El 9 de septiembre de 2002, Día de los Derechos Humanos en Colombia, unos 35 defensores de los derechos humanos de este país, así como representantes de organizaciones internacionales, de la comunidad diplomática y del gobierno de Colombia, se reunieron en el Congreso colombiano para presenciar un acto que celebraba la legitimidad y la importancia de la labor de los defensores de los derechos humanos frente a los peligros, muy reales, que los acechan.

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ÍNDICE:

Colombia: Los defensores de los derechos humanos piden al gobierno que inicie un diálogo positivo

Brasil: Defensores de los derechos humanos amenazados en Espírito Santo

Segunda Consulta Latinoamericana y del Caribe de Defensores de Derechos Humanos

Argentina: Se presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de los defensores de los derechos humanos

Noticias – México, Colombia

Intervengan – Colombia, Guatemala

Durante el acto, al que asistió el vicepresidente de Colombia, se entregaron 16 colchas de solidaridad a defensores de los derechos humanos de diversos grupos, entre los que había miembros de la comunidad colombiana de raza negra, sindicalistas y miembros de comunidades indígenas.

Además, 19 organizaciones colombianas de derechos humanos entregaron al nuevo presidente del país, Álvaro Uribe Vélez, una carta abierta en la que exponían su preocupación por la protección de los defensores de los derechos humanos y la prevención de los ataques de que son víctimas. Las organizaciones invitaron al nuevo presidente a iniciar un diálogo positivo y permanente con los defensores de los derechos humanos para abordar plenamente estos motivos de preocupación.

El diálogo entre los defensores de los derechos humanos y el gobierno anterior de Colombia (bajo la presidencia de Andrés Pastrana) fue muy limitado. Sólo tras el secuestro, en enero de 1999, a manos de paramilitares respaldados por el ejército (y la posterior liberación) de cuatro miembros de una organización de derechos humanos en Medellín, el presidente Pastrana accedió finalmente a mantener una reunión. En ella, los grupos de derechos humanos pidieron al gobierno que hiciera suyas las propuestas relativas a la protección de los defensores de los derechos humanos que habían planteado en 1997 al gobierno anterior, durante el mandato del presidente Ernesto Samper Pizano. Aunque algunas de estas propuestas se habían puesto parcialmente en práctica –especialmente las relativas a la introducción de medidas prácticas de protección–, la mayor parte de las que abordaban motivos de preocupación de más amplio alcance aún no se habían adoptado. A continuación incluimos extractos de la carta abierta.

[…] Señor Presidente:

Las organizaciones de derechos humanos hemos ejercido durante varios años, en forma pública y transparente, la labor de información y análisis crítico respecto de los hechos y las medidas adoptadas por los gobiernos que a la luz del derecho internacional violan o amenazan vulnerar los derechos humanos. Labor realizada en el país y en diversos escenarios internacionales, abierta al libre examen de la opinión pública, de los gobiernos y de órganos especializados y sometida a las reglas y procedimientos que establecen la normatividad nacional y el derecho internacional, que procuran garantizar el equilibrio en la controversia sobre casos o situaciones generales.

En tal sentido, manifestamos nuestra disposición al debate público y privado con su Gobierno que permita la evaluación de la veracidad de las informaciones transmitidas sobre las acciones y omisiones que comprometan la responsabilidad de agentes estatales, y la controversia basada en argumentos jurídicos y políticos sobre la conveniencia y la constitucionalidad de las políticas de seguridad adoptadas por su gobierno y acerca de las medidas que en materia de derechos humanos debieran adoptarse para superar la crisis humanitaria que afronta el país.

No obstante, señor Presidente, es imperativo decir que nuestra disposición a la controversia franca y abierta requiere una inequívoca voluntad de su gobierno de asegurar que ella pueda transcurrir en un ambiente de plenitud de garantías para el ejercicio de la labor de promoción y defensa de los derechos humanos. En este punto, existe gran preocupación en las organizaciones de derechos humanos frente a informaciones de prensa, apoyadas en fuentes gubernamentales, no desmentidas por su Gobierno, según las cuales uno de los componentes de la estrategia antiterrorista del gobierno consistiría en «contrarrestar la labor de las ONG en el exterior», y estaría a cargo de la Vicepresidencia de la República y de la Embajada de Colombia en Canadá (El Tiempo, Agosto 18, pág. 4).

A este respecto, la embajadora de su Gobierno en Canadá, Fanny Kertzman, expresó: «Vamos a adelantarnos y a tomar la ofensiva en la información sobre derechos humanos … Vamos a frenar la arbitrariedad e injusticia de muchas ONG».

