaparición» no se emplee contra los indefensos.

Marta O. de Vásquez, Presidenta de FEDEFAM

Las organizaciones afiliadas a la FEDEFAM son: Argentina: Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos y Desparecidos por Razones Políticas, y Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora); Bolivia: Asociación Nacional de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD); Brasil: Grupo «Tortura Nunca Mais» (GTNM); Colombia: Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES); Chile: Agrupación Nacional de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD); El Salvador: Comité de Madres «Mons. Romero», Comité de Familiares de Desaparecidos (COFADEH); México: Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos (AFADEM); Perú: Asociación Nacional de Familiares de Desaparecidos de Perú (ANFASEP) y Comité de Familiares Residentes en Lima (COFADER); y Uruguay: Madres y Familiares de Desparecidos de Uruguay.

La Organización de los Estados Americanos aprueba la tercera resolución sobre los defensores de los derechos humanos

Durante la Asamblea General de la OEA, celebrada en Costa Rica en junio de 2001, se aprobó una resolución, «Defensores de Derechos Humanos en las Américas» [AG/RES. 1818 (XXXI-O/01)], que fortalece más el apoyo y reconocimiento por parte de los organismos de derechos humanos de la región al trabajo de las personas, grupos y ONG que promueven los derechos humanos. Esta resolución subsigue a otras dos del mismo nombre aprobadas por las dos Asambleas Generales previas. En lo que significa un importante paso adelante, la Asamblea General solicita, en la última resolución, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considere la preparación de un estudio exhaustivo de la situación de los defensores de los derechos humanos en Latinoamérica.

AG/RES. 1818 (XXXI-O/01)

5 junio 2001

Original: español

RESOLUCIÓN

"DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS"

APOYO A LAS TAREAS QUE DESARROLLAN LAS PERSONAS, GRUPOS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS

(Aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2001; sujeta a revisión por la Comisión de Estilo.)

LA ASAMBLEA GENERAL,

VISTO la resolución AG/RES. 1711 (XXX-O/00) sobre "Defensores de los Derechos Humanos en las Américas", que encomienda al Consejo Permanente que, en el marco del diálogo sobre el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos para su fortalecimiento y perfeccionamiento, promueva el análisis del tema, y que presente un informe sobre su cumplimiento;

CONSIDERANDO:

Que en el marco del diálogo sobre el funcionamiento del sistema, y en cumplimiento con el mandato contenido en el punto resolutivo 3 de la resolución AG/RES. 1711, en fecha 28 de febrero de 2001 se llevó a cabo una sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente donde se consideró el tema y se verificó un constructivo diálogo con la participación de representantes de diferentes organizaciones no gubernamentales de derechos humanos regionales y nacionales de los Estados Miembros;

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sus últimos informes anuales ha señalado su grave preocupación sobre la situación de los defensores en la región y recomendó a los Estados Miembros a que, conforme con el compromiso colectivo expresado en las resoluciones AG/RES. 1671 (XXIX-O/99)" y AG/RES. 1711 (XXX-O/00), adopten las medidas necesarias para proteger la vida, la integridad personal y la libertad de expresión de quienes han asumido la tarea de trabajar por el respeto de los derechos fundamentales;

TENIENDO PRESENTE la práctica de la CIDH en ésta materia y las medidas adoptadas por la misma para la protección de los derechos fundamentales de los defensores;

RECORDANDO:

Que en la Segunda Cumbre de las Américas, celebrada en Santiago, Chile, los Jefes de Estado y de Gobierno expresaron que "el respeto y promoción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos los individuos constituye una preocupación primordial para nuestros gobiernos" y que en la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en Quebec, Canadá, ratificaron que "buscarán promover e instrumentar la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos";

Que la Asamblea General de la Organización se ha pronunciado en el mismo sentido sobre esta materia reiterando a los Estados Miembros para que otorguen las garantías y facilidades necesarias a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a fin de que puedan continuar contribuyendo a la promoción y defensa de los derechos humanos y respeten la libertad e integridad de los miembros de tales organizaciones;

RECONOCIENDO la importante tarea que desarrollan, en el plano nacional y regional, los defensores de los derechos humanos en las Américas, y su valiosa contribución para la protección y promoción de los derechos y libertades fundamentales;

PREOCUPADA de que en las Américas persistan actos que, directa o indirectamente, impiden o dificultan las tareas de las personas, grupos u organizaciones que trabajan en la protección y promoción de los derechos fundamentales; y

CONSCIENTE de la necesidad de promover la observancia de los propósitos, principios y normas fundamentales enunciados en los instrumentos del sistema interamericano e internacional sobre esta materia,

RESUELVE:

1. Reiterar su respaldo a la tarea que desarrollan, en el plano nacional y regional, los defensores de los derechos humanos y reconocer su valiosa contribución en la protección, promoción y respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales en el Hemisferio.