Lo preocupante de estas declaraciones no es en modo alguno que su Gobierno pretenda ejercer su derecho de ofrecer ante la Comunidad Internacional las informaciones, explicaciones y argumentos que considere útiles para justificar las medidas que considera legítimo adoptar para enfrentar la difícil situación de orden público e inseguridad ciudadana. Sino que considere «contrarrestar la labor de las ONG en el exterior» como parte de la estrategia antiterrorista, lo que aumentaría los equívocos hasta ahora existentes sobre el sentido de la labor de las ONG.

No es, pues, señor Presidente, la controversia legítima de ideas, argumentos e informaciones lo que preocupa a nuestras organizaciones. La controversia franca y abierta de una activa diplomacia gubernamental, es bienvenida. A ella estamos dispuestos, y de nuestra parte será ejercida con toda responsabilidad en función de la superación de la crisis de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Sí preocupa que, partiendo de equívocos o prejuicios macartistas sobre la naturaleza de nuestra labor, el Gobierno califique las opiniones críticas acerca de los efectos negativos que las medidas de orden público puedan tener sobre la vigencia de los derechos humanos, como parte de un velado propósito de apoyo a los grupos guerrilleros, o de debilitamiento de la capacidad del Estado para enfrentar la situación derivada del conflicto armado.

En el pasado se han utilizado las declaraciones descalificadoras y las falsas imputaciones de un supuesto apoyo o concierto de intereses entre las organizaciones sociales y de derechos humanos y las guerrillas, como procedimiento para debilitar la credibilidad y la legitimidad de nuestras organizaciones. El efecto perverso: algunos agentes estatales y los grupos paramilitares han convertido en blanco de ataques armados a los activistas y dirigentes sociales y de derechos humanos, generándose un clima de acusaciones y hostilidades, amenazas y ataques que han cobrado valiosas vidas, han forzado el exilio de personas y obligado el cierre parcial o definitivo de las actividades de numerosas organizaciones. Sin duda, también activistas y líderes sociales, han sido víctimas, por la misma razón pero de signo contrario, de amenazas y ataques por parte de grupos guerrilleros que no admiten la afirmación de autonomía de las organizaciones sociales. […]

Hemos tomado nota, señor Presidente, de la declaración que usted hiciera el 6 de mayo pasado, durante el debate organizado por Amnistía Internacional y la Comisión Colombiana de Juristas con varios de los candidatos a la presidencia de la República:

«Quiero esta noche concentrarme en estos minutos en el tema de la seguridad democrática y voy a referir a ustedes el mismo discurso que he venido refiriendo en todos los escenarios de Colombia. ¿Por qué democrática? Porque la seguridad tiene que ser para todos, para proteger el defensor de los derechos humanos, al sindicalista, al maestro, al periodista, al empresario para que no lo secuestren, al campesino para que no lo desplacen. Democrática para establecer una diferencia con aquellas corrientes que recorrieron América Latina, por ejemplo, la teoría de la seguridad nacional, que era un concepto de seguridad discriminante, que era un concepto de seguridad para perseguir al disidente. La seguridad democrática que yo propongo es para fortalecer el pluralismo».

Registramos con atención también la referencia que Usted hiciera en su discurso de posesión ante el Congreso de la República el pasado 7 de agosto, al condenar de igual manera la violencia que se utiliza para atacar al Estado y la violencia utilizada para defenderlo.

María Barrios, de Diálogo Mujer y Movimiento Actoras por la Paz, recibe una colcha de solidaridad de manos de Alex Neve, director de la Sección Canadiense de AI, durante el acto de celebración del Día de los Derechos Humanos en Bogotá, Colombia. ©AI

Quisiéramos pensar que la invitación que usted hiciera a Naciones Unidas y a las ONG a su participación permanente en el país y a sostener un «diálogo fraterno, creativo y que todos los días nos escuchemos recíprocamente¹», forma parte efectiva de su agenda de gobierno y se extiende también a las organizaciones nacionales. Quisiéramos creer que su Gobierno puede comprometerse a ofrecer a quienes convoca a la controversia la certeza de que la fuerza del Estado no será usada para acallar la disidencia, y que les serán brindadas las garantías necesarias para expresar sus contradicciones y críticas.

Señor Presidente:

El país y usted conocen las dramáticas estadísticas de amenazas y ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Son conocidos también los desarrollos y las limitaciones de la política de anteriores administraciones para enfrentar esta problemática, y la activa intervención de nuestras organizaciones para tratar de construir voluntad política de las autoridades para adoptar las decisiones que corresponden para prevenir y proteger las labores de promoción y defensa de los derechos humanos comprendidos de manera integral, incluida la legítima acción de protesta social.

Diversos órganos intergubernamentales del sistema universal y del sistema regional de derechos humanos han estado atentos a los desarrollos de la política estatal en relación con las garantías para la labor de los defensores de derechos humanos y de los líderes sociales, han hecho públicas sus preocupaciones ante la grave situación que éstos afrontan, y han formulado recomendaciones precisas para superarla.

Tales recomendaciones hacen referencia, principalmente a los siguientes asuntos: a) Reconocer al más alto nivel gubernamental la legitimidad de las organizaciones sociales y de derechos humanos, ordenar a los funcionarios civiles y militares abstenerse de hacer declaraciones que debiliten esa legitimidad y cumplir y hacer cumplir dicha orden; b) revisar los fundamentos y procedimientos de las actividades de recolección de inteligencia dirigidas a los defensores de los derechos humanos, y establecer un procedimiento para otorgar a las personas acceso a la información de inteligencia recogida sobre ellas y un mecanismo para el examen independiente de tales actividades por las autoridades civiles; c) emprender la investigación penal seria, imparcial y efectiva de los incidentes de violencia contra los trabajadores de los derechos humanos y sancionar a quienes los perpetran, como medio fundamental para prevenir la reiteración de incidentes violentos; d) adoptar todas las medidas necesarias para detectar, corregir y sancionar todo vínculo de apoyo activo o tolerancia pasiva que persistan en las Fuerzas Militares, de Policía y otros organismos de seguridad estatal con los grupos paramilitares, incluida la separación del servicio de los agentes comprometidos; e) fortalecer el Programa de Protección del Ministerio del Interior, tomando en cuenta las recomendaciones hechas por la evaluación externa e independiente recientemente realizada; f) establecer un mecanismo de alto nivel que posibilite la discusión y el seguimiento de medidas gubernamentales que pongan fin a los factores causales de la situación de amenazas y ataques contra los defensores y creen un clima favorable al libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos.

Dada la urgencia de las preocupaciones contenidas en esta comunicación y tomando en cuenta sus manifestaciones de disposición al diálogo fluido sobre los derechos humanos y a ofrecer garantías para la seguridad de los defensores y líderes sociales, le proponemos, señor Presidente, la convocatoria urgente de una reunión, presidida por Usted, con la participación de las organizaciones de derechos humanos que suscribimos la presente carta, con el propósito de discutir las políticas de su gobierno en materia de derechos humanos, con particular referencia a la protección de los defensores y líderes sociales, y la creación de un mecanismo de alto nivel que dé seguimiento a los debates y a las medidas que de ella puedan derivarse.

Dada la naturaleza de los temas a discutir y las diversas competencias de los organismos estatales en esas materias, proponemos que se convoque a las siguientes autoridades: el Vicepresidente de la República, la Ministra de Defensa, el Ministro del Interior, la Ministra de Relaciones Exteriores, el Alto Comisionado para la Paz, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo.

Si desean más información en torno a la campaña de Amnistía Internacional sobre Colombia, visiten http://web.amnesty.org/web/content.nsf/pages/gbr_colombia.

En septiembre del 2002, unos delegados de Amnistía Internacional se reunieron con defensores de los derechos humanos amenazados en el estado de Espírito Santo, Brasil, durante una visita para evaluar los mecanismos puestos en marcha por las autoridades federales para hacer frente a los homicidios en masa, la delincuencia organizada y la impunidad en el estado.

A lo largo de muchos años, en Espírito Santo han tenido lugar abusos sistemáticos contra los derechos humanos, en medio de la fuerte corrupción que impregna a los poderes ejecutivo y legislativo del estado. Muchos de los homicidios, la violencia y la corrupción han estado relacionados con la organización policial Scuderie Detetive le Cocq (SDLC) y con poderosos grupos económicos y políticos del estado. El hecho de que las autoridades no hayan desarmado y disuelto a la Scuderie ni hayan procesado con éxito por violaciones de derechos humanos a agentes de las fuerzas de seguridad vinculados a ella sugiere que esta organización actúa con el respaldo oficial de las más altas instancias.

En Brasil, la policía y las autoridades judiciales de los estados son responsables de investigar y castigar a los funcionarios estatales responsables de violaciones de derechos humanos. El hecho de que en Espírito Santo no lo hagan contribuye al clima de impunidad institucionalizada que impera en el estado. Esto fue lo que dio lugar al paso sin precedentes que dio el Ministerio de Justicia federal al recomendar que el gobierno federal interviniera y asumiera la responsabilidad de gobernar el estado.