2. Condenar los actos que directa o indirectamente impiden o dificulten las tareas que desarrollan los defensores de los derechos humanos en las Américas.

3. Exhortar a los Estados Miembros a que intensifiquen los esfuerzos para la adopción de las medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad personal y la libertad de expresión de los mismos, de acuerdo con su legislación nacional y de conformidad con los principios y normas reconocidos internacionalmente.

4. Invitar a los Estados Miembros a que promuevan la difusión y aplicación de los instrumentos del sistema interamericano y las decisiones de sus órganos en ésta materia, así como de la Declaración de las Naciones Unidas sobre "el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas".

5. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que continúe prestando la debida atención a la situación de los defensores de los derechos humanos en las Américas y que considere la elaboración de un estudio integral sobre la materia que, entre otros aspectos, caracterice sus labores para su análisis en las instancias políticas pertinentes.

6. Instruir al Consejo Permanente que de seguimiento a la presente resolución y presente a la Asamblea General un informe sobre su cumplimiento en ocasión de su trigésimo segundo período ordinario de sesiones.

¡INTERVENID EN APOYO DE LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS!

NICARAGUA: Campaña del gobierno para difamar a defensores de los derechos humanos

El gobierno de Nicaragua ha intensificado la campaña de difamación contra Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), y se teme que ella, sus compañeros y familiares puedan sufrir ataques directos. Desde el mes de enero hasta marzo de este año, ha recibido también repetidas amenazas de muerte telefónicas.

Desde 1999, el gobierno de Nicaragua sostiene que Vilma Núñez de Escorcia y el CENIDH tienen vínculos con el Frente Unido Andrés Castro(FUAC), grupo armado ilegal. La prensa nicaragüense informa de estas acusaciones como si fuesen un hecho comprobado. El CENIDH desafió repetidamente al gobierno a que entregara al Fiscal General cualquier indicio que tuviera para así poder responder a las acusaciones ante un tribunal. Cuando el gobierno finalmente lo hizo, el Fiscal General desestimó oficialmente las afirmaciones del gobierno por infundadas el 8 de mayo de 2001. A pesar de ello, el gobierno no ha retirado sus afirmaciones, y continúa su campaña de difamación contra el CENIDH.

Vilma Núñez ha sido también amenazada y hostigada mediante llamadas telefónicas anónimas, cartas y reiterados rumores sobre conspiraciones para asesinarla. Los periódicos y radios pro gubernamentales han dicho que su muerte podía ser la solución para los disturbios en el norte de Nicaragua.

En diciembre de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a las autoridades de Nicaragua que proporcionaran protección a Vilma Núñez y al CENIDH. Ahora tienen protección policial, pero la investigación de la policia sobre la campaña de amenazas de muerte, según informes, ha sido inadecuada.

El trabajo del CENIDH durante años, a veces en condiciones difíciles, ha sido muy importante para la protección y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua. El Centro ha mediado en la liberación de rehenes en poder del FUAC, pero ha investigado también ejecuciones extrajudiciales de líderes de ese grupo armado. Se hizo cargo también del caso de la enfermera Dorothy Virginia Granada, ciudadana estadounidense a quien las autoridades acusaron de estar vinculada al FUAC y llevar a cabo abortos, que son ilegales en Nicaragua. El Ministerio del Interior intentó deportarla pero el CENIDH lo impidió mediante una apelación ante los tribunales.

ACCIÓN RECOMENDADA:

Envíen cartas o fax en español o en el propio idioma del remitente:

- expresando grave preocupacion por la sostenida campaña del gobierno para desacreditar a Vilma Núñez de Escorcia y el CENIDH y por la campaña de amenazas de muerte anónimas de que éstos han sido blanc;

- pidiendo que se les informe de los avances en la investigación sobre las amenazas de muerte contra Vilma Núñez de Escorcia y el CENIDH;

- recordando al gobierno que el derecho a defender los derechos humanos ha sido reconocido internacionalmente y establecido en los principios de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, del 9 de diciembre de 1998;

- invitando a las autoridades a que hagan declaraciones públicas claras e inequívocas reconociendo la importante contribución del trabajo de los defensores de los derechos humanos a la promoción del respeto por dichos derechos y al mantenimiento del Estado de derecho.

LLAMAMIENTOS A:

Presidente de Nicaragua:

S.E. Arnoldo Alemán

Presidente de la República de Nicaragua

Casa de la Presidencia

Avenida Bolívar y Dupla Sur.

Managua, Nicaragua

Fax: + 505 2 287 911

Tratamiento: Señor Presidente

Ministro de Gobernación:

Ingeniero José Bosco Marenco Cardenal

Ministerio de Gobernación

Del Redentor 1c y ½ abajo

Apartado 68

Managua, Nicaragua

Fax: + 505 2 227 778

Tratamiento: Señor Ministro

ARGENTINA: Ataque contra la hija de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo

María Alejandra Bonafini, hija de Hebe de Bonafini, presidenta de la asociación Madres de Plaza de Mayo, fue atacada y torturada en la casa que comparte con su madre en La Plata, provincia de Buenos Aires. El 25 de mayo, dos hombres que se identificaron como técnicos de averías telefónicas entraron por la fuerza en su casa. Le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico, la golpearon con un objeto que un médico que la examinó indicó que podía ser una cadena recubierta con una manguera, y le quemaron los brazos y la espalda con cigarrillos.

María Alejandra Bonafini ha recibido con anterioridad amenazas de muerte debido al trabajo de su madre como destacada activista de derechos humanos. Según informes, algunos meses antes de este ataque Hebe de Bonafini había recibido también una amenaza de muerte telefónica en la que se le había dicho que la iban a golpear «donde más duele».

Se cree que las amenazas contra María Alejandra Bonafini están relacionadas con la franca condena que su madre ha expresado de la situación de los derechos humanos en Argentina. La Asociación Madres de Plaza de Mayo es una organización de mujeres activistas de derechos humanos fundada para hacer campaña en favor de la justicia en nombre de sus hijos y otros familiares que «desaparecieron» durante los años de gobierno militar (1976-1983).

ACCIÓN RECOMENDADA:

Enviar cartas o fax en español o en el propio idioma del remitente:

-expresando preocupación por el ataque y tortura que sufrió María Alejandra Bonafini el 25 de mayo;

-pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata, completa e imparcial sobre el atentado, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables sean llevados ante la justicia.

LLAMAMIENTOS A:

Ministro de Justicia y Derechos Humanos:

Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Dr. Jorge de la Rúa

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Sarmiento 329, 5º piso

1041 Buenos Aires, Argentina

Fax: + 54 11 4328 5395

Tratamiento: Señor Ministro

Ministro del Interior:

Sr. Ministro del Interior

Don Ramón Bautista Mestre

Ministerio del Interior

Balcarce 50

1064 Buenos Aires, Argentina

Fax: + 54 11 4342 6081

Tratamiento: Señor Ministro

NOTICIAS

Los defensores de los derechos humanos del África Occidental lanzan una campaña para su protección

Los participantes en la inauguración de la acción sobre los defensores de los derechos humanos del África Occidental en Dakar, Senegal,abril de 2001 © AI

Lo que sigue es una versión resumida de la resolución aprobada en Dakar, Senegal, tras el lanzamiento, en abril de 2001, de un informe y campaña para promover y proteger el trabajo de los defensores de los derechos humanos en el África Occidental. A los actos asistieron defensores de los derechos humanos procedentes de Benín, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Costa de Marfil, Liberia, Malí, Mauritania, Senegal, Sierra Leona y Togo, así como la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la situaión de los defensores de los derechos humanos. Los eventos fueron organizados por la Coalición Senegalesa de Defensores de los Derechos Humanos en cooperación con la Sección Senegalesa de Amnistía Internacional.

Nosotros, representantes de coaliciones nacionales de organizaciones de derechos humanos pertenecientes a 13 países del África Occidental, pedimos urgentemente a todos los gobiernos del África Occidental:

-que reconozcan plenamente la legitimidad del trabajo en defensa de los derechos humanos mediante la puesta en práctica de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos;

-que acaben con todas las formas de persecución de los defensores de los derechos humanos;

-que adopten medidas adecuadas para asegurar que todos los agentes del Estado respetan el trabajo de los defensores de los derechos humanos y se abstienen de entorpecer su labor o de instigar hostilidad hacia estas personas, incluidas las mujeres defensoras de los derechos humanos;

-que investiguen exhaustivamente los casos de violaciones de los derechos de los defensores y lleven ante la justicia a los responsables;

-que mantengan un diálogo permanente con las ONG sobre la puesta en práctica de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales y regionales de los derechos humanos;

-que hagan declaraciones públicas en favor del trabajo de los defensores de los derechos humanos y que garanticen su seguridad;

-que concedan asilo a los defensores de los derechos humanos que huyen de la persecución en otros países;

-que eduquen y sensibilicen a la opinión pública sobre el importante papel de los defensores de los derechos humanos en la sociedad democrática, y que a este fin establezcan un Día Nacional de los Defensores de los Derechos Humanos;

-que ratifiquen todos los tratados internacionales y regionales de derechos humanos y que ajusten las leyes nacionales y su aplicación tanto a áquellos y como a la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos.

Dakar, abril de 2001.