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Agesandro da Costa Pereira, presidente de la rama de Espírito Santo del Colegio de Abogados Brasileños. ©AI

Los defensores de los derechos humanos de Espírito Santo, en especial los que pertenecen al Colegio de Abogados y al Consejo Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos, llevan años haciendo campaña contra los homicidios, la corrupción y la impunidad en Espírito Santo. Varios han sido asesinados, y muchos han sido amenazados.

El 15 de abril del 2002, la lucha contra la impunidad en Espírito Santo se cobró otra víctima. Aunque, según los informes, había estado relacionado con la SDLC, el abogado local Marcelo Denadai proporcionó a las investigaciones policiales y federales abundante información sobre las actividades delictivas de este grupo. Lo mataron a tiros cerca de Vitória, capital del estado, justo antes de que pudiera revelar nuevas pruebas sobre la corrupción política en Espírito Santo.

Tras el homicidio de Marcelo Denadai, se convocó al Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos, perteneciente al Ministerio de Justicia, en Vitória, capital de Espírito Santo. El Consejo subrayó los fallos fundamentales de las autoridades estatales a la hora de investigar los abusos sistemáticos contra los derechos humanos y los elevados niveles de corrupción, y recomendó la intervención federal. Sin embargo, tras una reunión con el presidente de la República, el procurador general federal, Geraldo Brindeiro, decidió que ya no iba a respaldar el proceso judicial necesario para garantizar dicha intervención. Esta decisión provocó la dimisión del ministro de Justicia, del jefe de la Policía Federal y de numerosas autoridades federales más.

La decisión del presidente y del procurador general federal de anular la recomendación del Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos, perteneciente al Ministerio de Justicia, fue interpretada por algunos como un mensaje de apoyo a los responsables de la letanía de abusos y homicidios impunes en el estado. Muy pronto, la campaña de terror e intimidación contra quienes luchaban contra la impunidad en el estado se intensificó. El 25 de julio del 2002, una bomba hizo explosión en las oficinas de Vitória del Colegio de Abogados Brasileños (Ordem dos Advogados do Brasil, OAB). En el momento de la explosión, que por fortuna no causó heridos ni muertos, había en el edificio más de 130 abogados y funcionarios.

En lugar de una intervención federal directa, el presidente y el nuevo ministro de Justicia nombraron una delegación especial encargada de investigar la delincuencia organizada en Espírito Santo. Esta delegación, compuesta por fiscales y policías federales, tiene como mandato investigar la delincuencia organizada y proteger a quienes corren peligro.

Sin embargo, la comunidad de derechos humanos planteó dos motivos principales de preocupación: lo breve del periodo de mandato de la delegación especial –sólo 90 días– y el papel que el poder judicial del estado sigue desempeñando en el procesamiento de los casos derivados de la investigación. Los grupos han instado al gobierno federal a que garantice que se mantiene la presencia de la delegación especial y se ofrece protección a quienes corren peligro hasta que se lleve ante la justicia a quienes se ocultan tras la red de delincuencia organizada y las violaciones de derechos humanos en el estado. También se ha hecho un llamamiento para que se asegure que se dan las condiciones necesarias para garantizar la independencia del poder judicial.

Durante el proceso de intervención federal en el estado de Espírito Santo, muchos testigos, entre ellos activistas de derechos humanos, fiscales y otras personas que colaboran en las investigaciones, se han visto expuestos a amenazas de represalias. Hay dos factores que pueden intensificar esta amenaza: los progresos de las investigaciones contra autoridades estatales y la retirada de la delegación especial o de la atención internacional sobre la situación de Espírito Santo. El largo historial de acoso y ataques contra activistas de derechos humanos en el estado de Espírito Santo sugiere que el gobierno brasileño debe tomar medidas adicionales, aparte de la protección policial, para garantizar la protección de estos testigos en un momento tan crucial. En este contexto, Amnistía Internacional respalda la idea de establecer un mecanismo dentro del Ministerio de Justicia que se encargue de elaborar políticas para la aplicación de los principios contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos. Este mecanismo debe abordar con carácter de urgencia la situación de los defensores de los derechos humanos en Espírito Santo.

Aunque el Ministerio de Justicia parece estar comprometido a continuar con la delegación especial para Espírito Santo, no es posible predecir el grado de compromiso que el futuro gobierno federal o estatal puede adquirir respecto a esta cuestión. Teniendo en cuenta estos factores, existe preocupación por la posibilidad de que la atención política no se centre en Espírito Santo. Así, el nuevo gobierno federal puede limitar u obstaculizar el mandato de intervención federal en el estado, o puede no dedicar suficiente voluntad política o recursos humanos o económicos para garantizar la continuación efectiva de los actuales esfuerzos de la delegación especial. No obstante, hay que decir que las elecciones tanto estatales como federales parecen indicar que la marea política puede estar cambiando, con una importante modificación de la balanza de poder en el estado que ofrece esperanza para el futuro.

Mientras tanto, los habitantes de Espírito Santo continúan atrapados entre la violencia de las bandas criminales, que a menudo actúan con el conocimiento o la complicidad de los agentes estatales, y la actuación de las instituciones del estado, que eluden constantemente su deber de protegerlos.

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Participantes de la Segunda Consulta Latinoamericana y del Caribe de Defensores de Derechos Humanos. ©AI

Más de cuarenta defensores y defensoras de 18 países del continente americano, en representación de centenas de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, acompañados de defensores de Estados Unidos, Canadá, Europa y África, nos hemos reunido en la ciudad de Guatemala para realizar la II Consulta Latinoamericana de Defensores de Derechos Humanos con el objetivo de conocer y analizar los nuevos desafíos y peligros que enfrentan los defensores de derechos humanos en el continente, y para revisar una agenda conjunta con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su nueva Unidad Especial para Defensores de Derechos Humanos y con el recientemente creado mandato del Representante para América Latina y el Caribe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Tal como lo reconoce el propio Secretario General de las Naciones Unidas, debido a su compromiso por los derechos humanos «los defensores suelen ser las primeras víctimas de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por funcionarios públicos o entidades privadas».

Esta realidad es dramática en la región y se ha deteriorado gravemente en el último año : de acuerdo a la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Defensores de Derechos Humanos nuestra región registra el 90% de los asesinatos de defensores de derechos humanos registrados en todo el mundo durante el último año. [...]

En Guatemala las amenazas, ataques y homicidios de defensores, muchas veces disfrazados o encubiertos como actos de «delincuencia común», se han intensificado de manera sistemática en el último año, bajo un manto de total impunidad. Por ello la Consulta decidió realizar su segundo encuentro en este país en solidaridad con el Movimiento de Derechos Humanos guatemalteco.

En Colombia, la situación es dramática: entre enero y junio de este año fueron asesinados 95 líderes sindicales, cifra que duplica el número de activistas asesinados en el mismo período del año anterior. Los grupos paramilitares y el Estado han sido responsables de la mayoría de los ataques pero también se observa con grave preocupación un incremento en los ataques contra defensores perpetrados por grupos armados de oposición. La regionalización del conflicto colombiano en el marco del originalmente denominado «Plan Colombia», promovido por dicho país y aprobado por el Congreso de los EE.UU., se manifiesta, por ejemplo, en el alarmante aumento de hostigamientos y ataques contra defensores en Ecuador. En Brasil la situación se ha continuado agravando, incluyendo entre sus casos más críticos el progresivo control del aparato estatal e instituciones por el crimen organizado en el Estado de Espíritu Santo, con el resultado de múltiples asesinatos de activistas sociales. En Argentina y Paraguay, en un clima de creciente criminalización de la protesta social, decenas de activistas fueron asesinados durante la instalación del estado de sitio. En Venezuela, adonde se constatan crecientes dificultades para la defensa de los derechos humanos, la movilización popular logró impedir el éxito del primer golpe de estado registrado en la región desde 1990, siendo duramente reprimida. En México la represión contra los defensores de derechos humanos continúa a pesar de la retórica oficial en contrario. En Haití la seguridad de defensores corre riesgo creciente y en Jamaica se han renovado los ataques contra activistas que denuncian abusos de las fuerzas policiales. Constatamos también un preocupante signo de coartación de los derechos de los defensores en Cuba en la prohibición de salida de dicho país de un defensor de derechos humanos invitado a este encuentro, quien pudo participar de la anterior Consulta.

Constatamos asimismo con grave preocupación que en toda la región existe una marcada tendencia a la militarización como respuesta a las situaciones de crisis social y política: en particular nos preocupa el impacto continental de políticas y medidas «anti-terroristas» tras los repudiables atentados del 11 de septiembre del 2001: efectivamente, a partir de entonces han comenzado a resurgir en la región doctrinas y prácticas impulsadas por los EE.UU. que identifican a quienes reclaman por sus derechos con «el enemigo interno» calificándolos y estigmatizándoles de «desestabilizadores, sediciosos, delincuentes o defensores de delincuentes».

Esta grave situación pone en serio entredicho el compromiso de los estados de nuestra región de proteger y promover los derechos humanos y conlleva un grave y creciente riesgo para la vigencia de nuestras frágiles democracias, ya que la democracia no podrá consolidarse sin un movimiento de derechos humanos fuerte y respetado, para lo cual los defensoras y defensores de derechos humanos son actores fundamentales.

Urge por ello atender y resolver de manera urgente y efectiva las situaciones constatadas y asegurar las plenas garantías para el movimiento de derechos humanos y la seguridad de los defensores y sus labores en Guatemala y todos los países de la región.