Para solicitar más información y copias del informe de Amnistía Internacional titulado West Africa: 'Be careful, you talk too much' - Human Rights defenders under attack(África Occidental: «Ten cuidado, hablas demasiado». Los defensores de los derechos humanos atacados) (Índice AI: AFR 05/001/2001, de abril de 2001, disponible en inglés y francés), pueden dirigirse a Musa Gassama, Coordinador de los Defensores de los Derechos Humanos del África Occidental, Sección Senegalesa de Amnistía Internacional, BP 21910 Dakar, Senegal, Correo-E:

<mgassama@amnesty.org>

Las Brigadas Internacionales de Paz reciben el Premio Martin Ennals 2001 para Defensores de los Derechos Humanos

En abril de 2001 se otorgó a las Brigadas Internacionales de Paz el Premio Martin Ennals para Defensores de los Derechos Humanos por su trabajo para proporcionar protección sin armas a los defensores de los derechos humanos amenazados en Colombia.

En medio de una escalada de la violencia en Colombia, caracterizada por un flagrante desprecio por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, los defensores de los derechos humanos han sido objeto de una campaña sistemática de intimidación, hostigamiento y ataques que ha costado la vida a muchos de ellos. El Proyecto Colombia de las Brigadas Internacionales de Paz, creado en 1994, tiene un equipo de voluntarios internacionales que acompañan a los defensores de unas 20 organizaciones de derechos humanos colombianas y comunidades de desplazados internos en Bogotá, Medellín, Barrancabermeja y Turbo. Al acompañar a los defensores de los derechos humanos en sus oficinas y durante su trabajo, los voluntarios internacionales de las Brigadas proporcionan protección, porque quienes piensan llevar a cabo ataques contra los defensores de los derechos humanos saben que sus crímenes tendrán testigos y se informará de ellos a la comunidad internacional. «No se han cristalizado las sentencias de muerte a todos y cada uno de nosotros, sólo porque no estamos solos, contamos con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz», declaró un defensor colombiano de los derechos humanos.

El Premio Martin Ennals para Defensores de los Derechos Humanos se otorga anualmente a una persona o a una organización que haya demostrado un valor excepcional en la lucha contra las violaciones de derechos humanos. La Fundación Martin Ennals es un caso singular de colaboración entre nueve de las más destacadas organizaciones internacionales de derechos humanos: Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas, Human Rights Watch, International Alert, Diakonia Human Rights Desk, Defence for Children International, la Organización Mundial Contra la Tortura, la Federación Internacional de Asociaciones de Derechos Humanos y HURIDOCS (Asociación Internacional de los Sistemas de Documentación e Información sobre Derechos Humanos).

Los interesados en trabajar como voluntarios con las Brigadas Internacionales de Paz en Colombia, o quienes deseen más información sobre la organización, pueden dirigirse a: PBI Colombia Project, Archway Resource Centre, 1a Waterlow Rd, London N19 5NJ UK. Correo-E:

<pbicolombia@gn.apc.org>.

Publicaciones sobre los defensores de los derechos humanos

América Central yMéxico: Defensores de los derechos humanos en primera línea

Amnistía Internacional, diciembre de 1996 (Índice AI: AMR 02/01/96/s).

Disponible en español y en inglés.

Defensores de los derechos humanos en Latinoamérica: Más protección, menos persecución

Amnistía Internacional, junio de 1999 (Índice AI: AMR 01/02/99/s).

Disponible en español, inglés y francés.

Colombia: Protección de los defensores de los derechos humanos. Un paso adelante y tres atrás

Amnistía Internacional, mayo del 2000 (Índice AI: AMR 23/22/00/s).

Disponible en español, inglés y francés.

Colombia: se necesitan urgentemente medidas enérgicas para proteger a los defensores de los derechos humanos

Amnistía Internacional, febrero de 2001 (Índice AI: AMR 23/023/2001/s).

Disponible en español y en inglés.

El derecho a defender los derechos humanos(folleto)

Amnistía Internacional (Índice AI: AMR 01/04/00/s).

Disponible en español, inglés, francés y portugués.

tap0

Si desea recibir copia de estos informes, diríjase a: Programa de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, Reino Unido.

Correo-E: tmackenz@amnesty.org>

Esta publicación ha sido producida por el Programa para Promover la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, creado por Amnistía Internacional en mayo de 1997 para dar seguimiento a la conferencia de defensores de los derechos humanos celebrada en Bogotá, Colombia, en mayo de 1996. Distribuyan este boletín lo más ampliamente posible. Si desean más información y unirse a la Red de Defensores del Programa, escriban a:

Programa de Defensores de los Derechos Humanos, Programa Regional para América

Secretariado Internacional, Amnistía Internacional

1 Easton Street, London WC1X 0DW, Reino Unido

(tel: +44 20 7413 5952 / 5537; correo-E: amnestyis@amnesty.org)

Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), Madrid, España