Las oficinas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala (Conadehgua), fueron asaltadas el 21 de julio de 2002, justo unos días antes de que se celebrara la Segunda Consulta de Defensores de Derechos Humanos en la ciudad de Guatemala. Los asaltantes robaron equipo informático, teléfonos y aparatos de fax, así como archivos que contenían importante información sobre la labor de derechos humanos de esa organización. ©AI

Aplaudimos la labor desarrollada durante el ultimo año por la Sra Hina Jilani, representante del Secretario General de ONU para defensores, como así también la disposición y el compromiso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas de asistir a esta Consulta para mejorar la protección de defensores en esta región y urgimos a los Estados americanos a seguir su ejemplo y cumplir con sus obligaciones en la materia.

Por último la II Consulta desea aprovechar la visita a Guatemala de su Santidad Juan Pablo II para recordar el martirio, ataques y amenazas sufridas en este y otros países de la región por obispos, sacerdotes y laicos de la Iglesia por su compromiso por la paz y los derechos humanos y la necesidad de justicia y protección efectiva para todos los defensores de derechos humanos.

Comité Conductor de la Segunda Consulta Latinoamericana y del Caribe de Defensores de Derechos Humanos: Movimiento Nacional de Derechos Humanos, Guatemala; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todos», México; Comité Ad-Hoc para Defensores, Colombia; Amnistía Internacional, y la Oficina de Defensores de los Derechos Humanos, del Servicio Internacional para los Derechos Humanos, Suiza.

Guatemala, 25 de julio de 2002

Una vez más se planteó, como cuestión clave, la protección de los defensores de los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que celebró su periodo de sesiones en Washington del 14 al 19 de octubre del 2002. Se prestó especial atención al deterioro de la situación de los defensores de los derechos humanos en Argentina. A continuación se incluyen extractos de un informe presentado a la Comisión Interamericana por organizaciones de derechos humanos argentinas, en el que se dan ejemplos de algunas de las agresiones e intimidaciones sufridas por defensores argentinos en los últimos meses.

Como es de público conocimiento, en los últimos tiempos se han intensificado los reclamos sociales en nuestro país a través de piquetes, marchas, asambleas barriales, etc., como así también la represión institucional por parte del Estado, dejando trágicos saldos de detenciones ilegítimas, personas heridas y muertas. En este contexto de conflictividad social, la escalada de ataques a los defensores y defensoras, lo mismo que a los dirigentes y organizaciones sociales, no cesa y resulta sumamente preocupante pues ellos juegan un papel preponderante en la defensa y protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos que realizan las protestas sociales. [...]

1. LOS ATENTADOS A ESTELA BARNES DE CARLOTTO.

En la madrugada del viernes 20 de septiembre, varios desconocidos dispararon contra la casa de Estela Carlotto, en la Ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, provocando daños en la fachada y en el interior de la vivienda. La Sra. Carlotto es la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, institución dedicada a localizar y restituir a sus legítimas familias a todos los niños secuestrados-desaparecidos por la última dictadura militar.

Los numerosos disparos que se efectuaron contra la vivienda de la Sra. Carlotto evidencian claramente que la intención de los atacantes no era producir un daño material sino alcanzar con alguno de los disparos a las personas que se encontraban en esos momentos en el domicilio. Por su parte, los investigadores de la causa revelaron que las balas utilizadas para balear la casa de la Sra. Carlotto eran del mismo tipo que las utilizadas por las fuerzas de seguridad y, según ha declarado la víctima -que tiene conocimiento sobre los detalles del asesinato de su hija- del mismo tipo de aquellas que fueron utilizadas para matar a su hija durante la dictadura.

Este ataque ocurrió un día después de que la Comisión Provincial por la Memoria -que preside la Sra. Carlotto- presentase a la Suprema Corte de Buenos Aires, un documento en el que se analiza la labor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en los últimos años. Dicho documento concluye afirmando que las fuerzas de seguridad bonaerenses continúan utilizando los terribles métodos que se emplearon en Argentina durante el Terrorismo de Estado.

En este sentido, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Cafiero, aseguró que el ataque a Estela Carlotto «no fue un intento de robo, fue un atentado bastante serio en el que no se descarta que haya ocurrido por el documento presentado días pasados ante la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires». [...]

2. LAS AMENAZAS A CLAUDIO PANDOLFI, ABOGADO DE LA CORREPI.

El Sr. Claudio Pandolfi se desempeña como abogado de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), institución dedicada a la defensa y protección de los derechos y libertades fundamentales de las víctimas de la actuación ilegítima de los agentes estatales.

La CORREPI ha sido objeto de múltiples amenazas e intimidaciones por su labor en la defensa y protección de las víctimas de violaciones a sus derechos humanos por parte de agentes policiales. En este sentido, por su actuación para identificar a los responsables de la represión del día 26 de junio del presente año, el Sr. Pandolfi y su familia fueron amenazados de muerte mediante un mensaje en el contestador telefónico en el que se expresaba «ya sabemos en qué cuevita te escondés, te vamos a matar como un perro», y se reivindicaba la labor del comisario Franchiotti en la represión policial, que dejó como saldo dos muertos, numerosos heridos y centenares de detenidos. Además, también fue amenazado el fotógrafo independiente que tomo las fotografías de la represión en la estación Avellaneda, y permitió identificar a los agentes policiales responsables de la muerte de los manifestantes.

3. LAS AMENAZAS A ADRIANA CALVO Y CARLOS LORDKIPANIDSE.

Adriana Calvo y Carlos Lordkipanidse son miembros de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Esta Asociación está formada por sobrevivientes de diferentes campos de concentración que funcionaron en nuestro país durante la última dictadura militar, y tiene como objetivos principales la búsqueda de justicia por las violaciones masivas a los derechos humanos, y la construcción de la memoria, para que el horror que representó el Terrorismo de Estado no sea olvidado por la sociedad.

Adriana Calvo y Carlos Lordkipanidse fueron objeto de amenazas e intimidaciones anónimas, luego de prestar testimonio contra un grupo de represores y torturadores que enfrentan causas en la justicia. Ambos testimoniaron en la causa que se sigue por la tortura y desaparición de 22 integrantes del movimiento de los Montoneros en el año 1980. En esta causa están detenidos alrededor de 40 ex represores, militares y policías, entre ellos, el ex dictador Leopoldo Fortunato Galtieri.

Durante los días 12 y 22 de julio de este año, Adriana Calvo y Carlos Lordkipanidse denunciaron en el diario Página/12 a represores del Terrorismo de Estado, e involucraron a agentes de las fuerzas policiales que aún se encuentran en actividad. Como consecuencia de ello, recibieron nuevas amenazas de muerte y amedrentamientos anónimos. [...]

6. LAS AMENAZAS E INTIMIDACIONES A LAS ASAMBLEAS BARRIALES.

Algunas de las personas que participan en distintas asambleas barriales han sido, también, objeto de intimidaciones y amedrentamientos en razón de la actividad que desarrollan en este ámbito.

A modo de ejemplo, podemos citar el caso de los integrantes de la asamblea barrial conformada por vecinos de Villa Santa Rita y Villa Mitre, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes recibieron durante los días 12, 13 y 14 de julio del presente año, múltiples amenazas telefónicas en las que les decían que los «iban a matar a todos». En algunos casos, los autores de las amenazas se refirieron por los apellidos de los miembros de la asamblea barrial.

Por su parte, los vecinos que integran la asamblea barrial de Sarandí, provincia de Buenos Aires, denunciaron que cada vez que se reunían los espiaban desde un automóvil Ford Falcon color rojo, patente Nº VYE 523. Al averiguar por intermedio de la patente vehicular a quién pertenecía el automóvil, constataron que era propiedad de la Policía Federal Argentina. Esta circunstancia revela que las fuerzas de seguridad del Estado argentino están realizando tareas de inteligencia sobre las asambleas barriales, lo que genera un razonable efecto de intimidación entre sus miembros. [...]

Los casos reseñados son sólo un ejemplo de los múltiples ataques, amenazas y hostigamientos que padecen los defensores y activistas de derechos humanos en Argentina. [...]

Por ello, los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales comprometidas con la defensa de los derechos fundamentales reclamamos a las autoridades argentinas la investigación, esclarecimiento y justicia de estos intentos de amedrentamiento. Y solicitamos respetuosamente a la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos] tome intervención en esta situación, considerando especialmente la posibilidad de realizar una visita in loco a Argentina.

COLOMBIA: primer aniversario del homicidio de Yolanda Cerón

El 19 de septiembre del 2001, Yolanda Cerón recibió ocho disparos cuando cruzaba el parque de Nariño, en el centro de Tumaco, ciudad en la que vivía y trabajaba. La llevaron al hospital, pero murió poco después de su llegada. Yolanda Cerón había sido durante muchos años una comprometida defensora de los derechos humanos desde la organización católica Pastoral Social. Dirigía el programa de derechos humanos de Pastoral Social y era conocida internacionalmente por su dedicación, especialmente a la hora de promover los derechos de las comunidades indígenas y negras de Tumaco. Un año después, parece haberse progresado poco en la investigación sobre su muerte. A pesar del aparente aumento del número de detenciones de paramilitares, la actividad paramilitar continúa sin prácticamente reducción. Pastoral Social sigue trabajando en Tumaco, pero ha optado por hacerse menos visible para garantizar la seguridad de sus miembros. Del 16 al 22 de septiembre del 2002, los habitantes de Tumaco celebraron su «Semana de la Paz» anual, esta vez sin el liderazgo de Yolanda Cerón. El 13 de septiembre se descubrió una placa en memoria de Yolanda en el parque en el que la mataron.

MÉXICO: Un año después del homicidio de Digna Ochoa

El 19 de octubre del 2002 se cumplió el primer aniversario del homicidio de la abogada de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, perpetrado en Ciudad de México. El caso levantó un gran revuelo en México el año pasado, y la prensa ha seguido de cerca la investigación. Sin embargo, a pesar de este interés, se han realizado muy pocos progresos reales.

En agosto se asignó al caso una nueva fiscal, Margarita Guerra, que ha manifestado su intención de poner en práctica las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (tras la visita, este mismo año, del experto independiente Pedro Díaz) y permitir que los expertos periciales internacionales de la Comisión participen en la investigación. Esta medida aún no se ha convertido en realidad.

El 15 de septiembre, Agustín Jiménez, presidente de la organización no gubernamental de derechos humanos Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), se encontraba en un partido de béisbol en Bogotá cuando recibió una llamada en su teléfono móvil. Cuando preguntó quién llamaba, el autor de la llamada le dijo que estaba con Flor, esperando para enterrar a Agustín. En el momento de la llamada, Flor Munera, tesorera de la organización, se encontraba de hecho en la oficina del CSPP. En el pasado, tanto a Flor Munera como a Agustín Jiménez los han seguido y acosado individuos que más tarde han sido identificados como participantes en ataques contra sindicalistas y defensores de los derechos humanos. La gravedad de las amenazas que los miembros del CSPP han recibido en el pasado ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a instar al gobierno colombiano a que adopte medidas especiales para proteger a todos los miembros de la organización.

ACCIÓN RECOMENDADA: Envíen llamamientos en español o en su propio idioma:

- instando a las autoridades colombianas a tomar medidas inmediatas y efectivas para proteger a Agustín Jiménez Cuello, Flor Munera y otros miembros del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y a garantizar que los miembros del CSPP pueden llevar a cabo sin peligro su labor, legítima e importante, de defensa de los derechos humanos;

- instando a las autoridades a iniciar un diálogo permanente y positivo con los defensores para abordar las cuestiones relativas a la protección que les fueron presentadas en una carta remitida en nombre de ONG colombianas el 9 de septiembre del 2002;

- instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares, de acuerdo con las reiteradas recomendaciones de las Naciones Unidas.

LLAMAMIENTOS A:

Presidente de la República de Colombia

Dr. Álvaro Uribe Vélez

Palacio de Nariño

Carrera 8 No.7-26

Santafé de Bogotá, COLOMBIA

Fax: +57 1 342 0592

Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente

Ministro del Interior y de Justicia

Dr. Fernando Londoño Hoyos

Palacio Echeverry

Carrera 8a, No.8-09, piso 2o.

Santafé de Bogotá, COLOMBIA

Fax: +57 1 566 4573

Tratamiento: Estimado Ministro

M

Manuel García de la Cruz. ©AI

ACCIÓN RECOMENDADA: Envíen llamamientos en español, en inglés o en su propio idioma:

- expresando honda preocupación por la tortura y asesinato de Manuel García de la Cruz;

- insistiendo en que este horrendo crimen debe ser investigado y sus responsables deben ser procesados, si se quiere que la comunidad internacional, incluido el grupo consultor de los principales países donantes, tenga alguna fe en que los acuerdos de paz de Guatemala se pongan realmente en práctica y el país retorne al estado de derecho;

- pidiendo a las autoridades que garanticen la protección de todos los miembros de CONAVIGUA, incluidos los miembros de la organización en las zonas de Zacualpa y Joyabaj, en el departamento de El Quiché, mientras llevan a cabo su labor legítima de defensa de los derechos humanos.

LLAMAMIENTOS A:

Lic. Alfonso Portillo Cabrera

Presidente de la República de Guatemala

6a. Avenida «A» 4-41, Zona 1, Guatemala, GUATEMALA

Fax: (502) 239 0090

Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente

Lic. Juan Francisco Reyes López

Vicepresidente de la República de Guatemala

6a. Avenida «A» 4-18, Zona 1, Guatemala , GUATEMALA

Fax: +502 239 0090

Tratamiento: Señor Vice-presidente